CUARTO-PODER

Estas líneas no nacen de
la molestia. Tampoco de
la queja ni la victimización.

Por Patricio Segura

Se inician en el intento de aportar a un debate oculto, pero necesario. Como lo son muchas de aquellas preguntas que hoy el periodismo no se hace, que la ciencia escamotea. En el sentido común neoliberal no hay mecenas para develar las verdades incómodas.

En la controversia generada hace algunas semanas por mi columna sobre el recurrente actuar público de El Diario de Aysén y sus propietarios, la respuesta aparecida a los pocos días en sus páginas fue sintomática de cierta concepción sobre el sistema mediático.

Una que, quizás sin comprenderlo, apunta a que todas las instituciones y ciudadanos son escrutables. Pueden ser puestos bajo el ojo inquisidor de una prensa que, cual mandataria de una audiencia ávida de conocer, es reflejo del interés público y colectivo. Por lo menos en teoría. Todos, con excepción de la propia prensa.

En esa contestación, y dejando de lado la alusión a mi actuar personal recién llegado a la región cuando tenía 23 años, se deja en claro una noción de exención que los controladores de los medios aspiran tener. Un derecho especial, una suerte de fuero no escrito por el solo hecho de ser propietarios de imprentas, sistemas de distribución, concesiones radiales o televisivas.

En dicha misiva, se señala expresamente que opinar sobre la forma en que dicho medio aborda los temas de interés público más que “fiscalización a otro medio de comunicación no es otra cosa que un nuevo ataque personal”. Y a los pocos días, el medio continúa su defensa señalando que la opinión sobre su acción pública (un medio es un actor público) denotaría un agravio a su “conducta” y “línea informativa”.

Interesa detenerse en esta premisa.

Hoy por hoy, y qué bien que así sea, los medios de comunicación están legitimados para abordar múltiples materias, en términos informativos, interpretativos y de directa opinión. Pueden investigar y evaluar el desempeño de partidos políticos, iglesias, presidentes, legisladores, empresarios, el Ejército, los clubes deportivos, juntas de vecinos e incluso ciudadanos y ciudadanas de a pie, si esto es considerado de interés público.

Sin embargo, hacerlo sobre los propios medios de comunicación es calificado, muchas veces, como un “ataque”. Más aún, si este proviene desde otro medio de comunicación (por tanto y, lógicamente, de la competencia) se califica de quiebre al fair play. ¿De qué juego limpio estamos hablando? ¿Del que anula un debate necesario porque “entre bueyes no hay cornadas”?

Llegado este punto nos encontramos en una situación compleja. Si los medios no pueden ser escrutados por otros medios (porque siempre esto se asume como un ataque y, más aún, quiebre de una especie de competencia leal) y los propios medios no están disponibles para la autocrítica (en Chile no está desarrollada la experiencia de otros países como el public editor o el defensor del lector puertas adentro que mantuvieron durante años The New York Times y The Washington Post), nace así una nueva institución social: los medios impunes.

Efectivamente, una prensa que se considera por sobre el bien y el mal es un error en la matrix democrática. Dar a entender que la crítica pública siempre es un ataque injusto o un intento por amordazar la prensa libre (como muchas veces se dice, convirtiendo intereses particulares en bienes colectivos) no se hace cargo de una máxima fundante de las libertades de expresión y prensa: “Daría mi vida por tu derecho a defender tus ideas”. Cita adjudicada a Voltaire (algo que no está fehacientemente confirmado) a la cual yo agregaría: “Y por el mío a examinarlas, contrastarlas, criticarlas”.

Considerar que los medios son inescrutables, incuestionables, que su actuar es inopinable, es un pensamiento que se debe superar ejerciendo precisamente nuestro derecho a la expresión y opinión.

Porque cadenas hay muchas, pero la que más paraliza es la de nuestro propio temor.

PS: Dedicado a los 30 años del inicio de la caída del dictador.

ClariNet