SAQUEO AL
PATRIMONIO FISCAL

Comisión de la Cámara, que fue saboteada por la UDI y RN deja en claro como se robó a todos los chilenos y para que nadie protestase se mató y torturó a los que se atrevían a abrir la boca

Por Eduardo Ringler

Miles de millones de dólares de la época, perdió el Estado – es decir fue un robo que afectó a todos los chilenos, salvo a los apitutados del momento --, con motivo de lo que algunos llaman la orgía de privatizaciones durante la dictadura corrupta de Augusto Pinochet, cuando 725 empresas, algunas monopolios naturales vitales para el país, fueron malbaratadas, entregadas a amigos e incluso parientes como el caso de Julio Ponce Lerou, quien fue yerno del tirano y que se hizo de la industria química basada en el nitrato natural o salitre.

Se trata de un saqueo infame y descarado que diarios, radios y canales de televisión conservadores intentan silenciar, en muchos casos con la colaboración de entidades como la llamada televisión pública que ahora podría ser la televisión cómplice.   Los diputaditos y senadores de derecha que andan denunciando corruptelas variadas, igualmente se hacen los tontos ante este siniestro panorama, que fue aderezado con muertes y torturas para que, en su momento, nadie reclamase por el robo tan evidente.

            725 era el número de compañías en manos del Estado al momento del sangriento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La mayor parte fue a parar a manos de grupos económicos altamente concentrados que surgieron y se consolidaron en los primeros años de la dictadura. Así lo establecido una comisión investigadora de las privatizaciones entre 1973 y 1990, que encabezó el diputado socialista Carlos Montes y que se formó a partir del caso Riggs y de los orígenes de la fortuna de unos cien millones de dólares de Pinochet, su mujer y sus hijos.

            El texto elaborado por siete diputados oficialistas y ante el boicot de los legisladores de la derecha, indica que al menos se perdieron 2.500 millones de dólares, en cifras de la época, solamente en la transferencia a manos privadas de las 30 empresas más grandes. Este monto, de acuerdo al porcentaje del PIB, correspondería hoy a unos 6.000 millones de dólares, según publicó hoy el matutino La Nación.

            La cantidad, sin embargo, si se considera el total de empresas, es muy superior a esa cifra. Carlos Montes explicó que los números resultan del monto de pérdida que entregó la Contraloría, considerando una treintena de empresas privatizadas entre 1978 y 1990 y que constituyó una disminución de 2.223 millones de dólares al erario nacional de ese tiempo. Los diputados redondearon la cifra en 2.500 millones de dólares de entonces y 6.000 de hoy por efecto de la gran cantidad de empresas que no fueron consideradas en el informe del órgano contralor.

            Todas las grandes compañías fueron vendidas a un precio vil, muy inferior al real. Así, por ejemplo, la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la única acería chilena, fue enajenada en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares. Esta diferencia, en definitiva, representó un tercio de la pérdida total del patrimonio de la oficina estatal que detentaba su propiedad, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

            La pérdida patrimonial de Soquimich (la compañía que recibió Ponce Lerou) significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa. La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) de 171,1 millones de dólares, la distribuidora Chilectra de 96,4 millones de dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares.

            Asimismo, se perdieron 15.000 propiedades inmuebles de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. “Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicó Montes.

           Este informe, que fue silenciado por la prensa de derecha e incluso por TVN, es según Montes, un texto fundamental para comprender la corrupción bajo la dictadura. El diputado dijo que el informe “juega el rol de una especie de Informe Rettig o Informe Valech; o sea, entrega una visión global del tema y esperamos que a partir de esto haya otras comisiones que trabajen”.

            En este sentido, el texto de mayoría recomienda que se entregue copia al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que en éste se analicen las irregularidades y se decidan, si es que aún no están prescritas, las acciones judiciales que debe emprender el fisco. El presidente de la comisión destacó la magnitud del fenómeno de transferencia de patrimonio público, la vinculación de ésta transferencia a la actual concentración de la propiedad en Chile y la irrupción de “ciertos grupos económicos que se configuraron a partir de ese proceso y cómo esto afecta hoy a mala distribución de ingresos que existe” en nuestro país.

            Durante los 16 años y medio que padecimos el régimen militar, el PIB creció sólo un 2,9% promedio, período en que el quintil más bajo de la población redujo su gasto de 7,6% a 4,4%, mientras que el 20% más alto lo elevó de 44,5% a 54,9%.

           Montes aseguró que si bien “ha habido grupos económicos previos, que se vieron fortalecidos, especialmente destacamos un grupo de tecnócratas de una clara orientación política y que en definitiva estaban vinculados a las empresas o a instancias públicas de decisión y que terminaron teniendo una fuerte influencia en el manejo de estos recursos”.

           En todo este saqueo, la Corfo fue un ente esencial para las privatizaciones irregulares. El 30% de los recursos obtenidos en el proceso privatizador de las compañías se usó para otorgar créditos para la adquisición de acciones de otras empresas que estaban en manos del Estado. El 70% restante fue destinado a fondos de la nación sin individualización, lo que implica que fueron usados como cualquier ingreso del fisco para gasto corriente. Los ingresos no se destinaron a nuevas colocaciones ni a reducir la deuda externa, lo que también significó pérdida patrimonial, sino que fueron destinados básicamente a reducir el déficit fiscal que venía del período anterior y, posteriormente, a compensar la pérdida de ingresos fiscales que generó la rebaja de contribuciones hecha en el marco de una supuesta reforma tributaria, además de la farra de millones que fue la creación de las AFPs, que también fue financiada por el Estado. Los dueños de estas AFPs tienen ahora más de 60.000 millones de dólares acumulados para hacer lo que quieran, sin preguntarle nada a nadie y solo son seis grupos de pirañas quienes las dominan.

           En estas circunstancias, ¿quien puede extrañarse porque Pinochet, su mujer y sus hijos agarraron más de cien millones de dólares? Nadie.

            Apenas 24 horas después de revelado el ahora llamado Informe Montes, algunos de los beneficiados con este escandaloso robo al país, fueron conminados a pagar multas que pueden llegar a 155 millones de dólares, por haber intentando engañar en su provecho, a miles de accionistas de la empresa generadora de electricidad que tan graciosamente puso en sus manos el dictador de las uñas largas.

            Se trata de los ahora millonarios en dolarucos José Yuraszeck, Marcos Zylberberg, Arsenio Molina, Marcelo Brito, Eduardo Gardella y de los herederos de Luis Fernando Mackenna, quien falleció el año pasado. Muchos de ellos, como en el caso de Yuraszek no pasaban de ser simples empleados de la empresa, en ese momento estatal, cuando esta fue traspasada a sus manos, sin que hasta hoy quede claro de donde sacaron el capital para una adquisición de ese tipo.

            La jueza titular del Quinto Juzgado Civil de Santiago, notificó del cúmplase de la sentencia a los ex ejecutivos de la compañía Enersis, quienes tendrán cinco días hábiles para pagar las millonarias multas que superan los 150 millones de dólares, con intereses incluidos, en castigo por haber hecho una negociación que sólo les favorecía a ellos en la venta de los activos de la empresa a Endesa España. El negociado, que afecto a miles de personas, se gestó en base a una serie de sociedades anónimas denominadas chispas.

           En el caso del no pago el tribunal podrá embargar los bienes de los involucrados. El proceso se remonta a 1997 cuando los seis ejecutivos fueron condenados por la Superintendencia de Valores y Seguros, y la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema en su momento.

           Frente al informe de la comisión que presidió el diputado socialista Carlos Montes, el presidente Ricardo Lagos señaló que es necesario entregar al país un documento que transparente los millonarios recursos sustraídos al patrimonio nacional bajo la dictadura, que son miles de millones de dólares de hace 25 años.

           El mandatario dijo: “Esto tiene que ver también con un informe al país de lo que pasó en una época donde las cosas no eran transparentes, precisamente por la naturaleza del gobierno que había (…) En consecuencia, estas cosas se hicieron sin la claridad propia de un sistema democrático”. Agregó que pese a la oposición de la derecha, la cámara baja deberá pronunciarse y tomar las medidas del caso, luego que la comisión investigadora aprobara un documento que cifra pérdidas para el Estado en 6.000 millones de dólares actualizados por la transferencia a privados de activos públicos correspondientes a 30 de 725 empresas del Fisco al 11 de septiembre de 1976. Lagos añadió que si bien desconocía la integridad del informe de la comisión que encabezó el diputado Montes, “deberíamos ser capaces de plantearnos un desafío sobre cómo abordar aquello”.

            Respecto de la automarginación de la derecha en la comisión, con mucho cinismo el diputado UDI, Julio Dittborn señaló que no se participó activamente en las sesiones al advertir una finalidad política detrás de una investigación que a su juicio se alejaba de la idea de conocer los hechos tal como éstos sucedieron realmente. En todo caso, para no parecer tan partidario de Pinochet, Dittborn añadió que nadie está más allá de los tribunales, razón por la cual si hay delito se debe investigar, aunque sostuvo que el documento sólo es “un pasquín. Una cortina de humo para tapar los escándalos del MOP”, sentenció con sus mofletudas mejillas coloraditas, coloraditas, como en aquellos tiempos en que tuvo tantos lios con un embajador argentino que se hacía llamar Oscar Spinoza y que siempre escuchaba el tango: ¿Te acordás, hermano?.

           Las patitas del curagüilla, dijeron por allá por la otra esquina y no logramos saber a quien se referían.

ClariNet