DEBATE-NENES

El sistema de protección de los
derechos de la infancia y la
adolescencia en el país, está
absolutamente fracasado, es
insuficiente y sus recursos
claramente exiguos.
Por Osvado Pino Tovar

Eso es reconocido por la mayoría de los expertos en la materia y aunque la UNICEF reconoce que se han registrado avances constantes en una situación dramática heredada al retirarse la dictadura a sus cuarteles de invierno, falta mucho por hacer y la mejor prueba, son los escándalos que se destapan en forma constante. 

Es un hecho hasta ahora sin alternativas, la compleja crisis que vive el Servicio Nacional de Menores y no hay dudas sobre la impostergable reforma al sistema en vigencia. Uno de los conocedores del tema, René Solís de Ovando, señala que se requiere de un cambio profundo a las instituciones del rubro y en especial, a la forma en que actúa su personal.

Constata que “el SENAME tiene muchas deficiencias y cómo no, si está sobre demandado”.

Plantea “la necesidad de crear un órgano independiente que facilite el conocimiento de la realidad social de la infancia" y demanda “un pacto de Estado por la infancia, donde participen todos los agentes sociales: el sistema judicial, el Poder Legislativo, el sistema educativo, las policías y los

medios de comunicación social”.

Katia García, académica del departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, criticó la visión judicial que prima a la hora de abordar los problemas ligados a la infancia en Chile. “La protección de niños y niñas debe abordarse desde otra perspectiva. Se requiere de un trabajo interdisciplinario, en donde la acción de la justicia es solo un ámbito del drama.

Necesitamos un sistema de protección que vele por los derechos de todos los niños de nuestro país, no solo los vulnerables”, explicó.

Es por eso que resultan hilarantes los cinco o más años de presidio efectivo que arriesgan los implicados en un atroz caso de torturas en contra de jóvenes con discapacidad mental en el supuesto reformatorio privado Alihuén de Buin, descubierto este otoño. La abogada Paola Zárate, de la fiscalía de Alta Complejidad de la zona metropolitana occidente, quien encabeza la

investigación lo anunció a representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que es querellante en la causa y a los del Servicio Nacional de Menores (Sename), que es el denunciante.

Esta indagación tiene varias complejidades, en primer término la calidad de las víctimas, así como las circunstancias en las que se produjeron los hechos, aprovechando su indefensión ante los violentos castigos que se les propinaban. En esas condiciones se debe unir al maltrato, las lesiones.

"Hay que analizar de qué forma participaron los acusados. En principio, las diligencias se han focalizado en el centro en el que se realizaban los apremios físicos y se está investigando cuántas personas son las personas implicadas", sostuvo la fiscal.

Respecto de las víctimas, Paola Zárate explicó que "la denuncia afecta a cinco personas, pero se va a efectuar un análisis de cada una de las empleadas que se encuentran trabajando en el lugar".

La funcionaria añadió también que se va a evaluar si el amarrar a los enfermos, como se ve en un video captado en el centro Alihuén "correspondía o no a las instrucciones que se habrían impartido desde la dirección para tratar a quienes presentan este tipo de discapacidades".

ClariNet