Las huellas de un latrocinio que sigue sin castigo.

COMO FUE LA FARRA DE LA PROPIEDAD ESTATAL

El diario La Nación detalló algunos casos emblemáticos de este robo de la propiedad pública, que ahora la derecha se empeña en ocultar. Veamos algunos casos:

Azúcar negra

El 21 de octubre de 1986, el gobierno autorizó al general Fernando Hormazábal, vicepresidente de la Corfo, a vender acciones de la azucarera estatal Iansa a trabajadores y agricultores vinculados a la empresa, sin necesidad de llamar a una licitación pública.

           El precio se fijó en 0,80 pesos por acción, más del 20% por debajo del valor de mercado. El 15 de abril de 1988 se autorizó la venta del 75% de la compañía, y así progresivamente hasta que la azucarera fue completamente privatizada, el 22 de septiembre de ese año, cuando se traspasó a la sociedad Campos Chilenos lo que quedaba en manos de la Corfo (12%).

            Campos Chilenos tenía ya el control de Iansa, y en principio pertenecía a trabajadores y dirigentes gremiales. En su estructura de propiedad aparecía también Soquimich y una de sus filiales (Soquimich Comercial S.A.) con el 13,6% del total. Entre 1986 y 1988, en la venta del 80,6% de Iansa el Estado perdió 3,14 millones de UF, que a precios de hoy equivalen a 55.000 millones de pesos, o 91,7 millones de dólares, según concluyó un estudio de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (vinculado a la DC) realizado en 1998 y reproducido por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

            La sociedad Campos Chilenos pasó en los años de 1990 a ser propiedad del magnate saudita Khalid Bin Mahfouz, dueño del banco BCCI. Cuando en 1992 la Justicia de EE.UU. procesó al saudita por bancarrota fraudulenta, éste aparece entonces vendiendo sus acciones al abogado Marco Cariola, cercano a Pinochet, elegido en 1998 senador por la X Región, con el apoyo de la UDI. Cariola ocupó los más altos cargos en el directorio de la azucarera desde 1992 hasta que asumió su banca parlamentaria. A fines de 1997, el presidente de Iansa era Félix Bacigalupo, que había sido director entre 1980 y 1984. Uno de los ideólogos del modelo neoliberal en Chile, Juan Carlos Méndez, entró al directorio de Iansa en 1998, representando a las AFP. Méndez fue director de Presupuesto de Pinochet y tuvo un puesto en el directorio de Soquimich una vez privatizada. En 1999, Iansa fue vendida a la española Azucarera Ebro, mediante una operación financiera realizada por el grupo Pathfinder, integrado por Cariola, Bacigalupo y Juan Obach. La empresa española compró el 32% de Campos Chilenos en una transacción en la que se acusó (y multó) a los ejecutivos por dar a conocer información confidencial de la empresa sin autorización de los administradores. En el directorio permanecieron Méndez, Bacigalupo y el ex ministro de Hacienda de Pinochet Martín Costábal. En el caso de Iansa, el lucro cesante del Estado, según la comisión de la Cámara, asciende a 184,2 millones de dólares”.

           La Nación describe como el dueño de todo a Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, y afirma que cuando este “asumió la presidencia de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) en 1980, con la misión de sanearla, la empresa perdía cerca de 20 millones de dólares al año, y sólo operaba la oficina salitrera Pedro de Valdivia. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM y que Ponce aún preside, presume de ser todo un éxito: ‘Líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio’, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004, según informa su página de Internet (www.sqm.com).

            El informe de la Cámara indica que Ponce inició su camino al éxito empresarial en 1974, como empleado público, en la presidencia de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). En esa función se adjudicó miles de hectáreas de terrenos expropiados por el proceso de Reforma Agraria de los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, y que fueron rematados a particulares.

            En Soquimich lo acompañaban entonces su hermano Eugenio, en el departamento de ventas, y su viejo amigo Patricio Contesse, en el directorio, que se quedaron guardándole el puesto cuando tuvo que retirarse temporalmente en 1983, en medio de un escándalo cortesano por una acusación de enriquecimiento ilícito. Al momento de su retiro de la vida pública, Ponce era presidente de Soquimich y de la eléctrica Endesa, tras haber presidido, a veces simultáneamente, Conaf, la azucarera Iansa, las celulosas Arauco y Constitución, e Industrias Forestales. Además estaba en el directorio de la Empresa Nacional de Minería. Hoy, Ponce sigue siendo presidente de la empresa que ayudó a privatizar en 1987, cuando regresó al cargo. Su amigo Contesse es el gerente general, y su hermano Eugenio, gerente comercial. Hernán Büchi, quien como ministro de Hacienda fue el director de orquesta de las privatizaciones, es hoy miembro del directorio de SQM.

           Según SQM, Ponce es copropietario de la empresa: ‘El señor Julio Ponce y Norsk Hydro ASA, una corporación noruega, indirectamente controlan Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., que posee el 20,4% de las acciones totales de SQM (37,5% de las acciones serie A)’. Pampa Calichera fue inicialmente una empresa de capitalismo popular creada con las prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores. Otro socio de Pampa Calichera es Sebastián Piñera. Según el informe de la Cámara de Diputados, en Soquimich la pérdida patrimonial del Estado en la privatización alcanzó a 61,3 millones de dólares, en tanto que el lucro cesante se estima en 262 millones.

           Como bien dice la homepage de SQM, ‘nos hicimos cargo de la ‘Q’ para cambiarla para siempre’.

La magia de la electricidad

           En octubre de 1982, José Yuraszeck era subdirector de la Oficina de Planificación estatal (Odeplan). Aunque no era en estricto rigor un Chicago boy, luego del estallido de la crisis económica debió abandonar su puesto junto con los que sí lo eran. Al año siguiente, sin embargo, recibiría un llamado del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para ofrecerle la gerencia general de Chilectra. Antes de aceptar, Yuraszeck preguntó si había voluntad de privatizarla. Como la respuesta fue afirmativa, aceptó el patriótico encargo.

            La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. En 1986, el directorio de la empresa (70% Corfo y 30% entre AFP y pequeños accionistas) acordó adelantar a los trabajadores la mitad de sus indemnizaciones (o deshaucios) por años de servicio, para que con ellos compraran el ocho por ciento de la empresa. Al año siguiente se adelantó otro 40% de los fondos de los trabajadores, y así los empleados compraron un seis por ciento adicional. La mayoría de estas acciones fueron luego vendidas en la Bolsa por los funcionarios. En julio de 1987, la gerencia general invitó a los trabajadores a comprar un 20% adicional. El 7 de julio se formaron las sociedades Chispas I y II con la cláusula de que sólo seis ejecutivos, encabezados por José Yuraszcek, harían uso de la razón social. Estos ejecutivos eran inamovibles, salvo en caso de muerte o retiro voluntario.

            Avalado con sólo un dos por ciento de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el BancoEstado, con el que compró a Corfo un 20% adicional de la empresa que él dirigía en nombre de todos los chilenos. O sea, el mismo Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones. Como tenía plenos poderes, el directorio de Chilectra, encabezado por José Piñera, con el apoyo de las AFP, compró el 12% de Endesa, la principal generadora eléctrica del país. Rápidamente y a través de complejas maniobras financieras, Yuraszeck toma el control del ahora conglomerado Enersis (antes la distribuidora Chilmetro) y participación en Endesa.

           Debido a su ‘necesidad de expansión’, los ejecutivos de Enersis deciden incorporar como socio controlador a Endesa España. Fue el llamado negocio del siglo, por el que ahora cuatro ejecutivos deberán pagar una multa de 150 millones de dólares. De no pagar, y por primera vez en su vida, los bienes de los privatizadores podrían ser ahora privatizados por otros.

Castigos divinos

En 1990, el gobierno democrático recibió la Corfo en crisis. La cartera de créditos registraba 1.800 millones de dólares, de los cuales mil millones marcados como incobrables, y a su vez, la institución tenía deudas por otros mil millones. Gran parte de su deuda provenía de la privatización de Endesa, ya que asumió los compromisos externos pendientes de la empresa eléctrica, por 500 millones de dólares, y de su filial del norte, Edelnor, por 150 millones. Al mismo tiempo, al 31de diciembre de 1990 había un total de préstamos vencidos, de fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 7.254 millones de pesos, de los cuales más de la mitad, 4.479 millones, correspondían a deudores declarados en quiebra. Según un informe de la Fiscalía de Corfo, entre las deudas castigadas había una contraída través de la empresa Manufacturas Chilenas de Algodón S.A., que se formó a inicios de los años de 1980, por la fusión de las textileras Yarur, Caupolicán y Panal (ex Hirmas), que habían sido nacionalizadas en el gobierno de Allende. La deuda, de 11,1 millones de dólares, provino de obligaciones de Panal, contraídas en el marco de los créditos concedidos por el régimen militar a los propietarios de empresas intervenidas entre 1970 y 1973. También había un crédito vencido de la empresa Vestes (Tejidos y Vestuarios S.A.), por 7,85 millones de dólares, más intereses, por saldo de la compra de acciones de Corfo en Panal. Vestex era de propiedad de Juan Gálmez Couso, José Miguel Gálmez Puig, Juan Antonio Gálmez Puig y Jorge Enrique Gálmez Puig, quienes también eran codeudores solidarios de Machasa. Pero Machasa no pagó, porque fue declarada en quiebra por resolución del Primer Juzgado Civil de Santiago del 7 de enero de 1982.

Copesa

En los años de 1980, casi el total de la propiedad del diario La Tercera era del BancoEstado, a causa de la deuda que mantenía la familia Picó Cañas, propietaria del medio. Días antes de la salida de Pinochet, la gerencia del BancoEstado, encabezada por Álvaro Bardón (N. de la R.- Ese mismo ácido crítico de la corrupción que trata de legalizar la marihuana), permutó la deuda por un crédito blando traspasado al Banco Osorno, propiedad de Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor. Así se formó el grupo Copesa, que hoy controla los diarios La Tercera, La Cuarta y Diario Siete, la revista Qué Pasa y las radios Duna y Zero.

            Un oficio enviado a la comisión parlamentaria por el presidente del BancoEstado, Javier Etcheverry, informa que la operación representó un perjuicio de 273.000 UF al patrimonio del banco estatal”.

     Más claro, echarle agua.

ClariNet