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DIGNIDAD-NACIONAL8

Hace 48 años, el Congreso
pleno aprobaba la reforma
Constitucional que permitía
la nacionalización de las
empresas de la gran
minería del cobre.

Por Nancy Guzmán

El ministro de Minería Orlando Cantuarias, entregaba al país un detallado informe sobre el significado de esta reforma: "Chile, con las empresas de la gran minería ya nacionalizadas, podrá manejar por sí mismo sus ventas de cobre en el exterior, ya no estará sometido a los intereses de la Anaconda, la Kennecott o la Cerro Pasco."


Allende cumplía así con el programa de gobierno. En su magnífico discurso a los trabajadores llamó a celebrar el día de la Dignidad Nacional, a trabajar más, señalando que "el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan." 

El 15 de Julio de 1971, a las 12:30 horas, en el Salón Rojo de La Moneda, el presidente Allende firmó el decreto que promulgaba la Reforma Constitucional que permitía la nacionalización del cobre.


David Silverman, quien sería secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar, era el subsecretario de Minería y encargado de darle conducción a la nueva administración y negociar las indemnizaciones a las empresas norteamericanas, informó que se "haría una investigación sobre las inversiones de las empresas" porque todas ellas se hicieron "basadas en franquicias y granjerías otorgadas por los gobiernos anteriores", por lo tanto se revisaría si verdaderamente se hicieron las inversiones.


No era cualquier hazaña. Se le arrebataba a la poderosa Kennecott y Anaconda sus fuentes principales de riqueza, al punto que Anaconda desapareció tras perder el cobre en Chile. 


La Kennecott fundada en Alaska, en 1915, por la poderosa familia Guggenheim. Sería gracias al cobre chileno la minera más grande de los Estados Unidos, con fuertes lazos en el poder político y lo haría sentir durante los tres años de gobierno popular.


Ha pasado el tiempo y la principal riqueza ha servido para llenar bolsillos privados, especialmente los del alto mando de las fuerzas armadas, ejecutivos de Codelco, amigos de los ejecutivos, amigos de diputados, senadores y ministros como lo denunció el anterior presidente de la empresa.


Sabemos desde el inicio de la transición que algo turbio se movía al interior de Codelco. 


El primer signo fue las ventas especulativas que un señor Ávila hacía solo desde su escritorio. Se perdieron 200 millones de dólares para la educación, la salud y otros derechos humanos, mientras Merril Lynch obtenía millonarias ganancias con las pérdidas de Codelco. 


El resultado fue que el único inculpado era un suche de menor grado que jugaba en el mercado internacional con ventas a futuro. El presidente de Codelco, Alejandro Noemí, íntimo amigo del presidente Aylwin, jamás dio la cara por su responsabilidad, así como una serie de personajillos claro-oscuros, que salieron en la trama.


Algo similar ocurrió cuando se descubrió que el Ejército defraudaba al Estado con los fondos reservados del cobre. El cabo Juan Carlos Cruz aparecía como el gran defraudador gastando 140 millones en un casino. Oviedo dejó contento al ministro de Defensa Jorge Burgos, reconociéndo que su institución había pagado cientos de facturas falsas con los recursos del cobre. 


Se decía que el desangre a los recursos del cobre venían desde 2010, hoy sabemos que venían desde la dictadura y ningún ministro de Defensa ha dado cuenta de su responsabilidad, a pesar que la información reservada dice que a las grandes fiestas asistían ministros, columnistas y otros personajes.

Habla que los regalitos eran de costo elevado, pero nadie se dio cuenta de este despilfarro y expoliación al Estado de Chile cometido por los patriotas militares que vencieron al "ejército guerrillero", compuesto por hombres y mujeres desarmados, amarrados, encapuchados. 


A pesar del escandaloso saqueo, el ocultamiento de información, los silencios y la distorsión de ella, aún hay quienes cínicamente se atreven a decir que no hay impunidad. 


El domingo, Cristian Bofill, testaferro de Luksic, con su voz de padrino frenó los señalamientos de impunidad hacia el alto mando del Ejército que hacían sus contertulios en el panel de Mesa Central. Todos habían estado de acuerdo que el Tribunal Constitucional al detener la causa contra el general Oviedo, acusado del saqueo de 4.500 millones pesos, había consolidado la impunidad.

Tras la voz del padrino, todos aceptaron sin reparos que efectivamente la detención en la investigación de Oviedo no significaba impunidad. No contento con ello, Bofill agregó que era casi un abuso someter a investigación al ex general Izurieta Ferrer, aunque aceptó que los desfalcos venían desde lejos y que se habían convertido en un modus operandis de las jerarquías militares.

Hoy que recordamos a tantos periodistas que han dado la vida por llevar información veraz a la sociedad, que recordamos a todos los que han sembrado de principios esta noble y necesaria profesión, repudiamos a estos serviles funcionarios de un sistema que oprime y extrae la humanidad de la sociedad. 


Un saludo a todos mis colegas que a diario se esfuerzan por entregar lo mejor de sí a este país.

ClariNet