DEBATE-DESIGUALDAD

“Quienes hoy quieren hacer
cambios en los niveles de
desigualdad van a tener
que enfrentarse a la elite”

Por Juan Andrés Guzmán

El historiador uruguayo Javier Rodríguez Weber llevó adelante un desafío monumental: estudiar 150 años de historia económica chilena registrando la relación entre desarrollo y desigualdad.

El trabajo le tomó más de 10 años y entre sus numerosos hallazgos se destacan dos: cuando estuvimos más cerca del nivel de vida de los países avanzados, no fue en los dorados ‘90, sino un periodo vilipendiado por los economistas, 1940-1970. Lo segundo; la elite chilena, que se autodefine como emprendedora y hecha a partir de su propio esfuerzo, figura en estos 150 años usando el Estado en su beneficio para conseguir normas que la favorezcan y para controlar, a través de la fuerza, los reclamos redistributivos de la clase media y los trabajadores.

El libro de Javier Rodríguez Weber -Desarrollo y Desigualdad en Chile (1850-2009)- transmite una idea clave: hay otro modelo de desarrollo económico posible para Chile. Y ese modelo no viene de Finlandia ni de Corea -experiencias que muchos rechazan porque son culturalmente ajenas-, sino de nuestra propia historia; de un periodo vilipendiado por los economistas formados en Chicago y que este historiador uruguayo rescata: 1940-1970.

En esas tres décadas, si bien Chile creció a tasas más bajas de lo que lo hizo en el llamado periodo de de oro de nuestra economía (la década de los ‘90), lo hizo entregando más beneficios para la mayoría de los ciudadanos. El resultado es que en ese periodo (que incluso tuvo un importante retroceso en la década del ‘50) estuvimos mucho más cerca del estándar de vida de los países desarrollados de lo que nunca hemos estado.

Para ver ese éxito, no hay que concentrarse solo en observar el Producto Interno Bruto (PIB per cápita), que es el indicador que hoy se usa para medir cuánto crece nuestra riqueza. El problema esencial del PIB es que no considera cómo se reparte la bonanza; el PIB simplemente divide lo que se produce entre todos los habitantes, como si usted y Andrónico Luksic recibieran anualmente el mismo monto. Así, el PIB per cápita esconde la increíble distancia que hay entre el 1% y el resto; es decir, esconde que los periodos dorados son más dorados para unos que para otros y que aún estando en el mismo país, a pocos kilómetros de distancia, algunos pueden vivir en Suiza y otros muy cerca del nivel africano.

Rodríguez ejemplifica lo que el PIB oculta, comparándonos con el caso uruguayo. Mirando solo el PIB, es evidente que Chile ha sido por  varios años el más rico de Latinoamérica; particularmente luego de los ‘90, donde hubo años en los que el PIB creció más del 10% anual. Pero, “aunque las clases medias chilenas (representadas por los deciles 4, 5, 6 y 7) viven en un país más rico que las clases medias uruguayas, en términos absolutos, son más pobres que las clases medias uruguayas. Porque la gran diferencia de ambos países está en cuánto se lleva la elite”, explica el historiador.

Por eso, si lo que se quiere es medir la calidad de vida que ofrece un país, mucho más preciso es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pública desde 1990 y en el que se combinan indicadores vinculados al ingreso, la educación y la salud. Cuando Rodríguez calculó este índice para el periodo que va desde 1850 hasta 2009, destacó el retroceso de la desigualdad de los decenios entre 1940 y 1970:

“Analizando el progreso del IDH de cada década, y comparando ese progreso con el de los países centrales –Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos-, se observa que el periodo más exitosos es aquel en que se produjo la industrialización dirigida por el Estado”, escribió en su libro. Agregó que esto se debía a que “los indicadores que captan esperanza de vida y educación evolucionaron mucho mejor entre 1940 y 1970 que antes y después. Fue entonces cuando no solo esos indicadores crecieron más rápido, sino cuando Chile se acercó más a los países centrales”.

Dicho de otro modo, aunque Chile no creció tanto como en otros momentos de su propia historia, el país tomó la decisión política de destinar proporcionalmente muchos más recursos a educación y salud, que en otras etapas de su historia, proveyendo bienestar a su población.

Esta decisión fue de la mano con otra decisión igualmente importante: hacer un esfuerzo serio por industrializar la economía, tratando de dejar atrás la dependencia de las materias primas. Rodríguez explica que tanto la mayor inversión en educación y salud, como el esfuerzo por cambiar la matriz productiva, inyectaron más recursos en los sectores medios y populares, haciendo que se redujera el pedazo de la torta que se llevaba la elite y, por ende, cayera la desigualdad.

A partir de 1975, remarca Rodríguez, la dictadura de Pinochet deshizo lo avanzado en términos de equidad y de desarrollo humano y “Chile adquirió el rasgo de extrema desigualdad que presenta hoy, el cual no se revirtió en los 20 años de gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura de Pinochet”. 

Para el historiador, las políticas que le quitaron salud y educación al grueso de la población fueron centrales. “Aunque Chile nunca ha sido un país igualitario, el grado de desigualdad ha variado y hoy es más desigual que en otros momentos de su historia”, escribió en su libro.

La investigación de Rodríguez muestra que a partir de entonces se asentó en el debate público la convicción de que la desigualdad no era importante, que el foco debía ponerse solo el crecimiento. Más aún, se presentaron ambas preocupaciones como contradictorias, por lo que había que elegir entre fomentar la igualdad o crecer. Rodríguez sostiene que ese argumento es pura ideología:

-Por supuesto no hay que engañarse con que es fácil combinar equidad y desarrollo pero es posible hacerlo y la historia de Chile muestra eso. Hay formas de crecer que son más amigables con una buena distribución y otras que no lo son. Lo importante es que hay que sacarse de la cabeza que para que un país crezca hay que dejar que los más ricos se lleven la mayor parte de la torta –afirmó el historiador a CIPER.

Rodríguez aporta un ejemplo reciente. Explica que un gran logro del modelo chileno, que se concentró en el crecimiento y no en la desigualdad, fue reducir la pobreza de 45% en 1988 al 15% actual. Esa reducción ha sido reconocida mundialmente como un gran éxito; pero ocurre que Uruguay, con un PIB más bajo, redujo su pobreza en un nivel similar ¡en la mitad de tiempo! ¿Cómo fue posible eso?: “Con un crecimiento menor pero mejor repartido. Mientras el país crecía solo a un 5%, los sectores más pobres crecían al 9%”, explica.

ECONOMÍA VERSUS HISTORIA

En el debate público chileno los problemas de desarrollo y desigualdad se abordan a partir de lo que dice la teoría económica, la que a su vez está basada en modelos matemáticos que se presentan como válidos para todo tiempo y lugar. Con ese talante de ciencia natural, la Economía ha prescindido de la historia por innecesaria. Así como la ley de la gravedad opera independiente de quien gobierne un país, los economistas reclaman que las predicciones que hacen sobre el comportamiento de los mercados y sobre la racionalidad de los agentes económicos son validas sin importar la cultura y la historia de cada país. El libro de Javier Rodríguez desafía esas convicciones pues expone lo que realmente ocurrió -y no ocurrió- durante los últimos 150 años. Las predicciones económicas que no han tenido lugar en todo este tiempo, salen bastante trasquiladas.

Un ejemplo de algo que no ha ocurrido es la hipótesis de la “U invertida”, la cual sostiene que el proceso de transformación de una economía tradicional (agraria y productora de materias primas) en una economía moderna, producirá inicialmente un aumento de la desigualdad, y luego, a partir de cierto punto, una caída de esta. Debido a eso, no sería necesario preocuparse de la desigualdad, sino del crecimiento: apurar el paso de un tipo de economía a otro pues así la desigualdad terminaría reduciéndose sola.

Pero los 150 años de revisión que hace Rodríguez, no muestran la esperada “U invertida”, sino ciclos de alza y baja de la desigualdad que conviven con periodos de desarrollo y de crisis. “Ello no supone que los procesos de cambio estructural no tengan impacto redistributivo”, advierte, “pero estas consecuencias ocurren en sociedades que tienen historia”. Y  esto simplemente quiere decir que las sociedades y las personas tienen características que emanan del tiempo y espacio en que despliegan su vida; y que la teoría tiene que dar cuenta de eso, pues esas particularidades pueden hacer que la teoría se comporte de un modo imprevisible o deje de operar, aunque esté matemáticamente bien fundada.

Pero una vez que se ha dicho eso, no es fácil avanzar más allá. La complejidad de los contextos sociales e históricos hace que sea muy difícil extraer de ellos elementos que sirvan de guía hacia el futuro. Un chiste ilustra bien ese punto: una elegante dama inglesa le pregunta a un académico de Oxford qué es la historia. Tras pensar un momento el profesor dice:

-Milady, ¿le puedo ser honesto?

-Por supuesto, profesor.

-Pues entonces le tengo que decir que la historia es, en esencia, una mierda tras otra.

De la sucesión de hechos, de ese devenir, muchas veces caótico, ¿qué se puede sacar en limpio hacia adelante que sea útil, por ejemplo, para las próximas elecciones? ¿Cómo complementar la teoría económica con una sucesión de hechos que son siempre impredecibles?

Rodríguez defiende que la historia –más allá de que nos permite saber exactamente cómo ocurrieron las cosas, lo que en sí ya es importante-, tiene una utilidad para el presente: hace posible identificar procesos que ocurren en el largo plazo y que no somos capaces de notar en la discusión cotidiana:

-Hay cosas que se mueven lento y que solo se perciben con una mirada histórica. Procesos que tienen orígenes lejanos y que están afectando lo que ocurre hoy y no lo notamos porque los damos por algo dado -dijo a CIPER.

En ese sentido, la mirada histórica aporta otra perspectiva al debate sobre las causas del bajo crecimiento de nuestra economía (que según los últimos cálculos de Hacienda se expandirá solo un 1,7%). Muchos economistas de derecha sostienen que esto es culpa de las reformas que hizo Michelle Bachelet, especialmente la reforma tributaria. El candidato Sebastián Piñera ha recogido ese discurso anunciando una agenda de “contra reformas”. Rodríguez estima que ese diagnóstico es muy limitado:

-La perspectiva histórica muestra claramente que los ciclos de crecimiento tienen sus dinámicas: duran 20 ó 30 años y luego se agotan. Todos los ciclos siempre se agotan. Entonces, creer que la rebaja del crecimiento que ocurre en Chile tiene que ver con la reforma del mes pasado, pierde de vista que Chile está ante el agotamiento de un ciclo. La caída de la tasa de crecimiento ya tiene 20 años, con un paréntesis dado por el alza del precio de las materias primas. Cuando esa alza se acabó, el crecimiento de Chile volvió donde estaba.

QUIÉN PROSPERA

La mirada del largo plazo hace ver con más claridad también la diferencia entre nuestro tipo de desarrollo y el de los países que prosperan. Mientras nosotros no sabemos bien qué hacer cuando un ciclo acaba, las naciones desarrolladas saben pasar de una ola que declina a la siguiente que está comenzando.

Pasan de hacer televisores blanco y negro a vender televisores color y luego a producir pantallas planas y a diseñar celulares. Los chilenos, como los latinoamericanos en general, sabemos surfear solo un tipo de olas y nos quedamos esperando a que venga una nueva.

-Seguimos produciendo en gran medida lo mismo que hace 100 años: materias primas -dijo Rodríguez a CIPER.

Cuando viene una nueva ola de demanda de ese tipo de productos, no podemos hacer mucho para que se prolongue; y cuando se acaba, no tenemos habilidades para aprovechar otras olas que la economía mundial está generando.

Nuestra limitada capacidad de reacción ante las oportunidades que ofrece el mundo, se vinculan con lo poco que sabemos hacer, productivamente hablando. Esa limitación productiva, a su vez, alimenta un círculo vicioso que hace crecer la desigualdad y que, a la larga, nos vuelve cada vez más incapaces de aprovechar las nuevas oportunidades. Rodríguez describe en entrevista con CIPER ese círculo:

-A priori, actividades como la minería, donde la ventaja está dada por lo que hay en el suelo, generan un tipo de renta que es más fácil que se la apropien unos pocos. Eso no ocurre tan marcadamente en actividades como la industria, donde para producir riqueza necesitas trabajadores especializados. Por eso, es más fácil que economías especializadas en materias primas sean muy desiguales. Pero ahí no acaba el problema, porque mientras más desigual sea una sociedad, más le cuesta salir de esa especialización productiva. La desigualdad, en ese sentido, esclerotiza el sistema económico; es como si le metiera arena a los engranajes. Una sociedad muy desigual tiene muchas dificultades para generar las capacidades tecnológicas que permitan adaptarse a los cambios y pasar de una ola a otra. Por otra parte, cuando la desigualdad se instala, afecta a todo tipo de economías. Eso es lo que pasa ahora en los países desarrollados, donde la extrema desigualdad también les está impidiendo adaptarse a las nuevas oportunidades.

La desigualdad económica esclerotiza, entre otras cosas, porque en el fondo es una desigualdad de poder, argumenta Rodríguez. Con eso no se refiere solo a la diferencia de poder que existe hoy entre empresarios y sindicatos en las negociaciones de salarios:

-Me refiero también a la capacidad que cada actor tiene de presionar al Estado para obtener políticas que los favorezcan. En un escenario de poder muy desigual, como el que hay en Chile, no solo ocurre que el empresario puede pagar salarios bajos, sino que además, las organizaciones empresariales son las únicas que pueden hacer lobby para obtener determinadas políticas; por ejemplo, pueden lograr que no se hagan reformas laborales que permitan a los sindicatos organizarse; o que no les hagan reformas tributarias.

Y dado que lo que hay en el fondo de la desigualdad económica es una desigualdad de poder, la solución que expone Javier Rodríguez es antes que nada política. Así lo muestra la historia: “Tal como ha pasado en estos 150 años, en algún momento quienes hoy quieren hacer cambios en los niveles de desigualdad que tiene Chile, van a tener que enfrentarse con la elite”.

LA ELITE, ESE PESADO FARDO

Un aporte del libro de Rodríguez es el desarrollo de una metodología que permite reconstruir los ingresos obtenidos por los distintos grupos sociales desde 1850 en adelante. Con esos datos, Rodríguez va más allá y entrega una inédita visión en el largo plazo del pedazo de torta que cada grupo se ha llevado.

Pero tal vez lo que  hace más interesante este libro, es que hace dialogar esos datos duros con la disputa política entre la elite y los otros grupos sociales y que han afectado cómo se reparte lo que el país produce.

En la hora cero de la historia contemporánea de Chile, a mediados del siglo XIX, Rodríguez identifica un primer gran incremento de la concentración de la riqueza. Este fue resultado del aumento de la demanda de trigo de las economías del Atlántico, riqueza que se repartió mal debido a que el campo chileno estaba organizado en torno a la hacienda, con un sistema social de inquilinos heredado del periodo colonial. La riqueza se concentró en la elite de hacendados, lo que le dio a ese grupo aún más poder sobre la mano de obra rural: los campesinos “fueron presionados para entregar más trabajo a cambio de regalías y derechos de uso que se reducían. El salario, en el mejor de los casos, se mantuvo constante, mientras las mayores exportaciones de trigo incrementaban el ingreso de los terratenientes”, escribe en su libro el historiador. Como 7 de cada 10 chilenos vivía en el campo, y sus ingresos estaban determinados por las relaciones que imponía el hacendado, la desigualdad se incrementó.

Ese ciclo terminó hacia 1870 con la desaparición de la demanda de trigo y la economía chilena perdió dinamismo hasta que un nuevo ciclo comenzó tras la Guerra del Pacífico (1879 y 1883) y la llamada “pacificación de la Araucanía”. El empuje de ese ciclo estuvo dado por la incorporación de grandes cantidades de territorios ricos en recursos naturales, que hicieron posible un nuevo boom de crecimiento exportador.

Clave en este nuevo ciclo fue el salitre, industria que estaba en manos de exportadores ingleses y alemanes y que, debido a eso, argumenta Rodríguez, permitió al Estado cobrar impuestos (cosa que habría sido difícil si las mineras hubiesen estado en manos de la elite chilena).

La demanda de trabajadores en el Norte y en los territorios arrebatados a los mapuches, hicieron que la mano de obra escaseara en la zona central, mejorando los salarios. Pero esta mejora duró poco. La implantación -tras la derrota de Balmaceda- de una república parlamentaria de tipo oligárquica, puso al Estado al servicio de los más ricos.

Escribe Rodríguez que desde fines del siglo XIX el Estado favoreció la concentración de la riqueza al menos a través de dos mecanismos: permitiendo que los territorios incorporados en el sur se transformaran en latifundios controlados por pocas familias; y, tan importante como eso, el Estado se puso sistemáticamente del lado de la elite en los conflictos sociales que se incrementaron a partir del nuevo siglo, entre empresarios y trabajadores:

“El gobierno se identificó sin disimulo con los intereses empresariales, respondiendo a los reclamos obreros –relativos a la defensa de sus ingresos reales afectados por la inflación- con la persecución y la represión. La acción fue tan decidida y sangrienta que el número de obreros muertos en esos años alcanzó una magnitud similar a las bajas chilenas durante la Guerra del Pacífico”, escribió Rodríguez en su libro.

Así, a punta de violencia, la elite chilena siguió obteniendo la mayor parte de los beneficios económicos de los periodos de bonanza y resguardando sus intereses en los periodos de crisis. Esta lógica empezó a decaer cuando se produjo un acercamiento político entre sectores medios y obreros, que terminó por derribar el sistema parlamentario, y más adelante sirvió de sustento al Frente Popular, una alianza de centro izquierda que en su programa incorporó el combate a la desigualdad.

En esa tarea el Frente Popular fue muy efectivo, puntualiza el historiador en su libro: “Entre 1930 y 1960 se observó una tendencia general a la mejora de la distribución, a pesar de que esta sufrió un retroceso transitorio en el decenio de 1950. El creciente poder de los sindicatos, la fortaleza electoral de la izquierda y el declive de la derecha permitieron empujar decididas políticas redistributivas”.

Clave en esta mejoría fue la implantación de un modelo de desarrollo que partió con la crisis de 1929 y que llevó a impulsar una industria nacional. Esto, describe el historiador, “provocó una reasignación de mano de obra desde un sector de menor productividad y nivel salarial, pero elevada desigualdad –el agrícola- hacia sectores de base urbana, mayor productividad y nivel salarial –la industria y parte de los servicios”.

También mejoró la distribución la hoy vilipendiada burocracia, sobre todo la pública, que para expandir su oferta de salud y de educación necesitaba un aparato administrativo, y requería un cuerpo de trabajadores calificados.

Rodríguez subraya que este proceso se apoyó en un clima político que daba creciente poder de negociación a los trabajadores organizados y fomentaba políticas que mejoraban los salarios más bajos, todo lo cual condujo a “un incremento del ingreso de quienes se ubican en la base de la pirámide salarial”. 

Ese clima político arrinconó a la elite y a los hacendados, los cuales no solo fueron culpados de la miseria campesina, sino de obstaculizar el desarrollo del país debido a su arcaico sistema de relaciones laborales.

El giro reformista se profundizó con el triunfo en 1964 del democratacristiano Eduardo Frei Montalva, “cuyo gobierno adoptó políticas para elevar el ingreso de los trabajadores rurales y retomó el papel central del Estado en la orientación de la Economía”.  Luego, con Salvador Allende, el empuje reformista se transformó en revolucionario, y “se intentó una redistribución radical del ingreso y la riqueza”.

El Golpe de Estado puso fin a ese proyecto y reinició un proceso de concentración de la riqueza. Amparándose en la fuerza militar “se combinaron en esos años un conjunto de procesos que dieron lugar a un rápido y abultado incremento de la brecha social”. Esto se vio potenciado por dos graves crisis económicas, la de 1975 y la de 1982, cuyos costos pagaron especialmente los sectores medios y bajos.

El modelo neoliberal que tendía a la alta concentración, dice Rodríguez, fue continuado en los ‘90 por la Concertación, pese a que estaba conformada por partidos que tradicionalmente se habían asociado con proyectos redistributivos. Los gobiernos de esta alianza incrementaron el gasto social y dirigieron su esfuerzo a consolidar el crecimiento económico. Pero la reducción de la desigualdad, “más allá de los discursos, no fue una prioridad para esos gobiernos”, remarca el historiador.

Sin desconocer el poder que siguió teniendo la dictadura durante una buena parte de los ‘90, Rodríguez remarca que “los gobiernos concertacionistas intentaron débilmente mejorar la distribución de ingreso, y cuando lo hicieron, supeditaron ese objetivo al crecimiento económico”, dijo el historiador a CIPER.

La perspectiva histórica que despliega Rodríguez remarca no solo lo que cambia en el largo plazo, sino lo que por su inercia histórica se resiste al cambio y lo vamos arrastrando década tras década, como un pesado fardo.

Entre esos factores, destaca nuestra elite. A veces cruenta, a veces políticamente astuta, la investigación  de Rodríguez muestra lo exitosa que ha sido para apropiarse de la mayor parte de lo que el país produce.

Así, aunque en el corto plazo el nivel de desigualdad que tenemos hoy se puede explicar por la dictadura y la ideología de los economistas de Chicago, el deterioro actual de la distribución en el ingreso “constituye solo el último episodio de una serie, en el que el Estado ha asumido un papel activo en la promoción de la desigualdad”. En esto Rodríguez es claro: buena parte de nuestra desigualdad histórica es el resultado del control que la elite ha tenido sobre el aparato fiscal desde la Independencia  en adelante: “Este control le ha permitido incidir en su beneficio en la conformación de las instituciones políticas y económicas, que junto a las fuerzas del mercado, determinan la distribución del ingreso”, escribe.

Por eso, remarca Rodríguez, medidas para reducir la desigualdad necesariamente implican reformas de fondo: no solo afectar un área (como los impuestos o el mercado del trabajo), sino reformas que repartan el poder. La desigualdad, insiste el historiador, es el resultado de muchos desajustes, de desequilibrios en muchas áreas. He ahí su complejidad y he ahí también por qué una elevada desigualdad dice mucho más de un país que su ingreso promedio: la desigualdad habla de cómo sus ciudadanos se tratan, de cómo se relacionan, de cómo proyectan a sus hijos sus relaciones de poder; de por qué muchos trabajan tan duro y no rinde; y también de quienes tienen responsabilidad en ese problema.

CIPER