LA TURBIA PRIVATIZACION DE LA CAP

 

Documentos de la Contraloría emitidos en 1990, y obtenidos en exclusiva por LND, establecen en 800 millones de dólares la pérdida patrimonial del Estado chileno a causa de la privatización de la CAP, un caso emblemático. En moneda de hoy, la suma equivale a 2.500 millones de la misma moneda.

Por Guido Camú Urzúa

 

Cuando en Chile privatizar se convirtió en credo, la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) fue su primer icono. En 1987, la usina, creada por el Estado en abril de 1946 para impulsar la industrialización del país, fue la primera de las llamadas “empresas estratégicas” en pasar a manos privadas, en una operación oscura y con un subsidio fenomenal financiado por todos los chilenos.

CAP fue también pionera en la moda del travestismo gerencial: los austeros funcionarios públicos que las administraban por encargo del Estado se vulcanizaron como ejecutivos elegantes de la irrupción de Chile en la economía global.

ACERO CHILENO

Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos adoptaron políticas de “sustitución de importaciones” para reducir la dependencia y los efectos de las recesiones en los países desarrollados. Influenciados por las teorías keynesianas, experimentadas con éxito durante la gran crisis norteamericana de los años ’30, los economistas concluyeron que el papel del Estado era el de fomentar el desarrollo a través de inversiones que los incipientes capitalistas privados no podían sustentar.

Una corporación estatal de fomento de la producción, la Corfo, fue el instrumento establecido por el Presidente Pedro Aguirre Cerda, en 1939, para promover la independencia productiva de Chile. Pero 45 años más tarde, en manos de los economistas de la dictadura, su papel en la producción se trastocó en fomento de la privatización.

Al momento del golpe de Estado de 1973, un 97,6% de la propiedad de CAP estaba en manos de Corfo, y sus usinas abastecían prácticamente todas las necesidades de la industria nacional.

Al llegar al poder los jóvenes economistas chilenos formados en Estados Unidos, la suerte de las empresas públicas estaba echada: en la nueva ideología dominante no había espacio para la capacidad empresarial del Estado, ni para el concepto de la soberanía productiva.

 EL PRIMER INTENTO

 

Por su condición de “estratégica”, la CAP se salvó de la primera onda privatizadora de la dictadura, en los años ’70, que enajenó casi 400 empresas públicas (algunas de ellas nacionalizadas durante el Gobierno de Salvador Allende).

Señales de lo que vendría comenzaron a notarse con la llegada al directorio, como vicepresidente, de Hernán Büchi Buc, un joven y prometedor economista con intachable pedigrí: gremialista en la Universidad Católica y postgraduado en la Universidad de Columbia.

 

Büchi no perdió tiempo. Rápidamente revolucionó la compañía y en enero de 1981, CAP se convertía en un holding de inversiones con sus siete divisiones en calidad de empresas subsidiarias (Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., Compañía Minera del Pacífico S.A., Acero Comercial S.A., Abastecimientos CAP S.A., Manganesos Atacama S.A., Pacifics Ores and Trading N.V. y AFP El Libertador S.A.). Simultáneamente, el futuro candidato presidencial de la derecha realizaba la misma tarea en otra de las estratégicas, la eléctrica Endesa.

 

El siguiente paso fue estimular el ingreso de privados al accionario de la compañía, emitiendo acciones serie B, una jugada de impacto secundario, donde poco más del 16% de la propiedad pasó a manos de los compradores.

 

En 1981, el sueño de privatizar CAP estuvo al borde de coronarse en un episodio casi desconocido. En una negociación secreta, Büchi y el ministro de Hacienda de la época, Sergio de Castro, intentaron vender la empresa al magnate William A. Wilson, ex embajador de Estados Unidos ante el Vaticano y por entonces administrador de la fortuna personal del Presidente Ronald Reagan.

 

A la postre, la negociación falló y pronto el ambiente económico empezó a enrarecerse, cuando se descubrió que el país no tenía recursos para enfrentar sus compromisos financieros externos, ni los bancos liquidez para respaldar los depósitos. Comenzó entonces una tragedia neoliberal familiar en el cono sur de este continente: se derrumbó el peso, quebró la empresa azucarera Crav, los endeudados comenzaron a perder sus bienes, los ahorros se desvanecieron. El milagro consumista se había esfumado en una noche.

 

EL SEGUNDO IMPULSO

 

Después de un par de años, a fuerza de devaluaciones, la intervención al sistema bancario y la asunción de sus deudas por el Banco Central, el panorama económico pareció volver a estabilizarse, y con él revivió el ímpetu privatizador. Para que nadie se confundiera, Augusto Pinochet nombró ministro de Hacienda al mismísimo Büchi.

 

La secuencia parece ser intencionadamente compleja y se extiende desde noviembre de 1984 hasta julio de 1987, fecha en la que el Estado vende su último paquete accionarial de CAP. El proceso fue tan poco convencional que, en un gesto poco frecuente para la época, mereció el reparo escrito del propio vicepresidente de la Corfo, general Fernando Hormazábal.

 

He aquí la pista

 

El 16 de noviembre de 1984, la junta extraordinaria de accionistas de CAP determina suprimir el valor nominal de todas sus acciones y terminar con la distinción entre A y B. Por la vía de este simple expediente, las acciones de Corfo (A) y las de los privados (B) quedan en igualdad de condiciones, pese a que la diferencia de precios en libro es de 4 a 1.

 

La junta resuelve también aumentar el capital de CAP en 82,4 millones de dólares, emitiendo 330 millones de acciones. Pero este nuevo esfuerzo, que apuntaba a seducir a las AFP, recientemente autorizadas para invertir en sociedades anónimas, no fructificó.

 

La razón del fracaso fueron los privilegios otorgados a los bancos para recapitalizarse por medio de acciones, que se podían comprar con el pago de apenas el 5% de su valor y el resto a 15 años, sin intereses. La plata fresca corrió así en avalancha a la banca.

 

LA TERCERA ES LA VENCIDA

 

La nueva oportunidad se materializaría por fin en las postrimerías del verano caliente de 1986. El 26 de marzo se establece una nueva junta extraordinaria, encabezada por el vicealmirante Guillermo Aldoney Hansen, a quien acompaña un funcionario de bajo perfil que había logrado llegar a la gerencia general de la firma en 1983, Roberto de Andraca Barbas.

 

A su vez, en Corfo, el consejo lo componían Büchi (subrogado en varias de las reuniones sobre CAP por Cristián Larroulet, hoy mentor del programa de Joaquín Lavín), Juan Carlos Délano, Sergio Melnick (el mismo que integra ahora la tertulia dominical de “Tolerancia cero” en Chilevisión), el general Hormazábal y el brigadier general Renato Fuenzalida en representación personal de Augusto Pinochet, entre otros.

 

Esta constelación de celebridades de la dictadura dio luz verde a la estrategia que se desplegó a partir de entonces, perversamente genial.

 

CAP terminó la emisión de las acciones libradas en 1984 y redujo su capital, para luego rescatar y anular sus acciones. De esta manera, la empresa volvió a tener las mismas acciones que antes del esfuerzo fracasado de recapitalización, pero con distinto valor: como previamente se habían igualado las acciones A y B, los privados pasaron de controlar el 16,8% del capital al 49%, sin invertir un centavo.

 

Traducido en dinero, según los documentos reservados de la Contraloría obtenidos por LND, la CAP contaba entonces con un patrimonio total de casi 720 millones de dólares (exactamente 719.991.973). La operación del rescate de acciones y su anulación supuso una pérdida neta de más de 400 millones (402.215.567), que en dólares de 2005 equivale a más de 1.200 millones de dólares.

 

Para empeorar las cosas, la operación, pese a ser decidida el 26 de marzo, fue implementada cuatro días después, lo que llevaría a Raúl Sáez, ex ministro del régimen, a denunciar que aquellos mágicos cuatro días fueron “una magnífica ocasión para quienes, teniendo recursos y el conocimiento y comprensión del problema, pudiesen hacer una utilidad fácil”.

 

Subsistía sin embargo aquel molesto 3% que mantenía el control de la empresa por parte del Estado. Había llegado la hora del “capitalismo popular”. El 29 de diciembre de 1986, adelantando indemnizaciones, recursos del fondo de retiro y proveyendo créditos blandos a los trabajadores, les venden el 3%, que permitía desplazar por fin al Estado de su posición mayoritaria.

 

Los paquetes que restaban fueron paulatinamente liquidados en la Bolsa a un precio diez veces menor al valor en libro de las acciones. Así, en julio de 1987 la CAP se convertía en la primera de las “empresas estratégicas” que lograba ser traspasada íntegramente a manos privadas. Por entonces, la compañía era responsable del total de la producción de acero en Chile y de entre 80 y 90% de las ventas en el país.

 

ENTRA LA CONTRALORÍA

 

El informe 99/90 de la división de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado el 23 de abril de 1990, señala: “La Corporación de Fomento de la Producción era dueña en la Compañía de Acero del Pacífico, al 30 de abril de 1986, de 364.859.613 acciones, equivalentes a un 83,2%. A través del proceso de rescate y enajenación efectuado durante 1986 y 1987, la Corfo vendió un total de 364.859.163 acciones, que representaban el 99,99% de su participación, en un monto de 105.048.581,24 dólares, cuyo valor libro era de 811.485.366,58 dólares, originando una pérdida neta de 706.436.785,34 dólares”.

 

Y añade: “Esta misma operación de rescate de las acciones de su propia emisión por parte de CAP significó que la participación de los accionistas privados aumentara de un 16,8% a un 49% y que el de la Corfo disminuyera de un 83,2% a un 51%, sin que mediara inversión alguna por parte de dichos accionistas privados”.

 

Por último, la Contraloría sostiene que de no haberse realizado la privatización, la naciente democracia chilena habría contado en sus arcas, en junio de 1989, con 108,5 millones de dólares en dividendos por su ya reducido paquete accionario.

 

Según los datos disponibles, entre la privatización y el inicio del período democrático no se hicieron inversiones significativas para revitalizar la empresa, lo que habla bien de su salud, y que estos dividendos que pertenecían a todos cayeron en manos de unos pocos.

 

Ochocientos millones de dólares en precios de hoy equivalen a 2.500 millones.

 

En 2005, la Compañía de Acero del Pacífico es conducida por el mismo ex empleado público que llegó a la gerencia hace 22 años, Roberto de Andraca, actualmente uno de los empresarios más relevantes de la plaza y uno de los más ricos del país.

 

LND