ARGENTINA-DDHH

El gobierno ha iniciado una
campaña de desarmar
la política de DDHH.

Por Adolfo Pérez Esquivel

Empezó con funcionarios que cuestionaban la cantidad de desaparecidos y muertos por la dictadura militar, afirmando que el número de desaparecidos era menor, es decir, hicieron que el problema sea poner en duda a los millones de argentinos que decimos que son 30 mil y no el plan sistemático regional de exterminio que afectó a todo el pueblo y a la humanidad. ¿Acaso alguien cuestiona que en los campos de concentración nazi murieron seis millones de judíos? ¿Quién cuestiona que el genocidio armenio cometido por las tropas turcas asesinó a un millón y medio de personas? Sólo los nazis, sólo el Estado turco.

Los desaparecidos son los ausentes siempre presentes. La desaparición es un delito de lesa humanidad que no deja de transcurrir hasta que no aparezcan las personas ausentes. ¿Quién explica a las madres y familiares víctimas de la represión que los genocidas reciban beneficios, cuando hasta la fecha ni siquiera hay arrepentimiento por los crímenes cometidos y no dan información alguna sobre el paradero de sus seres queridos?

La Corte Suprema ha justificado lo injustificable para beneficiar a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Por tres votos contra dos, equipararon los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes para reducir sus penas. La paradoja es que para los detenidos por estos delitos comunes, no se otorgan los mismos beneficios. Y en paralelo se endurecen las leyes penales y de ejecución para que permanezcan más tiempo detenidos, sosteniendo el discurso de mayor seguridad. Se parte del supuesto de que los represores en libertad, no afectarían la seguridad. No olvidemos la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas y hostigamientos a los testigos de los juicios.

Toda persona que cumple una condena por delitos cometidos, debe ser tratado humanitariamente y darle todas las garantías dentro del marco de las leyes vigentes en cada país. Pero eso no significa reconciliación, ni mucho menos que el Estado les brinde beneficios por los peores crímenes cometidos en la historia de nuestra nación.

Ya de por sí se alojan en pabellones "vip" en mejores condiciones que los restantes detenidos, y son tratados de manera preferencial con regímenes permisivos, acceso a visitas especiales, computadoras y celulares. Gran cantidad de jueces les otorgan arrestos domiciliarios ante enfermedades leves o afectaciones menores, mientras que pocas veces otorgan la domiciliaria a presos comunes que padecen gravísimas enfermedades y mueren en la cárcel. La desigualdad ante la ley es muy clara.

La cúpula de la Iglesia Católica argentina, que tuvo en muchos de sus exponentes jerárquicos una activa complicidad con la dictadura genocida, ha impulsado en varias oportunidades iniciativas tendientes a asegurar la impunidad de los represores, como la llamada “Ley del Olvido”, señalando que el pasado fue doloroso, pero hay que mirar para adelante y pensar en la reconciliación. Hoy vuelve a plantear la reconciliación, que lejos de su concepto doctrinario, no tiene otro sentido que favorecer el retroceso en materia de juicios de lesa humanidad y resulta altamente funcional a un gobierno neoliberal que procura desdibujar las políticas de memoria, verdad y justicia por las que nuestro pueblo ha luchado durante años.

Pero no basta con decir a la sociedad que todo es un hecho doloroso y que hay que mirar hacia adelante. Lo que se siembra se recoge, no hay otra alternativa. Todos y todas queremos cerrar las heridas pero no de cualquier forma y a cualquier precio. No hay reconciliación posible sin siquiera reconocimiento de las culpas, arrepentimiento y perdón, por eso la reconciliación no es ni será posible con los represores argentinos. La reconciliación no es el olvido, ni impunidad. El derecho es a la Verdad, la Justicia y la Reparación del daño hecho. En este caso concreto saber, dónde están y que hicieron con los desaparecidos o sea, que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, rompan su pacto de silencio, esa suspensión de conciencia que los lleva a la complicidad colectiva.

El Papa Francisco está colaborando con la desclasificación de archivos del Vaticano sobre lo ocurrido en la dictadura, porque sabe que no existe reconciliación, no existe paz sin justicia. Queda mucho camino por delante, y desde que asumió el gobierno de Cambiemos sólo ha crecido el negacionismo del terrorismo de Estado, el fortalecimiento de la autonomía de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de los organismos de inteligencia, la violencia institucional, la persecución política, así como también han empeorado todas las áreas vinculadas a la justicia social que nos permiten pensar a los Derechos Humanos desde una perspectiva integral y no sólo acotados a un período histórico determinado.

No es casualidad que los dos jueces que propuso este gobierno para la Corte Suprema hayan votado a favor de estos beneficios a los represores, de esta afrenta al pueblo argentino, equivalente a los indultos de Menem en los años 90’s. No es casualidad que esta misma nota haya primero solicitada y luego explícitamente rechazada por la agencia de noticias oficial de la República Argentina con el argumento de que “la agencia decidió no sacar opiniones sobre el tema del 2x1”. Los grandes medios de comunicación, de antes y de ahora, siguen jugando un papel central en legitimar u ocultar estas injusticias.

Frente a estas provocaciones hay que ser claros, responderemos como siempre lo hemos hecho con la movilización no violenta de nuestro pueblo, reclamaremos la vigencia vinculante de los fallos de la Corte Interamericana de DDHH como instancia internacional, pese al rechazo de esta Corte Suprema dependiente del poder ejecutivo.

Adolfo Pérez Esquivel

Presidente del Servicio Paz y Justicia y de la Comisión Provincial por la Memoria y Premio Nobel de la Paz.

La presión popular generó consensos para frenar el 2×1 a genocidas

La Tinta

La Cámara de Diputados aprobó este martes por la noche con 211 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención, un proyecto de ley para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Ante el repudio generalizado y la convocatoria a una marcha nacional para este miércoles , los legisladores de Cambiemos acusaron recibo y consensuaron con la oposición una norma para frenar la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia al aplicar el 2×1 a favor del represor Luis Muiña, fallo que derivó en una catarata de pedidos de otros condenados por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Los referentes de todos los bloques trabajaron en un texto consensuado en base a los seis proyectos que habían presentado legisladores de diferente extracción política y la votación fue prácticamente positiva en su totalidad.

Además de dar media sanción, ya convocaron al Senado para que este miércoles mismo sesione y de sanción definitiva.

En los palcos del recinto estuvieron presentes referentes de Derechos Humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida.

Beneficio no aplicable a represores

El proyecto dispone que el artículo 7 de la derogada ley 24.390 (en la que se amparó la Corte) “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”.

En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2×1 sólo puede aplicarse a “aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley”, es decir, entre 1994 y 2001.

Juicio político

Sobre el final de la sesión se votó el pedido de juicio político para los tres jueces de la Corte Suprema que se pronunciaron por el beneficio para los represores, pero la iniciativa fue bloqueada por el oficialismo y no obtuvo la mayoría especial que necesitaba para ser aprobada.

En su intervención, el legislador Néstor Pitrola (Partido Obrero) mocionó votar sobre tablas el pedido de juicio político para los jueces Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz y lo consideró “la gran contribución que tenemos que hacer desde el Legislativo a la movilización de mañana”.

“Si mañana somos un millón de argentinos vamos a abrir la derrota de esta Corte Suprema, de esta operación de Estado”, sentenció el diputados del Frente de Izquierda.

Fuente: http://latinta.com.ar/2017/05/la-presion-popular-genero-consensos-para-frenar-el-2x1-a-genocidas/

Unanimidad en el Senado contra el 2x1 a genocidas

Antes de la marcha convocada contra el reciente fallo de la Corte Suprema, el Senado aprobó por unanimidad la ley que excluye del beneficio del 2x1 a los autores de crímenes de lesa humanidad. La iniciativa había obtenido ayer la media sanción de Diputados.

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad y convirtió en ley la norma que prohíbe la aplicación de la ley del 2x1 a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a un represor. En un debate de cuatro horas y media, el proyecto que ayer obtuvo media sanción de Diputados fue aprobado por 56 votos afirmativos y ninguno en contra.

La norma aprobada establece que el 2x1, previsto en el artículo 7° de la ya derogada ley 24.390, "no es aplicable a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra". En su segundo artículo sostiene que "será aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley", entre 1994 y 2001. El tercer artículo señala que lo dispuesto en los dos artículos anteriores es "la interpretación auténtica" del "dos por uno" y que "será aplicable a las causas en trámite".

En representación del oficialismo, los senadores Federico Pinedo y Laura Rodríguez Machado intentaron responder a los cuestionamientos de la bancada opositora por los vaivenes del Gobierno para oponerse al fallo que benefició al represor Luis Muiña. "Rechazo de manera absoluta que el Gobierno haya hecho alguna jugada para que algún represor quede libre", enfatizó la jefa de los senadores del PRO.

El jefe del bloque radical, Ángel Rozas, también salió en defensa del Gobierno e intentó desligarlo del fallo: dijo que se trató de "una decisión de uno de los poderes del Estado equivocado, absolutamente equivocado".

Desde el Frente para la Victoria cuestionaron la política del Gobierno nacional en materia de derechos humanos y a los jueces de la Corte que emitieron el fallo y fueron propuestos por el Gobierno: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El presidente del Bloque del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, consideró que es necesaria una "oxigenación" de la Corte Suprema, al reclamar que quienes hayan cumplido los 75 años "se retiren" o soliciten el análisis de sus pliegos en el Congreso, en una mención directa a Elena Highton de Nolasco.

En la misma línea se expresó Adolfo Rodríguez Saa (Compromiso Federal), quien reiteró su planteo para ampliar el número de ministros de la Corte Suprema. El puntano estimó que el voto de la mayoría de la Corte sobre la aplicabilidad del "2 x 1" a delitos de lesa humanidad puso en evidencia que "estamos viviendo un retroceso histórico porque este fallo tan trascendente no es una ingenuidad".

Pichetto también cuestionó a los jueces supremos por no "haber hecho un esfuerzo, una cohesión entre los integrantes" al emitir el fallo del 2x1. “Nos encontramos con decisiones judiciales irracionales, que son irresponsables", señaló. Pidió "rearmar" el máximo tribunal para que "tenga una verdadera expresión" y que "haya un penalista en la Corte".

“Estamos votando un mensaje muy claro de uno de los poderes del Estado dirigido a otro poder que es el Judicial: el gato tiene cuatro patas, no tiene cinco. Tienen que dejar la construcción ficcional para hacer lo que quieren, tienen que atenerse a la ley", concluyó Pichetto.

ClariNet