REPARACION8

Tres días ates de dejar el
mando del país la ex
presidenta Michel Bchelet e
nvió un proyecto de reparación
monetaria parra los ex presos
políticos y sus deudos..

La diputada comunista y presidenta de la comisión de DDHH de la cámara, dijo hoy que se está tramitando, que será aprobado por esa comisión, que de hai pasará a la Comisión de Hacienda y que ella espera que salga adelante lo más pronto posible.

Acá el texto completo el decreto:

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN Proyecto de ley que OTORGA UN APORTE ÚNICO DE CARÁCTER REPARATORIO A LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, RECONOCIDAS POR EL ESTADO DE CHILE.

SANTIAGO, 31 de enero de 2018.-

M E N S A J E   Nº 393-365/

Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H.

CÁMARA DE DIPUTADOS.

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un aporte único, de carácter reparatorio a todas y todos los calificados como víctimas de prisión política y tortura reconocidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que indica.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY

Desde el retorno a la democracia, el Estado de Chile ha constituido diferentes comisiones de verdad para la calificación de víctimas de prisión política y tortura y ha diseñado programas especiales para intentar responder a las necesidades de las víctimas de mejor forma. Ejemplo de ello es el programa de asistencia integral en salud (PRAIS), el programa de Derechos Humanos, que se traspasó a la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos a contar del 2017, y otros beneficios en materia de educación y vivienda.

Considerando que casi la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos reconocidas por las comisiones de verdad, ya mencionadas, tienen 70 años o más, es relevante que el Estado proteja, en la medida de sus posibilidades, el derecho a una indemnización justa y adecuada para víctimas de prisión política y tortura.

Entendemos que los horrores, dolores y pérdidas de las víctimas y sus familias no se solucionan con aportes en dinero. La verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica son lo que las agrupaciones nacionales de ex presos políticos piden, y ello abarca más aspectos que un aporte monetario de carácter reparatorio. Por lo anterior, el Estado de Chile deberá seguir trabajando en el desarrollo de políticas y programas que avancen en esta línea, para lograr una verdadera reconciliación nacional, con nuestra historia y quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

En octubre de 2015 se promulgó y publicó la ley N° 20.874, la que tuvo por objeto otorgar un aporte único, de carácter reparatorio, a víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que fueron reconocidas como tales en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, o incluidas en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

Además, durante el segundo semestre de 2016, el Ejecutivo constituyó una mesa de trabajo con los representantes de las agrupaciones nacionales de ex presos políticos, con el objeto de concordar un aporte reparatorio final, complementario al de la ley N° 20.874.

Fruto de esta mesa surge el presente proyecto de ley, el que constituye una respuesta definitiva en materia de reparación por parte del Estado de Chile a víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura, sin perjuicio de las pensiones y otros beneficios que reciben actualmente estas personas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY

El objetivo de este proyecto de ley es otorgar un aporte único destinado a reparar pecuniariamente el daño causado a las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares, ante las violaciones a sus derechos humanos durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El aporte único que se otorga consiste en la entrega de una suma de dinero equivalente a un total de $3.000.000 (tres millones de pesos) a quienes sean titulares de conformidad a la ley, pagadera en dos o tres cuotas anuales y sucesivas, con montos diferenciados según la edad de las personas según tuvieren 70 años o más cumplidos; entre 65 y 69 años cumplidos; y 64 o menos años cumplidos.

Además, el 60% del valor de este aporte único también será entregado a las cónyuges sobrevivientes de las víctimas de prisión política y tortura calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

La suma establecida no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Por consiguiente, vengo en presentar el siguiente proyecto de ley destinado a reparar el daño causado a quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, reafirmando el compromiso del Gobierno en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación.

 

P R O Y E C T O D E L E Y

“Artículo 1.-   Otórgase un aporte único, en carácter de reparación, de $3.000.000 (tres millones de pesos), que complementa el bono otorgado por la ley N° 20.874, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

Si el titular hubiere fallecido sin haber recibido este aporte único, corresponderá a la cónyuge sobreviviente el 60% del aporte referido en el inciso anterior. En caso que el titular falleciere después de haber recibido una parte de dicho aporte, corresponderá a la cónyuge sobreviviente el 60% del remanente.

Se descontará del aporte a que se refiere este artículo el monto que, por concepto de indemnización de perjuicios declarada por sentencia firme, haya recibido cada víctima de prisión política y tortura por su calidad de tal, hasta concurrencia del de menor valor, o hasta por el valor en que ambos coinciden.

Por su parte, en caso que la víctima de prisión política y tortura, obtenga una reparación pecuniaria por vía judicial, con posterioridad a que haya recibido la totalidad del aporte a que se refiere esta ley, dicho monto se descontará de aquella, debidamente reajustado por la variación en el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, para el respectivo período.

Artículo 2.- El aporte a que se refiere esta ley no podrá ser impetrado por el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los diputados y senadores, los intendentes, los gobernadores, los jefes superiores de servicio, y quienes desempeñándose en la Administración Pública, en calidad de planta, contrata, o contratados a honorarios, tengan una remuneración bruta promedio mensual igual o superior a la recibida por un funcionario que se desempeñe en tercer nivel jerárquico de su respectivo servicio, incluidas todas las asignaciones que correspondan.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras las personas señaladas se encuentren en el ejercicio del cargo o en el desempeño de las funciones antes indicadas.

Artículo 3.- El pago del aporte a que se refiere el artículo 1 se realizará en cuotas anuales y sucesivas, con montos diferenciados según la edad de las personas a que se refiere dicho artículo, en la forma que se detalla en los incisos siguientes.

Los titulares y las cónyuges sobrevivientes que tengan 70 o más años cumplidos a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, recibirán el aporte que ésta establece en dos cuotas anuales iguales y sucesivas de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) y $900.000 (novecientos mil pesos), respectivamente.

Los titulares y las cónyuges sobrevivientes que tengan entre 65 y 69 años cumplidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, recibirán el aporte que ésta establece en tres cuotas anuales y sucesivas de $700.000 (setecientos mil pesos) y $420.000 (cuatrocientos veinte mil pesos) en el primer año, $1.000.000 (un millón de pesos) y $600.000 (seiscientos mil pesos) en el segundo año y $1.300.000 (un millón trescientos mil pesos) y $780.000 (setecientos ochenta mil pesos) en el tercer año, respectivamente.

Finalmente, los titulares y las cónyuges sobrevivientes que tengan 64 o menos años cumplidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, recibirán el aporte que ésta establece en tres cuotas anuales y sucesivas de $500.000 (quinientos mil pesos) y $300.000 (trescientos mil pesos) en el primer año, 800.000 (ochocientos mil pesos) y 480.000 (cuatrocientos ochenta mil pesos) en el segundo año y $1.700.000 (un millón setecientos mil pesos) y $1.020.000 (un millón veinte mil pesos) en el tercer año, respectivamente.

La primera cuota anual del aporte a que se refiere la presente ley será pagada en el tercer mes siguiente a la fecha en que los titulares o las cónyuges sobrevivientes hayan solicitado este aporte en el Instituto de Previsión Social.

Las cuotas anuales subsiguientes que correspondan se pagarán una vez transcurridos doce meses desde el pago de la cuota anterior.

La solicitud del aporte establecido en esta ley podrá efectuarse desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 4.- El aporte a que se refiere esta ley no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Este aporte pecuniario se otorgará por una única vez.

Artículo 5.- El aporte establecido en esta ley será de cargo fiscal y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social, en la forma detallada en el artículo 3.

Artículo 6.- El Instituto de Previsión Social llevará un registro de los solicitantes del aporte a que se refiere esta ley y de los pagos anuales que se les realicen.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial, y suscrito además por los Ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda, establecerá la estructura, funcionamiento, contenido y publicidad del registro señalado en el inciso anterior.

Artículo 7.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”.

Dios guarde a V.E.

            MICHELLE BACHELET JERIA

            Presidenta de la República

            MARIO FERNÁNDEZ BAEZA

            Ministro del Interior

            y Seguridad Pública

            NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

            Ministro de Hacienda

            GABRIEL DE LA FUENTE ACUÑA

            Ministro

            Secretario General de la Presidencia

     NICOLÁS MENA LETELIER

            Ministro (S)

            de Justicia y Derechos Humanos

            ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA

            Ministro del Trabajo

            y Previsión Social (S)

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