LEY-LAFKENCHE

Comunidades llaman a
defender la historia y el
uso consuetudinario.

“Existen derechos e intereses, y SalmonChile y la Sofofa tiene intereses, mientras que las comunidades costeras tienen derechos Consuetudinarios.”

Comunidades y organizaciones del pueblo Mapuche y Kawésqar afirmaron que seguirán ejerciendo su derecho consuetudinario al borde costero, y que defenderán la Ley Lafkenche (N°20.249), en todos los ámbitos, -costas, parlamento, gobierno y Naciones Unidas-, con el fin de que este cuerpo legal no se rebaje a instancias similares a la corrupta Ley de Pesca, que entregó en propiedad los recursos marinos a 7 familias empresariales chilenas.

Lo que está haciendo la patronal SalmonChile y la Sofofa (la patronal de los industriales chilenos), “es como dar por hecho que las comunidades no tienen derecho consuetudinario al borde costero”, afirmó Adolfo Millabur, alcalde de la comuna costera de Tirua y uno de los históricos representantes de la identidad territorial Lafkenche.

Las comunidades indígenas advierten que las grandes empresas buscan anular aspectos claves de la Ley que reconoce el uso consuetudinario de los espacios marino costero de los pueblos originarios, para luego imponer sus proyectos industriales.

Frente a la amenaza empresarial, Letica Caro, de las comunidades Kawésqar de Magallanes, en la Patagonia, dijo que “se les olvida a estos empresarios que el mar es un bien común y que además es territorio ancestral de muchas comunidades indígenas que ven en la Ley Lafkenche la única forma de mantener su forma de vida y cultura”.

Por su parte Miguel Cheuqueman, de las comunidades de la Futa Willi Mapu, en la costa de Osorno, advierte que existen derechos e intereses, y que SalmonChile y la Sofofa tiene intereses, mientras que las comunidades costeras tienen derechos ancestrales.

Agrega además que hay que estar atentos a la legislatura del Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre “Administración del borde costero y concesiones marítimas”, donde las empresas comienzan a debilitar estratégicamente la Ley Lafkenche.

Esencia y Espíritu Consuetudinario

Apoyando estas posturas, Yohana Coñuecar de las comunidades de Hualaihue, en Chiloé continental, argumenta que hay que entender “la esencia, el espíritu” de la Ley Lafkenche. Este cuerpo legal se “se debe defender desde su esencia de ley. Desde su origen y de la historia de vulneración de derechos que se hacían antes de la ley” a las comunidades costeras originarias.

La Ley Lafkenche “debe defenderse porque es un instrumento creado por mapuches con una visión propia. Creo que deben entender el sentido de la ley, nosotros debemos defenderla y conducirla”, afirmó la dirigente de las comunidades costeras de la Patagonia austral.

Por su parte desde el territorio de la FutaWilliMapu, el dirigente williche y miembro de la identidad territorial Lafkenche, Miguel Cheuqueman señaló que “la Sofofa es un instrumento político y económico de la élite empresarial chilena y ha estado en el último tiempo liderando los intereses de las empresas salmoneras”.

A Cheuquemán no le extraña que Salmonchile y la Sofofofa, “intenten equipararse con las comunidades ancestrales y que están tratando de equiparar a la gente y comunidades que tiene derechos, con operadores, ‘palos blancos’ y empresas que tienen intereses”.

“Las comunidades indígenas, recolectores de orilla, y la pesca artesanal, son los que tienen derechos”, precisó Cheuquemán.

Peligro: lo que se viene en el Congreso

El dirigente de la Identidad Territorial Lafkenche llamo a las comunidades y organizaciones a prestar atención a la modificación de la Ley de Administración de Borde Costero, en cuya tramitación, los intereses de las grandes empresas intentan eliminar la participación de la institucionalidad local, de las comunidades costeras e indígenas y dejar solamente una oficina estatal a cargo de las decisiones respecto al uso del borde costero.

Cheuqueman señaló que la tramitación en el Parlamento busca “traspasarle la responsabilidad de administración de borde costero a Bienes Nacionales (BB.NN), y ahí hay una indicación clara donde dice que se modifique la Ley que crea los ECMPOs, y se elimina la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, y que sea BB.NN, quien decida el espacio que le corresponde a las comunidades”.

SalmónChile, la Sofofa y el gobierno

preparan sigiloso golpe a Ley Lafkenche

Ecocéanos News

Patronales propondrán al gobierno una serie de cambios a la normativa y buscarán establecer una mesa de trabajo en la cual intentarán que participen comunidades costeras.

Bajo un absoluto secretismo se está elaborando una estrategia que articule a las patronales de la salmonicultura, la pesca industrial, el transporte marítimo, la energía, minería y el sector forestal, para impulsar una rápida ofensiva político-comunicacional que desarticule la llamada Ley Lafkenche (N° 20.249), que implementa los espacios marino costeros de pueblos originarios (ECMPOs).

Este cuerpo legal cumplió en mayo pasado nueve años y es considerada por el gran empresariado como una verdadera “piedra en el zapato” para las pretensiones actuales de una rápida expansión territorial de las empresas extractivas, de transporte y de infraestructura inmobiliaria.

Para este conglomerado de patronales, la ley Lafkenche constituye un freno inaceptable “para las inversiones y el desarrollo productivo del país”.

¿Surge la mega confederación política-empresarial anti comunidades indígenas?

El informe de la coalición empresarial, exigirá al gobierno y parlamento realizar de manera urgente,  “profundos ajustes” a la Ley Lafkenche.

El documento fue elaborado con gran sigilo a partir de enero del 2018 por diversos dirigentes, consultoras y abogados empresariales que conforman la “Dirección de Socios y Desarrollo Regional de Sofofa”, en alianza con las patronales Salmon Chile, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, la Sociedad Nacional de Pesca, Chile Transporte, AmiChile, Index Salmon y la Asociación de Productores de Salmones y Truchas de Magallanes.

La estrategia encabezada por Salmón Chile y la Sofofa, contaría con el apoyo de los ministros de Economía, Medioambiente, del Interior, Obras Públicas, Transporte y Desarrollo Social.

Su eje argumentativo se basa en demostrar que las solicitudes de EMCPOs, estarían bloqueando billonarias inversiones en recursos naturales, servicios e infrastructura. Como ejemplo citan una zona del barrio salmonero en Quellón, Chiloé, donde se encontrarían “paralizadas un total de 10 concesiones acuícolas, cuyo desarrollo implicaría una inversión de más de total de $3.136 Millones, con una superficie total de 121.450 m2”.

El documento que contó con el apoyo de la consultora Index salmón sostiene que “para efectuar el cálculo de la inversión que involucra cada trámite, se recogieron los datos de las tasaciones comerciales practicadas por el Servicio de Impuestos Internos, como los montos de inversión señalados por los titulares dentro del trámite de concesión”, junto a que “existen trámites que presentan demoras entre su ingreso y la solicitud ECMPO de siete años”.

Citando a fuentes de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el documento de las patronales afirma de los 17 trámites de concesiones acuícolas suspendidos por las ECMPOs, 3 de ellos se ubican en la región del Biobío, 7 en la región de Los Lagos y 7 en la región de Aysén.

Sin embargo, nada señala sobre las 2 recientes solicitudes de EMCPOs efectuadas por las comunidades nómades-canoeras en los alrededores del Parque Nacional Kawésqar, en  Magallanes, zona altamente apetecida por las empresas salmoneras, las cuales han sido hasta la fecha silenciadas por los funcionarios del Ministerio de Economía.

En las próximas semanas, la Sofofa, Salmón Chile y Sonapesca encabezarán el envío a los ministros de Economía, Hacienda, Desarrollo Social, Defensa e Interior del documento donde se da cuenta de “cómo los problemas en la ejecución de la ley afectan a los proyectos de inversión y a la actividad económica de zonas costeras”.

Imponiendo el Far West salmonero en las costas chilenas

La confederación de patronales exigirá “establecer criterios de admisibilidad para las solicitudes, medidas de gestión para la coordinación intersectorial de los servicios del Estado que participan de este proceso, y regular las Comisiones Regionales del Uso del Borde Costero.

Además, demandarán constituir a la brevedad una mesa de trabajo con los diferentes actores del borde costero y entidades públicas, participantes en los procesos ECMPOS, con el objetivo de identificar “las dificultades prácticas y vacíos legales, que se han podido apreciar en el tiempo de tramitación de la ley”.

Las patronales explican que el objetivo de esta operación para despejar de obstáculos las inversiones empresariales en las áreas costeras, al exigir “revisar la Ley Lafkenche  y su reglamento, afirmando que existen pasajes oscuros o poco claros en este cuerpo legal.

En particular exigen revisar el efecto suspensivo que contempla y que estaría afectando los derechos de terceros, los criterios para acreditar las superficies afectas a ECMPOs y los usos consuetudinarios.

En el documento, se le señala al Ministerio de Desarrollo Social, -estamento del cual depende la Corporación Nacional Indígena (Conadi)-, que “informen respecto a los criterios que están aplicando para acreditar los usos consuetudinarios”.

Informe reservado de Sofofa critica

“pasajes oscuros” de la Ley Lafkenche

El estudio cuantifica en más de $3.000 millones las inversiones acuícolas paralizadas en Chiloé e insiste en levantar una mesa pública y privada para hacer cambios a la normativa que en mayo cumplió nueve años desde su entrada en vigencia.

Bajo absoluta reserva y durante los últimos seis meses se han reunido distintos gremios vinculados con la acuicultura, la pesca y transportes marítimos a fin de consensuar una propuesta en conjunto al alero de la Sofofa, a fin de solicitar al gobierno cambios a la denominada Ley Lafkenche.

La normativa, que en mayo cumplió nueve años desde que entró en vigencia dando origen a los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), se ha vuelto una piedra en el zapato para la industria salmonera y pesquera, que apunta a que esta frena su desarrollo productivo.

La Tercera PM accedió al informe elaborado entre los participantes de la mesa organizada por el gremio. El documento aspira a solicitar expresamente ajustes a la Ley Nº 20.249 (Ley Lafkenche).

El estudio fue elaborado por la Dirección de Socios y Desarrollo Regional de Sofofa en conjunto con Salmon Chile, CAMPORT, Sonapesca, Chile Transporte, AmiChile, Index Salmon y la Asociación de productores de Salmones y Truchas de Magallanes.

Si bien en el análisis no cuantifica el impacto total que genera la cuestionada normativa en proyectos de inversión frenados, entrega un valor referencial sobre una un conjunto acuícola en la Región de Los Lagos, por solicitudes ECMPO. El informe considera una muestra de una zona del barrio costero de Quellón, en la isla de Chiloé, donde se encuentran paralizadas un total de 10 concesiones acuícolas, cuyo desarrollo implicaría una inversión total de $3.136.013.824 en una superficie total de 121.450 m2.

“Para efectuar el cálculo de la inversión que involucra cada trámite, se recogieron los datos de las tasaciones comerciales practicadas por el Servicio de Impuestos Internos, como los montos de inversión señalados por los titulares dentro del trámite de concesión”, sostiene el documento.

El estudio destacó que existen trámites que presentan demoras entre su ingreso y solicitud ECMPO de siete años. Y es que las áreas solicitadas por los pueblos indígenas suman en total 290,72 hectáreas, y la requerida en concesión es de 121.450 M2, lo que equivale a 12 hectáreas, esta última superficie representa un 4,1% del total de la solicitud.

El estudio añadió que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas reveló las solicitudes suspendidas producto de una solicitud ECMPO. Por lo mismo, la mesa logró distinguir las destinaciones vinculadas a Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB), para conocer sobre su dimensión e impacto.

De los 17 trámites suspendidos por ECMPO, tres de ellos se ubican o emplazan en la región del Biobío, siete en la región de Los Lagos y siete en la región de Aysén.

Propuestas del estudio

El estudio concluyó con una serie de propuestas que harán llegar a los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Defensa e Interior.

“Efectivamente el diagnóstico da cuenta de cómo los problemas en la ejecución de la ley afectan a los proyectos de inversión y a la actividad económica de zonas costeras. Por ello, se plantean también algunas propuestas relacionadas a establecer, por ejemplo, criterios de admisibilidad para las solicitudes, medidas de gestión para la coordinación intersectorial de los servicios que participan de este proceso y regular las Comisiones Regionales del Uso del Borde Costero. Propuestas y diagnóstico fueron entregados a los Ministerios de Hacienda y Economía para su conocimiento y gestión,sostuvo Gonzalo Brahm, director de socios y desarrollo regional de Sofofa. 

El informe plantea “constituir una mesa de trabajo para analizar con los diferentes actores del borde costero, y entidades públicas participantes en los procesos ECMPOS”. El objetivo apunta a detallar “las dificultades prácticas y vacíos legales, que se han podido apreciar en el tiempo de tramitación de la ley”.

Igualmente,  el estudio solicita “revisar la Ley Lafkenche  y su reglamento, aclarando pasajes oscuros o poco claros. En particular revisar el efecto suspensivo que contempla, criterios para acreditar las superficies afectas a ECMPO y los usos consuetudinarios, y como el efecto suspensivo afecta los derechos de terceros”.

El objetivo es que el Ministerio de Desarrollo Social, estamento al cual pertenece Conadi, pueda “Resolver de manera oportuna los recursos de reclamación presentados por comunidades solicitantes”.

Entre otros requerimientos que planea el informe se encuentra también, “oficiar a CONADI y al Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de que informen respecto a los criterios que están aplicando para acreditar los usos consuetudinarios”.

Sofofa explicó que en las próximas semanas presentará el informe al gobierno a través del Ministerio de Economía.

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