MONTAJE-DESCARADO8

Bachelet y el gobierno
están en una encrucijada
terrible, a pocas semanas
de entregar el
gobierno a Piñera.

El escándalo del montaje policial que enfrenta a fiscales, a las dos  policías, a la Corte Suprema, a toda la jefatura máxima de Carabineros, los ha dejado sin habla.

Tirar padelante, dicho popular, a ver que pasa poner parches curitas para detener una hemorragia casi terminal.

Con una PLR al ministro y subsecretario del Interior, que es lo que correspondería.

Guardar un “equilibrio” no prejuzgar, esperar pruebas concretas, aunque ya las hay de sobra.

De otra forma, tendría que haber desencadenado un terremoto, desfrenestrar a toda la jefatura de Carabineros, con su jefe máximo a la cabeza. Despedir ministros.

Mantener un delicado equilibrio en espera de dejar el Gobierno en manos de Piñera y que él se las arregle, parece ser la premisa política del momento.

Eso, nos parece realmente, una maniobra política impresentable y repudiable.

Lamentablemente, una vez más, Bachelet se despide de la presidencia con un error garrafal e imperdonable.  Tendría que haber sido ella la que ordenara el patio, ate una crisis institucional de proporciones enormes.

Abdicar a su potestad y sus atribuciones antes de dejar el mando, nos parece un error absoluto e imperdonable.

LES PRESENTMOS UN RESUMEN DE LOS HECHOS

DEL PEOR ESCÁNDALO POLÍTICO-JUDICIAL-POLICIAL

QUE CHILE HA VIVIDO EN LOS ULTIMOS TIEMPOS

Fiscalía cierra Operación Huracán y apunta a que Carabineros habrían

hecho un montaje con las conversaciones de WhatsApp

Vuelco en 180° grados en la Operación Huracán: La propia Fiscalía de la Araucanía reconoce que los WhatsApp de Llaitul y otros dirigentes mapuche que "probaban" la asociación ilícita terrorista podrían haber sido implantados por funcionarios de inteligencia de Carabineros.

“Hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos”.

Con esas palabras el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, dio por cerrada la llamada  Operación Huracán, la misma que detuvo a ocho dirigentes mapuche en septiembre de 2017, en medio de un mediático operativo.

Esto se da la misma tarde que se conoció una querella presentada por el Fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, quien acusó a funcionarios de inteligencia de Carabineros de inventar evidencia en contra suya respecto a una supuesta obstrucción en la investigación. Esto motivado, según el fiscal, por el rechazo a indagaciones que estaban por fuera de la ley en el marco de la misma investigación.

Ante estos antecedentes, Paredes abrió una investigación contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Vale recordar que los antecedentes que sustentaron la Operación Huracán fueron una serie de mensajes de WhatsApp entre los comuneros que fueron imputados, los que, según la propia fiscalía de La Araucanía, probaba la asociación ilícita terrorista detrás de una serie de atentados incendiarios en la región.

Los mensajes fueron cuestionados inmediatamente desde el entorno de los comuneros. La familia de Héctor Llaitul, por ejemplo, aseguró en varias ocasiones que la líder de la CAM ni siquiera ocupaba un teléfono que permitiera esa aplicación.

“Hoy la fiscalía ingresó al Tribunal de Garantía de Temuco un escrito comunicando el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar en el procedimiento en la causa por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista conocida policialmente como Operación Huracán”, dijo el fiscal Cristián Paredes.

“Estamos frente a un hecho gravísimo. Esta es la primera vez que esta fiscalía regional recibe una información de parte de Carabineros que se desarrolló íntegramente conforme al estatuto previsto en la Ley de Inteligencia, esto significa que se hizo con diligencias investigativas realizadas autónomamente por Carabineros y sin el control de los fiscales. En cuanto detectamos estas irregularidades, se instruyó la realización de peritajes para despejar estas dudas”, agregó Paredes.

Fiscalía explica cómo se habría gestado

manipulación de pruebas en “Operación Huracán”

El día de ayer se informó que la Fiscalía de La Araucanía decidió cerrar sin culpables esta causa, en que el Ministerio Público imputó a ocho personas como presuntos responsables de una serie de atentados en la IX Región.

Luego de que se conociera la supuesta manipulación de pruebas que habría existido en el marco de la investigación de la denominada “Operación Huracán”, el fiscal regional Cristián Paredes explicó cómo se habría gestado dicha situación.

En primer punto el persecutor hizo presente que el mencionado caso “corresponde a una investigación desarrollada integral y autónomamente por Carabineros bajo el estatuto de la ley de Inteligencia, la cual les permite desarrollar una serie de actuaciones. La Fiscalía no forma parte del sistema de inteligencia Nacional, en principio no es depositaria de información de inteligencia, pero sin embargo, en casos excepcionales se autoriza la entrega de información, para ciertas investigaciones penales”.

La información recopilada por dicha investigación fue liberada el 20 de septiembre, como dijo, y contenía antecedentes de las “supuestas” interceptaciones a celulares de los individuos que fueron posteriormente formalizados. Además, se consagraba “que en los próximos días se iba a cometer un atentado en un lugar preciso de Temuco”.

“Conforme a esos antecedentes, se puso la información en conocimiento del Juzgado de Garantía, se obtuvo una orden de detención, las personas fueron detenidas, se pusieron a disposición del tribunal, inicialmente quedaron afectas a prisión preventiva y luego la Corte Suprema acogió un amparo y están en libertad”, aseveró Paredes.

La intervención de la Fiscalía, según puntualizó el persecutor, comenzó luego de la recepción formal de esta información liberada, el 20 de septiembre de 2017. “Dentro de las diligencias que se desarrollan, está la incautación de los teléfonos celulares de los imputados y con eso se hace una serie de peritajes primero con Carabineros, con el objetivo de buscar si existían o no estas conversaciones que habían sido referidas por Carabineros en el informe de inteligencia”.

“Carabineros no sólo practica las detenciones, sino que es quien incauta los teléfonos y se entrega de inmediato la solicitud para que sean periciados por los organismos especializados de dicha institución, en este caso el laboratorio de Carabineros. En el marco de la investigación contamos con pre informes periciales y luego con informes definitivos que dan cuente del hallazgo de conversaciones entre los imputados y que son o serian el reflejo de aquello que había sido liberado vía inteligencia en el informe 130. Tenemos un informe, donde solo hay transcripciones y, después, el trabajo pericial ya en sede de Fiscalía desarrollado por Carabineros, donde se establece que existirían estos hallazgos de estas conversaciones”, agregó.

Luego de aquello, “una vez que Carabineros dice que están estas conversaciones que son de este tenor, que son las mismas que se hallaron por inteligencia, nosotros hacemos un nuevo peritaje pero esta vez interno, a través de un perito de la unidad de Delitos Económicos. Este perito concluye que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instaladas en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponde ni al formato ni a la ubicación en que se almacena la mensajería en estos aparatos”.

De esta forma, se inicia una investigación penal por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, pero también se ordenan nuevas diligencias. “En el marco de esta nueva causa, originada por las inconsistencias en las pericias, se ordena un nuevo peritaje, esta vez a un perito particular, que ratifica las conclusiones a las que arribo el peritaje de la unidad de lavado de activos de la Fiscalía Nacional”, aseguró Paredes.

Tras el conocimiento de este caso por el Ministerio Público, como explicó el fiscal, se ordenaron también otras diligencias, relacionadas no sólo con la incautación de los celulares. Dentro de ellas se le habría pedido a Carabineros el desarrollo de 27 pericias.

Como hizo presente el persecutor, tras esa solicitud sólo hace pocos días habrían recibido un informe donde se da cuenta de la realización de tres de ellas.

Carabinero involucrado en Operación Huracán

infiltró a informante en grupos mapuches

Un capitán de Carabineros que investiga la Fiscalía en la fallida “Operación Huracán” estuvo en prisión preventiva en mayo del año pasado.

Además, se investiga la actuación del exjefe de Inteligencia de la zona, quien infiltró a espías en organizaciones mapuches acusadas de ataques incendiarios a partir de 2010.

Se trata del mayor de Carabineros, Patricio Marín Lazo y el capitán de Carabineros, Leonardo Osses Sandoval, miembro de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de La Araucanía, la misma que el viernes pasado demoró 12 horas en ser allanada en Temuco.

En el caso de Leonardo Osses, este permaneció en prisión preventiva por ordenar destruir un libro de registro policial, tras el extravío de un arma 9 milímetros semiautomática con 15 tiros que estaba a su cargo.

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Esto derivó en una investigación del fiscal militar, Cristopher Marchant, quien confirmó a Radio Bío Bío -en mayo del año pasado- la prisión preventiva sobre el carabinero de inteligencia.

A este se suma, el caso del mayor de Carabineros, Patricio Marín Lazo, que es considerado por la Fiscalía como el principal articulador de la Operación Huracán y además es conocido al interior de comunidades mapuches.

Esto luego que infiltrara a Raúl Castro Antipán y -posteriormente- aparecer como testigo en hechos de violencia que él mismo habría protagonizado.

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Los nombres del mayor Patricio Marín Lazo y el capitán Leonardo Osses aparecen en los antecedentes presentados por la Fiscalía ante el Juzgado de Garantía de Temuco, tras solicitar el cierre de la “Operación Huracán” y cuya audiencia quedó fijada para el miércoles de esta semana.

Ambos son identificados por la Fiscalía como quienes estaban a cargo de incautar los teléfonos y detener a los 8 mapuches en septiembre del año pasado. Su superior directo en esa época, el coronel Marcelo Teuber, quien actualmente es general de Orden Público de La Araucanía.

Se espera que todos ellos sean interrogados en las próximas horas por el general Julio Pineda, quien investiga en Temuco las responsabilidades administrativas al interior de la institución.

Jefe de zona de La Araucanía lideraba unidad

de inteligencia que habría falseado

mensajes en Operación Huracán

Marcelo Teuber era coronel en el momento en que se interceptaron los supuestos textos que sirvieron como pruebas para el caso. En diciembre fue ascendido al rango de general.

El actual jefe de la zona Araucanía de control de Orden Público (Zacop), general Marcelo Teuber Muñoz, era el oficial que lideraba la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros durante la ejecución de la denominada Operación Huracán y que hoy está cuestionada por la manipulación de información en el caso.

Teuber sale mencionado en el documento del Ministerio Público que pide el cierre de la investigación contra los comuneros mapuches acusados de participar en una serie de ataques incendiarios en La Araucanía, según consigna El Austral.

El oficial ostentaba el grado de coronel en el momento en que se ejecutó la Operación Huracán, sin embargo, esto cambió el 18 de diciembre cuando la presidenta Bachelet aprobó el ascenso a general de Teuber.

En la misma instancia, Teuber asumió como el nuevo jefe de la Zona Araucanía de Control de Orden Público. Este cargo fue asumido el 29 de diciembre. En la ceremonia, el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Víctor Herrera afirmó que Teuber es “un hombre con vasta experiencia en esta Región”.

Juez autoriza incautación de celulares

y registro de correos de carabineros

El magistrado de Temuco, Juan Poblete, acogió la petición del fiscal regional Carlos Palma quien indaga la denuncia de supuesto montaje de pruebas realizada por el Jefe de Alta Complejidad de la Araucanía.

“Atendido los fundamentos expuestos por el fiscal en comento, el magistrado que suscribe, otorgó la autorización en todos sus términos”.

Así concluye la autorización judicial que emanó hace algunas horas desde el despacho del juez de garantía de Temuco Juan Mauricio Poblete, quien accedió a la petición que hizo el fiscal regional de Aysén Carlos Palma, el que indaga la presunta manipulación de pruebas en el marco de la Operación Huracán.

En específico, la denuncia del Jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, quien acusa a carabineros de inteligencia de montaje.

El magistrado, según la orden judicial, autorizó la medida intrusiva en contra de dos oficiales de Inteligencia de Carabineros de la zona. Se trata de Patricio Marín Lazzo y Leonardo Osses Sandoval. Ambos han sido cuestionados, en ocasiones anteriores, en juicios por la denominada violencia rural en la zona.

El tribunal autorizó “la incautación y registro autorizada, contempla el acceso, revisión y extracción de comunicación vía mensajería e información contenida en los aparatos celulares, cuentas personales de correos o Whatsapp”. Junto con eso se autorizó “la extracción de información y datos de teléfonos contenidos en ellos con el objeto de acceder y obtener listado de contactos, registro de llamadas entrantes, salientes, perdidas, mensajes de texto y los contenidos de aplicaciones de mensajería y archivos adjuntos, fotografías y videos, correos electrónicos enviados, recibidos, borradores y eliminados y sus archivos adjuntos cualquiera sea su extensión, información”.

Asimismo, la medida autorizada por el tribunal le permitirá a Palma establecer, vía geoereferenciación, los lugares en que estuvieron durante el último tiempo los oficiales investigados.

En el caso de Marín, el oficial autorizo a la Fiscalía el ingreso a un correo Gmail para el cual entregó su clave secreta. Sin embargo, el fiscal Palma pidió autorización judicial para la revisión de la casilla mencionada, además de la extracción de correos y acceso a contactos del integrante de la Inteligencia de Carabineros.

Marin fue cuestionado en la época que fue jefe de la sección de Inteligencia de Cautín y está denunciado por comunidades mapuche por haber sido quien infiltró a Raúl Castro Antipán, carabinero infiltrado que fue condenado por Ley Antiterrorista tras comprobarse haber sido autor de diversos delitos en la zona.

PDI allanó por 12 horas a Carabineros en Temuco

La disputa entre Carabineros y la Fiscalía no para. Mientras la PDI allanó por cerca de 12 horas a Carabineros en Temuco, por otro lado, el Ministerio Público investiga a funcionarios por presuntas pruebas falsas.

Luego de la autorización de Carabineros, quien en un principió no permitió, la Fiscalía retiró documentos y equipos de las dependencias de la Unidad de Inteligencia de Temuco. Todo esto en el marco de la investigación de la "Operación Huracán", que desde el jueves pasado, tuvo un vuelco tras la revelación de que las conversaciones en WhatsApp y Telegram, donde los comuneros supuestamente se coordinaban para quemar iglesias y maquinarias en La Araucanía, fueran implantadas por personal de inteligencia de Carabineros.

"En ese marco nosotros dijimos que aquí había un montaje, una operación de inteligencia", declaró el líder de la CAM, Héctor Llaitul.

Dentro de los funcionarios investigados por presuntos delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, están cinco peritos del laboratorio de criminalística, cuatro funcionarios del área de inteligencia y un civil, quien habría inventado el sistema para interceptar las conversaciones vía mensajería instantánea.

Fiscalía Nacional respalda imputaciones

contra Carabineros por sembrar pruebas falsas

para incriminar a mapuches en delitos terroristas

Pericias realizadas por el Ministerio Público, determinaron que los teléfonos incautados de los imputados en la causa habían sido intervenidos, para incluir conversaciones en sus grupos de WhatsApp donde supuestamente coordinaban ataques en La Araucanía. 

Luego que este jueves el fiscal de Alta Complejidad de la Araucanía, Luis Arroyo, acusara a los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR) de haber hecho un montaje de pruebas para acusar a uno de sus abogados asistente, Mónica Palma, de supuestas filtraciones a un imputado de la Operación Huracán, la Fiscalía anunció que iniciará investigación en contra de la institución.

Así lo confirmó el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien calificó como un hecho "gravísimo" e "inédito" la manipulación de pruebas por parte de funcionarios de Carabineros.

El abogado, quien presentó una querella contra los funcionarios de DIPOLCAR y el Ministerio Público, señala en la acción judicial, acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Temuco, que el pasado 26 de diciembre fue notificado de una investigación que se estaba realizando en contra de su asistente, por el presunto delito de obstrucción a la investigación, en el que se indaga sobre un encubrimiento que él habría hecho de esta situación, por supuestamente mantener una relación sentimental.

La investigación realizada en la denominada Operación Huracán fue remitida por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, donde la institución dio cuenta que, tras invocar la Ley de Inteligencia, que se obtuvieron mensajes de la abogada, quien habría entregado a un tercero información que llegó a manos de miembros de la CAM, violando el secreto de información de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía.

Sin embargo, luego de pericias realizadas por el Ministerio Público, se determinó que los teléfonos incautados de los imputados por la causa habían sido intervenidos, para incluir conversaciones en sus respectivos grupos de WhatsApp donde -supuestamente- coordinaban ataques en La Araucanía.

Es por esto que la Fiscalía decidió cerrar dicha investigación en la Operación Huracán y abrir una en contra de Carabineros.

"Esto nos parece gravísimo y es absolutamente inédito dentro de la historia de la reforma. Es primera vez que la fiscalía cuenta con información que proviene desde investigaciones que se realizan al amparo de la ley de inteligencia, es decir, son investigaciones respecto de las cuales la fiscalía no ha tenido el control respecto del origen de la información que se incorpora a la investigación", dijo Abbott esta tarde.

"Se ha podido determinar a través de una pericia hecha por peritos de la fiscalía como por un perito externo que se habrían incorporado con posterioridad a la incautación de esos teléfonos, la información en ellos contenida y que fue la que sirvió de base a la denuncia. Lo que constituye claramente una irregularidad gravísima", confirmó el Fiscal Nacional.

Asimismo, quiso ser enfático en aclarar que se trata de un"hecho aislado" y que "más que entrar en duda todo el sistema, lo que entra en duda es la información proveniente de la ley de inteligencia", concluyó.

Jueces critican a Carabineros por acusaciones

de manipulación de pruebas en Operación Huracán

“Es preocupante que un general de la República se permita públicamente fustigar a una decisión del Ministerio Público y sugerirle o pedirle a los tribunales que tomen decisiones en un determinado sentido”, afirmó el vocero de la Asociación Nacional de Magistrados, Eduardo Gallardo, en referencia a las declaraciones del general a cargo de la dirección de inteligencia, Gonzalo Blu.

Las asociaciones de magistrados y fiscales se manifestaron por las acusaciones contra Carabineros en el marco de la Operación Huracán y tildaron de “gravísima” la situación, puesto que ésta afecta la credibilidad de la institución.

El vocero de la Asociación Nacional de Magistrados, Eduardo Gallardo, afirmó que si las acusaciones en contra de la policía son confirmadas sería una “situación extremadamente preocupante y gravísima, porque merma la confianza en el sistema. Y lo que es más grave, afecta y vulnera los derechos fundamentales de personas a las cuales se presume inocente”.

Sobre la declaración del general de Carabineros al mando de la Dirección de Inteligencia, Gonzalo Blu, quien criticó a la Fiscalía, el vocero afirmó que “es preocupante que un general de la República se permita públicamente fustigar a una decisión del Ministerio Público y sugerirle o pedirle a los tribunales que tomen decisiones en un determinado sentido” y agregó que “la decisión de no seguir adelante con la investigación es una decisión autónoma de la fiscalía, y la policía simplemente tiene que acatarla y cumplir las instrucciones de la Fiscalía”.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Trinidad Steinert, señaló que “lo que corresponde a Carabineros es poner todos los elementos a disposición del Ministerio Público. En vez de hacer eso, intentan desviar su irresponsabilidad y no aceptarla. Eso es más gravoso aún”.

El gremio emitió un comunicado donde instaron al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, a “poner orden en sus filas y a ejercer sus facultades disciplinarias para reconducir la conducta del general Blu y sus subalternos a lo dispuesto por la Constitución y las leyes de este país”

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Abbott confirma cierre de indagatoria

y descarta acudir al FBI

El fiscal nacional Jorge Abbott reiteró hoy la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación de la “Operación Huracán” y descartó pedir la colaboración del FBI para los peritajes sobre la presunta adulteración de pruebas.

Abbott fue abordado sobre el tema en el marco de la cuenta Pública de la Fiscalía Regional de Tarapacá en Iquique, donde ratificó la decisión de cerrar la investigación, aunque se podría revocar esa determinación si las nuevas diligencias solicitadas por el Ministerio del Interior arrojan resultados positivos.

También defendió el derecho del Gobierno de solicitar diligencias como querellante en esta investigación y, como tal, podría oponerse al cierre en la audiencia que se realizará el 9 de febrero próximo en el Juzgado de Garantía de Temuco.

En cuanto, a una eventual petición de ayuda al FBI, el fiscal nacional lo descartó y señaló que “tenemos tecnología y profesionales a nivel nacional y policial especializada que pueden hacer esos exámenes con plena eficiencia”.

Asimismo, Abbott negó que esta situación sea un conflicto entre el Ministerio Público y Carabineros. “Este caso está focalizado en algunos pocos funcionarios, que eventualmente habrían alterado las pruebas y con eso obstruido la investigación. Esto está absolutamente focalizado en algunos funcionarios, en consecuencia la relación con la institución se mantiene inalterable, no puede ser de otra manera”, dijo.

En cuanto a la solicitud de algunos parlamentarios para que él asuma la investigación, Abbott lo descartó por el momento, pero señaló que “es una posibilidad, no lo hemos evaluado y es bastante excepcional que el fiscal nacional asuma investigaciones. Tiene que haber alguna justificación muy especial para hacerlo”.

El peritaje que revela cómo Carabineros

realizó el supuesto montaje

Cabe hacer presente que los archivos de supuesta mensajería no reúnen las características ni condiciones de elementos generados ni exportados desde los aplicativos de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger) ni tampoco del tipo SMS o cualquier tipo de mensajería instantánea común", dice el peritaje en su apartado de conclusiones.

La caída de la denominada Operación Huracán y el inicio por parte del Ministerio Público de una investigación penal en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, tienen un factor en común: un peritaje a doce teléfonos celulares de comuneros mapuches que fueron apresados el pasado 23 de septiembre.

Dicho peritaje fue el que convenció a la Fiscalía Regional de La Araucanía que los informes de inteligencia que les había presentado Carabineros para inculpar a los comuneros mapuches tenían serias inconsistencias.

De ahí que se decidiera cerrar la Operación Huracán y comenzar la indagatoria penal en contra de la UIOE. La Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (Uldeco) de la Fiscalía Nacional fue la entidad que realizó el peritaje y entregó un primer análisis el 28 de diciembre pasado a Felipe González, fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, a cargo de la Operación Huracán, y una ampliación del mismo el 23 de enero.

Ambos documentos técnicos, y que forman parte de la carpeta investigativa del caso que fue liberada a las defensas de los comuneros, revisaron las supuestas conversaciones vía WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger que realizaron los comuneros mapuches, en las que hablaban de atentados realizados, internación de armas, financiamiento para sus actividades y la preparación de nuevas acciones de quema de camiones. Precisamente, esas conversaciones fueron las objetadas por el peritaje, el cual detectó inconsistencias técnicas de las cuales se deduce que dichas conversaciones podrían haber sido incrustadas en los aparatos de forma externa.

“Cabe hacer presente que los archivos de supuesta mensajería no reúnen las características ni condiciones de elementos generados ni exportados desde los aplicativos de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger) ni tampoco del tipo SMS o cualquier tipo de mensajería instantánea común”, dice el peritaje en su apartado de conclusiones.

En concreto, los dos informes dan cuenta de archivos en formato TXT que no tienen relación con el tipo de archivos que generan la mensajería instantánea de aparatos celulares como WhatsApp y Telegram.

“El archivo Text_.txt no sería un archivo de mensajería”, dice el análisis de la Uldeco. “Esto considerando que no contiene TimeStamp (marca temporal) ni la estructura de un elemento exportado de la aplicación de mensajería Telegram, ya que las bases de datos de conversaciones generados por Telegram corresponden a ficheros con nombre ‘Cache.db"”, agrega.

El celular de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), fue uno de los aparatos analizados por la Uldeco de la fiscalía para revisar si la información entregada por Carabineros era consistente con sus propios hallazgos. De acuerdo a lo informado por Inteligencia de la institución policial, Llaitul, identificado como el “negro”, sostuvo conversaciones con otros comuneros de nombres, o chapas: “Daniel”, “Matute”, “CID”, “José”, “Marcos”, “Pato”, “Martín” y “Temucano”.

En esas supuestas conversaciones interceptadas por Carabineros y que aparecen en el peritaje de la fiscalía, Llaitul comunica a los otros comuneros que la “ANI me avisó que los pakos preparan operación” (sic), ante lo cual “José” le responde que contactará a un “amigo de la fiscalía”. Fueron precisamente esas supuestas conversaciones las que dieron curso a una arista de la Operación Huracán, que investiga la filtración de antecedentes desde la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y de la propia fiscalía, a los comuneros mapuches.

Pero a la luz de las conclusiones del peritaje de la Uldeco, esa y otras conversaciones que detalla el informe de inteligencia de Carabineros, no tendrían las características de mensajería. Al respecto, los archivos que se detectaron en esa situación fueron los mensajes de los celulares de los comuneros mapuches Llaitul, Claudio Leiva y Martín Curiche.

La revisión de los celulares de esos tres comuneros mapuches también da cuenta de la fecha de incautación de los aparatos y la fecha de registro de las conversaciones vía mensajería en los dispositivos.

Al respecto, se estableció que los celulares fueron incautados el 23 de septiembre entre las 14:15 horas y las 14:35 horas. La fecha y hora de registro de los mensajes, es decir, de cuando se realizaron las supuestas conversaciones entre los comuneros, corresponden al mismo 23 de septiembre, pero en la noche, entre las 20:50 horas y las 22:35 horas, cuando los celulares ya estaban en manos de Carabineros.

Bachelet anuncia pericias del FBI en conflicto

Carabineros-Fiscalía y dilata dar señal de autoridad política

La presidenta confirmó lo que desde el Alto mando de Carabineros se estaba evaluando: recurrir a un organismo internacional "neutro" para que sea el que realice los peritajes. "Hemos solicitado que haya un peritaje independiente que pueda decirnos realmente quién tiene la razón aquí", afirmó la mandataria.

Esta mañana se dio a conocer que desde el Alto mando de Carabineros se está evaluando solicitar ayuda a la Federal Bureau of Investigation (FBI) para que sea este organismo norteamericano el que realice los peritajes a los equipos electrónicos utilizados en la "Operación Huracán" a raíz de la presunta manipulación de las pruebas por parte de los efectivos de Inteligencia de la institución.

Según informó Emol, ese sería el organismo internacional al que se refirió el general Julio Pineda, subdirector nacional de Carabineros, tras la reunión que sostuvo por cerca de una hora con el ministro del Interior Mario Fernández, en La Moneda, el día de ayer.

Es por esto que funcionarios de Carabineros iniciarían los contactos con los detectives estadounidenses, con el fin de saber si accederán a la solicitud para que un organismo internacional "neutro" sea el que realice los peritajes.

Asimismo, esta tarde la presidenta Michelle Bachelet, quien estos días había mantenido un estricto silencio respecto a la crisis, en conversación con el medio regional ITV Noticias, confirmó lo anunciado por Carabineros. "Hemos solicitado que haya un peritaje independiente que pueda decirnos realmente quién tiene la razón aquí", dijo la mandataria.

En esa línea, indicó esperar que "se pueda identificar a los responsables y que se cumpla con las penas que corresponde".

Frente a la pugna entre el Ministerio Público y Carabineros de Chile durante los últimos días, Bachelet señaló que "lo que hemos visto últimamente me parece extraordinariamente grave".

"Aquí lo que es clave es saber cuál es la verdad, si es que hay un error en el peritaje de la Fiscalía o si efectivamente hubo una manipulación de datos. Porque aquí lo que es grave, es que se pongan en tela de juicio instituciones que son clave para el país", agregó.

La Jefa de Estado finalmente aseveró que "lo clave es que la verdad salga a la luz lo antes posible", concluyó.

Ministerio del Interior se opondrá a

sobreseimiento definitivo en “Operación Huracán”

En su interés de que se esclarezcan y sancionen los hechos, esta tarde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública informó su decisión de oponerse al sobreseimiento definitivo de la denominada “Operación Huracán”.

En su calidad de querellante, además, solicitó al tribunal la reapertura de la investigación, que fue cerrada por el Ministerio Público, considerando que ésta no se encuentra agotada.

“Sin perjuicio de los argumentos que serán planteados en la audiencia fijada para el 9 de febrero, nos opondremos al sobreseimiento definitivo y solicitaremos la reapertura de la investigación, porque nos asiste la convicción que lo contrario equivale a impunidad”, sostuvo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

Interior pide peritajes y se opone al cierre del caso

Entre las nuevas diligencias, se requirió al Laboratorio de Criminalística de la PDI que realice diligencias tecnológicas.

Desde que la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía informó el cierre de investigación y la decisión de no perseverar en el caso de la Operación Huracán, el Ministerio del Interior analizó cuál será su posición como querellante. Fue así como ayer tomó una decisión e ingresó un escrito al Juzgado de Garantía de Temuco oponiéndose al cierre de la causa y que se realicen nuevas diligencias investigativas.

El objetivo de la medida, según fuentes del gobierno, es intentar “ir por el medio de ambas posturas (la de la fiscalía y la de Carabineros)”. Esto, luego de que el Ministerio Público justificara su decisión de cerrar el caso contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y otras siete personas por atentados en la zona, en la “desprolijidad en el trabajo investigativo por parte de la Unidad de Inteligencia Especializada de Carabineros”, y en que se aportó “por parte de funcionarios de Carabineros información y antecedentes de cargo que presentan múltiples anomalías e irregularidades”.

En principio, la audiencia de cierre del caso fue fijada para este 31 de enero; sin embargo, se cambió de fecha para el próximo 9 de febrero, luego de que Llaitul pidiera el sobreseimiento definitivo de la causa.

Será en esa instancia donde el gobierno comunicará al tribunal su postura de no cerrar el caso y explicará cuáles son las diligencias investigativas que faltan para agotar la investigación. Según informó ayer la Subsecretaria del Interior mediante un comunicado, el requerimiento considera “un conjunto de información a empresas de tecnología, además de la realización de una serie de peritajes”. Se señaló, además, que “mientras estas no sean practicadas y la investigación agotada, no resultaría procedente el cierre de la misma ni la decisión de no perseverar”. De acuerdo con las mismas fuentes, entre las nuevas pericias se requirió que el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI u otro organismo nacional o internacional realice diligencias tecnológicas relacionadas con los celulares vinculados al caso.

 

Visión de penalistas

Sobre la postura que debería tomar el gobierno, abogados penalistas coincidieron en que el gobierno debería respaldar al Ministerio Público en su decisión, tomando en cuenta que la investigación, según dicen, está “viciada” y “muerta”.

El exdecano de Derecho de la UDP Juan Enrique Vargas calificó la decisión del gobierno de “muy delicada porque significa que de una otra forma Interior está tomando partido en esta discusión no por quienes dirigen la investigación, que son los fiscales, sino que por la policía, que es la que debe entregar la información y supeditarla a la opinión de los fiscales”. Agregó que el Ejecutivo debería “apoyar a la fiscalía que tiene la labor de dirigir las indagatorias, y si han determinado que hay una irregularidad, lo lógico es que esa decisión sea la que prime”.

En tanto, el académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Gonzalo Medina, indicó: “Creo que la decisión del Ministerio Público de cerrar el caso después de los últimos antecedentes que aparecieron, me parece lo único razonable”.

Explicó que “la decisión de no perseverar no es apelable y eso le pone término a la investigación mientras no aparezcan nuevos antecedentes. El querellante (el gobierno) lo que puede hacer es decidir forzar la acusación, esto es llevar el asunto a una audiencia de preparación de juicio sin la fiscalía”.

El abogado Juan Pablo Hermosilla dijo, antes de conocer la decisión del gobierno, que “el Poder Ejecutivo tiene que apoyar al Ministerio Público”. Esto porque “hay problemas estructurales que no tienen arreglo a estas alturas de la investigación (…), haga lo que haga Interior, esta es una investigación que está muerta”.

El historial de Leonardo Osses, el temido

oficial de Inteligencia de Carabineros que

está en la mira por la Operación Huracán

Jefe de Inteligencia de Malleco, el capitán Osses está en la mira de la Fiscalía por su rol en el falseamiento de pruebas de la Operación Huracán. Pero no es la primera vez que se le cuestiona algo así. Hace años que comuneros mapuche lo denuncian por liderar "montajes judiciales" en la zona. Tribunales de Cañete y Angol han acreditado las irregularidades en que ha incurrido el oficial en su trabajo.

Héctor Llaitul, tras el bochorno entre la Fiscalía y Carabineros que terminó con el fracaso de la Operación Huracán -causa por la que fue detenido en septiembre pasado-, dijo que ellos siempre denunciaron el montaje, “pero no teníamos cómo probarlo”.

“Montaje” es una palabra que se repite una y otra vez en las causas judiciales contra comuneros mapuche. Quienes trabajan en la zona miran con gracia la pelea entre la Fiscalía y Carabineros, sobre todo al ver cómo el propio fiscal nacional sale a denunciar que la policía falseó pruebas. Una constante denuncia es contra los procedimientos de Carabineros: testimonios no empadronados, levantamiento de evidencias sin guantes, sin filmación y realizado por los propios policías del Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sipolcar), no por el Laboratorio de Criminalística  de la institución (Labocar).

Ayer, el conflicto entre la Fiscalía y Carabineros dio un nuevo paso, después de que el juez de garantía de Temuco Juan Mauricio Poblete autorizara la incautación de teléfonos y correos de dos oficiales de inteligencia en la zona: Patricio Marín Lazo y Leonardo Osses Sandoval. Los dos son conocidos en la llamada “zona de conflicto”. Funcionarios de inteligencia de Carabineros, su historial es amplio y sus nombres son objeto de denuncias y miedos entre las comunidades mapuche.

Marín Lazo es un nombre conocido en La Araucanía. En 2012 se desempeñaba como Jefe de la unidad de Inteligencia de Carabineros en Temuco. Entonces, en el juicio por el llamado “Peaje Quino”, se demostró que infiltró a un hombre llamado Raúl Castro Antipan en comunidades mapuche.

Ante el tribunal de Temuco, se conoció toda la historia: No solo Castro Antipan participó de numerosos ataques incendiarios, sino que después operó culpando a terceros, siempre bajo el beneficio del “delator compensado”, amparado en la Ley Antiterrorista.

Castro Antipan se transformó entonces en el primer y único mapuche en ser condenado por asociación ilícita terrorista. En esa época, Marín Lazo respondía a quien era el director de Inteligencia de Carabineros, el actual director general de la institución, Bruno Villalobos.

Osses, en tanto, también es bastante conocido en la zona. En su hoja de vida anota un confuso incidente, ocurrido en el cuartel policial de Angol. El capitán de Inteligencia tenía a su cargo el resguardo del armamento de la unidad en el momento en que desapareció un arma 9 milímetros semiautomática con 15 tiros.

El libro que lleva el registro de quien retira las armas, fue quemado por instrucción del propio capitán Leonardo Osses. Debido a esto, el fiscal militar Eduardo Padilla lo procesó por el delito de “infidelidad en la custodia de documentos” e incluso llegó a estar en prisión preventiva. La investigación sigue abierta, pero el oficial volvió a sus haberes.

Los 13 de Lebu

En septiembre de 2016, 13 presos mapuche en la cárcel de Lebu emitieron un duro comunicado contra él. Lo acusaron de “montaje”: “Hoy sabemos que estos montajes han sido fabricados por unidades de inteligencia de carabineros a cargo del capitán Leonardo Osses Sandoval, quien ha estado presente en al menos seis casos donde se ha puesto de manera artificial armamento y/o municiones para encarcelar a comuneros”.

La mayoría de ellos cumplía la medida cautelar de prisión preventiva mientras se investigaban sus casos.

Uno de ellos era Óscar Cona Viluñir, detenido en dos ocasiones por porte de municiones en el año 2016. En ambas se repiten nombres conocidos en la zona, como el del teniente David Gaete Beltrán, el suboficial mayor Juan Meza Terán, el cabo Muriel Navarrete Zapata, el sargento Marco Gaete Truan y el capitán Leonardo Osses Sandoval, todos miembros de la hoy cuestionada Unidad de Inteligencia Operativa Especializada.

En la segunda detención, según está registrado en la acusación a Cona, Osses revisó el portamaletas del vehículo donde estaba y declaró encontrar “mochila tipo militar, la cual registró logrando establecer que mantenía en su interior 5 cartuchos calibre 9 mm”.

En septiembre de 2016, Cona habló con El Desconcierto desde la cárcel de Lebu, denunciando ser víctima de un montaje. “Cuando me detuvieron la primera vez me llevaron hasta orillas del río Lanalhue y me empezaron a preguntar por algunos peñi. El que hacía las preguntas era el capitán Osses, quien además me decía que le dijera dónde estaban las armas”, señaló en esa ocasión.

En dicha detención, Cona sufrió la fractura de tres costillas, según consta en el parte médico del hospital Kallvu Llanka de Cañete. “El capitán Osses me dijo que mirara la mochila que estaba en un rincón y que pensara cómo se vería con algunas municiones adentro”, dijo Cona, miembro de la comunidad Caupolicán, que mantiene un conflicto territorial con las forestales Arauco y Volterra en el sector de alto Lleu Lleu.

El Ministerio Público solicitó dos penas de 541 días de cárcel para Cona por estos hechos. Se dieron 3 meses de plazo de investigación, en junio de 2016.

Según consta en la carpeta investigativa, el tribunal solicitó a los oficiales Gaete Truan y Osses Sandoval-principales testigos- que entregaran mayores antecedentes. En octubre de 2017, más de un año después de la formalización, el Tribunal Constitucional respondió a un requerimiento de la defensa de Cona, cuestionado el largo uso de la prisión preventiva y la calidad de las pruebas.

En diciembre de 2017 se desarrolló el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete. Ni Gaete ni Osses se presentaron a declarar y se absolvió por unanimidad a Cona Viliñur. “El Ministerio Público no incorporó prueba necesaria para acreditar todos los elementos del tipo penal, requeridos para lograr la condena del acusado”, argumentaron los jueces Cristian Medina, César Guzmán y Liliana Medrano.

Sobre el segundo delito -la segunda detención- critican que no se presentó ninguna prueba contra el acusado. Por lo mismo, se condenó al propio Ministerio Público y a la Gobernación de Arauco a condenar en costas a Cona Viliñur. La sentencia no tiene más de dos páginas.

Gaete Truan es un asiduo de los tribunales de Temuco en diversas causas mapuche. Al momento de declarar, se ha presentado como oficial de la Sipolcar de Carabineros. En el caso Luchsinger Mackay, su intervención tampoco estuvo exenta de polémica. En el primer juicio, se reconoció como el oficial que hizo el rastrillaje de las huellas de huida de los atacantes, las que, según la acusación, llegaban hasta la puerta de la casa de la machi Francisca Linconao.

El problema es que en realidad, el peritaje dio cuenta de que la última huella estaba a una distancia de un kilómetro de la casa de la machi. En el medio hay un camino irregular y otras seis viviendas, las que no fueron allanadas.

Además, Gaete Truan lideró el allanamiento a la casa de Francisca Linconao, el que terminó siendo desechado por el tribunal que absolvió a los imputados por “falta de garantías constitucionales”. En específico, se cuestionó la presencia de carabineros de civil, quienes le negaron a Juana Linconao -hermana de la machi- presenciar una parte de la indagación.

El único que vio a Daniel Melinao

El 2 de abril, 76 oficiales del GOPE, Fuerzas Especiales y de la unidad de Inteligencia de Carabineros allanaron la comunidad Wente Winkul Mapu, con el fin de dar con Eric Montoya, quien tenía una orden de detención pendiente.

Tras un enfrentamiento, el cabo Hugo Albornoz recibió una bala en el pecho, la que le causó la muerte.

Los fiscales Luis Chamorro, Héctor Leiva y Luis Arroyo acusaron a Daniel Melinao Melinao, werken de la comunidad, de ser el autor del homicidio.

Aseguraron que llegó a la casa de Montoya a repartir balas que después impactaron el casco del capitán Rodrigo Rojas Álvarez, el pecho de Hugo Albornoz y que hirieron al suboficial Víctor Mena. Solicitaron 30 años de cárcel.

¿La principal prueba? El testimonio del teniente Leonardo Osses Sandoval, presentado como el jefe de Sipolcar de Malleco, quien declaró haber visto a Daniel Melinao en el lugar. De todo el contingente, el único que lo vio fue Osses.

Melinao terminó absuelto -tras 9 meses en prisión preventiva- en una sentencia que cuestiona duramente a la Fiscalía y a la inteligencia de Carabineros, hoy enfrentados tras el escándalo de la Operación Huracán.

Uno de los puntos más confusos tiene que ver con los tiempos. El asesinato al cabo Albornoz fue en abril de 2012. Ese mismo mes, Daniel Melinao declaró voluntariamente ante la PDI. Sin embargo, recién fue detenido un año después, pese a que Osses declaró haberlo visto en el lugar de los hechos.

Pero eso no es lo único: Un peritaje telefónico dio cuenta de que Daniel Melinao ni siquiera se encontraba en la comunidad Wente Winkul Mapu el día del allanamiento, sino que estaba en Collipulli, donde fue a acompañar a su padre a hacer unos trámites.

También se presentó un video, grabado desde el casco del oficial Marco Medina. Este fue editado por el perito Pablo Bravo, quien reconoció haber modificado duración, colores y otras cosas para que quede de mejor calidad.

En el registro, se ve un punto rojo, probablemente de una persona que vestía una prenda de dicho color.

Todos los Carabineros que declararon en el juicio aseguraron ver de forma “clara y concisa” a Daniel Melinao en ese video. Osses, a su vez, dijo haberlo verlo en terreno ese día. El Tribunal Oral en lo Penal de Angol fue claro en la sentencia respecto a esta prueba: “Resulta inexplicable para el tribunal, por cuanto tales imágenes son absolutamente difusas, como sus colores (…) no se puede distinguir si se trata de hombres o mujeres, no se divisan con claridad sus rostros dado que fueron captados de perfil, tampoco si usan pelo largo o corto”.

Pero lo que terminó por derrumbar el juicio contra Daniel Melinao fue el testimonio de Alex Díaz, de la brigada de homicidios de la PDI, quien reconoció en estrado la existencia de dos teorías de investigación: Fuego amigo o la participación de terceros. Esto se sumó al hecho de que la bala que mató a Albornoz era una calibre .38, del mismo modelo que portaban otros funcionarios policiales en el allanamiento.

Los jueces fueron particularmente duros con Leonardo Osses, jefe de Inteligencia en Malleco y líder del allanamiento en la Wente Winkul Mapu, pues su testimonio era “ambiguo” con el de otros oficiales: “Es incoherente e inconsistente para construir con su relato una hipótesis que conduzca a la elaboración de una certeza jurídica”.

“Tras el precario desempeño probatorio que se ha analizado (…) La absolución no puede resultar más categórica”, finaliza la sentencia.

Vale recordar que este juicio fue anulado en la Corte de Apelaciones.

Enfrentado nuevamente a un juicio oral, Daniel Melinao volvió a ser absuelto.

El particular perfil del asesor de inteligencia de Carabineros

Alex Smith, único civil investigado, es docente en dos universidades de Temuco, con varios títulos y diplomados a su haber, pero ninguno en la materia con la que supuestamente aporta a la policía uniformada. Prestará declaraciones ante Julio Pineda y ya hizo lo mismo con el Ministerio Público, mientras sus empleadores dudan en mantener vigente sus contratos.

Algunos le dicen ‘el profesor’, un no tan creativo sobrenombre para alguien que efectivamente ha impartido clases en distintas universidades de Temuco. Si bien hoy está involucrado en la Operación Huracán como uno de los asesores de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros en La Araucanía, el perfil de este docente no pareciera ser el de un especialista en interceptación de comunicaciones, lejos de ser algo como el Edward Snowden criollo.

Alex Smith Leay, de profesión ingeniero agrícola, figura dentro de la solicitud de no perseverar con la investigación ingresada por el fiscal Felipe González en el Juzgado de Garantía de Temuco. En el documento se señala que ‘el profesor’ asesoraba al capitán de Carabineros Leonardo Osses, uno de los acusados de manipulación de pruebas por el fiscal Luis Arroyo. Se ha especulado con que él habría entregado el software que interceptó los mensajes de Huracán, pero tal como se conoce hoy, estos diálogos en realidad habrían sido implantados.

Smith en su historial académico que mantiene público en la red social Linkedin muestra un gran abanico de conocimientos, pero ninguno en materias de inteligencia.

Sus primeros estudios los terminó en el 2000 en Inacap, de donde se tituló como ingeniero agrícola. Posteriormente cursó estudios la Universidad Santo Tomás, diplomados en Pedagogía para la Educación Superior, en Gestión de Negocios y magíster en Administración de Empresas, específicamente.

También tiene títulos en la Universidad Mayor, uno es un diplomado en Educación Universitaria y el otro un certificado para la Enseñanza Online.

En ambas universidades donde cursó posgrados realizó clases hasta fines de 2017. En el caso de la Universidad Mayor, al ser consultados por nuestro medio respecto de la participación de ‘el profesor’ en la casa de estudios, señalaron que dictaba cursos de Tecnologías de la Información en distintas carreras, pero que no era un profesor de planta, tampoco uno de los más reconocidos al interior. También señalaron que debido a su vinculación con la Operación Huracán, no será considerado para el presente 2018.

El caso de la Universidad Santo Tomás es más complejo, puesto que en este lugar, además de impartir clases como profesor a honorarios en la carrera de Ingeniería Comercial, también dictaba una serie de cursos. Uno de estos talleres los impartía justamente a Carabineros de Temuco. Desde esta casa de estudios no quisieron entregar detalles sobre quiénes fueron los alumnos de Alex Smith, para verificar o descartar si aquí existe conexión concreta con Leonardo Osses o algún otro funcionario vinculado a la Operación Huracán.

Según indicaron, todavía no se define si continuará trabajando en el lugar.

Los conocimientos de Smith abarcan mucho, desde AutoCad 3D y Proyect, hasta Manejo y Manipulación de Carnes y Técnicas de Inseminación Artificial, según señala su Linkedin, donde también figura un acercamiento a la informática, con el curso “Dirección exitosa de proyectos de informática” y “Aplicaciones computacionales para la administración”.

Recién en el portal ‘milaulas.com’ se le atribuye un curso de peritaje informático, del cual se señala entre sus objetivos el “conocer  los fundamentos teórico-prácticos para la realización de informes periciales informáticos”, “manejar las herramientas y técnicas más utilizadas para la realización de análisis forense en distintos sistemas operativos”, “conocer el funcionamiento las herramientas y técnicas más utilizadas para la realización de análisis forense en distintos dispositivos” y “aplicar los distintos estándares para la elaboración de informes periciales informáticos”.

Respecto de sus contactos pudimos encontrar, según las amistades de su perfil público de Facebook a varios agricultores de la Provincia de Malleco, una de las zonas más afectadas por ataques incendiarios y donde las víctimas se encuentran más organizadas.

Según información recabada por nuestro medio, ‘el profesor’ ya declaró ante la Fiscalía por la investigación que realiza el persecutor de Aysén, Carlos Palma.

Mientras que durante este miércoles hará lo mismo ante el general de Carabineros Julio Pineda, en el marco de la investigación solicitada por Mahmud Aleuy.

Decretan secreto de investigación por 15 días

El fiscal de Aysén, Carlos Palma, decretó la medida de secreto de investigación por 15 días en el marco de la investigación sobre la denominada “Operación Huracán”.

Esta decisión se enmarca en la arista de las posibles filtraciones en la operación desarrollada por Carabineros. General Villalobos está citado a declarar.

Para esta jornada, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, el director de Inteligencia, general Gonzalo Blu, y el jefe de Control y Orden Público de la IX Región, general Marcelo Teuber, están citados a declarar –en Santiago- ante el fiscal Palma, por la presunta manipulación de evidencia por parte de la policía uniformada en el referido caso.

Cabe recordar que Villalobos regresó ayer al país tras interrumpir sus vacaciones en Miami, desde donde debió volver por expresa petición del Gobierno.

Y después de retornar a Chile, el jefe máximo de la policía uniformada concurrió hasta La Moneda, en donde se reunió con el ministro del Interior Mario Fernández.

Que vergüenza de país. Que vergüenza de justicia.

La GUERRA DE ARAUCO sigue su curso desde tiempos inmemoriales…

ClariNet