Privatizaciones en Chile:
Es necesario conocer la verdad

El presidente Ricardo Lagos dijo que "en el país existió un robo, el efectuado a las empresas públicas que ahora son privadas". La afirmación la efectuó en el contexto de la polémica sostenida con el senador de la UDI, Jovino Novoa, el cual -explicitó- "conoce mucho" al respecto.

Por Hugo Fazio

Veamos. El presidente Ricardo Lagos expresó que "en el país existió un robo, el efectuado a las empresas públicas que ahora son privadas". La afirmación la efectuó en el contexto de la polémica sostenida con el senador de la UDI, Jovino Novoa, el cual -explicitó- "conoce mucho" al respecto.

Es indiscutible  que personeros destacados en el régimen dictatorial, a lo menos, conocieron de las privatizaciones, los procedimientos utilizados y de sus beneficiarios directos e indirectos. Uno de  ellos debe  haber sido, precisamente,  Jovino Novoa, quién además de su cargo en el aparato ejecutivo -Subsecretaria General de Gobierno- fue director de Pilmaiquén, filial de Endesa. En tanto, la candidata presidencial de la Concertación reafirmó lo dicho, al decir -con algo menos de fuerza que  el Presidente de la República- que "el país sabe que las privatizaciones  durante la dictadura no fueron transparentes y que  hay un juicio histórico que los chilenos  tienen sobre  ese oscuro proceso" (30/06/2005).

Lagos y Michelle Bachelet tienen razón. El despojo de patrimonio público no deja de tener ese carácter aunque en muchos casos el procedimiento efectuado adquiriese expresiones  institucionales, lo cual es un índice del manejo realizado en los años de dictadura del aparato estatal y que tiene directa  relación con la corrupción y apoderamiento de patrimonios públicos característicos de ese periodo.

"En otros países - ha señalado el diputado Carlos Montes, presidente de   la comisión de la Cámara de Diputados que estudia las privatizaciones de empresas públicas previas a 1989- se le ha  llamado "robo institucional…" (01/07/2005).  Se produjo, como dijo Montes, "una inmensa transferencia de patrimonio público a privado que salvo excepciones, no respondió a ninguno de los parámetros de licitación que recomiendan los organismos  internacionales. Hubo  procedimientos caso a caso, cambiando las normas cuando lo requerían. Se  transformó en un cierto subsidio a ciertos sectores que les permitió acumular poder…" (01/07/2005).

En verdad, no sólo poder. Mecanismos de traspasos de patrimonios "caso a caso", conduce a discriminar en el monto de los subsidios y acomodar a intereses específicos, los procesos  privatizadores. También determinar, en la práctica, los beneficiarios. Los escándalos de las privatizaciones fueron facilitados por una prensa que no denunció los excesos cometidos y fue en los hechos, cómplice de ellos. El papel dominante lo tenían, al igual que hoy, El Mercurio y La Tercera. En la actualidad estos órganos son activos defensores de efectuar nuevas privatizaciones.

Pero, obviamente, el tema no puede reducirse a denuncias generales. Es un duro cargo a la Concertación, que ya ha gobernado durante una década y media, que todavía no se escriba detalladamente el prontuario de esas exacciones, contabilizando en detalle sus montos y quienes  fueron los beneficiarios, dentro de los cuales figuran no pocos importantes actores del Mapa de la Extrema Riqueza en el país. Es de esperar que el estudio de la comisión encabezada por el diputado Montes corrija en grado importante esta carencia y que, a diferencia de lo sucedido  con el informe preparado durante la administración Aylwin, sea lo más exhaustivo posible y ampliamente publicitado. Ni siquiera se ha profundizado en lo acontecido los años de dictadura y los vínculos que puedan existir entre las privatizaciones y las fortunas construidas en ese  período empezando por el propio Pinochet.

El Mercurio planteó inmediatamente que el "Mandatario… cometió un error al sacar al tapete las antiguas  privatizaciones" (30/06/2005). A su turno, el ex presidente de la SNA, Andrés  Santa Cruz, sostuvo que el "sistema de privatizaciones rinde sus frutos cuando pase a manos privadas, y contribuyó a mejorar la calidad de vida de  muchos chilenos" (30/06/2005).

Esclarecer lo acontecido con las privatizaciones es una necesidad, si se quiere construir la historia del país. En cuanto a los "frutos" de las empresas en manos privadas lo es para quienes se apropiaron de ellas, no en general para el país ni para la gran  mayoría de los chilenos. Estas pérdidas no sólo se producen con las privatizaciones efectuadas en los años de dictadura, sino también con las realizadas durante los gobierno de la Concertación, en las cuales, de otra parte -como se produjo con las empresas sanitarias- las inversiones efectuadas (muchas veces con un gran descuido por sus efectos medioambientales, tal cual lo comprueba Aguas Andinas y su invasión de malos olores), se recuperaron rápidamente con cargo a los usuarios. En otros casos  condujo a escándalos que están en proceso aún de esclarecimiento.

Un ejemplo de ello se  produce en Essbío, cuyo traspaso a capitales privados se efectuó en beneficio del consorcio británico Thames Water, controlada a su vez por la alemana RWE. Thames enfrenta la acusación de pagos efectuados a Hidrosan por al menos $2.100 millones, en perjuicio de los accionistas minoritarios de Essbío, entre los cuales figura Corfo.

El presidente Lagos, en septiembre de 2000, defendió el ingreso de intereses privados a las empresas sanitarias. "Colocar capital privado en aquellas áreas donde es posible -sostuvo en ese momento- es una política que la indica el interés nacional". Las privatizaciones de las empresas sanitarias no se correspondieron con el interés nacional. La afirmación presidencial no se corroboró en los hechos.

La mayor ofensiva privatizadora se produjo en la segunda mitad de los años ochenta, siendo  ministro de Hacienda Hernán Büchi. En el lapso 1984-1989, se efectuaron privatizaciones ascendentes a US$ 1.507 millones, monto equivalente a un 5% del PIB de 1990. En este período se usó profusamente el mecanismo del capitalismo popular. Se habló de expandir la propiedad, democratizarla. Los hechos, en cambio, mostraron que por esa vía se condujo, finalmente, a acentuar la centralización de capitales, su control por pocas manos, ya que los títulos en poder de "capitales populares" fueron  rápidamente adquiridos por grandes actores económicos.

El "capitalismo popular" cumplió, al mismo tiempo, la función de entregar una "caluga" a capas de trabajadores e intentar así reducir la resistencia laboral a los proyectos de privatizaciones. A los miembros de las Fuerzas Armadas se les posibilitó ser accionistas "populares" de Endesa, títulos que vendieron obteniendo un importante diferencial.

En varios de esos  procesos hubo escándalos gigantescos y elevadas pérdidas para el  patrimonio estatal. Por ejemplo en el sector eléctrico, José Yuraszeck aprovechó su cargo de interventor de Chilectra para tomar primero el control de la empresa distribuidora de la Región Metropolitana y luego constituir bajo su dirección un holding eléctrico encabezado por Enersis y del cual formó parte Endesa. A su turno, el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, se apoderó de Soquimich. En ambos casos se construyeron estructuras internas que garantizaban su dirección, aunque no se tuviese la mayoría accionaria. Ponce Lerou fue el beneficiario también en la entrega de la Hacienda Rupanco. Este caso, anota Carlos Montes, "fue  tremendamente oscuro, la propiedad… fue privatizada a un valor muy bajo, los campesinos no recibieron las elementales compensaciones…" (01/07/2005).

Las privatizaciones empujaron el proceso de redistribución regresiva de los ingresos. "La concentración de la propiedad en Chile y su efecto sobre la distribución del Ingreso -destaca Carlos Montes- es inexplicable sin considerar aquel proceso de transferencia de patrimonio de gran envergadura".

La presidencia de los  bancos Chile y Santiago, también fue ocupada por sus interventores, instituciones que recibieron el regalo del mecanismo denominado de "obligaciones subordinadas", pagándoles al Estado en función de las utilidades obtenidas, recibiendo finalmente un fuerte "perdonazo", con cargo a recursos públicos o un plazo de cuarenta años para cancelar las deudas con el Banco Central. Hoy día, todavía el Banco de Chile -controlado por el grupo Luksic- sigue obteniendo elevadas rentabilidades usando en su beneficio dicho subsidio. Poco se habla de ello. Los beneficiarios directos fueron los grupos controladores de las instituciones con "obligaciones subordinadas".

Fueron muchos los traspasos de propiedad realizados muy por debajo de su valor libro. Hay muchos ejemplos emblemáticos, como el del holding Copec entregado al poderoso grupo Angelini, muy de actualidad en el curso del año por los daños medioambientales causados por su empresa Celulosa Valdivia.

La diputada verde, Mónica Frassoni, miembro del Parlamento Europeo, señaló que este caso "confirma la experiencia que tenemos con Chile en otras áreas como la pesca y el sector agro-exportador. El libre comercio explota de sobremanera el Medio Ambiente y agota los recursos, tenemos la impresión que el modelo chileno no es duradero y que las autoridades no toman en cuenta esto". Consultada como se comprende que Celulosa Valdivia se instalase en un Santuario de la Naturaleza señaló que "no se comprende en absoluto. O hubo corrupción al momento de dar la licencia, o las leyes chilenas son irresponsables e insuficientes. Se sabe que la producción de pulpa y papel es una de las producciones más contaminantes en el mundo" (30/06/2005).

La actitud de grandes grupos económicos chilenos, sin tener en cuenta normas medioambientales fundamentales, no se produjeron sólo en el país. El grupo Luksic levantó una planta de pastas en una zona ecológica de Lima, Perú: Los Pantanos de Villa. El procurador del Estado, Eduardo Gutiérrez, en el llamado "caso Lucchetti" reclamó una indemnización de US$150 millones por daños ocasionados.

Otro caso muy destacado fue el de CAP, controlado hasta el día de hoy por Roberto Andraca, que fuese hasta antes de la privatización, uno de sus más destacados ejecutivos. En CAP -constata Carlos Montes- "hubo una serie de mecanismos para disminuir el pasivo y la privatización fue muy por debajo del valor efectivo de la empresa, hubo una pérdida neta de patrimonio, como lo constató la Contraloría de la época" (01/07/2005).

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, resumió muy acertadamente el carácter de estos cambios de propiedad. "La privatización -escribió- es una realidad sencilla: todo lo que hay que hacer es regalar los activos a los amigos, y esperar favores a cambio".

Sin embargo el despojo de recursos públicos no se redujo a las privatizaciones ni los beneficiados se limitaron exclusivamente a quienes pasaron a tener su control. La "República de Chile", para dar otro ejemplo, se hizo cargo de deudas externas de los grandes grupos financieros. La estructura del endeudamiento externo se modificó drásticamente, al reemplazarse deuda privada por obligaciones públicas. ¿Quién responde por ese despojo al país o debe permanecer en el olvido?. Por lo tanto, la historia real no se construye sólo con las privatizaciones -cuya significación es indudable- sino considerando el conjunto de  determinaciones contrarias al interés público materializadas en los años de dictadura.

Los intentos privatizadores no han cesado. La campaña de denuncias de la UDI por asesorías de Codelco -más allá de algunos hechos puntuales que facilitan esa ofensiva- claramente persigue un afán privatizador. "Yo puedo suponer -expresó el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre- que están tratando de amarrar de manos a una empresa pública… ¿acaso para saber si la pueden  engordar y maniatar para que algunos capitales, por ahí, se la compren?… ¿quién está detrás -se preguntó finalmente- de esta seguidilla contra Codelco?. ¿No habrá algunos intereses, dado que ni la familia del capitán general (Augusto Pinochet), ni el mismo, pudo privatizar Cocelco?. ¿No querrán tratar de maniatarla ahora?" (26/06/2005).

Codelco en los años de tiranía, quedó al  margen de la ofensiva privatizadora por contradicciones que se expresaron al interior de Ejército y, también, por el financiamiento que otorga para la adquisición de armamentos. La empresa estatal ha entregado a los chilenos cuantiosos recursos, que deja a las claras por contraste el perjuicio que para el país significó la cesión a capitales privados, prioritariamente transnacionales, de recursos mineros que la Ley de Nacionalización promulgada durante el gobierno de Salvador Allende, había reservado para el Estado.

Hugo Fazio es economista, ex presidente del Banco Central y director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA).

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