DOSSIER-ASESINATO8

Una recopilación de notas,
información y opinión de
diversos colaboradores y
de medios amigos.

La evidencia policial que confirmó el

testimonio clave del menor que

acompañaba al comunero Catrillanca

“Luego me tiran al suelo y me subieron a la tanqueta. Ahí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación. La guardó. Puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar. Cuando estaba esposado va un carabinero por detrás y me pega con la UZI”. 

Este es uno de los momentos clave que describe el menor M.P.C. (15 años) en su primera declaración. El cruce de ese relato con el parte policial del grupo del GOPE que actuó en la muerte de Catrillanca y con la grabación de otros efectivos que llegaron al lugar, permitió constatar que se destruyeron pruebas.

El menor acompañaba al joven comunero cuando recibió el tiro mortal. Fue golpeado y trasladado a la Comisaría de Collipulli sin saber por qué estaba detenido. Vea acá su relato y la identidad de los policías que fueron dados de baja (Actualizada).

“Cuando dimos vuelta el tractor avanzamos hacia adelante y Carabineros dispara. Estábamos de espalda. Había uno de ellos con cámara. Él fue que disparó”. Este es parte del relato que hizo el menor M.P.C., de 15 años, que acompañaba al joven comunero mapuche Camilo Catrillanca cuando este fue abatido por Carabineros el pasado miércoles 14 de noviembre. CIPER obtuvo la primera declaración del menor, la que fue clave para demostrar que cuatro funcionarios policiales destruyeron evidencia, lo que motivó que el domingo 18 fueran dados de baja. Junto a ellos, también pasaron a retiro dos altos oficiales de La Araucanía por su responsabilidad de mando.

CIPER confirmó la identidad de los cuatro integrantes del GOPE de Carabineros que fueron apartados de las filas por haber destruido las grabaciones de la cámara que uno de ellos portaba: el suboficial Patricio Sepúlveda (a cargo del grupo); el sargento 2° Raúl Ávila (quien llevaba la cámara Go Pro cuyas imágenes fueron borradas); el sargento 1° Carlos Alarcón y el cabo Braulio Valenzuela.

Los cuatro policías formaban parte de la patrulla que llegó primero al interior de la comunidad de Temucuicui, donde se encontraban Catrillanca y el menor M.P.C., a bordo de un tractor. Un quinto integrante de la patrulla es el cabo Gonzalo Pérez, chofer del vehículo J-040 en el que se trasladaba el grupo. Este último no se habría bajado del vehículo policial, por lo que no fue objeto de sanciones.

EL TESTIMONIO CLAVE

Este es el relato íntegro que hizo el menor M.P.C. en la noche del miércoles 14 de noviembre, el mismo día en que resultó muerto Camilo Catrillanca:

“Nosotros estábamos en la casa de Marcelo, con Camilo (Catrillanca), y luego salimos hacia la casa de Camilo en La Romana y nos pillamos que estaba cortado el camino y tratamos de pasar por un atajo, cuando nos encontramos con Fuerzas Especiales a pie. Ellos aparecieron de repente, apuntando. Aparecen 20 fuerzas especiales de infantería y comenzaron a disparar a quemarropa.

Cuando dimos vuelta el tractor avanzamos hacia delante y Carabineros dispara. Estábamos de espalda. Había uno de ellos con cámara. Él fue que disparó.

Ellos estaban disparando a nuestras espaldas, primero balines de goma, pero, de repente, mandó como 4 o 5 disparos al aire y hacia nosotros, ya que las balas rebotaban en el tractor.

Camilo iba manejando y me grita ‘agáchate’. Me agacho y veo hacia la izquierda y veo que estaba botando una cosa amarilla por la nariz. Paré el tractor, me bajé con los brazos en alto y grito: ‘Le dieron’, ‘le dieron’. 

Luego me tiran al suelo y me subieron a la tanqueta. Ahí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación. La guardó. Puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar. Cuando estaba esposado va un carabinero por detrás y me pega con la (subametralladora) UZI. Viene otro por detrás, que le decían coronel, y me pegó nuevamente.

Me ponen la esposa de plástico y me pegaban patadas y me decían ‘parate culiao’. Me levantan y veo al Camilo y lo entran.

Me pegan un ‘paipe’ (manotazo en la cabeza), me golpean con la puerta de la tanqueta y me suben. Llevan a Camilo a Ercilla.

Cuando me detienen, a Camilo lo bajan del tractor y se gritaban: ‘La mansa cagaita’, pa que chucha se pusieron a webear’. Lo llevan al Cesfam de Ercilla”.

Una vez detenido, M.P.C. fue trasladado a constatar lesiones y luego a la Comisaría de Collipulli. Según su relato, llegó a esa unidad aún sin saber por qué estaba detenido. De hecho, la lectura de sus derechos se la hicieron recién a las 1:00 del jueves 15 de noviembre, al interior de la 2a Comisaría de Collipulli. Ese procedimiento estuvo a cargo del suboficial Eduardo Guirrimán.

En la misma comisaría permanecían otros cinco menores que habían sido detenidos en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Ercilla, cuando intentaban averiguar qué había pasado con Camilo Catrillanca, quien había llegado herido hasta ese centro asistencial. Más tarde, todos fueron puestos en libertad.

DUDAS EN LA FISCALÍA

Este testimonio inicial de M.P.C. fue tomado por una abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cuando el adolescente aún estaba detenido en la Comisaría de Collipulli. Ese informe no ha sido entregado oficialmente a la Fiscalía (vea nota de la redacción al final de este artículo).

A la misma hora en que la abogada del INDH le tomaba declaración al menor M. P. C. en la 2acomisaría de Collipulli llegaban los carabineros involucrados a prestar declaración ante el Ministerio Público. Pasadas las once de la noche del miércoles 14 de noviembre los integrantes del GOPE se apersonaron ante los fiscales. Entregaron sus testimonios hasta las ocho de la mañana del día siguiente.

Lo primero que llamó la atención de los persecutores fue que los efectivos del GOPE se tardaron demasiado en llegar a prestar declaración. Lo segundo fue que llegaron acompañados por abogados. El jueves 15 se inició una investigación por oficio. La investigación por el asesinato de Catrillanca fue encomendada a Roberto Garrido, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

CIPER contrastó el parte policial elaborado por los integrantes del GOPE el mismo día miércoles 14 con el testimonio que el menor M.P.C. entregó a una abogada del INDH. Y lo primero que salta a la vista es que la declaración del menor era contradictoria con la información entregada inicialmente por Carabineros. El relato de los funcionarios policiales aseguraba que los cuatro integrantes del GOPE que participaron en el operativo no portaban cámaras. Pero M.P.C. afirma lo contrario.

Además, el Ministerio Público revisó otras grabaciones aportadas por efectivos de Fuerzas Especiales que llegaron con posterioridad al sitio del suceso. Allí se aprecia claramente que uno de los cuatro policías que integraban la patrulla desde donde se disparó al tractor que conducía Catrillanca, sí portaba una cámara Go Pro. Esto ratificó que todos los integrantes del GOPE mintieron en sus declaraciones iniciales.

Con este antecedente clave –que corroboró el primer testimonio del menor M.P.C.– la versión inicial de Carabineros se desmoronó. Y con ello se descartó la información original, transmitida por el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, en la que se dijo que Catrillanca había participado en el asalto y robo de tres automóviles a profesoras de una escuela de Ercilla, delito que originó el operativo policial que culminó con la muerte del joven comunero.

Otro antecedente que ratificó que el menor M.P.C. decía la verdad es un documento policial al que tuvo acceso CIPER. Es la declaración voluntaria que prestó el equipo  del GOPE que participó directamente en la muerte de Camilo Catrillanca y en la detención del menor M.P.C. Allí se lee:

“Este personal es atacado con armas de fuego provenientes del costado izquierdo, pero sí sentí los impactos que rebotaban y se sentían pasar cerca de nuestros cuerpos. Ante tal situación se hace uso de las armas de fuego de cargo fiscal, efectuando disparos disuasivos y controlados a lugares seguros con la intención de emplear el sonido acústico para que los antisociales cesen el fuego, en estos instantes al seguir avanzando por el citado camino se observa que un tractor con las características señaladas por el personal de la Aeropolicial, al ver nuestra presencia, efectúa una maniobra de viraje para retornar por la misma ruta, perdiendo el vehículo de vista, y avanzando un par de metros nos percatamos que se encontraba al lado izquierdo del camino, pudiendo observar a uno de los individuos que procedió a darse a la fuga.

Alcanzado a las 17:03 y siendo reducido por el sargento 2° Raúl Ávila Morales, el cual se identifica como M.P.C., edad 15 años, chileno, soltero, estudios medios, domicilio: comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla”.

Esta declaración del grupo policial corroboró el primer testimonio que entregó el menor M.P.C. a la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos: efectivamente él fue detenido por el mismo carabinero que portaba la cámara que captó todo lo ocurrido al momento de la muerte de Catrillanca. El mismo suboficial que luego sacó la tarjeta de la memoria, cambiándola por otra, con lo cual borró la evidencia de los hechos. Ese policía es el sargento 2° Raúl Ávila Morales, a quien M.P.C. identifica como el autor de los disparos que provocaron la muerte de Camilo Catrillanca.

El domingo 18 a las 09:00 el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, flanqueado por el ministro del Interior (s) Rodrigo Ubilla y el general director de Carabineros, Hermes Soto, anunció la baja de los policías involucrados. Además, informó que el gobierno aceptó las renuncias del jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía, general Mauro Victtoriano, y del prefecto de la Fuerzas Especiales en la misma región, coronel Iván Contreras. A diferencia de los cuatro funcionarios del GOPE que fueron dados de baja, estos dos altos oficiales accederán a todos los beneficios del retiro una vez que salgan de la institución.

En la mañana del lunes 19 de noviembre, el fiscal Roberto Garrido le tomó declaraciones al menor M.P.C.

Esta sucesión de declaraciones y evidencias ha dejado en claro la veracidad del testimonio del menor M.P.C. Por ello, tanto la Fiscalía, como su familia y la comunidad a la que pertenece, han tomado todas las medidas para garantizar su seguridad.

“¿Cuál, el finao’, el que matamos?”:

Revelan relato completo de joven que estaba

con Camilo Catrillanca cuando fue asesinado

El adolescente de 15 años relató que los uniformados intentaron reanimar a Catrillanca luego de haberlo herido, y que luego lo trasladaron hasta el Cesfam de Ercilla, pero que todo se realizó con lentitud y que incluso "se dieron una vuelta a la plaza" antes de llegar hasta el centro de salud.

Habían estado todo el día en la casa de Camilo Catrillanca junto a otras cuatro personas, trabajando en el piso de la casa, y querían matar un cordero pero como les faltaba cilantro, después de almuerzo decidieron partir en el tractor a la casa de la mamá de Camilo. Fue esa la decisión que llevó al joven de 24 años, y al adolescente de 15 años que lo acompañaba, a encontrarse con el operativo del Comando Jungla que finalmente asesinó al primero.

Este miércoles Radio Bío Bío reveló la declaración completa del menor de edad de iniciales M.P.C. que se convirtió en el testigo clave del hecho, y quien relató que a medio camino decidieron devolverse porque “andaba el pájaro volando” y para evitar que les pasara algo.

“Entonces nos devolvimos y cuando veníamos, como había un corte de camino con árboles, más adelante íbamos a tomar el camino que está por la derecha y justo cuando el peñi Camilo iba entrando vimos tres carabineros y escuché un disparo de escopeta en la parte lateral del tractor; saltó pintura”, relató.

Ante esto, se devolvieron por el mismo camino por el que venían hasta que aparecieron dos carabineros de entre las espinas, quienes comenzaron a dispararle a la parte trasera del tractor “en ráfaga”, y por esa razón, Camilo le advirtió al joven que se agachara.

“Después me dijo de nuevo ‘agáchate’ y ahí yo me agaché más, su voz era más bajoneada, era distinta a como me lo decía siempre y ahí él iba como agachado y después se escuchó otra ráfaga y ahí fue cuando mi peñi se iba en el tractor para el lado. Le salió líquido de la nariz, entonces yo frené el tractor, pisó el freno y dio vuelta la llave quitando el contacto”, agregó.

El adolescente se bajó del tractor con las manos en la cabeza y le advirtió a los uniformados que habían herido a su compañero pero no lo tomaron en cuenta y lo tiraron al suelo, lo hicieron ponerse boca abajo, lo amarraron de manos y pies y lo empezaron a agredir, incluso, con una subametralladora Uzi. También recibió una serie de insultos, y luego de un rato, los carabineros decidieron ponerlo de pie contra una tanqueta.

“Ahí veo que mi compañero estaba en el tractor y un carabinero le pone algo en la cabeza y le trata de hacer reanimación arriba del tractor… La primera vez que nos dispararon los carabineros, como dije vi a tres, el del medio disparó con una escopeta y el del lado derecho iba con la cámara que era el mismo que se cambió la cuestión negra de la cámara en la tanqueta“, relató.

Ambos fueron trasladados en vehículos diferentes, y el menor contó que “cuando íbamos llegando a Ercilla pasa por el lado la camioneta Dodge con mi compañero herido y ellos se dieron hasta una vuelta a la plaza antes de llevarlo al Cesfam“.

El adolescente fue llevado hasta la Comisaría de Ercilla, donde estuvo en los calabozos con sus extremidades esposadas. “Yo también le preguntaba cómo estaba mi compañero y ellos me decían ‘¿cuál, el finao’, el que matamos?’”.

“Yo les pregunté si era en serio, y ellos me dijeron ‘no te estoy diciendo que lo matamos, huevón’. Como 40 minutos después me llevaron a Collipulli porque llegaron más peñis, me llevaron a constatar lesiones y el doctor me preguntó si me dolía alguna parte y yo le dije todas las partes donde me dolía y me tocó donde le dije y me dijo ‘ahhh no tenís nada’”, agregó.

Finalmente, el joven contó que “cuando carabineros le hizo reanimación en el tractor a mi compañero, él estaba con toda la ropa y cuando lo bajaron de la Dodge en el Cesfam de Ercilla él ya venía sin ropa“.

INDH tras presenciar autopsia a Catrillanca:

Munición corresponde a la utilizada por Carabineros

La jornada del miércoles el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó tres querellas por la muerte de Camilo Catrillanca en medio de un operativo del Comando Jungla de Carabineros en Ercilla.

Específicamente, la primera es por homicidio calificado, la segunda por cuasidelito de homicidio respecto de un adolescente, y la tercera por obstrucción a la investigación.

Asimismo, en el documento indicaron que presenciaron la autopsia realizada en el Servicio Médico Legal (SML), en la que “se apreció la herida mortal que consiste en una herida en la parte de atrás de la cabeza (nuca). La bala que habría ingresado a la cabeza por la nuca de la víctima es de la munición denominada con ‘encamisado de plomo’ que corresponde al armamento utilizado por Carabineros de Chile”.

Al momento de presentar el recurso judicial, la directora de INDH, Consuelo Contreras, acusó que “ambos estaban desarmados. Las balas fueron no sólo una, son 23 balas las que tiene el tractor. Se cambiaron de balines de goma a bala y quienes disparaban era un equipo profesional”.

En tanto, este jueves, la familia de la víctima llegó hasta las dependencias del Juzgado de Garantía de Collipulli, acompañados por el abogado Nelson Miranda, para presentar una querella.

Con esta acción legal se busca esclarecer las circunstancias de la muerte del joven de 24 años.

Familia presenta querella por

homicidio de Camilo Catrillanca

Familiares de Camilo Catrillanca interponen una querella por el homicidio del joven comunero en medio de un operativo del Comando Jungla en Ercilla.

De esta manera la familia de la víctima llegó hasta las dependencias del Juzgado de Garantía de la comuna de Collipulli -en La Araucanía- acompañados por el abogado Nelson Miranda.

Con esta acción legal se busca esclarecer las circunstancias de la muerte del joven de 24 años.

Durante la mañana representantes de diversas comunidades mapuche de la zona han llegado hasta el centro de justicia, para prestar apoyo a los parientes de Catrillanca.

Al menos 3 unidades de Carabineros se encuentran en las cercanías resguardando el lugar.

COMANDO JUNGLA: MATANDO AL ENEMIGO

Por Marcel Garcés Muñoz

Tras cuatro días de mentiras, de manipulación mediática, de declaraciones altaneras desde La Moneda, en defensa del proceder de la policía y de calumnias contra  los comuneros mapuches, el ministro del Interior y Vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, se ha tenido que tragar la soberbia y reconocer la responsabilidad de Carabineros en el alevoso asesinato del nuevo mártir mapuche, Camilo  Catrillanca.

Originalmente, como quedo expresamente registrado en El Mercurio (domingo  18 de noviembre), Chadwick defendió el proceder de Carabineros. “Respaldamos a Carabineros en cumplimiento de su deber, en auxiliar a las víctimas de un grave y violento asalto y perseguir a los delincuentes  para recuperar los autos robados, también en su derecho a legitima defensa, si es atacado en forma violenta, siempre con respeto y pleno cumplimiento de la ley y los reglamentos internos”, dijo el personero gubernamental.

La respuesta de la autoridad fué , “respaldamos”, el accionar de  los carabineros,  y justificó el asesinato de Camilo Catrillanca , afirmando que  consideró que el crimen, fue “legítima defensa”, de parte de la patrulla policial.

Luego, tras el reconocimiento policial de que se mintió descaradamente y que las evidencias constatadas judicialmente, confirmaron la falsedad de la versión de Carabineros y de La Moneda, se vieron forzados a reconocer el crimen.

Lo que se veía venir. Lo que alertamos hace meses ha sucedido, cobrando su primera víctima civil en esta versión 2018, de la “pacificación de La Araucanía”. La  militarización del conflicto en  la región mapuche, la amenaza de una represión criminal contra las legítimas demandas del principal pueblo originario del país, ha cobrado su primera víctima fatal.

Un joven mapuche, Camilio Castrillanca, de 24 años, nieto de un lonco de una comunidad de Temucuicui, caracterizado como partidario del dialogo, fue alevosamente ultimado por un destacamento armado hasta los dientes, con una operación combinada de blindados, helicópteros y fuerzas del GOPE y tropas del llamado Comando Jungla, grupo policial de exterminio entrenado en operaciones y táctica contrainsurgente, en el esquema de guerra interna en la cual se entrenaron en Colombia y  Estados Unidos.

Los antecedentes  señalan que Catrillanca, laboraba en su tractor, cuando fue interrumpido y baleado alevosamente y por la espalda, por una fuerza policial, que estaría desarrollando un procedimiento, según han declarado las fuentes oficiales, tras el robo de vehículos en Ercilla.

No existe ninguna evidencia ni constancia de que Catrillanca hubiera tenido participación alguna en  hechos, como ha sido aducido en las versiones policiales, como en un  supuesto ataque con armas de fuego en su contra.

Lo único claro es que los tiradores escogidos policiales hicieron su bautizo de fuego,  baleando a un joven comunero que labraba la tierra, ensangrentando nuevamente de sangre mapuche el uniforme de Carabineros, ya suficientemente ensuciado con la corrupción y el saqueo del erario nacional. Y además torturaron y golpearon a un joven de 15 años que le acompañaba en sus labores, para amedrentarlo y evitar que atestiguara sobre los hechos.

¿Hasta dónde quieren llegar? preguntamos cuando se instaló el Comando Jungla, ( Equipo Táctico Multidisciplinario) en el territorio mapuche, cuando el ministro del Interior,  Andrés Chadwick,  en las actuales circunstancias, en calidad de Vicepresidente del país por ausencia del presidente Sebastián Piñera,  proclamó el imperio de la Ley Antiterrorista en territorio mapuche.

Lo que resulta meridianamente claro, a la luz de los hechos, que intentaron ser ocultados, tergiversados, manipulados, es la responsabilidad  como hechores del crimen, de las fuerzas policiales, aunque el Director General de la institución,  Hermes Soto,   aseguró en declaraciones de prensa, que ningún efectivo del Comando Jungla-participó en los hechos, sino que fueron del GOPE. ¡Como si tuviera importancia la diferencia de quién gatilló el arma homicida!

De acuerdo  a las versiones policiales iniciales, el piloto del helicóptero que coordinaba la acción policial, Catrillanca  había sido identificado desde el aire, huyendo desde la caravana de tres vehículos, señalados como robados. Otra mentira, como las que pretenden acostumbrarnos las fuentes policiales.

Lo que está claro es que, la credibilidad de las autoridades policiales, sobre todo después del episodio de la Operación Huracán, y los casos de corrupción institucionales, así como del Gobierno, es cero.

Y porque el tema de fondo es la responsabilidad política de las autoridades gubernamentales, que han instalado la represión militarizada como respuesta a las demandas legitimas del pueblo mapuche, y han privilegiado como estrategia y táctica la lucha terrorista antisubversiva, caracterizándolos como “el enemigo”.

De manera que resulta legitimo en el momento, la exigencia de responsabilidad política y criminal, como autores intelectuales y jefes directos de los hechores pero sobre todo como instigadores de la violencia con resultado de muerte, del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, del Subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, del Intendente de la  novena Region de La Araucanía, Luis Mayol. Si tuvieran vergüenza, dejarían sus cargos.

Hasta ahora solo han respondido, con sus renuncias,  en una de las  consabidas “operaciones fusibles”, para eludir responsabilidades mayores,  el jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía, Mauro Victoriano Krebs y el prefecto de las FF.EE de la región, Iván Contreras y se ha anunciado la baja de los cuatro efectivos que ocultaron la manipulación de las cámaras  de vigilancia, donde estaban grabados los hechos, con el objetivo delictual de eliminar las evidencias.

El Mercurio habla por ello de “una serie de inconsistencias” en las versiones de Carabineros, cuyo objetivo ha sido  impedir el accionar de la justicia.

De manera que el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene un problema. Y está pagando el precio de la militarización del conflicto histórico, político, de Derechos Humanos del Estado chileno contra el pueblo mapuche. Desde luego  su plan Araucanía, la recuperación de las “confianzas” de las que se ha hablado y el proyecto presidencial de su ministro estrella, Alfredo Moreno, titular de Desarrollo Social, su plataforma electoral presidencial para 2022, va tener objetivas dificultades en La Araucanía y en el país.

Pero la ciudadanía chilena, también tiene un problema, si no se actúa con fuerza y determinación: el de la implantación de la “guerra interna” en el escenario del país, que puede caracterizar como “enemigos” a los estudiantes, los trabajadores, a los demócratas, a las mujeres, a los medioambientalistas, a los manifestantes de tantas causas justas, a la oposición, a las minorías sexuales, a los migrantes, a los pobladores.

Hay que detener  esa tendencia irrefrenable que se expresa desde La moneda, a dividir a los chilenos entre amigos y enemigos, en buenos y malos, patriotas o antipatriotas  y todos los términos que se les ocurra a sus publicistas, para mantener una confrontación  falsa, pero claramente peligrosa.

Ya se sabe, y lo confirma el episodio vivido en La Araucanía: de la retórica, fácilmente se pasa a las balas., sobre todo cuando se dispone del aparato militar, se criminaliza al opositor y no se tienen escrúpulos para utilizar las armas como argumento definitivo.

En cuanto al pueblo mapuche, no se ha dejado amedrentar y anunció en medio del dolor y la indignación, en el funeral de quien han caracterizado como “weichafe” (guerrero) de la nación mapuche ,  esfuerzos  de unidad y fortalecimiento de la resistencia a la política de agresión y represión  por parte del Estado chileno.

 Héctor Llaitul,, que habló en el funeral de Catrillanca este sábado 17, en representación de los organismos de resistencia territorial (ORT),  fue enfático: “Nosotros entendemos que en este camino de la lucha del pueblo mapuche por el territorio y la autonomía , nuestro weichafe nos dará la energía necesaria para seguir combatiendo a nuestros enemigos, quienes están en el sistema y el estado capitalista.”.

Y por su parte el abuelo de Camilo Catrillanca, y lonco de la comunidad de Temucuicui, Juan Catrillanca llamó a rechazar cualquier diálogo con el gobierno de Sebastián Piñera, afirmando que “es la hora de unirnos y no quedarnos con las migajas de la propuesta que Piñera trajo a la región. Esa es la lucha y el motivo para que una vez por todas nos unamos”.

Mapuches muertos en incidentes policiales:

cuando la justicia probó montaje y violencia innecesaria

La muerte de Camilo Catrillanca, miembro de la comunidad mapuche Temucuicui Tradicional que murió en medio de un operativo policial del Comando Jungla de Carabineros, volvió a agitar el conflicto territorial en La Araucanía.

Inmediatamente, los detractores de la presencia de la fuerza especial de seguridad en la zona comenzaron a recordar episodios protagonizados por el uso desmedido de la fuerza policial.

Si se estableciera responsabilidad policial, Catrillanca se encumbraría como la cuarta víctima tras los casos de Alex Lemún Saavedra (2002), Matías Catrileo Quezada (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009).

Alex Lemún

Fue un joven estudiante chileno y comunero mapuche, perteneciente a la comunidad Requen Lemún Bajo, que murió a los 17 años, el 12 de noviembre de 2002, en un acto de ocupación de terrenos realizada por parte de la comunidad Montutui Mapu, en el fundo Santa Elisa (comuna de Ercilla), perteneciente a la empresa Forestal Mininco.

Lemún recibió en la cabeza el impacto de un perdigón de plomo de una escopeta Winchester calibre 12, disparado por el mayor Marco Aurelio Treuer.

Tras el episodio, Carabineros habló de un enfrentamiento, y -en su versión- el policía sostuvo que había oído un disparo y una bala había pasado cerca de él y sus hombres, razón por la que decidió utilizar munición real para protegerlos.

Pero no se encontraron pruebas materiales que demostraran que los ocupantes habían disparado un arma ni tampoco se halló ningún casquillo de bala aparte de los usados por la policía.

Pero dicha versión, durante la investigación, se demostró falsa. El fiscal a cargo del caso concluyó que cuando el mayor Treuer efectuó el disparo mortal no existía un peligro real e inminente para su integridad -y la de sus subordinados- que justificara utilizar la escopeta. Al mismo tiempo sostuvo que la violencia ejercida en el momento de los hechos fue del todo innecesaria y no encontró motivo racional que la justifique.

Pese a ello, apeló a la Corte Marcial, la que desestimó los cargos.

La Corte Suprema, recién en 2017, a instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dispuso reabrir el caso sobreseído temporalmente y que fuera investigado por la justicia civil, en cuyo proceso fue procesado el exoficial.

Matías Catrileo

Fue un estudiante universitario chileno de etnia mapuche que murió el 3 de enero de 2008 mientras participaba en la ocupación del exfundo Santa Margarita, propiedad del agricultor Jorge Luchsinger.

El joven fue abatido por el cabo segundo Walter Ramírez Inostroza, quien le disparó en el costado con una subametralladora Uzi perforándole el pulmón, lo que le causó la muerte unos minutos más tarde.

Una versión inicial del hecho intentó probar que Catrileo había fallecido en un enfrentamiento armado contra Carabineros, pero después se determinó que Ramírez había empleado “sin motivo racional, violencias innecesarias”​ en la ejecución de sus órdenes.

Aunque el abogado del uniformado alegó que actuó en defensa propia, Ramírez fue condenado por la justicia militar a 3 años y un día de presidio bajo el régimen de libertad vigilada por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, cuya sentencia fue confirmada a fines de 2011 por la Corte Suprema. Tras ello, Carabineros degradó al acusado bajo la causal de “faltas a la ética profesional”.

La muerte del matrimonio conformado por el empresario Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, el 4 de enero de 2013, fue consecuencia de las acciones de protesta de un grupo de desconocidos a raíz del quinto aniversario del asesinato de Catrileo.

Jaime Mendoza

Fue un joven mapuche asesinado el 12 de agosto de 2009, por acción de un efectivo de Carabineros, tras participar en la ocupación del Fundo San Sebastián de Angol, que las comunidades mapuche del sector reclaman como territorio ancestral.

Tras ello, Mendoza Collío huyó hacia su comunidad Requén Pillán, ubicada en Ercilla. Y en el trayecto, específicamente en la Comunidad Requén Cabrapán de la misma comuna, falleció tras recibir un disparo del cabo Miguel Patricio Jara Muñoz, quien formaba parte de una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

El episodio ocurrió cerca del lugar en que murió Alex Lemún. En un principio, la policía uniformada señaló que Jara actuó en legítima defensa. Sin embargo, el examen forense a los restos del comunero evidenció que no había ocupado arma de fuego y que recibió un disparo por la espalda.

Asimismo, trascendió en la prensa que el casco policial -que mostraba perdigones incrustados y que probaba la tesis de la legítima defensa- habría estado vacío cuando fue impactado. En 2010, la justicia militar, confirmó la tesis del montaje a través de peritajes realizados por la PDI.

Dicha instancia lo condenó a cinco años y 1 día el 11 de noviembre de 2011. Pero la Corte Marcial de Santiago lo absolvió al año siguiente. Finalmente, la Corte Suprema revirtió la situación y lo condenó a tres años y 1 dia el 21 de agosto de 2013.

En tanto, otros involucrados en la toma de tierras fueron acusados por el delito de usurpación violenta y daños simples, aunque el Juzgado de Garantía de Angol los absolvió el 11 de octubre de 2013, cuya decisión fue avalada por la Corte de Apelaciones de Temuco el 6 de diciembre de 2013.

¿UNA SEGUNDA PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANÍA?

POR HUGO LATORRE FUENZALIDA

Estas letras no pretenden dar respuestas definitivas a este gran tema de la  Araucanía, solo instala ciertas reflexiones que pueden aportar un granito al sinceramiento necesario ante un problema que lo requiere de manera urgente.

Antes que nada, debemos partir por preguntarnos ¿Por qué han fallado los intentos de diversos gobiernos al abordar la cuestión araucana?

Pueden señalarse diversas hipótesis:

1.- Tomar inicialmente el problema como secundario. Es decir, no se le dio la prioridad exigida, dado que se ha sostenido por muchos años que ese tema no es un problema que merezca prioridad. Desde la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, ese tema se dio por cerrado, con el sometimiento criminal, por parte del Estado de Chile, aliado a una burguesía cómplice activa y usurpadora de esos territorios conquistados a sangre, fuego, engaños, dolos, crímenes y estafas. El aparato militar, formal tanto como irregular, han sido actores fervientes de una actuación terrorista del Estado chileno y su burguesía dominante, contra el pueblo mapuche.

2.- Una vez instalados los poderes empresariales en la región, la postura invariable de los poderes centrales ha sido el de avalar a esas empresas usurpadoras y negar todo reconocimiento reivindicativo al pueblo afectado.

3.- Una vez que ese pueblo comienza a tomar conciencia de su situación (conciencia en si), de su valor como pueblo originario con derechos ancestrales (conciencia de si), y esa nueva generación más ilustrada, respaldada por las experiencias reivindicatorias de otras naciones, se disponen a enfrentarse a los poderes usurpadores por distintos medios y acciones, entonces los poderes centrales ya no pueden negar y recurren al “buenismo” emonumentario, es decir a comprar ciertas tierras (a altos precios-con lo cual vuelven a sacar provechos los herederos de los viejos usurpadores) y brindarlas como gesto de consuelo a algunas comunidades. Esto, indudablemente, sonó como aspirina para un mal catastróficamente orgánico y sistémico. Constituye la típica respuesta de una ideología funcionalista a un tema que es necesariamente estructural. Esta ha sido la postura “concertacionista”.

4.- La derecha ha estado por militarizar el tema y resolverlo por el lado de la estrategia “Uribista” (seguida en Colombia en tiempos del presidente Uribe y Bush hijo). Obviamente, el corazón de la derecha estuvo siempre puesto en la defensa de los intereses de las grandes empresas usurpadoras asentadas en la zona. La estrategia “uribista” es plenamente coherente con la acusación de “terrorismo”, con que fueron catalogados los movimientos reivindicatorios e indigenistas, por los partidos de la derecha. La justicia tuvo aplicación de ese concepto jurídico en varios de los juicios, hasta que fue cuestionado, nacional e internacionalmente, como violatorio de derechos humanos, de acuerdos internacionales, e improcedente  en la realidad de la Araucanía. Lo que procede ante una situación de terrorismo es la estrategia militarizada, y esa fue la respuesta permanente en la opción de derecha ante el problema indígena.

5.- Cuando la situación ya sobrepasa las posturas atrincheradas  de los ghettos concertacionistas y de derecha, y se instala como tema nacional y no policial, el segundo gobierno de derecha plantea una estrategia de abordar el problema en dos carriles: uno militar, represivo y otro político dialogante.

El problema antiguo de “servir a dos señores” al mismo tiempo no se asume por el lado de la derecha

Tiene que seguir resguardando los intereses de los grandes consorcios madereros y latifundiarios, pero debe satisfacer una demanda mapuche que mira directamente a los usurpadores, a quienes reclama devolver sus tierras ancestrales.

Entonces el gobierno de Piñera opta por la vieja lógica de “A Dios Rogando y con el mazo dando”. Pone el “Uribismo” (batallón “Jungla”) y el “Buenismo” –que destaca Peña, con el nombramiento del ministro Moreno-. Pero si se leen la  segunda parte del Fausto, acto quinto, obra de Goethe, verán que esas combinaciones mefistofélicas siempre han terminado en desastre.

(Fausto manda a Mefistófeles a trasladar a dos ancianos  que viven en la montaña frente a su gran mansión, pues hará pasar un camino justo en esa dirección. Va Mefistófeles y su cuadrilla; al rato, Fausto divisa una humareda en el horizonte y cuando regresa  alarmado le interroga.

Mefistófeles le cuenta que la casita fue incendiada y los ancianos Baucis y Filemón abandonados en medio de las llamas, y un extranjero que ahí estaba fue muerto. “Te hemos desembarazado de todos esos”, concluye Mafistófeles. Indignado, Fausto, le espeta que entendió mal sus órdenes, pues solo debían reubicar a los ancianos para que viviesen felices sus días, pero ajeno a sus planes modernizadores, nunca les dijo que los mataran. “Rechazo y maldigo ese acto injusto y brutal”).

Cuando uno usa la policía militarizada (Gope, Jungla, Batallón de la selva”) sabe que tiene la cola de Mefistófeles metida hasta el tuétano y el “buenismo” será aniquilado, necesariamente por los Mefistos de la historia.

Me viene a la memoria la historia del “Regimiento de la selva”-equivalente el batallón “Jungla”-, que fue llamado a actuar en el famoso “Caracazo” en Venezuela. Este regimiento contribuyó a causar más de 3500 muertes en tres días de desórdenes. Tantos muertos como los generados en todo el período dictatorial en Chile. En el tratamiento de estos temas, ya se sabe que no se puede jugar con armas tan peligrosas y tan contradictorias: no se puede servir a dos causas y dos  poderes, como tampoco andar con el garrote y el azúcar. Primará el garrote sobre el azúcar y cada bala que mate, echará por tierra cientos o miles de esfuerzos negociadores.

Esa es la dura realidad y Fausto exclama al final de ese trágico acto: ¡Qué espectro se me aproxima?…Es espectro será “Angustia”.

Una solución política requiere de espaldas y convicciones muy sobresalientes, pues se debe optar por mantener los intereses económicos asentados en la usurpación o satisfacer las demandas de territorios de quienes se sienten despojados. Esa es una tarea desafiante, pues el tema del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios es tema superestructural y formal; lo otro es concreto, económico y definitorio. La transferencia de representación parlamentaria y la de un ministerio, así como la descentralización o regionalización, son medidas que aportan mucho, pero no definen el corazón del problema; el problema es la reposición de un derecho de propiedad que fue arrancado de manera ilegítima e injusta….,y eso no es tarea para medrosos ni discurseadores.

¡Ya vernos!.

 

La oposición en medio del Comando Jungla

Por Eduardo Vergara

 

La oposición política tiene una responsabilidad ineludible, la de dejar de ser un cómplice pasivo de la mano dura y la militarización de las prácticas policiales.

El Gobierno chileno logró importar lo peor de Colombia: La política de militarización de la seguridad que fracasó por 50 años en un conflicto armado que solo llegó a su fin gracias al diálogo y no las balas. Pero la retórica de guerra instalada como marco para enfrentar los problemas de seguridad en nuestro país no se quedó solo en la creación política del Comando Jungla. En octubre de este año, se dio inicio a la institucionalización de una Fuerza de Tarea Conjunta entre policías y militares en el norte de Chile. En ese momento, el mismo presidente anunció que este modelo se expandiría a otras Macro Zonas, incluida la sur, donde está La Araucanía. No bastaba con solo replicar lo peor de Colombia, sino que también los fracasos ya demostrados en México y Brasil. La razón es simple, a pesar de lo absurdo que parezca, genera altos beneficios electorales y ayuda a mantener la popularidad en alza. Muchos anticipamos que todas estas acciones aumentarían de manera transversal los niveles de violencia y afectarían de manera negativa la seguridad.

En medio de esta guerra inventada, solo cuando se supo que efectivos de Carabineros encubrieron evidencia en el asesinato de Catrillanca, el ejecutivo comunicó que el Comando Jungla fue prácticamente solo una puesta en escena comunicacional. El entrenamiento recibido por este comando no difería de lo que desde el 2007 venía recibiendo Carabineros. En consecuencia, lo que se importó fue la retórica y el espectáculo de la guerra con el fin mezquino de generar réditos políticos.

Camilo Catrillanca, de 24 años, perdió su vida en manos del Estado. El más complejo problema político y social que acarrea Chile en su historia ha llegado a un punto donde a juzgar por la reacción defensiva del Gobierno y la escalada de violencia a lo largo del país, nos permite asegurar que seguirá creciendo. Es aquí, donde en medio de esto, la oposición reaccionó alzando la voz, pidiendo explicaciones, cabezas y dio inicio al simbólico e irrelevante camino burocrático de las interpelaciones como forma de identificar y crucificar responsables. Los parlamentarios podrán seguir adecuando las propuestas del Gobierno, interpelando ministros, rechazando el presupuesto, buscando el empate, solicitando renuncias y escribiendo una serie de mensajes combativo-simbólicos en redes sociales y proyectos de acuerdo. Incluso es posible que se logren renuncias de alto nivel que se pueden transformar en trofeos políticos.

Lamentablemente, todo seguirá igual. No hay luces de que el conflicto en La Araucanía terminará, y peor aún, de que la lógica ciega de mano dura y castigo a los más débiles como trofeo de guerra cesará. Los sectores conservadores seguirán e incluso radicalizarán la retórica de dividir entre quienes están con la seguridad o con la delincuencia. Usando este lenguaje que genera divisiones, impiden que la seguridad se transforme en un tema de estado y en consecuencia evitan perder el monopolio sobre este tema y que tantos retornos electorales les genera. Para romper esta dinámica, necesitamos que de una vez por toda se levanten liderazgos políticos que atrevidamente se despojen del miedo y la culpa, para abordar con determinación los problemas de seguridad y convivencia en el país.

La oposición política tiene una responsabilidad ineludible, la de dejar de ser un cómplice pasivo de la mano dura y la militarización de las prácticas policiales.

No cabe duda de que el debate de control civil sobre las policías es fundamental, tal como lo son una serie de debates técnicos que se han evadido por décadas. Sin embargo, como punto de partida, lo que urge, es la elaboración de una visión política sobre lo que significa vivir en una sociedad segura y justa, centrada en la igualdad, el bienestar y la convivencia, que de nacimiento a una propuesta país sobre el como las políticas de seguridad deben ser efectivas en la prevención, proporcionales en el legitimo uso de la fuerza cuando sea necesario y que logre recuperar la confianza generando mayor reconciliación e igualdad social en vez de más violencia a costa de la profundización de las desigualdades.

Esta es una razón tan poderosa como lo fue unirse contra la dictadura. La oposición completa debe unirse en un proceso que permita elaborar una propuesta y compromiso de como abordaremos los desafíos de seguridad y convivencia para todo el territorio nacional. De lo contrario quienes hoy siguen respaldando a ciegas y por conveniencia propia el actuar de Carabineros, defendiendo al Comando Jungla y justificando los “balazos”, volverán a La Moneda en el 2022. La complicidad pasiva nos hace a todos responsables, especialmente si después de la violencia de estado, la muerte y las responsabilidades políticas, volvemos, cobardemente, a escondernos bajo tierra y permitir que la invención de guerras continúe.

Welcome to the Jungle

Por Vicente Undurraga

Hace poco le pregunté al poeta Leonel Lienlaf, que vive en Alepue, cómo se veía por allá el despliegue del Comando Jungla. Muy ridículo y provocador, comentó, pues andan unos blindados con tipos armados hasta los dientes en días y calles donde lo más agresivo son los rayos de sol, viéndose los uniformados obligados a descargar su adrenalina arrestando a un viejo curado o a un ladrón de leña.  

Amargo fruto del pinochetismo atávico, el Comando Jungla no lo integran únicamente los carabineros entrenados en Colombia para dar combate en La Araucanía, sino todos quienes creen que su existencia es lícita y necesaria. El Comando Jungla es una manera de ser chileno, está en el corazón de la derecha. “La evaluación es positiva”, dijo el subsecretario Ubilla.

El miércoles pasado el pueblo mapuche perdió a un joven comunero,

Carabineros otro conchito de credibilidad y Chadwick y Mayol se han devaluado desde ese día como la moneda de un peso con la ley del redondeo. Son la cara visible del extravío de una clase política –de derecha y de centroizquierda también– que no entiende que la cuestión mapuche hace rato dejó de concernir sólo a los mapuche.

No una corrección política ciega, sino un entendimiento razonado, un acercamiento atento a lo planteado por historiadores, intelectuales y poetas mapuches y no mapuches, junto a la observación de experiencias similares en el mundo han generado una legitimación social de la demanda indígena. Eso quizás explica que, como nunca antes, el crimen de un comunero haya generado tan transversal rechazo en calles, redes, conversaciones, cacerolazos y voces públicas alzadas no sólo desde el progresismo, también desde el liberalismo civilizado.

Mareamín o alguna otra pastilla anti mareo requerirá quien, buscando informarse, lo haga googleando las declaraciones del vicepresidente y el intendente de La Araucanía, que en pocos días han dicho varias veces algo y luego lo contrario, y eso que partieron advirtiendo que “La Moneda no se precipita”. Es más, Chadwick, con una petulancia que no veíamos desde los tiempos de Luciano Bello, dijo a sus impugnadores: “Politiquería tan baja… Les hace mal… Mayor altura, por favor”. Y también: “Yo no actúo en forma irresponsable, imprudente ni precipitada. Reúno los antecedentes, los evalúo y los comunico como ministro del Interior, no como una opinión personal recibida y entregada sin ninguna responsabilidad”. Será entonces que de manera prudente, responsable y no precipitada dijeron que Catrillanca tenía antecedentes penales y que no, que la bala fue disparada por el Comando Jungla y que no (sino por el Gope), que hubo registro audiovisual y que no y finalmente que sí pero que un carabinero lo destruyó.

Un niño pillado copiando en prueba global se precipita menos al dar explicaciones. Pero es que el ministro, como el grueso del oficialismo, comulga probablemente con una incombustible idea conservadora: que los mapuche son la exageración de un residuo histórico cuyos intentos por hacerse valer y oír deben enfrentarse con un viejo truco de la casa: comandos. Por eso este año presentaron el Comando Jungla con orgullo y algazara publicitaria (en vez de fortalecer piola a las policías, según necesidad), generando el contexto de crispación con que hoy es recibido ese balazo asesino.

Hace poco le pregunté al poeta Leonel Lienlaf, que vive en Alepue, cómo se veía por allá el despliegue del Comando Jungla. Muy ridículo y provocador, comentó, pues andan unos blindados con tipos armados hasta los dientes en días y calles donde lo más agresivo son los rayos de sol, viéndose los uniformados obligados a descargar su adrenalina arrestando a un viejo curado o a un ladrón de leña.

Ahora, si de verdad el Comando Jungla es un grupo operativo creado para defender el Estado de Derecho ante amenazas extremas, que sea redestinado –insistimos– a peligros más latentes. Aplicando la presunción de culpabilidad con que el gobierno asumió la muerte de Catrillanca, bien podría ponerse a patrullar un Comando Jungla por afuera de los más conspicuos business building y parroquias capitalinas: no es impensable que se estén concertando raspados de olla, abusos, by-paseos y te-paseos a la libre competencia y la ciudadanía. Si es por junglas, la de cemento necesita cien comandos. Pero mejor ninguno. Ley pareja no es dura. Desarticulación inmediata del Comando Jungla. Sería un trascendental gesto del presidente. Realzaría su estatura republicana, como cuando cerró el penal Cordillera. Quizás algo así esté rumiando en Nueva Zelandia o donde sea que ande esquivando el bulto de lo real.

La paz de los monos con navaja

Por Venancio Coñuepan

Hace casi 150 años se dictó una ley que puede explicar en buena parte el origen del conflicto chileno – mapuche, se trata de la Ley del 21 de agosto de 1868 que tenía un solo artículo en donde se autorizaba al Presidente de la República para aumentar en 1.500 hombres las fuerzas del Ejército permanente destinado a la Frontera e invertir hasta $500.000 de la época.

Esta ley tenía un solo propósito, que lo dejo bastante claro el Diputado Benjamín Vicuña Mackenna, “hay almas tímidas que se asustan de pronunciar la verdadera palabra que es la más amplia solución a esta cuestión: la palabra Conquista. Pero yo, señor, la he dicho en alta voz y la repito otra vez como mantra de mi consciencia de ciudadano, como una inspiración de mi patriotismo: Delenda Arauco (Destruir Arauco)”.

La Ley de 1868 tuvo su origen en un supuesto robo de catorce caballos, lo anterior, motivo dos expediciones al territorio mapuche para reprender a los autores, ambas batidas y destrozadas por los mapuche. Posteriormente, otra expedición hizo prisioneros a varios mapuche, dos de los cuales fueron fusilados. Por supuesto, que lo anterior motivo reclamaciones al gobierno y sublevaciones de varios lonkos.

En la discusión parlamentaria de esta ley, uno de los pocos que se opuso fue el Diputado Liberal Justo Arteaga Alemparte, quien señalaba que “el alzamiento mapuche vino después de las dos primeras expediciones… expediciones que no dio otro fruto que el harto triste y deplorable incendio de algunas chozas. Después de eso vino la sublevación. Y ¿cómo se quiere detenerla? ¡Apenas es creíble! ¡Con los mismos medios que la provocaron y la hicieron estallar! Enviando ejércitos numerosos a talar, saquear y destruir las casas, los campos, las vidas de aquellos mismos mapuche que, según dice el Honorable Ministro de la Guerra, son nuestros compatriotas, haciendo una guerra salvaje, enteramente salvaje, predicando la civilización chilena con el vandalaje y el incendio”, añadió “en el fondo, en el último fondo del proyecto, no hay otro objetivo que la guerra del exterminio”.[1]

A casi siglo y medio las autoridades de Chile aún no aprenden la lección, no importan las buenas intenciones del Ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno o la retórica multicultural del Presidente Sebastián Piñera, mientras existan personas en el gobierno que actuando como monos con navaja que repiten una y otra vez que la receta para salir del conflicto es la fuerza pública, una receta que por cierto ha fracasado en los últimos 20 años, cualquier intento por la paz está destinado al fracaso. Tanto es así, que hoy otros Parlamentarios, Intendentes y Ministros, con más ímpetu y muchísimas menos luces que las Vicuña Mackenna dicen entre otras cosas que las “últimas acciones (cinco atentados del fin de semana) demuestran una vez más la necesidad de reforzar la acción policial, como lo hemos estado realizando con la creación de la fuerza antiterrorista (Comando Jungla), y de avanzar en las modificaciones a la ley para tener medidas operativas y legislativas más eficaces”[2].

Lo que no entienden los gobiernos, es que en las últimas décadas las políticas indígenas estatistas nos han conducido a una encrucijada en las relaciones chileno – mapuche, un camino (el del asistencialismo y clientelismo) nos conduce a la desesperación y exasperación, mientras que el otro (el de la fuerza) nos puede llevar a la completa extinción.

El país necesita un nuevo camino, uno que no signifique que gobierno tras gobierno se perpetué el status quo, Chile necesita una reconciliación con el pueblo mapuche, no un nuevo programa Chile Indígena, no más inyecciones de recursos a Conadi, no un nuevo Plan Araucanía. Las autoridades chilenas deben entender el origen del conflicto, deben revisar el espíritu de las primeras leyes indígenas y los tratados que firmaron con nosotros, sin reconocimiento y verdad histórica es imposible que exista reconciliación.

Por lo mismo, no podemos tener Intendentes que no sepan dónde están parados, hace unos días el Intendente de La Araucanía, Luis Mayol se refirió a la propuesta de Reforma Constitucional del Senador Francisco Huenchumilla, diciendo “yo creo que el señor Huenchumilla se está adelantando a lo que el gobierno tiene en su programa y que por lo demás son proyectos que se están tramitando.

El gobierno dijo que iba a establecer un Ministerio de Pueblos Indígenas y un Consejo de Pueblos Indígenas, elegidos por votación popular y con carácter vinculante, y eso no ha cambiado. El gobierno también dijo que iba a estudiar la participación política de los pueblos indígenas, que el señor Huenchumilla va mucho más allá y lo politiza absolutamente. Él está convencido que lo que pasa en La Araucanía es un problema ciento por ciento político y eso lo llevamos discutiendo 25 años. Hay que de una vez por todas sincerar el tema, y yo lo he visto, la gente quiere desarrollo, conservando su cultura y costumbres…

entonces, que hable de Estado Plurinacional, casi le preguntaría si vamos a traer a Evo Morales para que nos diga cómo hay que instalarlo”, y para que no quedarán dudas de su erudición, añadió “hace 25 años, cuando empezó todo este movimiento que se llama mapuche, tenía mucho de delictual, doctrinario y filosófico, pero después de 25 años, la gente se aburrió, así quedó en evidencia en la última elección”[3].

Lo que el Intendente Mayol debe entender, aunque le cueste, es que los indígenas también pueden ser grandes políticos como es el caso de Senador (y no señor) Huenchumilla y del Presidente (y no él) Evo Morales, por tanto, no tengo duda que ambos podrían enseñarnos muchas cosas; segundo, que lo que tiene 25 años es la ley indígena 19.253, no el conflicto chileno – mapuche, además, aunque sea de perogrullo que está es una de las más de cien leyes indígenas que se han dictado; tercero, que las propuestas de políticas indígenas no han tenido resultado en las últimas décadas porque las diseñan personas de Santiago, como usted, que no tienen idea del conflicto, que creen que porque una persona en estado de necesidad les dice que quiere un bono, todo se soluciona con bonos y que pretenden tener todo “super acotado, conversado y ordenado” entre cuatro paredes y que nosotros les llevaremos el amen.

La ira, la frustración y la violencia no se irán de un día para otro, pero hoy el Comando Jungla y todas las propuestas de fuerza pública, al igual que en 1868 en vez de terminar con las sublevaciones, las causaran. Después de décadas de comisiones, discusiones, negociaciones y promesas incumplidas, las esperanzas son pocas, pero todavía quedan.

El gobierno debe entender que ellos han sido y son una parte importante del problema, que deben actuar responsablemente y con gente que de verdad quiera avanzar en la paz, no basta poner en cargos de medio pelo a personas con apellido indígena que saben menos que Mayol, la solución al conflicto requiere voluntad política y un compromiso real de avanzar en esa dirección.

La no solución al conflicto no pasa por más recursos para las comunidades, ni siquiera se trata de más o menos consultas indígenas, el verdadero problema final es cambiar quien toma las decisiones, la solución pasa porque el pueblo mapuche tenga el control de su propio destino y tome sus propias decisiones sobre su futuro, tal como lo dicen la decenas de tratados de paz que firmamos con la República de Chile, sólo así podremos construir un futuro juntos, una ruca en donde podamos vivir como pueblos hermanos.

[1]     Discusión Parlamentaria Ley 21 de agosto de 1868. Pág. 590.

[2]     La Tercera. Interior vincula quemas en regiones con presión para beneficiar a Machi preso. 16 julio 2018. Disponible en: https://www.latercera.com/nacional/noticia/interior-vincula-quemas-regiones-presion-beneficiar-machi-preso/245682/

[3]     Diario Austral Temuco. El grupo que usa la violencia está cada vez más reducido y ha mutado hacia lo delictual. Disponible en:  http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/07/15/full/cuerpo-reportajes/6/

El liceo y el retén

Por Daniel Matamala

En los primeros años de la República, era común en las provincias decir “voy a Chile” cuando se viajaba a Santiago. El Estado chileno tenía una presencia muy débil más allá de Santiago, y era visto como una estructura lejana y ajena a las realidades locales, donde la autoridad en muchas partes seguía siendo el latifundista.

Pero poco a poco, el Estado fue extendiendo sus brazos, con dos instituciones que se volvieron fundamentales en el siglo XX: el liceo y el retén.

El liceo era la promesa de instrucción y progreso. El retén, de seguridad y control. Ambos, junto al servicio militar y la creciente burocracia oficial, fueron cruciales para cimentar la unidad cultural del país y la legitimidad del Estado como autoridad efectiva.

Este proceso, relativamente indoloro en gran parte de Chile, fue, en cambio, traumático en La Araucanía. La invasión de las tierras mapuches durante la “pacificación” fue de la mano con la necesidad de colonizar culturalmente: educación occidental, lengua castellana y, por cierto, represión policial y militar.

Figura clave fue Hernán Trizano, el organizador del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias, antecedente directo de Carabineros de Chile. Garante del orden contra el bandidaje según la historia oficial, cruel y despiadado en la memoria mapuche. En 2002, su nombre fue reivindicado por grupos extremos que amenazaban con crear una fuerza paramilitar antimapuche.

El liceo y el retén son también una manera de contar la vida y muerte de Camilo Catrillanca, el joven ultimado de un disparo en la nuca durante un operativo del Comando Jungla de Carabineros.

Camilo fue alumno y dirigente estudiantil en el Liceo Politécnico de Pailahueque. Este era un prometedor proyecto educativo, financiado por Luxemburgo, el País Vasco y empresarios locales, para brindar carreras profesionales en un entorno de educación multicultural. El 80% de los estudiantes era mapuche, provenientes de las empobrecidas áreas rurales de Victoria y Ercilla, precisamente donde se ubica la comunidad de Temucuicui, en la que vivió y murió Catrillanca.

Pero en 2013, el sostenedor anunció el cierre del liceo, en medio de una crisis financiera por malos manejos. Los apoderados se movilizaron para pedir que el Ministerio de Educación se hiciera cargo del colegio. No hubo respuesta.

Desde Santiago se miraba con suspicacia la supuesta influencia del grupo rebelde Coordinadora Arauco Malleco en la comunidad educativa. Ante la completa indiferencia del Estado, el Liceo Politécnico de Pailahueque cerró sus puertas.

182 alumnos perdieron su colegio. “Somos una comuna pobre y hubo familias que no pudieron costear el enviar a sus hijos a otros lados. Yo vi muchos compañeros de mi hijo vendiendo verduras con sus padres en la feria, lo único que les quedó como alternativa: ponerse a trabajar”, dice en una crónica de Pedro Cayuqueo sobre este tema la exapoderada Gloria Quiñelén, última presidenta del Centro de Padres.

El Estado no daría liceo. Pero sí daría retén.

El edificio fue adquirido por el Estado, pintado de verde y blanco y hoy es la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales, centro de operaciones del Gope y la Sección Aérea de Carabineros en la zona. El edificio del antiguo Liceo Politécnico y su internado, a un costado de la Ruta 5 Sur, ahora es custodiado por alambradas y guardias fuertemente armados. Un letrero advierte de la prohibición de fotografiar las instalaciones.

Al otro lado de las rejas, el llamado Comando Jungla, las tanquetas y los helicópteros, ocupan el espacio que antes tuvieron las pizarras, los pupitres y los talleres.

El lugar en que alguna vez estudió Camilo Catrillanca terminó convertido en la base desde la cual se lanzó el operativo que terminó con su vida.

Los seres humanos entendemos la realidad a través de relatos.

Y el relato que el Estado de Chile ofrece a los jóvenes de Ercilla en Pailahueque, al trocar el liceo en retén, tiene una moraleja demasiado poderosa.

ClariNet