VENEZUELA8

Venezuela está en boca de todos
los medios de comunicación del
mundo desde hace algunos años.

Por Juan Manuel Karg

Si con Hugo Chávez el país caribeño ya era permanente noticia, tras su fallecimiento y con el recrudecimiento de los intentos (legales e ilegales) de apartar al chavismo de Miraflores, está todos los días en las primeras planas de los principales diarios internacionales, con informaciones tergiversadas y maniqueas en una proporción creciente.

Venezuela se ha convertido, como lo era Cuba décadas atrás, en la nueva “mala palabra” en las RRII, con el objetivo de fondo de forzar un cambio tras más de tres lustros de chavismo en aquel país, que termine de consolidar a la derecha regional tras su llegada a los gobiernos de Argentina y Brasil (este último, vía golpe parlamentario).

Cuando la oposición a Maduro, nucleada en la heterogénea MUD, conquistó la Asamblea Nacional en diciembre pasado, prometió que en seis meses acabaría con el gobierno del PSUV. Esto en palabras del propio presidente de la AN, el veterano dirigente Henry Ramos Allup.

En esos meses, además, se dio el momento más grave de la crisis económica que vive aquel país, con un descenso pronunciado de los precios internacionales del petróleo (variable que comienza a cambiar fruto del acuerdo entre los países OPEP) y dificultades crecientes en el abastecimiento de alimentos.

El gobierno ideó una iniciativa que le permitió sortear parcialmente el escenario adverso, aún con notorias dificultades: los CLAP, Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, que se constituyeron en un bypass -tal como hacía Chávez con las Misiones respecto al propio Estado- frente a la distribución privada de alimentos, donde aún hoy sigue brillando el acaparamiento.

Pasaron tres trimestres y la derecha, que tiene gran apoyo externo y al alineamiento de diversos medios de comunicación en lo interno, no logró conquistar Miraflores.

¿Qué factores inciden en que no haya podido? Diversos:

a) A diferencia de Brasil, la MUD no controla al poder judicial ni al vicepresidente del país. Tampoco a las FFAA. Una fórmula “a lo Temer” es impensada.

b) El chavismo permea como identidad de gran parte del pueblo venezolano, aún en condiciones adversas. Incluso con aquellos que pudieran estar “desilusionados” con el actual estado de cosas. La consultora opositora Datanálisis, en un reciente sondeo, muestra que al menos 5 de cada 10 venezolanos sigue reivindicando el legado de Chávez. Hinterlaces, por otro lado, muestra que hay una progresiva recuperación del oficialismo ante las nuevas iniciativas económicas.

c) La oposición sigue mostrando dos tendencias nítidas, en una similar situación a la vivida en 2014: un sector dialoguista y otro abiertamente rupturista, que exige “calentar la calle” nuevamente.

Capriles, que pertenecía al primer bando dos años atrás, ahora parece abonar a una línea más confrontativa, parecida a la que comandó en 2013, tras el triunfo de Maduro. Esa puja, lejos de quedar enterrada tras la victoria de la MUD en diciembre, sigue sobre la mesa y se acrecentó. Unos culpan a otros de que Maduro siga en Miraflores, y viceversa. Los sectores más radicales, con Tintori y Machado a la cabeza, buscan una insurrección antichavista para la cual no parece haber condiciones objetivas a mediano plazo, tal como queda demostrado en el punto previo.

d) La progresiva suba en los precios internacionales del petróleo y una mejora en indicadores como el riesgo país parecen demostrar que es posible un rebote luego de meses de profundas complejidades. Sobre el primer planteo, la reciente gira de Maduro por países OPEP y no OPEP deja un piso de acuerdos que haría prever un crecimiento de expectativas de cara al año próximo.

En conclusión, con la navidad y las vacaciones cerca parece lejano un inminente “derrumbe institucional” como el que se plantea un sector de la MUD.

El referendo también parece lejano, ya que la derecha debería juntar nuevamente el 1% de firmas en los 5 estados impugnados. Sin embargo la estrategia de “calentar la calle” buscará ser legitimada nuevamente, sobre todo desde el plano internacional: las condiciones regionales -sobre todo Argentina y Brasil, por sus respectivos nuevos gobiernos- son bien distintas a 2014, cuando las guarimbas buscaron derrocar a Maduro.

Pero la MUD deberá tener bien claro algo: aun cuando cuente con un indisimulable apoyo externo, deberá primero construir condiciones de gobernabilidad a lo interno, algo impensado si al menos 5 de cada 10 venezolanos siguen reivindicando el legado de Hugo Chávez, tal como enunciáramos. A fin de cuentas, se pueden intentar erosionar y deslegitimar a un gobierno a distancia, pero no se puede gobernar (y ser elegido previamente) solo con rimbombantes declaraciones de la OEA.

Juan Manuel Karg

Politólogo UBA / Analista Internacional / Investigador CCC

http://www.alainet.org/

Por qué la Asamblea Nacional de Venezuela no puede hacer al presidente Nicolás Maduro un "impeachment" como el de Dilma Rousseff en Brasil

Daniel García Marco BBC Mundo Caracas

Nicolás Maduro no seguirá los mismos pasos de Dilma Rousseff, destituida por el parlamento de su país.

Tras casi tres horas de debate, el propio presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Henry Ramos Allup, tuvo que aclarar una "confusión".

Ramos Allup le recordó a los suyos que el juicio político al presidente Maduro iniciado este martes el parlamento no tiene nada que ver con un proceso de destitución como el que le costó el cargo a Rousseff en Brasil en agosto.

"He escuchado una especie de confusión por mala lectura de la Constitución o mal entendimiento, confundiendo juicio de evaluación política con juicio de destitución del presidente", aclaró Ramos Allup.

La sesión de este martes tuvo, por lo tanto, un carácter más bien simbólico y político, pero no jurídico, pese a que la mayoría opositora acordó "iniciar el procedimiento de responsabilidad política del presidente de la república", al que acusa de haber provocado la "devastación de la economía del país".

Duras palabras que se unen a las del acuerdo aprobado el domingo que declaró "la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro".

Sin "impeachment"

Después de que la pasada semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendiera el proceso del referendo revocatorio al presidente impulsado por la oposición, la Asamblea se ha convertido en uno de los frentes de batalla ante el oficialismo.

Pero los acuerdos de la Asamblea no pasan de un papel simbólico y político, a diferencia del juicio político o impeachment que en agosto provocó que el parlamento de Brasil destituyera a la presidenta Rousseff.

"En Venezuela, el juicio político al presidente no puede conducir a su remoción", explica a BBC Mundo el profesor de Derecho y experto constitucionalista José Ignacio Hernández.

"No tiene ninguna consecuencia jurídica inmediata", afirma Hernández.

"Se necesita de la fiscalía y la Corte Suprema para que el presidente pueda ser destituido de su cargo", agrega en entrevista con BBC Mundo el abogado constitucionalista Jesús Silva.

Eso lo aprovecharon los diputados oficialistas en la Asamblea este martes para calificar la sesión de "ópera bufa" y de "elemento de desestabilización y crispación".

De hecho, el diputado oficialista Julio Chávez mencionó los recientes casos de Honduras, Paraguay y Brasil, en los que dijo que se había producido un "golpe parlamentario".

Así, el gobierno de Venezuela sigue sin reconocer la legitimidad de Michel Temer, actual presidente de Brasil tras la destitución de Rousseff.

"No es un saludo a la bandera"

"Pero eso no significa que sea un saludo a la bandera", afirma Hernández, que menciona los efectos políticos de la decisión "porque afecta a la legitimidad de un presidente".

Declarar la responsabilidad política del presidente, como pretende la Asamblea, controlada por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, podría suponer el inicio de otros procesos que sí tendrían efectos jurídicos.

La Fiscalía General podría entonces iniciar una investigación. "Pero eso es muy poco probable que pase, por no decir que es imposible", reconoce Hernández.

La crisis política en Venezuela, agravada por la económica, ha conllevado a una lucha de poderes que ha limitado la capacidad de decisión de la Asamblea.

De hecho, una sentencia de agosto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera a la Asamblea en desacato (desobediencia) por sesionar con tres diputados del estado Amazonas cuya juramentación está suspendida hasta que se determine si hubo fraude electoral.

Por ello, la máxima autoridad judicial ya había adelantado una resolución que considera nulas o inválidas todas las decisiones del legislativo.

Abandono del cargo

La Asamblea acordó también este martes encomendar a una comisión "evaluar la posibilidad de que declare el abandono del cargo por el Presidente de la República".

Esa figura legal sí tendría efectos jurídicos y podría llevar a la destitución de Maduro.

El abandono del cargo no se refiere necesariamente a la presencia física de Maduro en Venezuela.

"Tiene que ver con el hecho de que el presidente de la República se haya salido completamente de la Constitución, es decir, que las funciones que esté ejerciendo no sean las de un presidente democrático, sino de un presidente de facto", explicó el lunes Jesús María Casal, consultor jurídico de la Asamblea.

En caso de aprobarse, esa decisión se elevaría al TSJ, que dados los precedentes, es de esperar que la anularía.

El TSJ ha declarado inconstitucional seis de los diez proyectos de ley que ha aprobado la Asamblea desde su formación en enero.

"Maduro no está en peligro por este supuesto juicio político de la Asamblea", dice el abogado Jesús Silva, que recalca que el legislativo sólo puede emitir declaraciones políticas a la hora de condenar la actuación del presidente.

El juicio político a Maduro y las circunstancias de Venezuela son, por lo tanto, muy diferentes a los que propiciaron la salida de Rousseff, destituida por el Senado bajo la acusación de manipulación de los presupuestos.

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