DEBATE-JUECES

Nuevos temas para el debate que
precederá a la redacción de una
Constitución al día: ¿Puede un
funcionario público, es decir, que
vive de los impuestos que pagan
sus compatriotas, negarse a
explicar las razones de una
medida que crea inquietud
en la gente?

Por Arnoldo Silva Lagos

De acuerdo al sentido común más elemental, no debería hacerlo. Sin embargo, en forma arrogante y despectiva, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, se negó a explicar los motivos de una suerte de amnistía -para lo cual el Poder Judicial no tiene atribuciones-, mediante miles de libertades anticipadas otorgadas por diversos tribunales de alzada, que incluyeron entre los beneficiados a condenados rematados por delitos muy graves. Entre ellos, cinco sentenciados a cadena perpetua en Valparaíso. En otras palabras, se puso en duda el propio criterio jurídico de quienes impusieron dichas condenas, de capitán a paje.

Algunos abogados no dejan de interpretar lo ocurrido, como una suerte de protesta contra la pésima situación en los penales del país. Eso es cierto y vergonzoso, pero las libertades al por mayor, sin discriminación, no parecen ser el remedio más adecuado.   

Dolmetsch, en su prepotencia sostuvo que: “Los jueces han cumplido con su deber y nosotros no lo vamos a discutir ni revisar”, pese que frente a 2.258 solicitudes, la mayoría de estas fueron resueltas favorablemente. Solo en Valparaíso de los 788 liberados, 109 eran considerados peligrosos y en la Región Metropolitana, doce pertenecían a la Cárcel de Alta Seguridad, todos con informe negativo de Gendarmería.

Embalado en su soberbia, insistió: “Si alguien no cree que no somos respetuosos de la independencia de los jueces, está equivocado. Los jueces son independientes y ellos han resuelto conforme a la ley. Eso no admite explicación y nosotros no vamos a dar ninguna explicación” agregó. Por favor, los seres humanos tienden a errar y la categoría de juez no impide que lo hagan indica la más ramplona sensatez.

Dolmetsch respaldó además las palabras del vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien se portó menos insensato y sostuvo que la decisión se basa en criterios técnicos de las comisiones de Libertad Condicional en las diferentes jurisdicciones del país. “No hay nada oculto”, aseguró. Por si acaso, nadie ha culpado a estos liberadores de aceptar influencias o incentivos. Pero, no está demás recordar los años en que la justicia, salvo contadas excepciones, toleró y con su silencio auspició los más brutales excesos contra los derechos humanos de la dictadura.

Que se sepa, a cambio de atención preferente en el Hospital Militar y un edificio de departamentos, ya demolido, en Providencia.  Incluso el presidente de la Suprema, rechazó mediante un oficio la citación hecha por los senadores a entregar las razones de la liberación masiva, reiterando que no había "nada que explicar al respecto". Si este señor cree que así defiende la neutralidad del Poder Judicial, da la impresión que equivocó el camino.

Respecto a los reparos de la ministra de justicia Javiera Blanco, el juez supremo dijo que “ella no es miembro del poder judicial, ella es parte del gobierno y todas las personas pueden opinar como les parezca”. Insolente y machista, por decir lo menos.

El subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, señaló a su vez que estas liberaciones son una facultad directa del Poder Judicial. “Está regulada por el decreto de ley 321, y en el año 2012 se quitó la facultad al Poder Ejecutivo de poder intervenir en las concesiones de libertades condicionales”, explicó. Indicó que según el procedimiento, Gendarmería, por estar a cargo de los penales, propone y da informes que pueden ser favorables o desfavorables.

En Valparaíso, hubo informes desfavorables en 523 casos. Los postulantes fueron 845, “por lo tanto, nos llama la atención que esos 523 casos que habían sido declarados desfavorables no hayan sido tenidos a la vista por parte de los tribunales de Justicia”, opinó el funcionario.

Suárez dijo que respetan la decisión, pero “nos llama la atención y nos gustaría saber cuál es el cambio de criterio de pasar de un cinco o un 10 por ciento de concesión de libertades condicionales a un 93 por ciento como en el caso de Valparaíso. Nosotros vamos a tener una reunión con el presidente de la Corte Suprema para preguntar si es que hay algún cambio de criterio, respetando las decisiones de un poder autónomo del Estado. Lo que nos queda, es legislar” al respecto, enfatizó.

"Está la posibilidad que estemos invitados a una comisión en el Parlamento, porque en ambas regiones el patrón se disparó. Tener 1.300 personas puestas en libertad es una cárcel que abrió sus puertas por completo y eso es grave", sostuvo Javiera Blanco.

Al reunirse la comisión mixta que discute la agenda corta antidelincuencia, junto con determinar su más rápido despacho, sus integrantes acordaron revisar la posibilidad de incorporar un nuevo artículo al proyecto. Se trata de una iniciativa, manifestada más temprano en la comisión de Constitución del Senado, que obliga al Poder Judicial a entregar los antecedentes con los que se fundamenta el otorgamiento de una libertad condicional. Además de exigirle su compromiso a considerar el informe realizado por Gendarmería a la hora de tomar su decisión.

"El Poder Judicial no puede hacer lo que hizo y no dar ninguna explicación, porque cuando uno libera 109 personas que han cometido delitos de alta connotación, como parricidas, gente con perpetua simple, violadores, entre otros, yo la verdad es que no sé por dónde la Corte Suprema vio que esta gente tenía posibilidades de reinserción y cuando no hay ni siquiera un criterio objetivo para eso", coincidieron varios diputados.

Igualmente, en el Parlamento se planteó: La Corte Suprema debe realizar un "análisis científico y riguroso de que la gente que está postulando a la libertad condicional ha cumplido con todos los requisitos que dice la Ley y los ciudadanos sepamos públicamente que eso fue así. Hoy es una caja negra donde nadie sabe nada y la verdad es que así para las víctimas que vivieron el delito y enfrentaron a los delincuentes en tribunales y que más encima hoy día les abren la puerta, la verdad es que es bastante injusto e ilógico".

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