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TERRPR-MIGRANTES

“En Chile se cometen
graves vulneraciones a
los DDHH de los migrantes”:
Organizaciones
expusieron ante la CIDH.

En la instancia internacional que tuvo lugar en Jamaica, agrupaciones de la sociedad civil y académicas dieron a conocer la realidad de la migración en nuestro país y pidieron que la Comisión visite por primera vez Chile.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia pública “Situación de las personas migrantes en Chile”, solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una decena de organizaciones migrantes, de la sociedad civil y de instancias académicas de Chile, en el marco de su 172 periodo de sesiones, desarrollado en Jamaica.

El objetivo fue exponer ante los comisionados y el secretario ejecutivo de la instancia, Paulo Abrao, la vulneración de las normas y principios del debido proceso en los actuales procedimientos de expulsión de personas migrantes del país y de otras a las que se ven expuestas. Todo, en el contexto de la aplicación del denominado “Plan de Fiscalización” anunciado por la Subsecretaría del Interior, dedicado a aprehender a personas en situación de irregularidad.

El abogado Marcel Didier, del Observatorio Ciudadano; Macarena Rodríguez y Francisco Quintana, de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado; José Tomás Vicuña, por el Servicio Jesuita a Migrantes, y Luis Zurita, invitado por dicho organismo, fueron algunos de los representantes de las organizaciones solicitantes ante la CIDH, las que calificaron el encuentro como el inicio de un proceso de diálogo entre éstas y el Gobierno de Chile, debido a que también participaron personeros del Ejecutivo.

“Algunos piensan que esta es una demanda contra el Estado, pero no. Esto es el inicio de un proceso. Recién con esta audiencia temática se abre un diálogo con el Gobierno, lo cual evidencia la complejidad de la situación: tener que llegar hasta Jamaica para que se produzca el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil”, apuntó en ese sentido el abogado Marcel Didier.

Vulneraciones a los Derechos Humanos

El jurista contextualizó a los comisionados presentes de la situación global de la región. “Creemos que las restricciones y regresiones de las políticas migratorias, así como la reducción del espacio humanitario, son una realidad en la región. La situación se vuelve más crítica con algunas decisiones que se han tomado en materia en el último tiempo en Chile, y que han comenzado a replicarse en otros países, motivo por el cual efectuamos esta solicitud de audiencia”, detalló en su presentación pública.

Didier relató que en Chile “hoy se cometen graves vulneraciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiados, entre ellas la dictación de órdenes de expulsión sin respeto alguno a las normativas del debido proceso, la ejecución de las mismas sin respeto a la dignidad de las personas, y sin la posibilidad de ejercer el derecho a la prescripción judicial, la falta de un adecuado tratamiento en frontera de las personas que presentan necesidad de protección internacional, la vulneración de las obligaciones estatales en materia de reconocimiento a la convención de refugiados y refugiadas, y el desconocimiento de derechos fundamentales en el proyecto de ley que se discute en el Congreso Nacional”.

Sobre esto último, señaló que si bien las organizaciones reconocen que esta iniciativa tiene avances, “no cumple con los estándares interamericanos de Derechos Humanos”. Al respecto, los representantes solicitaron que la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes  informe al gobierno de Chile los estándares mínimos que pone la CIDH, dado que  -argumentaron- “no basta con decir que cumplimos con la ley”.

En ese sentido, José Tomás Vicuña, del Servicio Jesuita a Migrantes, destacó que al ser esta una “instancia de diálogo (…), qué mejor que tener un proyecto de ley avalado amparado por la CIDH. Qué mejor que el proyecto de ley cuente con sus comentarios técnicos y con un estándar internacional”.

“Hay que garantizar el mínimo para una vida digna”

Otro de los puntos alertados por las y los abogados representantes de las organizaciones de la sociedad civil es la ausencia de aplicación de mecanismos de protección internacional para niños, niñas y jóvenes; la falta de reconocimiento del principio de no devolución en el proyecto de ley, y que no se aplique la normativa en materia de refugio para la comunidad venezolana y se opte por una visa de responsabilidad democrática, mecanismo a partir del cual se ha dado curso a sólo el 20 por ciento de las solicitudes.

Para Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, “las informaciones que nos presenta la sociedad civil pueden servir para entender, porque cuando ellos presentan que hay un incremento de rechazos en la frontera, cuando hay un aumento de 10 veces de rechazo de refugio o que eventualmente eso pasó a ser parte de una política de seguridad y no de Derechos Humanos, son alertas que generan para nosotros una preocupación”.

En definitiva, como indicó Abrao, que “todos los países tengan un incremento de migración en la región, no puede significar un cambio de enfoque”.

En este escenario, la comisionada Flávia Piovesan Cuales cuestionó “cuáles son las políticas de Estado para promover la integración, porque no basta con no devolver, hay que garantizar el mínimo para una vida digna, medidas contra la discriminación y la xenofobia”.

Como advirtió el abogado Marcel Didier, luego de este encuentro, la CIDH dará un seguimiento a esta situación planteada en la audiencia, donde también se solicitó que esta instancia internacional realice una visita al país, lo que no se ha hecho nunca anteriormente por materia de derechos de las personas migrantes.

País “expulsor de migrantes”

Como se mencionó anteriormente, esta audiencia pública se da en el contexto del inicio del “Plan de fiscalización” anunciado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, donde las policías ya han realizado desde comienzos del mes de mayo 1.985 procedimientos, buscando personas en situación de irregularidad que no se hayan inscrito en el proceso de regularización. Según proyectaron las autoridades, esperan realizar 85 mil fiscalizaciones en lo que queda del año, con la intención de expulsar a unas 12.000 personas.

Al respecto, el asesor del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, aseguró en la audiencia que “no hay una meta para realizar expulsiones. Lo que se ha señalado es que hemos heredado un número importante de expulsiones judiciales anteriores al 11 de marzo del 2018”, a pesar de lo señalado por el diario El Mercurio desde información oficial del gobierno.

Este plan, señalaron desde el Movimiento de Acción Migrante (MAM), representa “más que el fomento de la regularidad, la voluntad de mostrarse como ‘expulsor de migrantes’, con un populismo punitivo que, insistimos, desconoce la realidad migratoria nacional y mundial, donde este tipo de procesos de regularización son constantes y parte de las políticas públicas de regularidad migratoria, más que un muestrario de cómo expulsar por vía administrativa a miles de migrantes, generar terror y los votos de los más desinformados sobre la migración y sus aportes a la sociedad”.

Fuente: Agencia Pueblo