Pensiones

militares

versus civiles

Uno de los elementos menos
debatidos, no solo en la actual
discusión de la modificación al
sistema de pensiones, sino en
todo el período de vuelta a la
democracia, dice relación con
las diferencias en el régimen
de pensiones de las Fuerzas
Armadas, respecto de aquel
al que están afiliados el
resto de los chilenos.

Por: Gabriel Ascencio

La desigualdad no solo es consecuencia de la manera en que se ordena la economía privada, que genera desigualdades extremas en Chile. 

Ello representa, en la práctica, un aporte muy sustantivo a la inequidad, en este caso, producto de decisiones tomadas en las más altas esferas del Estado.

Eso es lo que ocurre con la diferencia del gasto público en las pensiones de las FFAA y Carabineros, respecto al resto de la población del país. 

Ello determina, aparte de la precariedad de los salarios, que la pensión por vejez promedio de las AFP sea de $192 mil, cifra que contrasta con los $2,3 millones - también en promedio - que reciben los oficiales en retiro de las FF.AA., a través de la caja de Previsión de la Defensa Nacional. 

Entre 2011-2015 este sistema privilegiado le significó al Estado un gasto de 3,8 billones, equivalente a más de 5 mil millones de dólares.

Entre estos “beneficiados” se encuentran 38 procesados o con condenas por delitos de derechos humanos o fraudes cuyas pensiones le cuestan al Estado $1.200 millones anuales. Lo anterior, sin considerar que, muchos de estos oficiales, incluso con condenas, son recontratados, especialmente por el Ejército, una vez jubilados. 

Lo anterior se ve posibilitado, entre otras cosas, porque, el año 1980, cuando se obligó a todos los chilenos a cotizar en las AFP, las FFAA y Carabineros optaron por no incorporarse al sistema, que hoy empobrece a la tercera edad. 

En síntesis, para obtener esas cifras de pensiones, el Estado aporta el 94% del total y sólo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. 

El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones. 

En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. 

Este gasto del Estado, en las pensiones del personal de las FFAA y Carabineros, representa, en la actualidad, el equivalente aproximado del 1% del PIB (alrededor de 2700 millones de dólares por año). 

El monto que destinará el Fisco para prestaciones previsionales de las Fuerzas Armadas y del Orden y Seguridad Pública se incrementará 3% en 2019 en comparación a 2018.

Lo anterior, considerando que el presupuesto del próximo año tiene estimado desembolsar recursos por $1.845.878 millones (US$2.696 millones) para el ítem “Prestaciones de Seguridad Social” de las cajas previsionales de las FFAA y Carabineros. 

A diferencia de lo anterior, el pago de Pensiones Básicas Solidarias y el Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez, que beneficiará a 1,5 millón de personas contempla recursos por $1.415.455 millones (US$2.067 millones) para el próximo año. 

Lo anterior significaría que en 2020, Capredena realizará un gasto per cápita equivalente a cerca de $831.110, en el caso de Dipreca (Carabineros) serían $841.722, y para el pago de Pensiones Básicas Solidarias y el Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez equivaldría a unos $99.173. 

En conclusión, más allá de las condiciones, básicamente injustas de la economía del país, en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, es evidente que se sustentan sobre salarios muy devaluados que, sin embargo, al transferirse a las AFPs, colaboran a producir las altas rentabilidades de estas. 

Por otro lado, los fondos acumulados en estas entidades sirven para inyectar capitales a los grupos empresariales vinculados a los dueños de las AFPs, aumentando la inequidad que ya no se soporta. 

En materia de pensiones, al comparar el aporte del Estado, para los militares y carabineros, respecto de la población civil, se observa una de las mayores inequidades, esta vez consagradas por ley, que acompaña nuestro ordenamiento jurídico, como una herencia más del perjuicio para la mayoría de la población, originados en dictadura y que no hemos sabido corregir en democracia.

ClariNet