DEBATE-FAMILIA

A diario en los tribunales de
familia, los derechos humanos
de miles de niños, hijos de
matrimonios fracasados, son
pisoteados por padres
irresponsables, con
toda impunidad.

Por Arnoldo Silva Lagos

Las cifras oficiales indican que un 60% de quienes son demandados para que paguen una pensión alimenticia no la cancelan y burlan este derecho elemental de sus hijos gracias a una legislación ineficaz y tribunales atestados de causas que deben aplicar normas engorrosas, contradictorias y enredadas.

A pesar de las inútiles sanciones que contempla la ley actual, las cifras de no pago de este derecho son como se ve muy elevadas, indica una investigación de la Universidad de Chile. Por eso, actualmente se encuentra en el parlamento un proyecto para revertir esta situación que, según el académico Cristián Lepin, debería incluir al menos un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, dado que es un problema que afecta a todas las clases sociales y, para las más desfavorecidas, acentúa las desigualdades de una infancia ya azotada por la pobreza.

Las familias deben ingeniárselas para enfrentar a la ausencia de recursos, las que se diferencian, como es lógico, por las clases sociales a las que pertenecen, según explica la investigadora Catalina Arteaga.

En el estudio se pone el caso de una madre, a la que se llama Nicole, quien se separó hace seis meses de su esposo con quien tiene una hija de once años.

Por recomendaciones de familiares y amigos acudió a mediación familiar judicial con el fin de llegar a un acuerdo por la pensión y no tener que acudir a los Tribunales de Familia. “Fue rápido, me dieron hora para la semana siguiente”, cuenta. Con su ex compañero, que no asistió a la primera citación y mandó a un abogado, llegaron a un acuerdo: 115.000 pesos mensuales para los gastos de alimentación.

Pero cuando debía recibir el primer depósito, solo le depositaron 60.000. Y hasta la fecha nada más. “No quiero acudir al Tribunal de Familia porque una de las sanciones de la ley por no pago de pensiones es la reclusión nocturna. No quiero que mi hija me recrimine eso, que metí a su papá preso”, cuenta la señora, agregando que ha sido ella quien finalmente ha corrido con todos los gastos, gracias a la ayuda de su familia.

De todas formas, como explica con mucha diplomacia el profesor de derecho Lepin, especialista en temas de familia, en estos tribunales los procesos son “un poco engorrosos y poco claros, en el sentido que es una tramitación que cuesta llevar adelante, que además genera problemas de interpretación: algunos tribunales aplican un criterio y otros aplican otros”.

Los hechos y las cifras apuntan a una tremenda limitación de los tribunales de Familia, que fueron creados el año 2004 y a los que llenaron de potestades que los entraban, entre estas, las de llevar “causas relativas al derecho de alimentos” con procedimientos inspirados por los principios “de la inmediación, actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre partes”.

En estos se tramitan causas por la Ley N°14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Esta normativa incluye algunas sanciones para quienes no cumplan en los abonos para los hijos e hijas, entre ellas la orden de arraigo, el arresto nocturno, la retención de impuestos desde la Tesorería General de la República y la suspensión de la licencia de conducir hasta por seis meses, lo cual no ha surtido mayor efecto como se comprueba con ese 60% de incumplimiento.

Este derecho les corresponde a los hijos hasta los 21 años en general pero se puede extender hasta los 28 en caso de que estén estudiando.

“Creo que es urgente tener una nueva normativa en esta materia”, enfatizó el profesor Lepin según el aparato comunicacional de la U, porque esta situación repercute en “un problema social grave que afecta a las personas más débiles, especialmente a los niños, que ven que solo uno de los padres los apoya económicamente y en ese sentido van en desventaja con otros que tienen ambos padres. Este problema es un germen de desigualdad”.

“Los hogares pobres tienen en promedio un mayor número de hijos menores de 18 años, con lo cual esta situación se agrava”, agrega la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Catalina Arteaga. La investigadora en temas del hogar, explica que los núcleos familiares con jefatura femenina son en un alto porcentaje más pobres o pobres extremos respecto de los hogares con jefatura masculina. “Todos estos factores inciden no solamente en la situación de los niños y niñas, sino en las familias y en la perpetuación de las condiciones de pobreza y pobreza extrema, principalmente de las mujeres”, afirma.

 Es por esto que se busca revertir esta situación. El profesor Lepin, que fue parte del comité técnico de la propuesta, plantea que hay dos ejes que se hace necesario ajustar: Mejorar el procedimiento y las sanciones. Sobre este último punto, el académico ha propuesto la creación del registro de deudores, que implique que un infractor “no pueda realizar ciertos trámites como sacar pasaporte o que para ser candidato a un cargo público se tenga que acreditar que no posee deudas en este tipo de obligaciones”. Incluso, otras voces piden que no se pueda acceder a la utilización de beneficios que otorga el Estado, como trámites para obtener una vivienda, por ejemplo.

Los académicos, en general, recuerdan que el siglo pasado se aplicó una política pública muy fuerte para modelar la familia como institución. “El Estado apostó por consolidar el modelo porque este tipo de familia es también una normalización y un disciplinamiento de la fuerza de trabajo, para evitar el desplazamiento de los sujetos y lograr comprometerlos con su unidad familiar”, según la académica Sonia Montecino, quien describe este fenómeno en su libro Madres y Huachos: Alegorías del Mestizaje Chileno.

Como agrega, que se hace necesario a nivel social “un cambio de conceptualización del rol masculino de padre, que es lo que es hoy día en crisis con estos sujetos que no se hacen cargo de sus hijos”.

Por otro lado, señala que este 60% de deudores, que son principalmente hombres, “vuelven a reproducir la idea de la mujer sola con sus hijos como una unidad doméstica que debe salir adelante” por su cuenta. Lo interesante ante esta cifra, sería estudiar “cuántos no quieren y cuántos no pueden”.

En definitiva, las familias y las madres desarrollan diversas estrategias, dependiendo del sector socioeconómico en que se encuentren. Entre estas se cuentan, como detalla la maestra Arteaga, “la existencia de redes familiares y vecinales que suplen, en cierta medida, la ausencia de ingresos económicos o que prestan otros servicios como cuidado de niños para que las mujeres desarrollen actividades que les reporten ingresos monetarios”.

En el caso de los sectores medios, “se encuentran también la estrategia del endeudamiento, como complemento a la anterior, con el fin de acceder a bienes y servicios para el sostenimiento familiar”.

Lepin reconoce que “nuestra legislación es bien precaria”, por lo que agrega que lo óptimo sería acercarse a experiencias de países “como Argentina y México donde existe este registro de deudores alimentarios que cuentan con sanciones penales por el incumplimiento de estas obligaciones”.

Se trata de un doloroso debate que aprovechando que este es un año electoral, debe ser impuesto especialmente por las organizaciones femeninas.

ClariNet