YA NOS SAQUEARON Y
NOS SIGUEN ROBANDO

Cuando el asesinado Jaime Guzmán se propuso refundar la República, contando con la ignorancia y la avidez de Augusto Pinochet y su familia por los dólares, trazó los fundamentos de una maquinaria financiera y política, cuyo capital inicial fueron las empresas públicas y aquellas estatizadas por la Unidad Popular. La UDI se convirtió en el cancerbero parlamentario de este saqueo. Lo peor es que el robo no ha terminado.

Por Justo Calcante

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, atento a las enseñanzas del ex presidente oligárquico, Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), el en ese momento joven ideólogo de corte ultra católico e integrista, al estilo franquista, Jaime Guzmán, llegó a la conclusión de que era necesario refundar la República, acabar con los acentos liberales y progresistas de la Constitución de 1925, cercana a los sectores medios y a la clase obrera organizada y sentar las bases de una democracia protegida, es decir de un régimen hecho a la medida de una casta financiera todopoderosa, sostenida en talentos de clase media, educados pero sin escrúpulos, ansiosos de escalar socialmente y de cimentar una fortuna, sin importar como deberían hacerlo. José Yuraszeck es el paradigma de los nuevos millonarios surgidos al calor de este proceso. Su manejo con las llamadas chispas para vender Enersis a precio vil para la mayoría de los accionistas, pero absolutamente privilegiado para él y sus socios, lo retrata de cuerpo entero.

            La idea pasaba por contar con la complicidad del dictador Augusto Pinochet y Guzmán tuvo el buen ojo de darse cuenta que este era un hombre ignorante, al que pese a sus desconfianzas se podía convencer de cualquier cosa, mientras que la avidez de su familia por los dólares, permitía venderle las ideas mas peregrinas, siempre que pasaran por dotarlos de dinero constante y sonante.

           El sistema consultó someter por la fuerza y la represión a la mayoría de la gente común y corriente y transformarla en una suerte masificada de menesterosos por sus sueldos miserables, sus empleos inestables y su carencia de derechos laborales, y se contó con el respaldo de un lumpen mendicante, una suerte de criadero de votos para la derecha, precisamente en el cinturón de miseria que ha rodeado a Santiago y a otras grandes ciudades desde fines del siglo XIX, en algún momento bastiones de la izquierda.

           Convencido de que la vieja oligarquía, al estilo de los propios Alessandri, los Matte, los Bulnes, los Ibáñez, los Larraín, los Prieto y los Irarrázaval, poco o nada tenían que ofrecer dentro de este nuevo esquema, se buscó por parte de Guzmán y los suyos. la creación de esta clase empresarial diferente, con menos molicie y vicios decadentes y más pujanza. Para ello se necesitaba una masa importante de capital y se encontró en la privatización de las empresas públicas, muchas de éstas, jugosos monopolios naturales en el campo eléctrico, las comunicaciones, el acero y otros, y también en aquellas compañías, como el Banco de Chile, estatizado por el régimen de la Unidad Popular. Con miras a mantener el saqueo en el tiempo, José Piñera creo las AFPs, que permitieron meterle mano a los ahorros previsionales de los trabajadores del país, diseñadas de tal modo que los cotizantes están destinados a recibir en su vejez pensiones mínimas, que cuando son demasiado exiguas, deben ser subsidiadas por el Estado, es decir por todos los chilenos.

           Para proteger a esta democracia de los ricos – el propio Augusto Pinochet llamó públicamente en más de una oportunidad a “cuidarlos”, una vez que literalmente le vendieron la idea--, se necesitaba un partido autoritario, populista y asistencialista (para llevar la limosna al lumpen y mantenerlo tranquilo) y este fue la UDI. Los viejos barones de la derecha no asimilaron bien lo que se pretendía, y así surgió la división con Renovación Nacional, hoy en manos de un empresariado multimillonario, como es el caso de Sebastián Piñera, pero de ideas más liberales.

            Para imponer este modelo, además de la represión cifrada en miles de muertos, torturados y exiliados, se dictó una Constitución cuidadosamente trazada para hacer de la derecha minoritaria la principal fuerza política del país, donde la Unión Demócrata Independiente, calzó perfectamente.

           Recién ahora, tras 15 años de balbuceos democráticos, comienza a salir oficialmente a luz lo que se sabía desde siempre: El saqueo a que se nos sometió y que continúa, especialmente con mecanismos perversos como los de las AFPs. Como escribió el diario oficialista La Nación, “el tema venía sonando desde hacía años, pero una y otra vez se había impuesto un silencio que ahora, por fin, se terminó”.

            Que haya terminado no está claro, la derecha que controla la prensa de este país, la radio y la televisión, está empeñada en ocultar lo robado. Lo ha hecho ya en varias ocasiones, incluso hizo desaparecer a libros como Los hijos de Pinochet, de Víctor Osorio, publicado por Planeta o el mucho más explicito y aparecido en el año 2001, El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno de la periodista María Olivia Monckeberg.

           Ingenuamente La Nación cree que este libro fue “silenciado, en parte porque en el se incluyen capítulos que involucran a algunos de los principales medios de comunicación del país”. El férreo control del periodismo, que pasó por la destrucción del Colegio de la orden, hoy una lastimera sombra de lo que era hasta 1973, fue parte del siniestro Plan Guzmán. Con la complicidad de la propia Concertación, la derecha se hizo con el control de los medios proclives, acabó, ya en democracia, con el Fortín Mapocho y La Época y hoy tiene por las cuerdas al Diario Siete. La propia Nación es prácticamente confidencial dados sus escasos lectores y hasta el Canal 7, es de inspiración derechista en sus noticieros.

           El Mecurio y Copesa controlan las redes de distribución y en materia de ingresos económicos, la publicidad está en manos de un pequeño grupo de agencias del ramo y nadie obtiene un anuncio significativo, sin contar con el permiso previo de los grupos fácticos, que no son otra cosa más que el comando supremo de este monstruo financiero y político creado a la sombra de Pinochet. Baste pensar que el hoy condenado Yuraszeck a pagar millonaria multa, es miembro de la comisión política de la UDI. ¿Cuáles son sus meritos estrictamente partidarios? No se conocen, pero si su condición de miembro privilegiado de esta elite de los pinochetistas sin Pinochet.

            El control mediático, para los que quieran investigar, se basa en lo que sostuvieron a fines de 1973 los servicios de inteligencia, que dictaminaron que los “autores intelectuales” de la Unidad Popular eran diarios como Clarín, Puro Chile o Ultima Hora y de allí la sañuda persecución a sus periodistas, que aún no cesa.

           Pero, como el tinglado de la farsa se está derrumbando, comienza la defensa del engendro. Es así como el genio privatizador y ex ministro de Hacienda, el militante distinguido de la UDI, Hernán Büchi envió al diputado Carlos Montes, una carta donde justifica lo que hizo como conductor de las finanzas públicas entre 1985 y 1987. Büchi se enoja porque Montes, a la cabeza de una comisión investigadora de la cámara baja, comenzó a destapar la olla. Según Büchi, sacar los trapotes sucios al sol, “reviste un carácter meramente táctico”, acudiendo a la débil argumentación que se trata de una cortina de humo por el caso MOP y la proximidad de las elecciones presidenciales. “El proceso es inseparable de la transformación gigantesca de Chile”, afirma Buchi. “Ésta le permitió (al país) convertirse en una nación digna de ser emulada, pues ha podido sentar las bases para que gran parte de la población supere la indigencia y la pobreza”. En la misma línea, el ex bi ministro de Economía y Hacienda, Rolf Lüders, planteó que el Fisco incluso habría recibido ganancias “si las empresas se regalaran”, porque “lo más importante era disminuir el déficit fiscal por concepto de subsidio a las empresas estatales y aumentar su eficiencia, a través de la cual el Estado recibe mejores ganancias por el pago de impuestos”.

            Ningún argumento serio en contra de las conclusiones del informe de mayoría de los diputados, que son demoledoras. Sustentado a partir de información obtenida en la Contraloría General de la República, el informe parlamentario determinó que por la venta o enajenación de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió sobre 2.200 millones de dólares. En cifras actualizadas al año 2004, la pérdida supera los 6.000 millones de dólares.

           Según dijo La Nación, “en realidad, esta cifra no representa el total, porque entre 1973 y 1990 fueron 725 las empresas que, a través de diversos mecanismos articulados desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), quedaron en manos de privados. En más de 300 páginas, la comisión denuncia también otras operaciones, hasta ahora desconocidas, como el traspaso de 15.888 inmuebles, de los cuales 11.000 fueron a manos privadas, y la liquidación irregular de más de ocho millones de hectáreas que antes había expropiado la reforma agraria. La superficie equivale a la suma de las regiones V, VI, VII y Metropolitana”.

           Esta comisión legislativa se formó en agosto del año 2004 a propósito de las cuentas de Augusto Pinochet descubiertas en el Banco Riggs por el Senado de Estados Unidos. El diputado Julio Dittborn, otro prócer de la UDI e integrante de la comisión, aseguró que todo era un “show mediático”. Para sabotear el trabajo parlamentario, Dittborn se aseguró que ninguno de los empresarios involucrados en la venta de las compañías enajenadas a precio vil, concurriese a declarar, ya que la ley no los obliga a hacerlo.

            La Nación recordó que “este no es el primer intento de investigar la venta de las empresas públicas durante el régimen militar. En 1991 se formó una comisión similar en la Cámara de Diputados, que después de tres años de trabajo, materializado en 17 tomos, no llegó a ninguna conclusión pública. Según el ex diputado DC Juan Carlos Latorre, que integró esa comisión, ‘se temía caer en una cierta inestabilidad en el proceso de transición’. Aún estaba fresco el acuartelamiento militar ordenado por Pinochet para detener una investigación sobre los cheques que involucraban a su hijo mayor (N. de la R .- En la venta de una supuesta fábrica de fusiles que jamás produjo ni una sola arma y que se vendió en tres y medio millones de dólares.-). El ex ministro vicepresidente de Corfo, René Abeliuk, fue todavía más explícito: ‘La decisión del gobierno fue mirar hacia delante y no hacia atrás. Si el gobierno hubiese iniciado un pleito con los empresarios, habría sido una señal económica confusa. ¿Consecuencias? Las inversiones se habrían paralizado. Había una decisión política que tomar y no había donde perderse’”. Cínica y lamentable explicación.

           Las conclusiones del informe legislativo fueron enviadas al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales. Se pidió a su vez a la Corfo que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un ministro en visita y que exija indemnizaciones, además de sugerir al contralor de la República el inicio de sumarios.

            Montes sostiene que este informe es “una constancia histórica, una especie de Comisión Rettig de la propiedad pública, del patrimonio público, de lo que pasó con él durante el gobierno del general Pinochet. No pretendemos haber cubierto todo, ni mucho menos. Esto tendrá que seguir siendo trabajado en el futuro por las universidades”.

           El proceso privatizador fue un fraude desde el comienzo. Dos informes de la Contraloría, fechados el 18 de mayo de 1988 y el 31 de julio de 1989, y que permanecieron “extraviados” por algún tiempo, establecieron que “durante el año 1987, la Corfo enajenó acciones de sus empresas filiales, lo que representó, en cifras actualizadas al 31 de diciembre de 1987, un resultado negativo de $ 130.978.437.540, por lo que su patrimonio disminuyó en un 22,3%. “Durante la revisión practicada se pudo determinar que la Corfo enajenó en el año 1988 parte importante de las acciones de sus empresas filiales. En cifras actualizadas al 31 de diciembre de 1988, el costo de esas acciones al valor libro fue de $ 183.178.984.173 y la enajenación se efectuó en $ 118.917.768.418. Con ello se originó, a valor libro, un resultado negativo de $ 64.261.215.755”.

            Los diputados descubrieron que “fue legal vender en forma directa sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas (N. de la R.- El caso de Yuraszeck). Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitaba. Nada estaba prohibido y todo podía decretarse a fin de cumplir con rapidez los objetivos privatizadores... Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura. Pese a que entre los objetivos explícitos del proceso privatizador se proponía ‘terminar con los subsidios’, vicio adjudicable a las empresas en manos del Estado, la entrega de ellos a la empresa privada fue masiva durante todo el período, no sólo a través del precio de venta de las empresas, sino a través de todos los recursos con que contaba el aparato estatal chileno”.

            Pero, la parte mas escandalosa estaba por venir: “Es muy gráfico comprobar que los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los técnicos que las diseñaron desde la Corfo, o que fueron interventores de empresas estatales, como (el entonces yerno de Pinochet) Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; y otros como José Yuraszeck, que dieron origen al grupo Endesa España con Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano (N. de la R.: Otro prócer UDI), que hizo su fortuna con la ‘diseminación de la propiedad’ que se perseguía con la creación de las AFP”.

           Así fue el saqueo, pero este no ha terminado, continua y debe ser detenido de una vez por todas. Para evitar problemas – porque saben perfectamente de qué se trata --, los principales actores de este latrocinio, hoy como en el caso de Yuraszeck, se han desecho de las empresas que les hicieron millonarios. Muchas de estas han sido vendidas a intereses españoles, por lo cual en caso de exigir reparaciones por el robo, se afectarían capitales extranjeros y se formaría un problema internacional. Genios y figura hasta la sepultura, los hijos de Pinochet se cubren las espaldas y protegen sus fortunas mal habidas.  

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