INTERPELACION8

A las 11 de la mañana de
este miércoles se inició la
interpelación contra el ministro
de Justicia, Hernán Larraín(UDI),
iniciativa que estuvo a cargo de
la diputada comunista Carmen
Hertz, y que tenía como objetivo
que se explicaran las razones
del gobierno para retirar el Bono
Valech, proyecto que entregaba
una compensación única a
víctimas de la dictadura.

Durante el proceso que se realizó la mañana de este miércoles en el Congreso, el ministro de Justicia insistió en que el retiro del bono de reparación a víctimas de la dictadura se hizo por falta de recursos, y frente a los cuestionamientos por las acciones del Estado en torno a la reparación, señaló que “lo que tenemos que enfrentar es si como país solo nos vamos a quedar en esos hechos o vamos a avanzar, ¿cómo construimos un país unido reconciliado?”.

En sus dos horas de duración, en el encuentro se abordaron además asuntos como las vejaciones que se cometieron en el régimen de Augusto Pinochet y las acciones que ha realizado el Estado como reparación, y hasta el edificio de Valparaíso llegaron agrupaciones de derechos humanos y un grupo de manifestantes que pedían por “Libertad a los Héroes del ’73” e incluso hicieron un saludo fascista en la sala.

Hacia el final de la sesión, Carmen Hertz presentó una solicitud para reponer el proyecto que gatilló la interpelación, lo que finalmente fue aprobado por 74 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones.

1. La culpa es de Bachelet

“Este gobierno comenzó muy mal en su programa de DD.HH. Retiró este aporte miserable y tardío”, comenzó la intervención de Carmen Hertz, a lo que Larraín respondió en que las razones son “las dificultades de carácter financiero heredados del Gobierno anterior”.

Durante las dos horas, el ministro de Justicia insistió en la falta de recursos y aseguró que fue la administración de Michelle Bachelet la que no detalló la implementación de dicha iniciativa en la Ley de Presupuestos y se puso a “ingresar proyectos a última hora” cuando sabía que no podía financiarlos.

2 Impunidad

Durante la interpelación Carmen Hertz insistió en que el ministro respondiera si le parecía que el retiro del aporte –que calificó en reiteradas ocasiones como “miserable y tardío”– apuntaba a la reparación o si profundiza la impunidad para las víctimas de la dictadura.

Larraín detalló que en total el Estado de Chile ha desembolsado US$6.170 millones en términos de reparación, lo que incluye los US$632 millones por la Comisión Rettig, US$4.200 por los casos de exonerados, y US$1.141 por la Comisión Valech. Además explicó que se han destinado US$25 millones para archivos DIBAM destinados a la preservación de memoria y US$84 millones para el programa PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral de Salud).

“Yo no diría que eso es una cifra miserable. No se puede decir que Chile no ha hecho esfuerzos por reparar, pero hoy el país está en una situación de austeridad fiscal. No podemos que aquí se les han negado la sal y el agua, no es así”, declaró el ministro, quien además aseguro que la reparación “aún no ha terminado” y que la administración contempla crear una comisión calificadora permanente para las víctimas que no entraron en Rettif y Valech.

3. “Hay que seguir avanzando”

A lo largo de su intervención, Hertz le recalcó al ministro de Justicia que fue su sector el que apoyó la dictadura y detalló las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante ese período, que incluyeron vejámenes a menores de edad y mujeres embarazadas, allanamientos masivos, detenciones ilegales en la vía pública, ejecuciones desde el día uno y la tortura “como una práctica generalizada en los procedimientos policiales”.

Sin embargo, su argumentación fue esquivada por el ministro, quien respondió: “No puedo entender cómo se condice, me parece que esta insistencia de volver a decir las situaciones del pasado –que nadie está cuestionando–, no se condice una cosa con la otra. La descripción no se condice con el hecho mismo del retiro, creo que lo prudente es que nos circunscribamos a los hechos mismos de la interpelación”.

Larraín fue increpado por Hertz por calificar la dictadura como “gobierno militar” –”el gobierno militar fue una dictadura, ¿o alguien cree lo contrario?”, espetó– y luego dirigió su argumentación para señalar que “lo que tenemos que enfrentar es si como país solo nos vamos a quedar en esos hechos o vamos a avanzar, ¿cómo construimos un país unido reconciliado?”.

“Las nuevas generaciones piden saber la verdad de lo que ocurrió pero también quieren seguir avanzando”, insistió el ministro.

4. Comparación con pensiones de militares

En medio de la discusión sobre los recursos que el Estado chileno ha destinado como reparación, Hertz detalló que el promedio de las pensiones que reciben las víctimas de la dictadura es de $180 mil y además lo comparó con las cuantiosas sumas que reciben que hasta hoy siguen recibiendo los criminales y torturadores de la época.

La parlamentaria explicó que el Estado gasta 184 mil millones de pesos al mes en entregar pensiones a los torturadores y que esa cifra es el doble del apoyo único que contemplaba el proyecto retirado para los sobrevivientes de prisión política, que sumaba 91 mil millones de pesos.

“Son cuestiones que no son comparables, creo yo que las situaciones que se refieren a los militares corresponden a sus derechos constitucionales que no corresponde privar”, respondió Larraín, a lo que Hertz respondió que le parece que “es aberrante que los victimarios gocen de las pensiones que gozan”.

5. La carta que Larraín le envió a Pinochet

En medio de la discusión sobre el rol que deben tener las distintas instituciones del Estado en el proceso de reparación y el origen de las violaciones a los derechos humanos, Hertz aseguró que “estos hechos ocurrieron porque una elite política impuso un terror, una tiranía, esas son las razones por las que se llevaron a cabo estas practicas en contra la población”.

En ese momento, Larraín aseguró que “no es conveniente el camino de las recriminaciones y afirmar ‘nosotros somos los buenos, ustedes los malos’”. “Es necesario reconocer el grado de responsabilidad mayor o menor que cada uno tuvo en estos episodios y en esta triste historia, por qué Chile llegó a esos niveles de violencia, qué partidos políticos –que hoy están aquí sentados– proclamaban la violencia como forma de actuar”, agregó.

Además le señaló a Hertz que lo que no compartía su apreciación histórica ni los juicios de valor que hacía, pero que los entendía porque en el caso de ella también era “algo de carácter personal”.

En ese momento, la parlamentaria lo detuvo y le aclaró que las violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura están reconocidas internacionalmente y que “los hechos de los que hablamos son crímenes de lesa humanidad, no errores ni excesos de fuerza de la naturaleza humana, como usted escribió en una carta que envió al dictador en 1995”.

Fuente: http://www.eldesconcierto.cl

Revés del Gobierno:

Diputados votan reposición
de proyecto que repara a
víctimas de la dictadura.

Por Camilo Villa J.

Con 74 votos a favor, los legisladores aprobaron la iniciativa propuesta por Carmen Hertz durante su interpelación al ministro de justicia, Hernán Larraín, debido al retiro del proyecto que otorgaba 3 millones de pesos a ex prisioneros políticos.

La diputada comunista Carmen Hertz se preparaba hace días para la interpelación de este miércoles al ministro de justicia y derechos humanos, Hernán Larraín.

Y si para medir el éxito o fracaso del acontecimiento se utiliza la votación para el proyecto de reparación 2 que ella misma presentó, que consiste en volver a reponer la iniciativa de reparación a ex presos políticos de la dictadura que el actual gobierno retiró, le fue bien, porque la pre normativa fue aprobada con 74 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones.

El proyecto solicita al presidente Sebastián Piñera la reparación integral y que sea proporcional con el daño causado, lo que implica un aumento significativo del bono reparativo anual para poder igualar el ingreso mínimo en su división mensual. A la vez, busca inyectar recursos al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) para dotarlo de infraestructura y personal necesario.

Claro, la aprobación del proyecto llegó tras más de dos horas de intenso cruce de palabras entre Hertz y Larraín. El secretario de Estado fue interpelado precisamente por el retiro del proyecto de reparación que este miércoles los diputados volvieron a aprobar.

Poco antes de las 11 de la mañana, comenzó la interpelación. En ella, la diputada Carmen Hertz encaró a Larraín por el retiro del proyecto, ante lo cual el militante UDI respondió afirmando que su gobierno ha avanzado en materia de derechos humanos y reparación sobre la base de convenios internacionales.

Hertz afirmó que las reparaciones que ha hecho el Estado de Chile a las víctimas de la dictadura son miserables y tardías, ante lo cual Larraín replicó que él no considera miserables los 6.170 millones de pesos que, afirmó, se han entregado por concepto de reparación.

La parlamentaria comunista, que perdió a su esposo Carlos Berger en la llamada Caravana de la Muerte, incomodó al titular de justicia al recordarle que él habría solicitado personalidad jurídica para ex Colonia Dignidad. Larraín se defendió afirmando que el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Colonia Dignidad siempre contará con el respaldo de nuestro Gobierno”.

Otro punto que llamó la atención fue el reproche que la parlamentaria comunista hizo al titular de justicia por referirse como gobierno militar a la dictadura de Pinochet. “Uno puede hablar de dictadura, gobierno militar. El gobierno militar fue una dictadura ¿o alguien cree lo contrario?, respondió Larraín, añadiendo que por lo demás, esto no era el tema a discutir en la interpelación.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que la ocasión mostró la verdadera cara del gobierno de turno, que no está comprometido con la búsqueda de la verdad y justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.

“Hemos presenciado una interpelación en la cual se confirma la falta de voluntad política de un gobierno que tiene a su haber muchos integrantes de la dictadura cívico militar, responsable de los crímenes de lesa humanidad, motivo por el cual está siendo interpelado (Larraín). Estamos acá, y hemos visto un ministro que, incluso, para referirse a una dictadura, se refiere a ella como un gobierno militar. La verdad es que ese Chile, que no ha sido capaz de hacer verdad y justicia, es el que hemos visto en las respuestas de hoy del ministro de justicia y derechos humanos”.

Por su parte, el diputado PPD Tucapel Jiménez se mostró sorprendido por la insistencia que, según él, hace Hernán Larraín de defender la que las millonarias pensiones a violadores de derechos humanos son producto de su trabajo.

“Lo que más me llama la atención de todo lo que se dijo, es que el ministro siga insistiendo en que las pensiones de los violadores de derechos humanos se las han ganado. Debo recordarles a los chilenos, que las pensiones de ellos se las paga en un 95 por ciento el Estado, no es una cotización individual como lo hacen el resto de los chilenos, y si ese trabajo que han hecho ha sido asesinar y torturar, debe hacernos sentir vergüenza como país. Creo que el gobierno perdió una oportunidad, quedamos foja cero nuevamente”.

Quien también tuvo palabras fue el diputado DC Mario Venegas, quien afirmó que para la derecha, ayudar a las víctimas del terrorismo de Estado es ayudar a los terroristas, y para el ministro Larraín, es un gasto que no procede.

¿Alguien podría señalar que 3 millones de pesos, por una sola vez, representan una cifra desproporcionada, para reparar tanta vejación?, se cuestionó el representante de la Región de la Araucanía.

El gobierno justificó el retiro del proyecto catalogándolo de inviable por la significativa suma de dinero que representan tres millones de pesos a cada uno de los ex prisioneros políticos de la dictadura. La oposición indicó, por su parte, que hubo estudios previos que comprueban la factibilidad de la reparación y que simplemente el ejecutivo carece de la voluntad para concretarla.

ClariNet