Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\SiteApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/web2clar/public_html/nuevo/templates/jomi/styles/jomi/layouts/com_content/article/default.php on line 37

Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/web2clar/public_html/nuevo/libraries/src/Application/SiteApplication.php on line 275

ECUADOR8

Un completo dossier sobre
la insurrección popular
desatada por el paquetazo
FMI impuesto por el
presidente Lenin Moreno.

Quienes creen que la lucha de clases es una cuestión del pasado, están equivocados.  Las élites económicas de Ecuador, a través del gobierno de Lenín Moreno, han declarado la guerra económica al pueblo ecuatoriano, con la imposición de medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, que incluyen el aumento de los precios de los combustibles, más despidos de servidores públicos, recorte de los derechos de los trabajadores y medidas para favorecer a importadores, exportadores y a las cámaras de la producción.

En respuesta a este “paquetazo”, los sectores afectados inmediatamente iniciaron movilizaciones, exigiendo la derogatoria de las medidas adoptadas por el gobierno que impactan a la mayoría de los ecuatorianos.  Las protestas se iniciaron con el paro de los transportistas y ahora continúan con la activa participación de los pueblos indígenas en la sierra y en la Amazonía, así como sectores populares urbanos, obreros, estudiantes y mujeres.

En lugar de atender las demandas ciudadanas, el gobierno decretó el estado de excepción por 60 días, disponiendo la movilización de las fuerzas armadas y de la policía, para reprimir las manifestaciones.  Como resultado de esta medida, hay un muerto, centenares de personas detenidas, agresiones a periodistas, jóvenes heridos con armas de fuego y bombas lacrimógenas, personas apaleadas y vejadas.

La guerra está declarada.  Las peores manifestaciones del neoliberalismo están de vuelta.

Muchas razones para protestar

El alza de los combustibles es el detonante de las recientes movilizaciones, pero el descontento general que reina en Ecuador tiene raíces más amplias y profundas, y hay que buscarlo en el momento en que Lenín Moreno le da la espalda al programa de gobierno que le permitió asumir la presidencia.

El gabinete inicial de Moreno fue reemplazado por representantes de las cámaras de la producción y de los medios de información privados, que están imponiendo su propia visión e intereses grupales y de clase para favorecerse enormemente de la gestión estatal.

Cuando la economía daba señales de recuperación, estos sectores trabajaron en un relato de que el país vivía la peor crisis de la historia, de la que responsabilizan al gobierno anterior. 

Luego de adoptar una serie de medidas, como el perdón de las multas e intereses a los morosos de los grandes grupos económicos que tienen deudas con el Estado, que suman más de 4.500 millones de dólares, la economía ha ido de tumbo en tumbo. 

Entre los principales impactos están el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, la reducción del empleo adecuado, el crecimiento del subempleo, el despido de servidores públicos, mayor inseguridad y violencia, y la incapacidad del gobierno para atender problemas graves como la violencia en las cárceles, la minería ilegal y la situación de las fronteras.

Paradójicamente, mientras la mayoría del pueblo ecuatoriano atraviesa graves problemas económicos y sociales, sectores minoritarios aumentan sus ganancias en medio de la crisis. 

El sector bancario, por ejemplo, en el año 2017-2018, obtuvo una ganancia de 554 millones de dólares, que representa un incremento de 39,8% con relación a diciembre de 2017.  

Por otro lado, el gobierno,  en lugar de buscar financiar el presupuesto con una política impositiva para que paguen más los que más tienen, cobrar las deudas de los grandes empresarios y combatir la evasión y elusión fiscal, recurre al endeudamiento externo en condiciones sumamente desventajosas para el país.

A pesar de criticar del endeudamiento de gobierno anterior, el gobierno de Moreno en los primeros 19 meses (de mayo 2017 a enero 2019) se endeudó en 11.722 millones de dólares, superando el total de la deuda contraída por el gobierno de Rafael Correa, que en 9 años y 3 meses de gestión pasó de 10.205,3 millones en agosto de 2007 a 22.575,2 millones en junio de 2016 (Fuente: Banco Central del Ecuador).[1]

En estas condiciones, el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional, con el cual firmó un acuerdo de Servicio Ampliado del FMI, SAF, en el,  que a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares, se compromete a cumplir los condicionamientos de este organismo, que incluyen el aumento del IVA, el alza y liberalización de los combustibles, la privatización de los sectores estratégicos, la denominada flexibilización laboral, que en realidad significa atentar a los derechos de los trabajadores, la reforma del estatuto del Banco Central, reducción del tamaño del Estado con despidos de servidores públicos, entre otros, en función de lograr el “equilibrio fiscal”.  Cabe recordar que el último acuerdo con el FMI se dio en el 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, que no terminó su período por el rechazo popular.

El presidente Moreno, con un nivel de credibilidad que bordea el 16% y de aceptación  de apenas el 22%, impone así un paquete de medidas económicas que ha recibido el respaldo público del Fondo Monetario Internacional, de las cámaras de empresarios, de los banqueros y de los medios de comunicación corporativos, que han cerrado filas para defender las medidas, señalando que el gobierno ha tenido la “valentía” de “retirar el subsidio” a los combustibles,  “algo que no se ha hecho en los últimos 40 años”.

El alza del diésel de 1,03 a 2,30 dólares y de la gasolina extra de 1,85 a 2,39 dólares, precios que fluctuarán cada mes, tendrán un gran impacto en la economía popular, pues aumentan los precios de los productos de primera necesidad y del transporte público, deteriorando el poder adquisitivo de la mayoría de familias ecuatorianas, con mucha más fuerza entre quienes ganan el salario básico o tienen reducidos ingresos. Cada centavo que se suba en los pasajes y los víveres cuenta mucho para el millón 700 mil personas que subsisten con menos de $1.6 diarios, y para otros 4.4 millones que perciben menos de $2.9 diarios

Paro de transporte y movilización popular

El jueves 3 y viernes 4 de octubre, el paro de transportistas afectó a todo el país, se suspendieron las clases y se recortó la jornada laboral por las dificultades de movilización.

Este fue el detonante para que otros sectores se movilizaran contra las medidas del gobierno de Lenín Moreno en varias ciudades, especialmente en Quito, donde incluso algunos vuelos fueron suspendidos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela, debido a la imposibilidad de trasladarse hasta allí.  La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que hubo manifestaciones en 300 sitios en ese día.   En Guayaquil, aprovechando la situación, se registraron saqueos.

Para contrarrestar el paro de los transportistas, el gobierno procedió a apresar algunos de sus dirigentes en Quito (Jorge Calderón) y Cuenca, quienes están siendo procesados por paralizar servicios públicos.  Al mismo tiempo, algunos medios de comunicación privados orquestaron una campaña de desprestigio contra ciertos dirigentes.

Tras esta campaña de amedrentamiento, el gobierno y los transportistas llegaron a un acuerdo mediante el cual estos últimos suspendieron el paro a cambio de alzas de los costos en fletes y pasajes en el transporte urbano e interprovincial, exoneraciones tributarias para la importación de repuestos y hasta permitirles que lleven pasajeros de pie en los buses que realizan el transporte interprovincial.

Con este acuerdo, el régimen de Moreno asestó un segundo paquetazo económico que repercutirá gravemente en la economía familiar, más aún cuando no se ha previsto ningún tipo de compensación.  El levantamiento del paro, sin embargo, no fue acatado por todos los gremios del transporte, registrándose demostraciones de rechazo al alza de los combustibles en Sucumbíos, Quito y Portoviejo, entre otras ciudades.

Los transportistas, como casi siempre ha sucedido, actuaron defendiendo sus particulares intereses gremiales, sin considerar la afectación al conjunto de sectores populares.

Cuando los dirigentes empresariales, los medios de información y el gobierno pensaban que la finalización del paro de transportistas significaba el fin de las protestas, irrumpió con mucha fuerza la movilización de las comunidades indígenas en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Cañar y Loja, así como en la región amazónica.

El sábado 5, el domingo 6 y el lunes 7 de octubre, los indígenas cerraron las carreteras colocando barricadas y árboles, mientras efectuaban concentraciones en las capitales provinciales, como Ambato, Latacunga y Riobamba. El objetivo de la lucha indígena no sólo es exigir la derogatoria del paquete de medidas económicas, sino la suspensión de las concesiones a la minería de cielo abierto y otras reivindicaciones en defensa de la pequeña agricultura, por las que ya se habían manifestado previamente.

Como respuesta a la declaratoria del estado de excepción, a la represión desatada y al apresamiento de los dirigentes de Pachakútic, Marlon Santi y Jairo Gualinga, la CONAIE difundió un comunicado en el que declara el estado de excepción en todos los territorios indígenas e indica que “militares que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena”. La medida se da en respuesta a “la brutalidad y la falta de conciencia de la fuerza pública para comprender el carácter popular de las demandas del Paro Nacional contra el Paquetazo, que afecta al conjunto de la sociedad ecuatoriana y deteriora las condiciones de vida y existencia de los sectores más vulnerables del país.”  La organización indígena denunció que contingentes militares y policiales reprimieron duramente las movilizaciones indígenas, atentando incluso contra mujeres y niños.

Los militares, según la CONAIE, ingresaron a los territorios indígenas en varios puntos de la sierra ecuatoriana, allanando casas, usando armas de perdigones y bombas lacrimógenas que impactaron en el cuerpo y los rostros de los manifestantes.  En el sector de Panzaleo, en la provincia andina de Cotopaxi, los militares detuvieron a manifestantes, les colocaron capuchas, y se los llevaron con rumbo desconocido.  En el sector de El Chorro, en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, km. 58, murió el campesino Raúl Chilpe quien fue atropellado por un vehículo desconocido en un bloqueo de la carretera.

En la comunidad de Nizag, provincia de Chimborazo, en Peguche, provincia de Imbabura y en Lasso, provincia de Cotopaxi, indígenas y campesinos retuvieron a militares y policías, para intercambiarlos por indígenas detenidos, denunciar la represión y aplicar la justicia indígena.

La CONAIE,  junto al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y al Frente Popular,  han convocado a una huelga nacional para el 9 de octubre, señalando que el lunes 7 y martes 8 efectuarán manifestaciones previas y que grupos de indígenas se trasladarán a Quito para protestar frente al Palacio de Gobierno y  la Asamblea Nacional.

Los medios de información de información corporativos y los medios “públicos” han cerrado filas en torno al gobierno de Moreno y sus políticas. Se suman al relato oficial, silencian o minimizan las protestas, y hacen coberturas sesgadas intentadas transmitir la idea de que en el país “no pasa nada”.

Esta son conductas ya conocidas y reiterativas que son rechazadas no solo por quienes participan en las movilizaciones sino por amplios sectores populares que se informan, se convocan y opinan a través de las redes sociales digitales y por los pocos medios comunitarios y públicos que quedan. Una de ellos, es la Radio Pichincha Universal del Consejo Provincial de Pichincha. La cobertura que está haciendo de las movilizaciones tiene una amplia audiencia en Quito y la provincia de Pichincha y la gente de forma permanente participa en su programación, motivos suficientes para volverse objeto de persecución.  

El 3 de octubre, manos anónimas le cortaron la energía eléctrica y su página web (www.pichinchauniversal.com),  la  noche del 5 de octubre,  recibió 4 denuncias por una presunta violación a los derechos de autor que hacen referencia a dos imágenes del Presidente Lenín Moreno,  una del Vicepresidente Otto Sonnenholzner y una del Gabinete ampliado. Con esto se intenta, anular su página web. Este método ya ha sido usado por el gobierno de Moreno contra los medios digitales ElEstado.net y Ecuadorinmediato.com. Las presiones oficiales fueron uno de los motivos para el cierre de este último medio.

Estado de excepción… mayor represión

El recurrir a la declaratoria del estado de excepción por parte de un gobierno con tan baja popularidad, antes que una fortaleza, es una muestra de debilidad y de que se prioriza la fuerza antes que el diálogo. 

El estado de excepción, que tiene vigencia 60 días, suspende el derecho de asociación y reunión durante las 24 horas del día, limita el derecho a la libertad de tránsito y dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y la policía “para mantener el orden”.

Bajo este marco, se han movilizado 24.000 efectivos militares y miles de policías, para contener la protesta popular. Y como si estuviéramos en guerra, se están cometiendo una serie de atropellos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, que han sido denunciados por ONGs nacionales e internacionales.  Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, hasta el domingo 6 de octubre, el número de detenidos era de 477.

Romo, quien se define como feminista y “de la izquierda que cree en los derechos y las libertades”, fue asambleísta de Alianza País en el gobierno de Rafael Correa, luego, en las últimas elecciones presidenciales, se pronunció a favor del banquero Guillermo Lasso y ahora, al frente del Ministerio de Gobierno, dirige la dura represión policial contra los manifestantes.

Mientras vehículos blindados del Ejército, Urutu EE-11, y boinas rojas militares se ubicaban frente al Palacio de Gobierno la noche del 6 de octubre, el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín lo negaba, y al mismo tiempo manifestaba a un medio público: “porque los militares saben defenderse, tienen experiencia en combate y de guerra, no pueden ser ultrajadas, tienen honor, tienen dignidad y se hará respetar”.

En la mañana del 7 de octubre, pudimos constatar que los blindados habían sido retirados, pero cientos de policías y boinas rodeaban el Palacio de Gobierno, en el centro de Quito, que se encuentra cercado con vallas metálicas que impiden la circulación peatonal.

Cuestionamiento internacional al gobierno de Moreno

El mismo día del anuncio de las medidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas cuestionaba al Estado ecuatoriano sobre la adopción y el impacto del ajuste estructural propiciado por el FMI en el goce de los derechos humanos. Al día siguiente, de manera inusual, el Comité emitió un fuerte comunicado en el cual señala que la reducción de la institucionalidad y presupuestos del Estado a través de la implementación del acuerdo con el FMI son incompatibles con las obligaciones internacionales del Ecuador y afecta negativamente el goce de los derechos económicos y sociales.[2]

Las mismas preocupaciones fueron comunicadas a Argentina hace un año con relación a las medidas dictadas por el FMI.[3] En marzo de 2019, el Consejo de Derechos Humanos reconoció que los esfuerzos para estabilizar una economía en tiempos de crisis, afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población e incrementan la desigualdad en los países.[4] Este escenario de agudización de las desigualdades y precarización laboral, es implementado de manera violenta, como se pretende hacer en Ecuador a través del estado de excepción.

De la misma forma, organismos de Naciones Unidas[5] y del Sistema Interamericano[6] han expresado su extrema preocupación por el desproporcionado uso de la fuerza y la falta de garantías procesales durante la represión y detención de docenas personas durante las manifestaciones. De igual manera, la declaración del estado de excepción nacional agrava el riesgo de violaciones de derechos humanos cuya legalidad debe ser revisada por la Corte Constitucional.[7] Estas medidas de última instancia, vigentes mediante el Decreto Ejecutivo 884[8], tomadas a pocas horas del anuncio de las medidas económicas, podría suponer una restricción ilegítima al derecho de manifestarse pacíficamente, a la libertad de expresión y opinión, al suspender el derecho a la libertad de reunión y asociación durante las 24 horas del día.

Estos derechos garantizados en instrumentos internacionales y en la Constitución del Ecuador, serían vulnerados por el propio Estado, quien actúa de manera desproporcionada ante las exigencias de la situación. Además, constituye el marco en el cual han existido varias denuncias de vulneraciones a la integridad física y a los derechos procesales de ciudadanos retenidos.[9]

La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, manifestó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el contexto de protestas en Ecuador y urgió al gobierno a evitar el uso excesivo de la fuerza, respetar derechos humanos, y buscar solución al conflicto a través del diálogo intercultural.

Finalmente, es importante señalar que si bien las actuales movilizaciones en el campo y la ciudad son las más significativas de los últimos años, durante el gobierno de Moreno, se han desarrollado diversas manifestaciones y protestas, en gran parte ocultadas por los medios de comunicación corporativos. 

Las más recientes protestas se cumplieron en la provincia norteña de Carchi, que se mantuvo en paro del 24 al 30 de septiembre, con el cierre de la carreteras, exigiendo la construcción de vías, un IVA diferenciado para la provincia, la creación de una zona franca y la devolución del IVA a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. En la provincia de Bolívar, miles de indígenas marcharon el 25 de septiembre en la capital provincial Guaranda, para que el gobierno deje sin efecto las concesiones mineras, que afectarían a más de 160 000 hectáreas, a las fuentes de agua y a los páramos. También se han hecho presentes las marchas de mujeres por la despenalización del aborto en casos de violación, tema que fue negado por la Asamblea Nacional.

Notas

[1]https://confirmado.net/2019/06/10/las-cuentas-alegres-de-moreno-el-sobreendeudamiento-de-correa-y-la-nueva-metodologia-de-calculo-de-la-deuda-analisis/

[2]https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25104&LangID=E

[3]https://www.pagina12.com.ar/145244-que-no-se-recorten-derechos

[4]https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G19/070/24/PDF/G1907024.pdf?OpenElement

[5] https://acnudh.org/ecuador-onu-derechos-humanos-expresa-preocupacion-por-violencia-en-manifestaciones/

[6]https://twitter.com/CIDH/status/1180095691412127744

[7]https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-exhorta-a-la-corte-constitucional-y-a-la-fiscalia-general-del-estado-para-que-se-pronuncien-en-el-ambito-de-sus-competencias-ante-la-situacion-que-atraviesa-el-pais/

[8]https://drive.google.com/file/d/1vnvuBzRJ4Qfs_wWXqOAmgWbgCO93yvc-/view

[9]https://twitter.com/SurkunaEc/status/1180499847230709760

 

La resistencia a Lenín Moreno y al FMI en Ecuador

Momentos dramáticos y tal vez definitivos se viven en estas horas en Ecuador. La noche del lunes, ante la irrupción masiva de decenas de miles de indígenas en el centro de Quito, el presidente Lenín Moreno anunció en cadena nacional el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil. Durante la jornada, decenas de videos caseros dieron cuenta de la masividad de las manifestaciones, de la presencia generalizada de tanquetas del Ejército en las calles y de una a veces brutal represión, con una cantidad indeterminada de muertos.

Todo se precipitó hace una semana cuando el pasado lunes, Moreno anunció una serie de medidas económicas y un paquete de reformas, que generaron el descontento en gran parte de la población. Todas ellas, como consecuencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir créditos. El principal anuncio fue la eliminación del subsidio estatal a las gasolinas y al diésel, además de la liberalización de sus precios.

Hay que comprender que esta medida afecta de manera directa en el bolsillo de las familias, en el transporte y en todas las actividades económicas que lo requieren, porque, entre otras cosas, incrementará los precios de productos y servicios en el país. Esto, al no ir acompañado del aumento de salarios, debería devenir en la caída del poder adquisitivo de la población. Pero, además, tiene un alto componente simbólico, porque el subsidio a los combustibles representa para el imaginario colectivo la medida por excelencia de política pública en favor de los sectores más precarios. Es decir, el pueblo ecuatoriano no solo juzgó la medida en su propio mérito, sino la audacia de un presidente que se atrevió a ir más allá que cualquiera de sus predecesores, incluidos los presidentes de la llamada “década neoliberal en América Latina”, en los 90 del siglo pasado.

Asombrosamente, estas medidas no han sido las únicas tomadas en la misma dirección por un presidente que llegó al gobierno en representación de la llamada Revolución Ciudadana, que había ejecutado políticas muy distintas a las actuales. De ese giro, de la ruptura con sus antiguos socios y de su acercamiento a Estados Unidos proviene el calificativo de “traidor” que usan recurrentemente sus ex partidarios y que ayer fue repetido, entre otros, por el ex presidente de Uruguay, José Mujica.

Durante su gobierno, Moreno ya había acometido una significativa reducción del aparato público, con la supresión y fusión de ministerios: de 40 solo quedan 20, lo que derivó en despidos masivos de empleados públicos. También anunció la entrega a privados de empresas públicas, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la aerolínea Tame y Correos del Ecuador. Además, el año pasado hubo recortes de recursos para educación, salud y cultura, aduciendo la falta de recursos.

En conversación que tuviéramos el lunes, el analista internacional Guillermo Holzmann afirmó que la situación era realmente grave y que no estaba seguro si Moreno estaba aquilatándola. Recordó que la última vez que los indígenas irrumpieron en Quito, en 2000, el entonces presidente Jamil Mahuad debió escapar en helicóptero del palacio presidencial. No es muy distinto a lo de anoche cuando el Presidente anunció, rodeado de militares, que había trasladado la sede de gobierno a Guayaquil.

Llama la atención que, en medio de una movilización generalizada, Moreno haya culpado de la situación en el país a una conspiración de Rafael Correa y Nicolás Maduro. Imaginamos que el expresidente es incapaz de movilizar por sí solo a cientos de miles de personas pero, si así fuera, quiere decir que el problema en última instancia es político y que la base electoral de la otrora revolución ciudadana sigue reconociendo como su líder a Correa. Como sea, los acontecimientos evolucionan con vértigo y hoy debemos ir siguiendo minuto a minuto el devenir en un país que, hace pocos meses, parecía encarnar juntos a otros el auge en la región de las ideas de derecha, pero que ahora retrocede ante el cambio generalizado de las circunstancias.

PARA ENTENDER LA CRISIS EN ECUADOR –

LENIN MORENO: ENTRE RUPTURAS Y RECONCILIACIONES

La iniciativa de diálogo nacional en los dos años de presidencia ha implicado hacer las paces con los sectores y partidos a los que su antecesor Rafael Correa había declarado la guerra y también ganarse el título de traidor para los que siguen siendo sus fieles.

Hablar de Ecuador es complejo, tratar de entender su política es un reto. En 2007, Rafael Correa y Lenin Moreno fueron elegidos presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, respectivamente, por el movimiento socialista Alianza País (AP). Para el período 2009-2013, el binomio fue reelecto. Al finalizar ese mandato, Moreno fue designado como enviado especial sobre Discapacidad y Accesibilidad en la ONU. Entonces, para el tercer y último periodo de Correa (2013-2017), el vicepresidente fue Jorge Glas.

En los diez años del «correísmo» (2007-2017), Correa y Moreno ostentaron una admirable hermandad. Así, en las elecciones presidenciales de 2017 resultó triunfante la candidatura de Lenin Moreno y Jorge Glas, por Alianza País. Parecía la fórmula perfecta, nada mejor que todo siga entre «amigos». Cuando Moreno asumió el poder, era claro que tenía el respaldo de los fervientes seguidores de Rafael Correa; no obstante, esa relación pasó, para sorpresa de todos, del amor al odio.

El presidente Moreno impulsó el llamado Diálogo Nacional, manejó un discurso de anticorrupción —que luego fue tornándose en un intento de depuración de varias figuras principales del correísmo— y los medios de comunicación dejaron de ser asfixiados. Así, para Correa, comenzó la «traición» de Moreno, según declaró en una entrevista al canal Telesur. Al comienzo de su mandato, la oposición tradicional al oficialismo estaba unida y empecinada en el juicio político del entonces vicepresidente Jorge Glas (actualmente en la cárcel por asociación ilícita).

En la década de Correa, el principal líder opositor al gobierno fue Guillermo Lasso, del partido liberal-conservador CREO, candidato a la presidencia en 2013 y 2017. Sin embargo, con Moreno, el panorama se mostraba difuso, porque este estrechó las manos, literalmente, de aquellos a quienes en la década de su antecesor era impensable, por ejemplo: Jaime Nebot, líder del partido conservador Social Cristiano (PSC), y Mauricio Rodas, entonces alcalde de Quito por SUMA. Incluso calificó a Lasso de agradable y gentil, durante el Informe a la Nación en 2018.

Asimismo hubo acercamientos al movimiento indígena y se establecieron mesas de diálogo con diversos grupos. Moreno parecía que estaba curando las heridas del pasado, se estaba distanciando de Correa y reconciliándose con sus antiguos detractores. Así, la oposición verdadera al Gobierno nació del ala correísta. Dejaron Alianza País (AP) y constituyeron el Movimiento Revolución Ciudadana, y la parte que quedó en AP es ahora el ala morenista. Estos últimos se juntaron, de cierta manera, con la oposición tradicional.

El respaldo a Moreno se fortaleció tras la consulta popular del 2018, en la que se eliminó la reelección indefinida (un blindaje contra el posible regreso de Correa, quien ahora tiene orden de captura por el caso Sobornos 2012-2016, investigación de la Fiscalía General del Estado sobre supuestas contribuciones económicas ilegales de contratistas a las campañas del movimiento Alianza País), y también con el triunfo de ciertos aliados en las elecciones seccionales del 2019, como el del movimiento de centroizquierda Democracia Sí, liderado por Gustavo Larrea —antiguo allegado del gobierno de Correa y Moreno—, uno de los que más alcaldías y prefecturas obtuvo a nivel nacional.

Ahora bien, entre rupturas y reconciliaciones, ¿qué ha pasado con la oposición tradicional? Tras las elecciones de 2017, en el marco del Diálogo Nacional, Moreno se reunió con Dalo Bucaram, ex candidato presidencial e hijo del expresidente Abdalá Bucaram, para compartir ideas sobre la lucha contra el microtráfico (venta de drogas en pequeñas cantidades) Poco después, Correa aseguró que la Corporación Nacional de Electricidad fue entregada a los Bucaram. Esto no ha sido comprobado y las autoridades lo han desmentido. En este mismo sentido, Moreno invitó también a otros ex candidatos presidenciales a unirse a su iniciativa de diálogo. Tras las recientes seccionales, Moreno organizó un encuentro con las nuevas autoridades municipales. La electa alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, del PSC, no asistió. No obstante, el presidente le ha hecho públicos elogios, le hizo una visita en julio de 2019 y son evidentes sus intentos de entablar relaciones con el PSC. Estos apoyos, de alcanzarse, serían móviles y de corto plazo, porque el PSC tiene la intención de lanzar la candidatura de Jaime Nebot para las elecciones presidenciales de 2021 y podría pensarse que es más conveniente mostrar una imagen de cambio y quizás no una de alianza con el gobierno actual.

El bloque del PSC en la Asamblea Nacional respaldó que se investigue al presidente por posibles bienes en paraísos fiscales y Jaime Nebot ha criticado decisiones presidenciales, sin la misma fuerza que en los tiempos de Correa pero mostrando que el PSC parece esquivarse de negociar con el oficialismo y opta por trabajar en propia agenda electoral. Al hablar de CREO, Lasso ha manifestado no estar de acuerdo con el modelo económico y social de Moreno; además de considerar que su periodo no es de cambio, sino de transición. En una entrevista con Martín Pallares y José Hernández del equipo 4pelagatos en diciembre 2018, Lasso comentó también que Moreno «rompió con Correa, no con el correísmo». Igualmente, mostró en ese mismo debate sus intenciones hacia 2021 y el deseo de ya no voltear al 2017, cuando quedó segundo y alegó fraude electoral.

Por otro lado, en mayo de 2019, en la Asamblea Nacional se estableció un acuerdo por la gobernabilidad entre los bloques parlamentarios Alianza País-Aliados, CREO, la Bancada de Integración Nacional (BIN) y la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI). Esto con la finalidad de generar una agenda articulada y multipartidista. También se eligió a las nuevas autoridades del Consejo de Administración Legislativa, máximo órgano de administración legislativa, donde AP obtuvo 3 de 7 cargos, movimiento que en el primer periodo legislativo 2017-2019 tenía 5 de 7 puestos. No obstante, han surgido otros temas controversiales con divididas opiniones, en este tiempo, como el retiro del asilo a Julian Assange y el anuncio de un acuerdo con el FMI; sin duda, una medida impopular con alto costo político, respaldada por Lasso, rechazada por Nebot y repudiada por aquellos que lo ven como un giro neoliberal. (Aporte de la Redacción: Justamente en este punto, por el cúmulo de alzas de los productos como los combustibles, consecuencias del acuerdo con el FMI, comenzaron los disturbios en Ecuador con la huelga de los camioneros).

En conclusión, la verdadera oposición que tiene el gobierno actual es de aquellos nostálgicos de Correa. El trato con CREO, PSC y otros partidos es cordial, su oposición será para el 2021 y lo más destacable de esto es que, de momento, una fuerza política ya no acapara todo el poder. Se ha intentado recuperar, de cierta forma, el sentido de democracia aunque las condiciones del país parecen estar estancadas.

La difícil situación actual 

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decidió trasladar este lunes la sede del Gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, después de registrarse fuertes protestas cerca del palacio de Carondelet, de las que el Mandatario  culpó a su antecesor, Rafael Correa, de un intento de «golpe de Estado».

En un mensaje a la nación por radio y televisión, Moreno, acompañado del vicepresidente Otto Sonnenholzner, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció que el traslado de las operaciones del Gobierno a esta ciudad se deben al asedio de los manifestantes en Quito.

«Me he trasladado a Guayaquil y he trasladado la sede del Gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen», añadió el gobernante al asegurar que lo que ha sucedido en el país en los últimos días «no es una manifestación de protesta frente a una decisión del Gobierno».

También acompañado de varios jefes militares, el mandatario culpó a Correa de estar detrás de los supuestos intentos de desestabilizar a su Gobierno, y le acusó de estar detrás de lo que denominó «intento de golpe de Estado». «Hay -dijo- una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido y romper el orden democrático».

Para Moreno, quienes han generado actos de violencia extrema son «individuos externos pagados y organizados» y dijo que no es coincidencia que varios líderes del Gobierno de Correa hayan ido a Venezuela hace algunos días para preparar el supuesto plan de desestabilización. «Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan, son ellos quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando a algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización», afirmó.

Residentes y manifestantes dan una eufórica bienvenida a la marcha de indígenas que llegó a la capital para protestar tambien  contra el Gobierno de Moreno.

Según el mandatario, sus opositores correístas «están financiando las agresiones y los saqueos» con el dinero que «se robaron» durante la anterior administración, por lo que rechazó con contundencia «este atentado contra la democracia».

Moreno agradeció a las Fuerzas Armadas y a la Policía y remarcó que su Gobierno va a «seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas». «Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre», añadió el mandatario e insistió en que «la democracia y la paz saldrán nuevamente victoriosas» de esta prueba. Sobre la medidas que han desencadenado la violenta protesta, repitió que no dará «marcha atrás» y que la eliminación de los subsidios o ayudas estatales para abaratar el coste de los combustibles, es una «decisión histórica» que mantendrá en firme para que «nuestra economía esté sana y la dolarizaciónprotegida».

4 razones que explican la crisis que llevó a Lenín Moreno

a decretar el "paquetazo" que desató las protestas

Ecuador está pasando por una grave crisis política y económica. El gobierno declaró el estado de excepción en todo el país en respuesta a las protestas callejeras por la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Esta semana fue suspendida la producción de tres pozos petroleros en medio de manifestaciones que se oponen al plan de ajuste económico anunciado por el presidente Lenín Moreno que, entre otras medidas, puso fin a 40 años de ayudas financieras para mantener bajos los precios de las gasolinas y el diesel.

Con carreteras bloqueadas en 17 de las 24 provincias, el país ha comenzado a ver los primeros efectos económicos de la crisis política: desabastecimiento de gasolina en algunas zonas del país, escasez de productos en mercados callejeros, especulación en el precio de alimentos y fletes, además de un aumento del precio del pasaje del transporte urbano en algunos municipios.

El recorte en la producción petrolera (que bordea los 540.000 barriles diarios), el principal producto de exportación del país, podría tener un fuerte impacto en las finanzas, señalan economistas consultados por BBC Mundo.

Además, es probable que el alza en el precio de los combustibles genere un aumento de la inflación, que en los últimos años ha tenido tasas negativas y que actualmente es de -0,1%, en el contexto de una economía dolarizada cuyo crecimiento se ha estancado.

De hecho, el Producto Interno Bruto (PIB) solo creció 0,3% en el segundo trimestre de este año, en medio de la implementación de un plan de ajuste fiscal que busca reducir el déficit público ahorrando US$1.500 millones.

El último capítulo del plan de ajuste, conocido entre los ecuatorianos como "el paquetazo", forma parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por US$4.209 millones a cambio de reducir el déficit fiscal. La fórmula es recortar el gasto público y aumentar la recaudación.

Desde fines de la semana pasada, la gasolina extra subió de US$1,85 el galón (3,8 litros aproximadamente) a US$2,30, mientras que el diesel registró un aumento de US$1,08 a US$2,27, marcando un alza de más del 120%.

¿Cómo la economía llegó al punto en que se encuentra actualmente? Estas son cuatro razones que ayudan a entender por qué Ecuador está pasando por un difícil momento económico.

1. Aumento del gasto público

Durante la época del expresidente Rafael Correa, Ecuador tuvo una bonanza económica derivada del aumento en el precio de las materias primas, tal como ocurrió en otros países de América Latina.

Eso provocó un fuerte crecimiento económico y al mismo tiempo un alza del gasto público. Éste pasó de 25% del PIB a 44% entre 2007 y 2014.

"Ese crecimiento tan grande del gasto público provocó un aumento del déficit fiscal", le dice a BBC Mundo el economista ecuatoriano José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes).

Un déficit que llegó acerca del 7% del PIB en los años 2015 y 2016.

2. Persistencia del déficit fiscal y la deuda

Esta situación, explica Hidalgo, generó un crecimiento "insostenible" de la deuda pública.

Ecuador empezó a prevender el petróleo, a colocar bonos soberanos en el mercado internacional a tasas de interés sumamente altas (en torno al 10%) y a utilizar al Banco Central como prestamista del gobierno, pese a tratarse de una economía dolarizada.

Con ese telón de fondo, actualmente el déficit público de Ecuador es de 3,7% del PIB, dice el economista.

3. La influencia del FMI

Otros analistas piensan que el detonante de la crisis política y económica de Ecuador es el rol que está jugando el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el gobierno de Moreno.

"El acuerdo con el FMI provocará una reducción en el crecimiento, mayor desempleo y mayor inestabilidad macroeconómica", le dice a BBC Mundo Mark Weisbrot, codirector del centro de estudios Center for Economic and Policy Research, con sede en Washington.

Ese acuerdo, firmado en marzo, "proyecta que Ecuador sufrirá una recesión este año", agrega.

Según Weisbrot, el plan del FMI le exige a Ecuador eliminar un conjunto de políticas que a lo largo de los últimos años "han tenido mucho éxito" en estimular el crecimiento económico y reducir la desigualdad, bajando la pobreza 38% y la extrema pobreza 47%.

La estrategia del organismo internacional, argumenta, equivale en la práctica a mantener el desempleo alto y reducir los salarios para que la economía se haga más competitiva a nivel internacional.

"Este plan de ajuste no funciona, así como tampoco funcionó en Argentina".

"Desafortunadamente, la austeridad golpea con mayor fuerza a los trabajadores y a los más pobres. Probablemente hará que el nivel de vida sea más precario para muchos ecuatorianos".

4. El "paquetazo" y el alza de los combustibles

"Nadie se había atrevido a eliminar el subsidio a los combustibles. Y es un hecho que ese subsidio es regresivo, es decir, no está focalizado en los más vulnerables", sostiene José Hidalgo.

"Fue una decisión fiscal, de alguna manera valiente, pero políticamente muy costosa".

Una postura que no comparten las organizaciones indígenas y los manifestantes, quienes aseguran que el alza en el precio de los combustibles "es una medida contra el pueblo", como se lee en las pancartas.

¿Qué otras medidas incluye el paquetazo?

Anunciado en cadena nacional el 1 de octubre, Moreno comunicó al país que llevaría a cabo un plan de ajuste, conocido como "el paquetazo", que incluye -además de la eliminación de los subsidios a los combustibles- una serie de medidas tributarias y laborales, entre las que se destacan:

baja salarial de hasta 20% en contratos temporales en el sector público

reducción de las vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos

aporte de un día de salario mensual de los empleados públicos al fisco

contribución especial de las empresas con ingresos de más de US$10 millones anuales a las arcas fiscales

aumento en los bonos (de US$69 a US$84) que se entregan a las familias más pobres -y una extensión del beneficio a 1.300.000 personas- como medida de compensación.

reducción de aranceles para la compra de maquinarias

supresión de impuestos a la importación de tecnología (como celulares y computadores) y autos (con un valor inferior a US$32.000).

A pesar de lo que muchos esperaban, el paquete de ajuste no incluyó el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), el cual se mantuvo en 12%.

En agosto del año pasado, Lenín Moreno ya había anunciado la primera parte de su plan de austeridad, que incluía un reducción del gasto gubernamental y un incremento del 25% en el precio de la gasolina súper, como parte de las acciones encaminadas a reducir el déficit fiscal e impulsar la productividad de la economía.

Pero el último "paquetazo" generó un estallido social de tal magnitud, que el futuro político y económico del país se mantiene en vilo.

Estado de excepción en Ecuador: las comunidades

indígenas se mantienen movilizadas

contra las medidas del gobierno

En Quito y otras principales ciudades de Ecuador reina una tensa calma, tras el levantamiento del paro nacional de transportistas que paralizó el país durante dos días y lo sumió en protestas -a veces violentas- contra el aumento en el precio de los combustibles anunciado por el presidente Lenín Moreno.

Los servicios de transporte público empezaron paulatinamente a operar en varias ciudades, mientras que el gobierno anunciaba que estaría autorizando un incremento en las tarifas de transporte urbano de entre 5 y 10 centavos de dólar.

También anunció que, este lunes, se reanudarían las clases en las escuelas, suspendidas por el paro. "Poco a poco se restablece la normalidad en el país", declaró la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

Pero esa "normalidad" no parece estar retornando en las provincias.

Se han presentado disturbios en varias zonas del país, particularmente de parte de la población indígena que sigue en pie de protesta.

Lenin contra Lenin

La insurrección siempre ha sido un arma de los pueblos humildes, de esos condenados de la tierra de los que hablaba Frantz Fannon. Es una alternativa necesaria y un espejo en el que obligatoriamente hay que mirarse, cuando llega el momento en que se agotan las posibilidades de diálogo con los de arriba, y el abajo se mueve desde la izquierda. Un buen día, los humillados y desposeídos se plantan y gritan un contundente “basta ya!” y a partir de ese momento todo se hace posible, incluso hasta la toma del poder.

En términos de la práctica política, significa también que la lucha de clases pasa a ocupar un lugar preponderante y por más que se la quiera ocultar, estalla con toda su fuerza y conmueve los cimientos de los “palacios de invierno».

Eso es precisamente lo que hoy está ocurriendo en Ecuador. Se acabaron los paños fríos, las excusas y las mentiras con que el gobierno de Lenin Moreno intentó «hacer tiempo”, mientras preparaba el paquete de medidas que le impuso el Fondo Monetario Internacional. Eso significa que llegado el momento, aquellos a los que se vende el alma, exigen que se pague peaje, y que no se titubee en poner en marcha lo pactado. Arrodillado, sometido y vergonzosamente alejado de sus principios (si es que alguna vez los tuvo), Moreno ejecuta lo que le ordena Washington y si tiene que matar, mata con total impunidad. A veces lo hacen a balazos (Haití es un ejemplo similar) y otras, como en Argentina y Brasil, también le agregan la agonía que provocan la desocupación, la extrema pobreza, la pérdida de soberanía.


Sin embargo, el pueblo ecuatoriano es un duro hueso de roer. Por cosas como estas que ocurren hoy, ya ha derrocado varios gobernantes, igual de corruptos y criminales que el susodicho Moreno.

El último de ellos, fue Lucio Gutiérrez que se perdió, por someterse al imperio y sus dictados, la posibilidad de conducir una Revolución obrero-indígena y campesina, y terminó su gestión abruptamente, cual lacayo de la burguesía, en medio de un gran levantamiento popular que provocó su huída por los techos del Palacio de Gobierno, de donde se alejó para siempre, trepándose a un helicóptero. Algo que Moreno seguramente debe tener en su memoria, cuando decidió abruptamente mudar la Casa de Gobierno de Quito a Guayaquil, al calor de la avanzada de manifestantes que empezaron a cercar el Palacio de Corondelet.

Ahora, las cartas están echadas para este mal gobernante, ya que decenas de miles de indígenas, obreros, estudiantes, van a ocupar Quito y también Guayaquil, exigiendo no solo que se derogue el paquetazo fondomonetarista, sino que se vaya quien ordenó disparar contra el pueblo, quien aseguró la impunidad de los policías que arrojaron a tres jóvenes manifestantes desde el puente de San Roque, en el centro histórico de Quito. Ese hombre que llegó al gobierno gracias a la ingenuidad de Rafael Correa y luego lo traicionó como un vulgar Judas.

Por otra parte, el levantamiento popular y la consiguiente marcha indígena-campesina a generado una corriente de simpatía en todos los pueblos por los que va pasando. Tal es así, que hasta los más tímidos o descomprometidos, se lanzan a las calles a demostrar que están dispuestos a ser protagonistas de este momento histórico. Lo hacen con la alegría que deriva del juntarse con sus iguales, corear las consignas del momento y demostrarse unos a otros, que “el pueblo unido jamás será vencido”. Pero también, con la bronca suficiente que les permita estar convencidos que ya es hora de terminar con esos politiqueros sostenedores de una democracia burguesa con que cada cuatro o cinco años los engañan.


Por eso no es extraño que, por lo menos los indígenas de la Conaie y los trabajadores del FUT agreguen en sus cánticos el muy conocido “que se vayan todos”. Para que esto ocurra realmente, hay que tener alternativas que no conduzcan una eventual victoria a un callejón sin salida, donde otros que no representan sus intereses, se queden -como ha ocurrido tantas veces- con la ganancia de muchas luchas y sacrificios, o de poner sobre la mesa la pérdida de la libertad y hasta las muertes por la represión.

Eso y otros temas similares, es lo que ahora, probablemente estará en discusión entre las diligencias de esta gigantesca pueblada en la que entre otros, el legado del auténtico Lenin, el iluminador de tantas batallas del proletariado universal, y también el del Comandante Guevara, puedan ayudar a derrotar a esta caricatura de gobernante cipayo que no solo no fue fiel a su nombre, sino que por su codicia y sumisión con el Imperio, quiere condenar a su pueblo a la miseria, causándoles el mayor dolor posible.

Lenín Moreno, culpable de su propia suerte

Ya sea honesta o no, resiste poco análisis la interpretación lineal del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para la crisis que tiene en situación de caos a su país y contra las cuerdas a su gobierno. Incluso si la supuesta conspiración encabezada por Nicolás Maduro y Rafael Correa fuese cierta, es absolutamente incapaz de explicar cómo se ha llegado a una situación que en estas horas podría ser terminal para el mandato del actual presidente.

En primer lugar, corresponde precisar el uso de los términos respecto a lo que está ocurriendo en el país. Las grandes cadenas mediáticas y algunos gobiernos se han referido a estas protestas como atentados contra la democracia. Incluso se ha usado la palabra “golpe”.

Pues bien, imagino que todos los latinoamericanos y latinoamericanas sabemos y podemos entender que es muy distinto un golpe, una irrupción en la que se usa la fuerza bruta (por lo general militar y con el apoyo de la oligarquía) para derrocar a un gobierno legítimo, que un levantamiento popular donde muchedumbres desarmadas, sin más instrumentos de coerción que su propia voluntad y determinación, ocupan las calles para confrontar las políticas injustas de un gobierno. Es evidente que lo que está ocurriendo en Ecuador es lo último y no lo anterior.

En segundo lugar, el presidente Moreno ha naturalizado algo que, independientemente de cuáles sean las ideas políticas, no debería ser nunca tolerado: postular ante el pueblo con un cuerpo de ideas y un programa y terminar haciendo algo radicalmente distinto.

Moreno no fue elegido para subordinarse a Estados Unidos, ni para hacer propio el programa del Fondo Monetario Internacional, ni para reducir el tamaño del Estado ni para privatizar empresas públicas. Si esas ideas fueran las adecuadas y el electorado estuviera de acuerdo, muy bien, pero debió explicitarlo en campaña y no recurrir a esta pirueta sorpresiva, que le ha valido por doquier el apelativo de “traidor” y que, por citar otros ejemplos de la Historia, recuerda en Chile el giro del presidente Gabriel González Videla respecto al Partido Comunista.

En tercer lugar, Moreno ha desdeñado la alta impopularidad que en general tienen en el continente, y en particular en Ecuador, las medidas del Fondo Monetario Internacional que, en resumen,  buscan reactivar o sanear las economías sobre la base de reducir los beneficios sociales y el marco de acción del Estado, mientras al mismo tiempo se dan todas las facilidades a los inversionistas para realizar su labor. Parece muy fácil desde la estratósfera del poder eliminar un subsidio o un bono, pero en el caso de los sectores más pobres esos beneficios suelen marcar una diferencia fundamental.

Por último, la medida que ha provocado el alzamiento social indígena es apenas el primer signo hacia un paso mayor, que es la profundización del modelo extractivista operado por privados en el país. En esta jugada concesiva con el FMI, Moreno no sopesó adecuadamente el enorme peso de la organización política de las comunidades indígenas, que en la historia reciente del país ya había hecho caer gobiernos y que, en las actuales circunstancias, no iba a aceptar que sus territorios se convirtieran en pozos petroleros y centrales hidroeléctricas.

Lo que el pueblo organizado ha hecho hoy es ejercer su soberanía y, simplemente, decirle No a las intenciones de su presidente.

Es la falta de autocrítica de Moreno, su audacia camaleónica y la subestimación de las organizaciones sociales de su país lo que lo ha llevado a una situación que podría ser terminal para su gobierno. Y quizás, para él ya sea demasiado tarde un eventual intento de volver atrás.

Bienvenida la rebelión

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Varios países de nuestro continente están en plena efervescencia social. La protestas callejeras de Ecuador, Argentina, el propio Brasil, Perú y otras naciones tienen en común el rechazo a las políticas económicas neoliberales, el repudio a la corrupción de las dirigencias políticas y los consabidos abusos empresariales.

A varias décadas de la restauración más salvaje del capitalismo, el balance que hacen nuestros pueblos es desolador en cuanto a la alta concentración de la riqueza, la profundización de la inequidad social y, consecuentemente, la consolidación de lacras como el narcotráfico y la delincuencia común. El gran detonante de estas convulsiones son el crecimiento de la pobreza, los procesos migratorios y la desvergüenza de los gobiernos y parlamentos, los que se supone representan a sus ciudadanos.

A lo anterior, hay que sumar la pérdida de nuestras soberanías nacionales, la apropiación de los inversionistas extranjeros de nuestros yacimientos, bosques y fuentes acuíferas, además de la administración de los principales recursos financieros y la forma en que las más poderosas empresas manejan las decisiones políticas, sobornando transnacionalmente a nuestros gobernantes, parapetándose detrás de los abusivos tratados de libre comercio consentidos por nuestros propias gobiernos. Además de controlar los grandes medios de comunicación.

Chile no escapa al malestar que, por ahora, se aprecia más nítido y radical en algunos países vecinos.

El sistema previsional, el colapso de la educación pública, los abusos de las cadenas y laboratorios farmacéuticos y, ahora, el encarecimiento brutal que experimentan los bienes y servicios más fundamentales han volcado a las calles a cientos de miles de estudiantes, jubilados, como a múltiples organizaciones medioambientales preocupadas por la forma en que se sigue carbonizando nuestra energía y depredando nuestro medio ambiente de manos de la usura y la impunidad judicial.

Aunque, paradojalmente, se premia internacionalmente a un mandatario que permite la depredación de la naturaleza y desprecia la regulación fiscal en los negocios.

No hay duda que las principales caras y apellidos de nuestro gran empresariado, en otros países habrían sido conducidos al cadalso o al presidio perpetuo por las millones de hectáreas de bosques nativos que han talado y quemado a favor de plantaciones más lucrativas; o por los relaves tóxicos que sus minas depositan en el desierto de Atacama en un porcentaje de tres a uno del cobre que producen. Sin importarles siquiera la proximidad de sus faenas con algunos pueblos y ciudades, que ya no tienen agua para la agricultura y sus poblaciones han adquirido irreversibles enfermedades a consecuencia del plomo y otros nocivos productos que incluso “importan” desde Suecia para ser depositados en el norte chileno. Cuestión que se ha denunciado insistentemente, sin que nuestros últimos gobiernos hagan algo para frenar estas nuevas y nefastas injerencias del colonialismo.

Cómo dudar de que mediante estas criminales y ecocidas acciones la política, sus candidatos y partidos reciben suculentos sobornos que van a abultar las billeteras de alcaldes, concejales y otros administradores públicos. En una falta de probidad que cruza transversalmente a la derecha, el centro y la izquierda en sus comunes y abyectos propósitos.

Lo que nos diferencia de otras naciones hermanas es que hasta hoy en nuestro país el movimiento social sigue traumado por lo que fue la dictadura pinochetista. Por el todavía fresco recuerdo de lo que fue la represión militar, pero también por la hábil propaganda de los gobiernos que sucedieron al del Tirano, propuestos a inhibir la acción del descontento ante la posibilidad de que los uniformados puedan volver a derribar el orden establecido.

En una campaña del terror que ha sido muy efectiva para contener la rabia social pero que, más tarde o más temprano, promete romper las barreras del miedo.

Aunque a ello debemos sumarle como explicación el estado de languidez de nuestros referentes sindicales, la desactivación programada desde el Estado de ese conjunto de organizaciones que surgieron para combatir al régimen militar y desde luego también, la falta de raigambre de los partidos políticos respecto de los anhelos populares, desde que se convencieron del proclamado “fin de las ideologías” y redujeron la política a la pura farándula electoral. Desde que el pragmatismo, además, reemplazó la consistencia moral de los “servidores públicos”.

Contrario a los temores que todavía se expresan en nuestra sociedad, la movilización de los chilenos debe tener en cuenta los logros que en otros países tiene la protesta. La forma en que en Perú ha podido encarcelar a los ex presidentes corruptos, el drástico cambio de los electores argentinos o la presión que la prensa democrática, algunos jueces y fiscales han ejercido para obligar a ciertos empresarios brasileños a reconocer sus coimas y fechorías.

Así como los ecuatorianos en pocas horas son capaces de poner en jaque a su gobierno por la atrevida alza de los combustibles, en un país que tiene enormes reservas de petróleo.

En Chile, sin embargo, el malestar se expresa a través de los medios de comunicación éticos y por aquellos que recién se convencen de que no pueden seguir eternamente manipulando la conciencia ciudadana, mintiendo u ocultando los hechos.

Pero debemos lamentar esa suerte de conformismo que todavía se constata en las propias víctimas del encarecimiento de la de la locomoción pública, los precios de los medicamentos y la renuencia flagrante de los moradores de La Moneda y el Parlamento a aprobar aquellas reformas que mejoren salarios y pensiones, además de reducir la jornada de trabajo y avanzar a una institucionalidad democrática, que le ponga límite a las facultades del tribunal Constitucional, junto con prohibir la perpetuación de los mismos parlamentarios en el Congreso Nacional, donde la tarea de legislar se ha convertido en la mejor remunerada del mundo. Con lo que, varios de los más promisorios diputados de izquierda han terminado “pensando como realmente viven gracias a su alto poder adquisitivo”.

Como siempre, el camino para superar las injusticias debe ser el de la movilización del pueblo. Esto es, ejerciendo disidencia, resistencia popular, como aquel poderoso y legítimo recurso de la desobediencia civil para impedir los abusos. En un país en que ya los oficialistas y los opositores no marcan diferencias sustantivas. Por lo mismo que tampoco sirven tanto las marchas programadas y otras liturgias sociales desde hace tiempo infiltradas, por lo demás, por el oportunismo político. Por los que incluso se filtran entre los manifestantes en vísperas de elecciones, para terminar reclamándole a los ciudadanos su apoyo y sufragio a los rostros de siempre, aunque mucho más añosos, ahora.

Un camino de resistencia popular en contra de la violencia institucionalizada consagrada por una Constitución ilegítima en su origen y contenido, pero que al momento de sentarse en los escaños del Parlamento nuestros pretendidos representantes curiosamente juran respetar y hacer obedecer. Resistencia activa en los consumidores como escarmentar a quienes delinquen desde los bancos, la industria y el comercio. Desde luego, el ímpetu juvenil y estudiantil para acompañar a los trabajadores que son discriminados y abusados por el poder desde que salen de sus hogares hasta que retornan a ellos.

ClariNet