DEBATE-AGRSIONES

Es indudable que todos los
esfuerzos que se han hecho
para atemperar la violencia de
género han fracasado y en
forma más o menos estrepitosa,
tanto que esa que afecta a la
diversidad sexual,
ya llegó a los tribunales.

Por Osvaldo Pino Tovar

Incluso comienza a resaltar una arista que pese a estar presente desde siempre, se había soslayado. Hablamos del machismo imperante en muchos niveles que tiende a proteger al agresor, desde las policías al Poder Judicial, pasando por el Ministerio Público y que permea a las propias mujeres que trabajan en esas instancias.

Queda claro que se deben aumentar las penas contra los golpeadores haciendo estos delitos de persecución pública, sin importar que las afectadas sean convencidas de echar pie atrás, y establecer sanciones contra quienes efectúan investigaciones negligentes o le ponen palitos al cumplimiento de estas leyes. Definitivamente ya no existe ningún margen para la tolerancia de estas brutalidades, una violación extrema de los derechos humanos de los más débiles. 

Incluso, la indignada reacción de la presidenta Michelle Bachelet ante la bárbara agresión que sufrió una  mujer de 28 años, Nabila Riffo Ruiz, en Coyhaique, requiere de que las palabras se transformen en acción. “Rechazo y condeno enfáticamente esta agresión que afecta a Nabila y a su familia”, comentó la mandataria, quien luego visitó a esta madre. "No vamos a tolerar este tipo de ataques. Estamos trabajando con pasos concretos para poner fin a la violencia de género", y agregó: "En Chile ya no hay espacio para los cobardes que atacan mujeres. Los llamo a todos a hacernos cargo como sociedad".

Sin embargo, vemos como apenas existe un formalizado del ataque, brutal y premeditado, aunque al tipo se le disculpa sosteniendo que esta “descontrolado”, el viejo cuento de la locura temporal. Y no se trata de una pelea violenta de convivientes sino de un abuso en el cual se provocaron lesiones extremas, como sacarle los globos oculares de sus órbitas. Su marido, tiene antecedentes judiciales como golpeador pero las expresiones de su violencia intrafamiliar habían recibido como único castigo una ridícula firma mensual en la Fiscalía y solo por un año. Se trata de Mauricio Ortega, quien fue interrogado y quedó libre aunque después, tras el escándalo suscitado le cayó la teja.

Pese a todo, los pacos se escudan en que pese a que la paliza fue en la vía pública y la mujer fue abandonada en plena calle, no hay testigos y por lo tanto supuestamente tienen las manos amarradas, un pretexto recurrente que ya se pasó de la raya. Él, por supuesto, niega su participación en el delito.

El fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, confirmó que la víctima ya había presentado una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Ortega, aunque se llegó a una suspensión condicional del procedimiento. "Hubo una denuncia y un caso de hace un año en relación a las mismas personas. Él está sujeto a una suspensión condicional del procedimiento acordada con la víctima en su momento. Las condiciones eran firma mensual en la Fiscalía y debía hacerse un tratamiento e intervención", detalló el funcionario, en forma bastante displicente.

Al final, todo indica que podrían ser dos los agresores de Nabila Rifo. Para Salgado, "se han desarrollado múltiples actividades de investigación que tienden a esclarecer los hechos y determinar a la o las personas que tienen algún grado de responsabilidad en este lamentable y grave hecho". Los resultados de su labor, escasos. Para el fiscal se trata un caso complejo debido a que "no se tiene historia" de algo parecido en la región, por lo que se debe realizar una investigación "con ribetes que son difíciles de lograr esclarecer y relacionar, y ese ha sido el trabajo que se ha desarrollado por los equipos especializados de Carabineros. Se están analizando múltiples evidencias levantadas desde distintos sitios del suceso, así que esperamos prontamente tener los resultados para tomar las decisiones que en derecho correspondan", añadió sin el menor pudor.

Sin embargo, con absurda arrogancia, en un comienzo dijo que no necesitaba ayuda de nadie fuera de Aysén para dar con los autores. Sobre los antecedentes de Ortega, el representante del Ministerio Público detalló que "en junio de 2015 hubo una denuncia por amenazas y daños en un inmueble que habitaba la víctima. En ese contexto se hizo una denuncia que finalmente significó que el padre de sus hijos menores fuera sujeto a una suspensión condicional del procedimiento, en virtud de la cual estaba condicionado a cumplir con una firma mensual en la Fiscalía y un tratamiento específico de control de impulsos en un centro especializado".

No aclaró dónde, cuándo y con qué resultados se hizo este tratamiento, aunque finalmente fue en cana esta vez dado que se hizo imposible alcahuetearle más por lo obvio de su insania.

Respecto de la responsabilidad de Ortega en el crimen, el fiscal Salgado explicó que si bien hay versiones que lo sindican como el autor "lo cierto es que seguimos desarrollando la investigación para esclarecer los hechos y a partir de eso reconstruir lo que ocurrió y poder establecer las responsabilidades". Una cantinflada deleznable.

Nabila Riffo Ruiz fue trasladada a Santiago para su tratamiento e internada en la Posta Central, saliendo de su estado de peligro vital. El jefe de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Regional de Coihayque, Osvaldo Abarca, explicó que "la paciente fue trasladada a Santiago porque allí hay un centro de complejidad que se requiere para su atención".

Ella fue visitada por la jefa de la unidad de Violencia Intrafamiliar Solange Huerta y Patricia Muñoz, quien está a cargo de la división de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. Es de esperar que estas distinguidas señoras, hagan algo.

En otro caso, el Ministerio Público acogió una denuncia presentada por Nicolás Fuentes Macaya, detenido por robo con intimidación, quien acusó al cabo Víctor Hugo Alcalde de la 18° Comisaría de Carabineros de Santiago, por agredirlo sexualmente.

Según Fuentes, el funcionario policial lo habría llevado hasta el baño del recinto policial, lugar donde lo golpeó con su revólver en el pecho y lo obligó a realizar actos sexuales bajo amenaza de muerte. El cabo Alcalde hace mes y medio, contrajo un Acuerdo de Unión Civil con su novio.

El fiscal Ernesto Navarro, dispuso realizar diversas diligencias que incluyen peritaje bucal y genital por parte del Labocar, tanto al funcionario como al denunciante. Este presenta dos causas por robo con intimidación, emanadas por el 12° juzgado de garantía de Santiago, y se encuentra en prisión preventiva.

Según fuentes de la investigación, Alcalde negó los hechos y acusa que su víctima estaba enterado de su opción sexual por lo que la denuncia sería un intento de aprovecharse de esa situación, aunque no parecen tan obvias las repercusiones judiciales de un caso sobre el otro. Ya se verá. 

ClariNet