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Cómo el Tribunal
Constitucional y la
Contraloría se
convirtieron en
protagonistas de
la pugna política.

A diferencia del Contralor, que puede ser acusado, en determinadas circunstancias, constitucionalmente, no hay métodos para destituir a un integrante del TC.

Un requerimiento a la Contraloría detuvo, en los hechos, el nombramiento de Pablo Piñera, hermano del Presidente, como embajador en Argentina. Hasta el jueves de la semana pasada, La Moneda y Chile Vamos intentaron salvar la designación impugnando al abogado que presentó el escrito en que se acusaba nepotismo. Pero el Contralor, Jorge Bermúdez, anunció que su decisión al respecto podría tardar hasta seis meses y el Ejecutivo debió echar pie atrás.

Ahora, la misma institución tiene en sus manos determinar la validez del reglamento sobre aplicación del aborto en tres causales, que consolida la objeción de conciencia institucional para clínicas que reciben recursos públicos, lo que estaba prohibido en la ley.

Bermúdez anunció que recién podrá tener un veredicto al respecto la próxima semana, argumentando que la institución está sobrepasada. Antes de que Contraloría revisara el tema, los alcances del aborto en tres causales fue revisado en el Tribunal Constitucional que determinó que “la objeción de conciencia puede ser planteada legítimamente por sujetos jurídicos o asociaciones privadas”, y que “pueden hacerla valer las instituciones religiosas, personas jurídicas o entidades con idearios confesionales que se proyectan hacia el ámbito de la salud”.

No son los únicos temas en que la última palabra no está en el Parlamento ni en el Ejecutivo. Más allá de los controles administrativos, Contraloría y el TC se han convertido en un nuevo campo de batalla, al punto de que el próximo miércoles, el Senado realizará una sesión especial en la que se abordará el rol del Tribunal Constitucional luego de que las bancadas opositoras acusaran “una modificación sustancial de las normas aprobadas democráticamente”, a través de los fallos de la entidad en proyectos emblemáticos como el fortalecimiento del Sernac, la interrupción del embarazo en tres causales, y el lucro en educación superior. A la cita están convocados el presidente del Tribunal, Iván Aróstica, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Según el experto constitucionalista, Jaime Bassa, lo que demuestra esta preocupación del Senado es la “irresponsabilidad”  de ambos organismos, en cuanto a que no existe un mecanismo institucional que establezca un marco de control, lo que ha hecho que las organizaciones se conviertan en entes “un poco expansivos respecto de la autocomprensión de sus competencias. La determinación de si un asunto es de competencia de Contraloría o el TC queda a su arbitrio. Es lo que pasó con el fallo sobre el lucro en la Educación Superior: el artículo 63 terminó siendo LOC porque el TC argumentó que requería ese quórum. No era manifiesto”.

Bassa ejemplifica con que él fue parte del grupo de 17 académicos que interpusieron ante el TC un recurso de nulidad para que el organismo revisara sus competencias y la entidad decidió que ni siquiera debía pronunciarse sobre el tema. El desafío, asegura, es avanzar en un estatuto que establezca la responsabilidad administrativa, jurídica y constitucional.

“Está claro que hay que revisar cómo funcionan estas instituciones. La irrupción de un referente político nuevo genera un cambio significativo en la Cámara y el Senado. Quiénes están por mantener las cosas igual, los actores de la vieja política, están tensionando al TC y a Contraloría para que se pronuncien sobre temas en los que antes no intervenían”.

A diferencia del Contralor, que puede ser acusado en determinadas circunstancias constitucionalmente, no hay métodos para destituir a un integrante del TC.

Sobre esta materia, el constitucionalista Patricio Zapata, advierte que hay riesgos en establecer fiscalizaciones. “A veces por frenar una conducta inadecuada se creen condiciones para otro tipo de abusos, lo que ha pasado en Perú, donde el Parlamento ha destituido por motivaciones políticas a los integrantes del TC. No tengo tan claro si se podría aplicar una acusación constitucional, porque podría ser usado por una mayoría para deshacerse de quienes no comparten una opinión. Sí lo analizaría si se establece respecto de razones graves, como notable abandono deberes, conductas graves y sistemáticas, y por 2/3 del Senado como ocurre con el Presidente”.

Al respecto, agrega que no es que hoy estén trabajando más la Contraloría y el TC, sino que han adquirido, precisa, mayor visibilidad. “En momentos de disputa política se hacen más visible porque los actores acuden a Contraloría y al TC para dar una señal de que su planteamiento no sólo es correcto, sino que corresponde en derecho. A veces es sólo un saludo a la bandera. Cuando el actual gobierno fue oposición sus parlamentarios prácticamente tenían instalada una carpa fuera de Contraloría. Nicolás Monckeberg era habitual”, detalla.


En cuanto al TC, plantea que “este tribunal ha tenido y ha querido intervenir en asuntos muy polémicos, por lo tanto, las críticas son esperables si abordas temas como el aborto o la ley de educación universitaria”.

ClariNet