VIVIENDA-SOCIAL

El valor de la Vivienda
no responde a las
necesidades actuales
de las ciudades chilenas.

Por Rocío Andrade Castro

Son viviendas sociales las viviendas económicas de hasta 400 UF y de hasta 520 UF cuando se trata de condominios de viviendas sociales. Para calcular el valor de una vivienda social, debe considerarse el valor de la construcción y del terreno donde esta se emplaza.

El concepto de Vivienda Económica también está definido legalmente, en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1959 (DFL 2). Las viviendas económicas deben construirse respetando las disposiciones del DFL 2 y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que contiene un Reglamento Especial de Viviendas Económicas. Su superficie no puede exceder los 140 m2.

Los propietarios de viviendas económicas cuentan con una serie de beneficios, entre los que se cuenta pagar menos impuestos territoriales por una cierta cantidad de años o estar exentos de pagar impuestos a la renta en caso de arrendarlas. Por su parte, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones exime a las viviendas económicas (y sociales) de cumplir ciertas normas.

Todas estas medidas fueron estipuladas para fomentar la construcción de viviendas, cuando la realidad de nuestras ciudades era otra. Desde entonces, la política habitacional ha avanzado en cobertura, pero también en calidad de la vivienda. Hoy se construyen casas de mayor superficie, mejor ubicadas y se está haciendo un esfuerzo importante no solo en construir nuevas viviendas, sino también en recuperar las existentes.

Por otra parte, en los últimos años se ha ido cambiando el foco de la propiedad de la vivienda al arriendo, reconociendo que las personas tienen distintas necesidades residenciales a lo largo de la vida y que lo importante es asegurar su acceso a la vivienda.

En este contexto, la definición de Vivienda Social por su valor en UF está obsoleta. La localización de la vivienda es clave para asegurar que las personas que la habitan accedan a bienes y servicios. Una buena ubicación en la ciudad implica un mayor valor del suelo, es más costoso construir viviendas en terrenos bien localizados. Al incluir el valor del suelo en la definición de Vivienda Social, se excluyen sectores de la ciudad donde es deseable que exista.

A esto se suma que las recomendaciones actuales apuntan a densificar las ciudades para aumentar su sostenibilidad, procurando cuidar la calidad de vida y del diseño urbano, así como también a fomentar la diversidad y combatir la segregación socioespacial. Todo esto significa que la Vivienda Social no puede quedar relegada a las afueras de las ciudades, hay que buscar formas de instalarla en suelos más caros.

También implica que hay que buscar soluciones constructivas que permitan densificar e insertar la Vivienda Social en barrios consolidados. Esto puede implicar mayores costos de construcción, como sucede con la recuperación de edificios patrimoniales, pero tiene efectos positivos en la ciudad.

El Informe de Propuestas para una Política de Suelo para la Integración Social Urbana del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ya evidenció este problema, proponiendo que se reemplace el concepto de Vivienda Social por el de Vivienda de Interés Público.

Esta es una alternativa para reconocer el verdadero valor de la Vivienda Social, cuyo objetivo debiera ser asegurar el acceso a la vivienda a todas las personas que lo requieran. La discusión sobre valor de la Vivienda Social va mucho más allá de un monto de dinero, consiste en promover una ciudad más equitativa, diversa e integrada.

De paso, conviene revisar también la definición de Vivienda Económica, analizando si los beneficios otorgados sus propietarios están favoreciendo a quienes realmente lo necesitan. Esto es particularmente importante si se considera el efecto redistributivo que tienen los impuestos, que va en directo beneficio de las personas a las que se quiere apoyar teniendo una definición adecuada de Vivienda Social.

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