COLUMNA-NANCY8

¿Qué pretende la Presidenta
con su proyecto de ley para
quitar la facultad presidencial
de indulto a criminales de lesa
humanidad y entregarla
a jueces de garantía?

Por Nancy Guzmán

Este proyecto tardío de ley de indulto es un insulto. Le quita a Piñera el bulto de indultar a los viejitos de Punta Peuco, y lo entrega a los jueces de garantía.

Será un solo juez revisará la causa y dará su fallo de acuerdo a antecedentes jurídicos. 


¿Cuáles son los antecedentes jurídicos? 


1.- Qué tenga enfermedad incurable o demencia. 


2.- Que se arrepienta, pida perdón y colabore en decir dónde dejaron los restos de los detenidos hoy desaparecidos.


Todos sabemos que Pinochet salvó de ser condenado gracias a una "demencia subcortical", algo que tendremos todos cuando cumplamos 70 años y que se refiere a esos pequeños olvidos o confusiones temporarias que hacen parte de la fatiga de materiales.


Todos sabemos que hace 17 años, cuando llegó Carlos Herrera Jiménez (agente de la DINA, de la CNI y del DINE) se dijo que venía con un diagnóstico de cáncer terminal al hígado y se pedía el indulto por su condición y por haber cooperado en el esclarecimiento del caso de Tucapel Jiménez y otros.

Su caso ha tenido tanto apoyo mediático que en una entrevista donde pide perdón a su familia y dice: "parece que a todos se nos pasó la mano" -como si degollar, torturar hasta la muerte, asesinar y lanzar cuerpos al mar o lanzar personas vivas al mar fuese un exabrupto-, el o la periodista interpretó en sus palabras un pedido de perdón a la sociedad. La pregunta es ¿Cómo lo interpretará un juez de garantía? 


También sabemos que la justicia ha interpretado como colaboración la entrega de datos parciales que no conducen a saber la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos y cuáles fueron las razones que determinaran sus muertes.

Es el caso de Manuel Rivas, brutal agente de la Venda Sexy, quien confesó que dio muerte a Nilda Peña Solari al interior de ese centro de torturas, la noche del 23 de diciembre de 1974. A pesar de ello, la justicia lo premió con el beneficio de la pena remitida por "irreprochable conducta anterior y colaborar con la justicia", en la causa por desaparecimiento del estudiante de medicina Jorge Ortiz Moraga, a pesar que fue sacado muerto en el mismo grupo donde iba Nilda Peña.


Con estos y otros muchos antecedentes judiciales solo nos queda claro que un juez de garantía va a revisar que los criminales: 


1.- Sean viejitos.


2.- Que tenga un diagnostico terminal (como el de Herrera Jiménez hace 17 años).


3.- Que colabore como lo hizo Manuel Rivas u otros, diciendo que los inyectaron y no sabe quienes lo hicieron.


4.- Que pida perdón, como lo hizo Herrera Jiménez.


A casi treinta años de una interminable transición, se requiere de una juricidad distinta para castigar crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes no son ejecutados por individuos enajenados. Por el contrario, son crímenes ejecutados por agentes del Estado, dirigidos hacia segmentos específicos de la población con el fin de exterminarlos, causar terror y parálisis en la sociedad.

Para ello cuentan con todo el poder del Estado, el monopolio de las armas y la impunidad asegurada. Es por esta razón que afectan a toda la humanidad y deben tener castigos efectivos y de acuerdo a los daños causados por su brutalidad y masividad.


Si fuera mal pensada diría que para llegar a la ONU la Presidenta debe dar muestras al imperio de "obediencia debida", al menos así se lee en el vecindario con el caso Kuczynski, que indultó a Fuji Mori para no ser destituido y Macri, que siendo amigo de Trump y de los golpistas, voluntariamente liberó a Etchecolaz, autor de 500 desapariciones y ejecuciones en la última dictadura.

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