SENAME8

Deuda con empresas
“colaboradoras” se duplica y
supera los $ 10 mil millones.

Este dinero corresponde al pago que el gobierno debe hacer a las instituciones privadas, luego de que los tribunales ordenen la derivación de los menores a organismos colaboradores.

El artículo 80 bis de la Ley 19.968, que creó los Tribunales de Familia, obliga a las entidades privadas a abrir vacantes y prestar atención en residencias o programas ambulatorios en casos de falta de cupos.

En agosto de 2018, esta deuda alcanzó los $ 5 mil millones. Del total, $ 1.300 millones se arrastraban por atenciones prestadas entre 2013 y 2017.

Según el Sename, en 2018 se atendieron 45.774 menores de esta forma. De ellos, 1.030 ingresaron a residencias y 44.744 fueron atendidos en diagnóstico y programas ambulatorios. La mayoría de estos últimos entró a los planes Prevención Focalizada (14.041) y Reparación de Maltrato (11.850). Por estas atenciones, el servicio pagó $ 31 mil millones. No obstante, la autoridad reconoce que el último cálculo hecho en diciembre detectó una deuda de $ 6 mil millones.

Más de 45 mil niños fueron derivados por los tribunales de Familia a organismos colaboradores haciendo uso del artículo 80 bis.

La deuda que el Servicio Nacional de Menores (Sename) mantiene con los organismos colaboradores (Oca) supera en la actualidad los $ 10 mil millones, según la directora nacional Susana Tonda.

Este dinero corresponde al pago que el gobierno debe hacer a las instituciones privadas, luego de que los tribunales ordenen la derivación de los menores a organismos colaboradores.

El artículo 80 bis de la Ley 19.968, que creó los Tribunales de Familia, obliga a las entidades privadas a abrir vacantes y prestar atención en residencias o programas ambulatorios en casos de falta de cupos.

En agosto de 2018, esta deuda alcanzó los $ 5 mil millones. Del total, $ 1.300 millones se arrastraban por atenciones prestadas entre 2013 y 2017.

Según el Sename, en 2018 se atendieron 45.774 menores de esta forma. De ellos, 1.030 ingresaron a residencias y 44.744 fueron atendidos en diagnóstico y programas ambulatorios. La mayoría de estos últimos entró a los planes Prevención Focalizada (14.041) y Reparación de Maltrato (11.850). Por estas atenciones, el servicio pagó $ 31 mil millones. No obstante, la autoridad reconoce que el último cálculo hecho en diciembre detectó una deuda de $ 6 mil millones.

De ahí en más, el verano acrecentó el retraso, según afirmó la propia Tonda, lo que derivó en que la deuda al menos se duplicara desde agosto. “Puede que la deuda supere los $10 mil millones. Incluso, siendo el gasto mensual por 80 bis de aproximadamente $ 3.500 millones, no me extraña que en el verano se hayan sumado un par de meses adicionales”, dijo Tonda.

Desde Fundación Ciudad del Niño indicaron que sólo a ellos se les adeuda, por las atenciones de los 20 mil menores que recibieron por 80 bis hasta febrero de 2019, casi $ 967 millones. Un escenario similar al de Fundación Mi Casa, donde indican que en su caso la cifra es cercana a los $ 900 millones.

Según estimación de Ciudad del Niño, hasta el 31 de diciembre de 2018 a las 10 instituciones más grande se les debían $ 6.170 millones. En este sentido, indican que históricamente a este grupo les ha correspondido 40% de la deuda total. A partir de este cálculo, estiman que el monto por pagar a los 115 organismos colaboradores que atienden por derivaciones de tribunales sería de cerca de $ 14 mil millones.

Colapso financiero

José Pedro Silva, presidente de Ciudad del Niño, destacó que nunca se había llegado a un nivel de deuda como el actual y aseveró que ello ocurre “porque la necesidad de atender niños es inmensa y porque el Estado no está pagando.

Las instituciones están resolviendo el tema con recursos propios. Nos están llevando al colapso financiero”. Silva, además, cuestionó que ya no se les permite transferir recursos destinados para otras atenciones con tal de “sanear” la deuda por esta derivación.

Para Teresa Izquierdo, coordinadora de la Mesa de Residencias de Organismos Colaboradores, “hay instituciones que están muy desfinanciadas y esto afecta directamente en la atención de los niños: en la calidad de los profesionales, calidad de las prestaciones, apoyo educacional y respuesta a los problemas de salud mental que tenemos que financiarlos privadamente”.

Además, manifestó su preocupación por la situación de las instituciones más pequeñas. “Se les debe menos dinero, pero les afecta mucho más, porque tienen menos recursos. Y que no les paguen el 80 bis repercute muchísimo”.

La directora del Sename relaciona esta situación a la crisis “histórica” en que el sistema ha estado. “El uso de este mecanismo más que ayudar, al final hace todo más engorroso, con más burocracia, más problemas y demoras”, dijo. No obstante, Tonda dice entender que los jueces hagan uso de esta facultad:

“Ellos pretenden que se atienda a los niños porque lo necesitan”.

Para Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, el tema de la deuda pública del Sename con las instituciones “es un escándalo”. “En la práctica los organismos colaboradores están subsidiando al Estado en la prestación de un servicio de atención con niños de alta vulnerabilidad. La situación es crítica”, dijo.

Según el académico, el problema fue advertido en el Acuerdo Nacional por la Infancia, lo que derivó en la constitución de una instancia técnica de trabajo entre los actores. Se trata de 17 mesas regionales que deben entregar su propuesta en los próximos meses.

“Dentro de las soluciones posibles que se debiese tomar está el reglamentar con mucha mayor precisión el uso del 80 bis por parte de los Tribunales de Familia”, señaló Irarrázaval.

ClariNet