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TC8

El enclave autoritario
del modelo chileno.

Por Marcela Cornejo

El rol que tiene el Tribunal Constitucional (TC) en la actualidad, ha traspasado lo que cualquier sistema político que se asume así mismo como democrático, puede tolerar.

Las últimas amenazas, ya casi una realidad, que sería este organismo el que decidirá si el proyecto de ley sobre las 40 horas va o no, deja al Parlamento como una instancia decorativa. 

¿Cómo nació el Tribunal Constitucional? 

Al final de su mandato, el presidente Eduardo Frei Montalva en 1970, presentó un proyecto de reforma mediante el cual se creó un Tribunal Constitucional. Estaba integrado por 5 miembros, tres de ellos abogados designados por el presidente de la República con acuerdo del Senado y dos designados por la Corte Suprema de entre sus miembros. El 5 de noviembre de 1973, fue por no estar en funcionamiento el Congreso Nacional y se le consideró un órgano innecesario. 

Fue en 1980, en plena dictadura militar que se reinstauró. En el Capítulo VII de la Constitución dictatorial se crea un Tribunal Constitucional integrado por 7 miembros designados: 3 ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta, por mayoría absoluta, en votaciones sucesivas y secretas; 1 abogado designado por el presidente de la República; 2 abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional; y 1 abogado elegido por el Senado por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. 

El año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos se modifica la Constitución Política de 1980, entre ellas el Tribunal Constitucional. Se amplía su número de integrantes de 7 a 10.  3 nombrados por el presidente de la República; 4 nombrados por el Senado, de los cuales 2 lo son por libre elección y, los otros 2, a propuesta de la Cámara de Diputados y, finalmente, 3 miembros designados por la Corte Suprema. 

¿Cómo se convirtió el TC en un Suprapoder? 

Con la reforma al TC hecha por Lagos, se le ampliaron sus funciones a ocho, entre ellas: el control preventivo y posterior de la constitucionalidad de la ley; se confía al TC la posibilidad de declarar inconstitucional, con efectos generales, un precepto legal que previamente haya sido declarado inaplicable; se abre la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de autos acordados dictados por los tribunales superiores de justicia (Corte Suprema y Cortes de Apelaciones) y por el Tribunal Calificador de Elecciones; se amplía el control preventivo obligatorio de constitucionalidad a las normas de un tratado que versen sobre materias propias de ley orgánica constitucional; se unifica en una sola disposición constitucional la competencia del Tribunal para examinar la constitucionalidad de los decretos supremos, ya sea que hayan sido dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución o de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República. 

Por último, se introduce explícitamente en la Constitución el efecto que produce la sentencia del Tribunal Constitucional, que acoge la inconstitucionalidad de un auto acordado de los tribunales superiores de justicia o del Tribunal Calificador de Elecciones, de un decreto con fuerza de ley o de un precepto legal declarado previamente inaplicable. 

¿En la práctica cómo ha funcionado el TC? 

Aunque suena a mucho tecnicismo, el TC actúa de manera parcial cada vez que los poderosos del país ven amenazados sus intereses. Ya lo hizo la iglesia y el conservadurismo derechista con el proyecto de ley de Aborto en 3 causales; también favoreciendo a los empresarios con la reforma laboral en lo referente a la Titularidad Sindical, así se debilita la organización de los y las trabajadoras; Aula Segura fue otra de las leyes avaladas por el TC, que ha derivado en le persecución y criminalización de los estudiantes y de sus movilizaciones; el Lucro en la educación privada, una demanda histórica de los y las estudiantes, el TC lo mantuvo para la educación privada, así se resguardó el negocio de la educación.  

Otro de los tentáculos de TC ha sido la admisibilidad que otorga a las causas de derechos humanos, donde los criminales de lesa humanidad acuden a este organismo para ralentizar las investigaciones en Tribunales, dejándolas paralizadas, mientras este suprapoder se toma el tiempo de fallar estos recursos. 

La pregunta que debemos hacernos en el actual marco jurídico del país, es: ¿para qué financiar un poder legislativo, Cámara de Diputados y Senadores?, si finalmente este organismo veta, anula, modifica, lo que estos parlamentarios definen en sala. 

El Tribunal Constitucional es la mejor expresión que en Chile seguimos viviendo bajo un régimen dictatorial. 

ClariNet