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BRASIL8

Un tsunami político impactó en
Brasil tras tres reportajes del
portal The Intercept que
evidenciaron, con contundentes
pruebas documentales, que el
entonces juez Sergio Moro, el
fiscal Deltan Dallagnol y otros
13 fiscales de la operación
“anticorrupción” Lava Jato,
planificaron crímenes e ilícitos
contra el orden político y social
con el objeto de viabilizar un
proyecto de poder de la
extrema derecha en Brasil.

Brasilia, centro del poder político, quedó estremecida por la potencia destructiva de las informaciones publicadas por The Intercept, que rápidamente se viralizaron, impactando a la población, pero también a la Corte Suprema de Justicia, donde el magistrado y miembro del máximo tribunal Gilmar Méndes aseveró que los hechos imputados “al funcionario más notorio del gabinete son muy graves”.

La rama brasileña del portal The Intercept dijo haber recibido material desclasificado con escuchas que probarían el comportamiento ilegal de las autoridades judiciales en la Operación Lava Jato, que sirvió como coartada para el golpe de Michel Temer contra Dilma Rousseff en 2016, justificó la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y creó las condiciones para el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y su asunción como presidente el 1ª de enero de 2019.

Moro, premiado por los servicios prestados al complot ultraderechista con el cargo de ministro de Justicia, huyó de la prensa y se refugió en la Amazonia, y en su defensa sólo atinó a acusar al portal de emplear métodos “delictivos” para obtener las informaciones.

The Intercept recuerda que Lava Jato no fue solo una de las llaves de la demolición del Partido de los Trabajadores, de Lula y Dilma, sino también el argumento para que Bolsonaro fabricara para Moro un superministerio de Justicia con poderes de vigilancia y espionaje sin precedentes en la historia brasileña, confirmando que la imagen de imparcialidad política que se había construido el antiguo juez, era pura farsa.

Las conversaciones divulgadas por The Intercept, portal fundado por Glenn Greenwald, un columnista y experto en derecho constitucional norteamericano, fueron mantenidas por Moro, que entonces era el juez instructor contra Lula, con el fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la llamada fuerza de tareas de la Fiscalía. Estas se basan en chats digitales privados, grabaciones de audio, videos, fotos y documentación judicial provistos por lo que el portal definió como “una fuente anónima”.

Los reportajes detonan en medio de una profunda crisis política, económica y social. Desde hace años, diversos sectores de la sociedad han denunciado los desvíos, obstrucciones, abusos y acciones inconstitucionales cometidos por la llamada operación Lava Jato, que más de una lucha contra la corrupción, tuvo como meta sacar al centroizquierdista Partido de los Trabajadores (PT) del poder.

 Uno de los reportajes demuestra que los fiscales hablaban abiertamente sobre su deseo de impedir la victoria electoral del PT y tomaron acciones para alcanzar ese objetivo, para el cual el entonces juez Moro colaboró en forma secreta y totalmente auténtica con los fiscales para ayudar a montar la acusación contra el expresidente Lula da Silva, quien finalmente fue condenado sin pruebas y sacado de la lid rlectoral, en la cual era ampliamente favorito, pieza clave para facilitar la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro

En los diálogos queda en evidencia que los fiscales no son actores apartidarios y apolíticos sino que más bien parecen motivados por convicciones ideológicas y originados en el deseo de que el PT no volviera al poder tras el golpe de 2016. Estas informaciones, ya devastadoras, son apenas parte pequeña de un libro de 1.700 páginas con revelaciones aún inéditas, que demuestran que la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro solo fue posible en este contexto de deliberadas interferencias subjetivas, ilegales, del llamado partido del Lava Jato.

Lo que deja en claro The Intercept es que Moro, Dallagnol y los fiscales del Lava Jato instrumentalizaron el discurso de combate a la corrupción para promover una escandalosa conspiración contra el Estado de Derecho para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff y, así, interrumpir el ciclo de gobiernos populares y progresistas.

Algunos comentaristas hablaron de la inspiración italiana de la operación Lavo Jato, al estilo Mani Pulite (Manos Limpias), pero en realidad las prácticas y métodos usados por Moro y Dallagnol en la articulación y coordinación estratégica de la conspiración para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff y en la cacería de Lula, son más parecidas a las usadas por la Cosa Nostra, la mafia.

En la cúspide jerárquica de la conspiración, según las pruebas aportadas por el portal, siempre aparece el ex juez y hoy ministro  Moro, el capomafia de un esquema criminal concebido en Washington y desarrollado por la oligarquía y el poder fáctico para encarcelar a Lula, implantar el régimen de excepción y colocar en la presidencia a la facción más entreguista de la extrema derecha. No es casual que en la visita a EEUU, acompañando a Bolsonaro, Moro visitara la CIA y el Comando Sur.

El entonces juez Moro se extralimitó en sus funciones al participar en la definición de estrategias jurídicas en la puesta en escena de la farsa jurídica para condenar al expresidente Lula, atentando contra el Código de procesamiento Penal. Dallagnol se prestó, en diálogos con otros fiscales, para inflar el globo del vergonzoso power point montado para denunciar a Lula con acusaciones falsas y elementos forjados.

Los archivos muestran discusiones internas y actitudes controversiales, politizadas e ilegales. Dallagnol y su grupo de tareas junto a otros13 fiscales con sede en Curitiba, donde Moro era juez, parecía tener dudas sobre la solidez de las pruebas que se manejaban. La gran duda era, justamente, si Lula había recibido como regalo el departamento en la playa para favorecer a la constructora OAS en sus contratos con Petrobrás. 

La operación Lava Jato diseñó todos los pasos del régimen de facto presidido por Michel Temer, para asegurar el desarrollo del plan concebido en Washington. La censura de Lula y el secuestro de su derecho de opinión, con la prohibición de una entrevista propuesta por Folha de Sao Paulo durante el proceso electoral, fue un momento constitutivo de esa estrategia ante el temor de que la entrevista pudiese catapultar la victorial electoral de Fernando Haddad, el candidato del PT.

Un punto resaltante de las filtraciones es la inseguridad de Dallagnol en relación a la acusación que llevó a Lula a prisión en abril de 2018: “Estaba inseguro justamente sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus colegas: que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá, tras favorecer a la empresa OAS en contratos con Petrobras” (la estatal petrolera), señala el reportaje.

En las conversaciones no aparece ninguna prueba concreta aportada por ninguno de ellos. Era importante fraguarlas porque, de otro modo, el caso no podría ser sustanciado en Curitiba, donde las acciones de la empresa OAS ya estaban bajo la lupa. Pero si la causa viajaba hasta San Pablo quedaría fuera de la órbita de Moro. Por eso era necesario relacionar a Lula con OAS y con los escándalos de Petrobras. 

Asimismo, los fiscales llegaron a discutir formas de disminuir el impacto de una entrevista -que había sido autorizada por el ministro de la Corte Suprema (el Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski- porque esa entrevista podría “hacer que elijan a (Fernando) Haddad” y “permitir la vuelta del PT” al gobierno. 

En paralelo, según The Intercept, Dallagnol hablaba con una amiga que en Telegram se identificaba como “Carol PGR”. Alarmada por la entrevista y la eventual rueda de prensa de Lula, Carol PGR (de la Fiscalía General) envió varios mensajes a Dallagnol: “Estamos en un tren sin mando y no sé qué nos espera”, “La única certeza es que estaremos juntos”, “Me preocupa mucho una vuelta del PT, pero le recé mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve”.

El magistrado Januário Paludo sugirió un plan: “Abrir la posibilidad de que todos hagan una entrevista el mismo día disminuiría la chance de que sea direccionada”. Otro fiscal, Athayde Ribeiro Costa, sugirió que la Policía Federal actuase para que la entrevista se realizara después de las elecciones. La interpretación amañada sería que el permiso de la Corte Suprema se estaría cumpliendo de ese modo pero que a la Policía Federal le correspondía agendar la entrevista. “Que la agende para después”, dijo.

Convencida de que los diálogos entre los fiscales se mantendrían privados para siempre, la fiscal Laura Tessler dijo: “Parece un chiste. La entrevista se va a convertir en una cadena. Y después de Mónica Bergamo (la reportera de Folha) otros periodistas repetirán lo mismo. Y nosotros acá nos quedamos haciendo el papel de payasos”.

La defensa de Lula afirmó que las conversaciones entre el exjuez Sergio Moro y los fiscales de la operación Lava Jato confirman una trama “con el objetivo preestabelecido y con clara motivación política de procesar, condenar y quitar la libertad del expresidente”. Asimismo exigió la libertad plena de Lula, víctima de lawfare o sea la manipulación de las leyes con fines de persecución política.

 ¿Y ahora qué?

Varios analistas señalan que ante la gravedad de los indicios presentados, Moro, Dallagnol y los otros fiscales deben ser separados de sus cargos y apresados provisoriamente, para evitar que destruyan las pruebas esenciales a la investigación sobre la conjura del lawfare, y sus computadoras, laptops, celulares y todos los dispositivos deben ser inmediatamente incautados.

Los denunciados no desmintieron los hechos, lo que confirma que no se tratan de autoridades públicas, sino de mafiosos que usan prerrogativas de los cargos públicos para perpetrar crímenes contra la democracia y el estado de derecho, señala Jeferson Miola.  La única salida aceptable para restaurar la democracia e iniciar la reconstrucción económica y social del Brasil es con Moro y Dallagnol en prisión, Lula libre y nuevas elecciones presidenciales ya, añade.

“Los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula”, escribió Dilma Rousseff.  

Paulo Pimenta, presidente del PT, señaló que "El objetivo era cambiar gobiernos populares en América Latina y cambiarlos por regímenes de derecha como el de Bolsonaro en Brasil y Macri en Argentina", y las filtraciones publicadas ahora, añadió, muestran "la política de EEUU frente a los gobiernos populares de América Latina. "Hay una presencia muy fuerte de los intereses estadounidenses en esta investigación", pero “no podíamos imaginar el grado de promiscuidad en estas relaciones entre el juez, los fiscales y los grandes medios".

"Lo que queda claro es que lo que hizo Moro tenía objetivos políticos y electorales, a través de procedimientos ilegales", lo que “provocó un verdadero terremoto en el país, dada la gravedad de la información. Estas revelaciones son esclarecedoras. Demuestran una relación totalmente ilegal entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato junto a los medios hegemónicos", apuntó Pimenta.

The Intercept aclaró que no incluyó en la difusión cuestiones de la vida privada de los protagonistas sino solo las informaciones que tuvieran relación con el interés público. También explicaron que “no requerimos el comentario de las altas autoridades mencionadas antes de publicar porque no quisimos advertirles por anticipado sobre nuestra tarea y porque los documentos hablan por sí mismos”.

Los indicios sobre el complot recién empiezan, pero ya causaron un tsunami político.

La credibilidad de las denuncias

El reportaje, firmado por Greenwald y Victor Pougy, se convirtió en una bomba por el momento político que vive Brasil. Un presidente que hizo campaña con la cárcel de Lula y que premió a su carcelero con un ministerio hoy se encuentra en franco y rápido deterioro. Y, a medida que se debilitan el gobierno, su ministro insigne y su imagen de cruzados contra la corrupción, la endeblez de las pruebas que señalaba el fiscal contra Lula se tornan más evidentes y por lo tanto más costosas, políticamente hablando.

El caso ya hacía ruido y por ello en abril, el Supremo Tribunal Federal le redujo la condena y luego la vicefiscal general de la República, Aurea Nogueira, pidió que Lula complete su sentencia bajo un régimen de libertad vigilada.  

En un universo lleno de noticias falsas y documentos inventados, la reputación detrás de la firma y el sello hacen que un documento original, básico, como puede ser una grabación, un chat o un correo electrónico, sean creíbles y puedan viralizarse entre millones de personas. Greenwald, radicado en Rio de Janeiro, es el mismo que publicó en el diario británico The Guardian las revelaciones del Edward Snowden sobre el espionaje masivo de EEUU a sus ciudadanos y a sus aliados a través de la interceptación de llamados a celulares y tráfico de internet.

El sitio es financiado por el magnate Pierre Omydyar fundador de eBay a quien le interesa un sitio de megafiltraciones para que el Pentágono y las agencias de espionaje no se metan con él, en momentos en que Julian Assange, Snowden y otros empezaron a denunciar cómo las agencias de inteligencia públicas y privadas habían infiltrado la industria de alta tecnología para echar sus redes de espionaje masivo e indiscriminado.

Hoy, un medio de comunicación con una nueva forma de contar (a través de filtraciones) dio la noticia, como en su momento lo hicieran Edward Snowden, Chelsea Manning, WikiLeaks cuando, de la mano de Assange, publicaron Cablegate o el consorcio ICIJ los Panamá Papers. Snowden, Manning y Assange están presos: Washington no perdona.

-Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/06/11/morogate-el-escandalo-de-la-mafia-judicial-politica-al-servicio-de-la-ultraderecha/

https://www.alainet.org/es/articulo/200354


Filtran conversaciones entre ex juez Moro y fiscales del caso

Lava Jato que ponen en entredicho el juicio contra Lula da Silva

El ex candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, sostuvo que se podría "estar delante del mayor escándalo institucional de la historia de la República".

El medio especializado en investigación periodística The Intercept Brasil publicó este domingo una serie de conversaciones privadas entre altos funcionarios públicos en el marco del caso Lava Jato, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de la indagación que metió preso al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dicha investigación reveló fragmentos de los diálogos entre el fiscal Deltan Dallagnol y el ex magistrado y actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, Sergio Moro, quien condenó en 2017 a Lula da Silva a nueve años y seis meses de prisión en primera instancia, luego de acusarlo que el ex mandatario había recibido un departamento en Sao Paulo como recompensa por diversos favores políticos a la constructora OAS.

En específico, las conversaciones muestran que Moro sugirió a Dallagnol modificar el orden de las fases de la investigación del caso Lava Jato, además entregó consejos y pistas que seguir a los fiscales a cargo de la operación, detalles que está expresamente prohibido por ley.

Igualmente, el reportaje revela que el grupo de fiscales liderado por Dallagnol, discutió la forma de impedir la realización de una entrevista al ex presidente desde prisión, que había sido concedida al diario Folha de Sao Paulo con el objetivo de que ésta no beneficiara al Partido de los Trabajadores (PT) y al candidato Fernando Haddad en las pasadas elecciones.

Desde el Ministerio Público de Curitiba (MPF), organismo del que son dependientes los fiscales, indicaron que están tranquilos con el curso del caso, pero que les preocupa la seguridad y privacidad de la información, que habría sido vulnerada en esta ocasión.

La defensa de Lula remarcó que las comunicaciones develadas por The Intercept demuestran que la actuación de los persecutores y del ex juez Sergio Moro tuvo un “objetivo político”. “Nadie puede tener dudas de que los procesos contra el ex presidente Lula están corrompidos, lo que es grave en términos de violación a las garantías fundamentales y a la negativa de los derechos”, esgrimieron los abogados.

Por su parte, el ex candidato presidencial del PT Fernando Haddad sostuvo que se podría “estar delante del mayor escándalo institucional de la historia de la República”.

LA CORRUPCIÓN SE COME A LA CORRUPCIÓN

Todo sería una gran mentira, un engaño originado en los distintos cauces y fuentes de la corrupción política en Brasil. La acusación contra Lula,  encarcelado supuestamente por los mismos corruptos fue, al parecer, un proceso trucho apoyado en documentos falsos como se está queriendo comprobar ahora en Brasil.

Por Walter Krohne

Con esto la extrema derecha de Bolsonaro, mandatario que es amigo de varios dirigentes derechistas chilenos como el líder del reciente inscrito  Partido Republicano Juan Antonio Kast y de la presidenta de la UDI (integrante de la coalición política de Sebastián Piñera)  Jacqueline van Rysselberghe, se podría desplomar con mucha fuerza.

El domingo pasado el sitio web The Intercept, que se define como un portal de noticias e investigación periodística, hizo estallar la bomba al cuestionar, con documentos,  la actuación del juez Sergio Moro y del fiscal Deltan Dallagnol y acusándolos de haber actuado de manera deliberada para perjudicar a Lula da Silva, un ex presidente que sacó de la pobreza a 23 millones de brasileños.

Mensajes entre agentes judiciales y policiales en Brasil que fueron filtrados han despertado ahora dudas sobre la integridad de la investigación de corrupción que sacudió al poder político y empresarial del país (Lava Jato), con secuelas en varios países de América Latina y que tuvo como consecuencia en Perú el suicidio de un expresidente  y el exilio obligado de otro.

Los mensajes fueron publicados The Intercept y señalan que el juez Sérgio Moro (Foto izquierda) y actual ministro de Justicia y Seguridad Nacional del Presidente brasileño ultraderechista Jair Bolsonaro, dan a entender que  habría estado involucrado en la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acusado igualmente por casos de corrupción y lavado de dinero en 2017, lo cual le impidió al ex Mandatario postular para un nuevo período presidencial en 2018.

Con Lula en prisión, se despejó el camino para la elección de Jair Bolsonaro, ex diputado que como «pago de favores o agradecimiento (no se sabe hasta ahora)» designó después a Moro como ministro de Justicia y prometiéndole además que lo nombraría en el Tribunal Federal Supremo cuando se produjera allí una vacante.

Es posible que algunas de las comunicaciones entre el juez y los procuradores hayan sido ilegales; los expertos dicen que la divulgación de los mensajes ayudarían a los abogados defensores en varios casos pendientes de Lava Jato y servirían para las apelaciones.

Los mensajes filtrados sugieren que el procurador federal Deltan Dallagnol, quien supervisó la acusación contra Lula, tuvo dudas respecto a cuán contundente era la evidencia en el caso del expresidente. Lula fue condenado por haber recibido 1,1 millones de dólares a modo de soborno en trabajos de renovación de una constructora (Odebrecht), a cambio de darle a esa empresa contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Otras conversaciones indican que los procuradores discutieron estrategias para que Lula no pudiera dar una entrevista desde prisión antes de la elección de octubre del año pasado, por temor a que eso favoreciera al Partido de los Trabajadores fundado por Lula.

Moro dijo en una conferencia de prensa que los mensajes no demuestran que él actuó de manera inapropiada y criticó la cobertura de The Intercept como “sensacionalista”. Él y los procuradores federales defendieron su trabajo al decir que era íntegro y señalaron que el medio debió contactarlos para hacer comentarios antes de publicar los mensajes.

La fuerza de trabajo de Lava Jato emitió un comunicado el domingo por la noche en el que dijo que los mensajes fueron hackeados y que varios integrantes de ese grupo fueron “víctimas de una acción criminal por parte de un ciberatacante que cometió uno de los delitos más graves”.

En el comunicado expresaron su preocupación de que los mensajes filtrados pudiesen afectar los casos abiertos y dijeron que los procuradores se mantuvieron “comprometidos a hacer un trabajo técnico, imparcial y apolítico”.

Mientras tanto, Moro intenta convencer  al Congreso de Brasil de que avale una serie de amplias reformas que les darían a los investigadores mucha más autoridad en pesquisas sobre corrupción. Las iniciativas enfrentan mucho rechazo en las cámaras porque varios legisladores están siendo investigados.

Lava Jato (Consorcio Odebrecht) que empezó en 2014 con una investigación que parecía de rutina sobre lavado de dinero, ha resultado en más de cuatrocientas acusaciones en Brasil y en la recuperación de miles de millones de dólares de empresas y personas involucradas en esquemas de sobornos.

El escándalo ha tenido consecuencias más allá del país: han sido  acusados presidentes latinoamericanos,  vinculado a los suicidios de al menos dos sospechosos y al homicidio de un testigo en Colombia.

The Intercept, que tiene un apartado en portugués en su sitio web enfocado a noticias brasileñas, dijo que recibió un “archivo enorme” de conversaciones privadas, mensajes de voz, videos, fotografías y documentos por parte de una fuente anónima.

El portal declaró que publicó las conversaciones después de concluír que eran “de interés público” porque “exponían transgresiones”. La organización noticiosa no buscó comentarios de los funcionarios mencionados en los artículos porque los editores temían que el gobierno fuera a impedir la publicación.

Moro también habría compartido una pista relevante de investigación en el caso contra Lula en 2015, lo que violaría una previsión del código penal que prohíbe a los jueces darle consejo a cualquiera de las partes en un caso.

Cuestiones políticas partidarias 

Los políticos de izquierda de Brasil dijeron que las revelaciones del portal The Intercept comprueban sus denuncias de que Moro y el equipo de Lava Jato se basaron en cuestiones políticas y partidarias para ayudar a la extrema derecha.

Al descubrirse las operaciones corruptas de Lava Jato, los brasileños salieron de manera masiva a las calles para protestar. Sus movilizaciones ayudaron a allanar el camino para el juicio político en 2016 a la entonces presidenta Dilma Rousseff, quien tuvo que dejar el cargo en poder de su vicepresidente y acusador,  Michel Temer, quien, a su vez, el mismo tiene causas en su contra por involucramiento en casos de corrupción y está preso.

Rousseff, la dirigente de izquierda que sucedió a Lula en el cargo, dijo que las revelaciones en The Intercept demuestran que Lula fue acusado y condenado para frustrar su intento de regresar a la presidencia.

El equipo legal del exmandatario declaró que pretende usar las conversaciones filtradas para que se anule la sentencia.

“Los hechos son muy serios y comprueban el sesgo del juez”, dijo Juliano Breda, abogado defensor de varias personas involucradas en el escándalo. “La conducta de Moro en Lava Jato fue claramente política”.

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, quien, a través de Twitter señaló que “el Intercept trae las pruebas que siempre denunciamos: el ex juez Moro y el fiscal Deltan Dallangnol actuaron combinados, con parcialidad y motivaciones políticas, para impedir la victoria electoral de Lula y del PT. Forjaron la acusación sin pruebas y armaron farsa jurídica contra Lula. Este proceso debe anularse”.

Sin embargo Dallagnol, también trató con normalidad los diálogos. En un vídeo compartido en las redes, el fiscal se defiende: «Es normal que fiscales y abogados hablen con los jueces sin la presencia de los demás. Lo que hay que averiguar es si hubo colusión o quiebra de imparcialidad», argumentó. Para Dallagnol, la imparcialidad de la Lava Jato se confirma por centenares de peticiones del ministerio público que fueron rechazadas por la justicia. “54 personas acusadas por la Fiscalía fueron absueltas por el juez Moro”, añadió.

Rousseff, también vía twitter, escribió que “los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula”.

En conversación con nuestro medio, el Doctor en Estudios Latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, señaló que con esta publicación la legalidad de esta investigación pierde toda validez.

“El proceso judicial que significó que una ex presidenta estuviera fuera del poder y sacada de forma abrupta y que haya un ex presidente detenido en cárcel, ese procedimiento, no fue del todo pulcro ni imparcial como se esperaría, porque la Constitución brasileña no permite que entre el fiscal y el ministro judicial a cargo exista este tipo de comunicaciones o relación”, comentó en Chile el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Agregó que con esta publicación la legalidad de la investigación Lava Jato en Brasil pierde toda validez.

Aranda comentó que la información deja al descubierto que el actual ministro Moro deseaba un cargo político, pero que no es seguro que esto afecte el gobierno de Bolsonaro.

“Yo creo que lo que está claro es que, evidentemente, no hubo imparcialidad en el procedimiento y, por lo tanto, el juez moro ciertamente tenía intenciones de llegar al lugar que tiene desde hace rato, de ocupar un lugar en el sistema político, ahora, de ahí a hacer una conexión directa con la legitimidad del gobierno de Bolsonaro creo que hay que mirarlo con calma”, dijo el experto.

Página 12 de Argentina dijo una gran verdad: “Los indicios sobre el complot recién empiezan. La sombra de Nixon parece proyectarse sobre Moro y Bolsonaro”, haciendo referencia al histórico caso Watergate que hizo caer a Richard Nixon en los Estados Unidos. Todo con, en ese momento, una fuente anónima: “Garganta profunda”.

Mientras tanto, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, optó por la cautela.

Aficionado a Twitter, Bolsonaro mantuvo silencio en las primeras 24 horas después de la publicación de los reportajes que implican a su ministro de Justicia en esas conversaciones para, supuestamente, orientar en el proceso judicial. Solo se manifestó a través de su portavoz, la secretaria de Comunicación y por los integrantes del ala militar de su Gobierno. “Confiamos sin restricciones en el ministro Moro”, dijo.

“El ministro Moro es una persona de la más alta confianza del presidente, una persona que dentro del país tiene el respeto de una enorme parte de la población”, añadió la portavoz.

Grietas en el aparato judicial

A miembros del Tribunal Supremo Federal les han sorprendido las revelaciones del portal, algo que puede ser favorable al expresidente Lula, que ya había presentado un recurso en el tribunal pidiendo la anulación de su condena con el argumento de que Moro debe ser considerado “sospechoso”.

Uno de los jueces del Supremo, Marco Aurélio Mello, afirmó al diario Folha de S. Paulo que el contenido divulgado “pone en duda la equidistancia del organismo juzgador, que tiene que ser absoluta”. Su colega Gilmar Mendes afirmó lo mismo a la BBC: “El hecho es muy grave. Esperemos”.

La Organización de los Abogados de Brasil (OAB), la principal entidad que regula el oficio, declaró que las conversaciones divulgadas suponen una “amenaza” a “los pilares del Estado de derecho”. Reclamó una investigación imparcial y pidió que todos los involucrados dejen sus cargos.

El Consejo Nacional del Ministerio Público ya ha iniciado una investigación y ha reclamado que Dallagnol, que puede ser castigado, envíe por escrito sus explicaciones. “No se puede aceptar ese tipo de conversación con un juez. Ellos [los fiscales] deberían haber rechazado de inmediato al juez [Moro] que intentó orientarlos”, afirmó Rômulo de Andrade, fiscal e integrante del grupo Cambia del Ministerio Público.

La posible anulación de condenas

En el caso Lava Jato fiscales federales y Moro formaban un solo equipo de investigación. Sin embargo, The Intercept revela que el entonces juez Moro orientaba las investigaciones del fiscal Dallagnol para facilitar las condenas, según los mensajes intercambiados entre los integrantes de la Lava Jato, enviados por una fuente anónima hace algunas semanas. Moro influía en la coordinación de los procesos que posteriormente juzgaría, algo que, según los expertos, supone claras violaciones a leyes y principios constitucionales, como lo indica el artículo 254 del Código de Proceso Penal de Brasil. Un juez que haya aconsejado a cualquiera de las partes puede aparecer de “sospechoso”.

En todo caso, el  hecho de que las conversaciones hayan sido filtradas ilegalmente —posiblemente por un hacker, algo que The Intercept niega— dificulta que sean utilizadas para acusar y castigar a los miembros de la Lava Jato. Sin embargo, sí pueden ser usadas para defender a los condenados como Lula da Silva, según expertos.

El juez Moro ha dicho que “sobre el contenido de los mensajes donde soy citado, no se aprecia ninguna anormalidad o direccionamiento de la actuación como magistrado, a pesar de haber sido sacadas de contexto”, criticando el hackeo que sirvió para obtener la información. Cuestionó también que el medio de comunicación no se pusiera en contacto con él “antes de la publicación, en contra de la regla básica del periodismo”.

Glen Greenwald  es el  periodista y abogado estadounidense especializado en derechos civiles que vive en Río de Janeiro. En  el 2014 fue galardonado con el premio Pulitzer por publicar un año antes las informaciones sobre el control informático mundial ejercido por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EE.UU., filtradas por el analista Edward Snowden, actualmente refugiado en Rusia.

Greenwald se defendió, también en las redes, cuando tuiteó una captura de pantalla del mensaje de Eduardo Bolsonaro junto a otro del escritor Paulo Coelho. “¿Qué fuente merece más confianza?”, se preguntó el responsable de The Intercept. “Hay que recordar que Glenn Greenwald es uno de los más serios y respetados periodistas del mundo”, decía el tuit de Coelho.

El Ministerio Público también anunció que investigará las revelaciones del portal The Intercept Brasil, que cuestiona la imparcialidad de la operación «Lava Jato» y la investigación que condujo a Lula a la cárcel.

Lula, de 73 años, purga desde abril de 2018 una pena 8 años y 10 meses de cárcel como presunto beneficiario de un apartamento en el litoral paulista concedido por una constructora para obtener contratos en Petrobras.

Raúl Sohr por juez Moro: “Es la clave que impide que Lula

sea candidato y fue nombrado ministro de Bolsonaro”

El analista internacional explicó el caso revelado por el medio estadounidense The Intercept, quienes dieron a conocer un presunto acuerdo entre el juez y los persecutores de Lula. El primero ordenaba a estos últimos la forma en que debían presentar las pruebas contra el ex presidente para que pagara las más altas condenas.

El analista internacional Raúl Sohr, comentó junto al periodista Fernando Paulsen en “Última Mirada”, la situación que ocurre actualmente en Brasil respecto al juicio de Lula Da Silva. 

Según el medio estadounidense “The Intercept”,  aparentemente había comunicación entre los fiscales y jueces, donde este último le sugería a los persecutores cómo presentar las pruebas para que Lula tuviera las máximas sanciones. 

Lee también: Lava Jato: Filtran conversaciones entre fiscales y jueces para perjudicar a Lula da Silva

En este sentido, se ha barajado que “intentaron hacerle una encerrona” al ex mandatario. Según Sohr, esto tiene una trascendencia política enorme y recuerda también el caso de Dilma Rousseff: “Nunca se estableció cuál era el motivo, era un tema de cómo ella había presentado ciertas cuentas en el presupuesto nacional, algo que habían hecho todos los presidentes anteriores y a ella la removieron sobre esta base”. 

Una vez que ella fue removida, cuenta el analista, el candidato con mayor popularidad era Lula. Entonces comenzaron los juicios contra él, el primero “en parte era por las coimas. El gobierno le pagaba a ciertos parlamentarios para que votaran cierta legislación”, relató Sohr sumando que luego se le sumó otra causa por un departamento en Río de Janeiro.

“Sergio Moro, el juez, comienza a llevar el caso y se levanta en Brasil como el héroe, el juez limpio y digno que comienza a perseguir la corrupción de la clase política decadente, vinculado a muchos empresarios”, relata Sohr.

El juez Moro comenzó a encarcelar a empresarios y políticos, entre ellos Lula, posicionando su figura en Brasil. “Las conversaciones entre jueces y fiscales son normales, no hay nada del otro mundo, lo cual no es así”, comentó Sohr, explicando que en estos países los jueces están en lo más alto para velar por su imparcialidad, por lo cual no pueden tener conversación ni cercanía alguna con los fiscales, menos indicándoles cómo proceder. .

Si se confirma que hubo comunicación entre el juez Moro y los fiscales, Lula podría quedar en libertad, además “sigue siendo uno de los políticos con más adhesión”, dijo Sohr.

Sohr recalca que “todas las encuestas decían que Lula habría derrotado a Bolsonaro y ese juez (Moro) que es la pieza clave que impide que sea candidato (Lula), es nombrado después ministro de justicia de Bolsonaro”, eso sustenta la tesis del Partido Trabajador (PT), al cual pertenece Lula y quienes apuntan a la conspiración aquí a detallada.

El PT señaló el hecho como un “golpe de estado”, según contó Sohr. De todos modos, Lula da Silva tiene más acusaciones en su contra, el problema es que la causa directa que dejó a Lula fuera de la vida política, es el caso que llevaba Moro.

The Intercept comunicó que esta información, según detalla Sohr, es apenas el 1% de todo el material que poseen. Jair Bolsonaro, conocido por estar constantemente conectado a las redes sociales al igual que su par estadounidense Donald Trump, no hizo comentarios respecto a la publicación y “desapareció por 24 horas”, dijo el analista en Última mirada.

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