CORTE-SUPREMA8

Lo que está sucediendo es
particularmente grave porque
al actuar de tal modo el más
alto tribunal de la República
se coloca en una posición
que a nuestro juicio es contraria
al Derecho, a la Constitución
Política, a los Tratados
Internacionales y a la propia
jurisprudencia del mismo tribunal.
Y por tanto no respeta en nuestra
opinión el orden institucional.

No caben las comparaciones, pero resulta inevitable recordar que no sería la primera vez en nuestra Historia que el más alto tribunal del Estado de Chile se coloca en una situación dudosa  respecto del orden jurídico vigente.

En efecto, el año 1973 la Corte Suprema infringió la Constitución de 1925, vigente a esas fechas, y formó parte de la operación sediciosa en contra del gobierno legítimo y constitucional del presidente Salvador Allende. Las terribles consecuencias de esa conspiración, dirigida y financiada desde el exterior, son de todos conocidas.

Van siete en dos días: Corte confirma la libertad

condicional de otros dos ex agentes de la dictadura

Emilio de la Mahotiere ha enfrentado diversas causas judiciales. Ex brigadier del Ejército, estuvo involucrado en la Caravana de la Muerte y en la Operación "retiro de televisores", en la que los agentes de la dictadura lanzaron cuerpos de detenidos desaparecidos al mar.

Son ya siete casos en dos días. La Corte Suprema acaba de comunicar que confirmó la libertad condicional de otros dos reos de Punta Peuco, que se suman a los cinco liberados de ayer. Todos fueron condenados por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar.

La abogada de Derechos Humanos y diputada Carmen Hertz calificó como “peligroso para la institucionalidad del país” los nuevos criterios que está adoptando el máximo tribunal del país para decidir la libertad de los genocidas. Específicamente porque ninguno ha demostrado arrepentimiento ni ha colaborado con la justicia.

La salida de Milton Juica de la Suprema, concretada hace solo un mes, es vista para muchos como el inicio del cambio de tendencia del tribunal para los recursos que presentan los reos de Punta Peuco para salir en libertad.

En los fallos confirmados de hoy, la segunda sala de tribunal ratificó la sentencia en beneficio de Emilio de la Mahotiere González y de Moisés Retamal Bustos, argumentando en ambos casos de que la libertad condicional no es contradictoria con la calificación de sus delitos de lesa humanidad.

De la Mahotiere González fue brigadier del ejército y actuó como copiloto y piloto en los distintos viajes de la Caravana de la Muerte. Ha enfrentado diversas causas judiciales relativas a encubridor de homicidio calificado, secuestro y cómplice del delito de exhumación ilegal, por el desentierro de detenidos desaparecidos cuyos restos fueron lanzados al mar en la operación “retiro de televisores”.

Retamal Bustos, en tanto, participó en el secuestro de tres ciudadanos uruguayos en 1973.

¿Quiénes son y qué hicieron

los liberados de Punta Peuco?

Revisamos las condenas y los motivos que llevaron a la cárcel a los siete reos que esta semana fueron liberados por una resolución de la Corte Suprema.

Detenciones, torturas y desapariciones aparecen dentro de los currículum de los ex agentes del Estado beneficiados con la medida. Carmen Hertz (PC) se lo atribuye a lo que denominó como "ignorancia crónica" de la justicia chilena.

Punta Peuco a estas alturas, según indican los hechos, ya no debería ni siquiera existir. La Presidenta Michelle Bachelet durante su mandato se comprometió ante la misma Carmen Gloria Quintana –una de las víctimas del caso quemados- para cerrar el penal creado en 1995 y trasladar a todos sus reos a la cárcel de Colina I.

Desacuerdos entre la mandataria y el ministro de Justicia del momento, Jaime Campos, habrían obstaculizado el cierre de Punta Peuco y lo cierto es que el penal, hoy, sigue existiendo.

Pero no solo sigue plenamente vigente, dándole de esta forma comodidades y facilidades extraordinarias a los victimarios de delitos de lesa humanidad, sino que otro hecho sacudió a las agrupaciones que defienden la memoria de detenidos desaparecidos en el país: Cinco ex uniformados condenados por este tipo de crímenes fueron ayer liberados gracias a que la Corte Suprema acogió sus recursos de amparo.

¿Quiénes son y qué hicieron los ex presos que ahora gozan de libertad?

Gamaliel Soto es ex suboficial de Carabineros. Fue condenado a 10 años de prisión por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno, quien era director del Hospital de Cunco, en La Araucanía, cuando fue detenido a sus 31 años por ser militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue el 14 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe, cuando funcionarios de Carabineros los detuvieron a él y su esposa, con tres meses de embarazo. Natacha, su compañera, fue llevada a la Cárcel de Mujeres de Temuco, siendo separada de González para no verlo nunca más.

De Eduardo González solo se sabe que fue torturado y que se le vio en muy malas condiciones físicas luego de la detención. En tanto, el cabo de Carabineros Gamaliel Soto Segura fue encausado como cómplice del ilícito, y como autor de la detención de la víctima a diez años y un día de presidio mayor.

Manuel Antonio Pérez Santillán es otro de los liberados de Punta Peuco. El oficial en retiro del Ejército ingresó a Punta Peuco hace solo dos años por el crimen de encubrimiento del asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández, todos ex oficiales del Ejército (r) mayores condenados a 5 años y un día por detención y torturas ejercidas sobre Nizca Báez y por la desaparición de su esposo, Alonso Lazo Rojas. Lazo fue detenido junto a su pareja el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en su domicilio en Copiapó.

El ministro de la Corte, Joaquín Billard, encausó en 2005 al suboficial (R) Hernán Portillo por su eventual responsabilidad en la desaparición del estudiante de Pedagogía Alonso Lazo Rojas. Recién en 2012 el juez Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975. Se le otorgaron seis años de presidio sin beneficios en aquel entonces, por haber sido parte de la detención del ex mirista y de Nizca Báez.

José Quintanilla Fernández y Felipe Astorga participaban de la misma brigada que detuvo a la pareja ese día en Copiapó y cumplían la misma condena que Portillo. Los ex agentes de la dictadura condujeron al matrimonio hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 “Copiapó” y el oficial a cargo del lugar comunicó al hermano de Alonso Lazo que éste había agredido a un centinela para luego darse a la fuga.

Estos son los criminales que la Corte Suprema ayer dejó en libertad despertando el malestar y la disconformidad de varios sectores de la población chilena.

En conversación con este medio, la diputada comunista Carmen Hertz interpretó la medida como un desconocimiento del estándar internacional y se lo adjudicó a lo que denominó como “ignorancia crónica”: “Responde a una ignorancia crónica de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ignorancia que fue crónica en el caso de los tribunales superiores de justicia hasta la detención de Pinochet. Se ignoraba el derecho internacional, ahí recién comienzan a enterarse de las normas a nivel internacional. Yo diría que es un eslabón más de una cadena de impunidad que ha existido en este país en relación con los crímenes de exterminio, lo que es muy grave. Si agentes del Estado están tejiendo eslabones de impunidad, la señal que se está mandando es decir ‘el crimen es legítimo como norma reguladora de los conflictos entre las personas’”.

Por su parte, desde Amnistía Internacional reafirman lo señalado por Hertz. Según Roberto Morales, uno de los voceros de la institución, la justicia chilena está en su derecho de brindar ciertos beneficios de determinados reos, sin embargo, esta facultad no aplicaría si se apega al derecho a reparación de las víctimas, que fue precisamente lo que se obvió en este caso: “Lo que sí se estaría pasando a llevar sería el derecho a reparación de las víctimas. No es posible que haya una reparación efectiva si las personas que cometieron esos delitos no estén cumpliendo su pena en la cárcel. Uno de los elementos que sí está en el derecho internacional es que las penas tienen que tener relación proporcional a los delitos cometidos, y en este caso son de gravedad muy alta y son cometidos por agentes del Estado. Esta opción, que efectivamente puede estar dentro del marco del derecho nacional y puede que efectivamente no haya una contradicción con el derecho internacional en términos tan explícitos, si está contraviniendo el punto de vista de la reparación de las víctimas que sí está expresado en los convenios que Chile ha firmado”.

Este miércoles, la Corte Suprema confirmó las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que reconocieron el derecho a la libertad condicional de dos condenados más por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Moisés Retamal Bustos, quien fuera procesado por el secuestro de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en  septiembre de 1973, en San José de Maipo.

En el caso del oficial De la Mahotiere González, de acuerdo a la información de Memoria Viva, tuvo participación en la comitiva de la Caravana de la Muerte que encabezaba Arellano Stark, como copiloto en el viaje y al sur y como piloto en los vuelos al norte de nuestro país. Fue procesado como cómplice por los homicidios calificados contra de Héctor Silva Iriarte, Mario Godoy Mansilla, Alexis Valenzuela Flores, Danilo Moreno Acevedo, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Washington Muñoz Donoso, Miguel Manríquez Díaz, Segundo Flores Antivilo, Guillermo Cuello Álvarez, Dinator Ávila Rocco, Luis Alaníz Álvarez, José García Berríos, Marco De La Vega Rivera y Mario Arqueros Silva, el 19 de octubre de 1973, en el sector de quebrada El Way de Antofagasta.

Emilio De la Mahotiere González, también fue condenado como  cómplice  del delito de exhumación ilegal por el desentierro de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados y cuyos restos fueron transportados a bordo de un helicóptero Puma para ser lanzados al mar como parte de la operación “Retiro de Televisores” ordenada por Pinochet, en 1978.

Del dolor de los familiares de víctimas de la dictadura

a la euforia de los victimarios. Lo que dejan los fallos

El mundo de los derechos humanos se ha visto alterado en las últimas semanas, producto de la libertad que han conseguido, por ahora,  varios (7) ex agentes de la dictadura. El temor de los familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos protestaron en el frontis de la Corte Suprema por los fallos que nuevamente ponen en la calle a estos ex militares que torturaron, asesinaron e hicieron desparecer personas.


La primera medida que adoptaron fue hacer una protesta en las afueras de la Corte Suprema para exigir a los jueces que sopesen lo que están haciendo. No es que nunca haya habido fallos que favorecen a quienes violaron los derechos humanos, pero los últimos días han sido 7 personas en pocas horas. 


 La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro manifestó que “con este tipo de resoluciones, la Corte Suprema se pone al mismo nivel que estuvo durante los años de la dictadura cívico militar”.

“Estamos frente a un gobierno que ha anunciado la libertad de genocidas, ya sea vía indultos, o a través de este proyecto de ley mal llamado “ley humanitaria”; y tanto ellos como la Corte Suprema con esta liberación de genocidas lo único que hacen es pasar a llevar a nuestros familiares y los tratados internacionales relacionados a los derechos humanos”, precisó.

La presidenta de la AFEP, Alicia Lira manifestó que esta protesta responde a “este atentado de impunidad de la Sala Penal a la cabeza de Hugo Dolmesch. Queremos verdad y justicia, no más impunidad y seguiremos luchando por que los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad paguen”.

En el mismo sentido,  el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez aseguró que “jueces de la Corte Suprema pasan por sobre la Comisión de Libertad Condicional, de la Corte de Apelaciones y de tratados internacionales firmados por Chile. Están inaugurando un mecanismo ilegal en favor de la impunidad con el silencio cómplice del gobierno“.

Finalmente, Sánchez comentó que “ellos cometieron delitos de lesa humanidad y no se han arrepentido ni han colaborado con la justicia. Este acto es ilegal”.

Evalúan recurrir a organismos internacionales

En la instancia, además, Pizarro confirmó que están evaluando con sus abogados recurrir a instancias internacionales.

También se pronunció la abogada de derechos humanos, actualmente diputada Carmen Hertz quien afirmó que junto a organizaciones de defensa de los DDHH evalúan recurrir a instancias internacionales por la libertad condicional otorgada a cinco ex agentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad, pues aseguró que con esta resolución se violan normas internacionales

"Esta resolución que es preocupante, es grave, está violando todos los principios y las jurisprudencias de los tribunales penales internacionales sobre beneficios carcelarios a genocidas o criminales de lesa humanidad", explicó.

Y agrega: "Chile, como parte de la comunidad internacional, está total y absolutamente obligado a cumplir las normas, los principios y las normas consuetudinarias del derecho internacional de los derechos humanos".

Hugo Dolmestch, ministro de la Corte Suprema e integrante de la Sala Penal que visó la libertad condicional a ex agentes de la dictadura, afirmó que "siempre hay alguien que no queda conforme" tras las críticas de organizaciones de derechos humanos por la resolución del máximo tribunal.

"No puedo estar sometido a que deba conformarles a todos y es obvio que siempre hay alguien que no queda conforme", aseguró el ex presidente de la Corte Suprema.

El máximo tribunal acogió los recursos de amparo y reconoció el derecho a libertad condicional de Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, recluidos en Punta Peuco y Colina I.

Se suman al beneficio en las últimas horas el ex brigadier del Ejército Emilio de la Mahotiere González, condenado a tres años de cárcel como cómplice y encubridor en uno de los episodios del caso "Caravana de la muerte", y el coronel (r) Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos en 1973.

Resolver de acuerdo con el mérito

Dolmestch sostuvo que "siempre he creído que la función del juez, y sigo creyendo y por eso asumí esta función, es que debe resolver de acuerdo con el mérito de los antecedentes actuales por el momento".

"Entonces, el hecho de hacer justicia es una cosa muy difícil y cada cual tiene un concepto de lo que es justo y de lo que no lo es. Tengo el concepto de lo es justo respecto de cada una de las causas, nunca he podido tomar partido con una u otra posición, sino que sencillamente resuelvo con el mérito de los antecedentes", indicó.

Empero, aún quedan más de setenta casos cuyo futuro se mantiene en suspenso. De acuerdo a Raúl Meza, abogado que representa a gran parte de los presos del penal destinado a ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad, en marzo presentaron 74 solicitudes para que la pena del mismo número de internos se cumpla con arresto domiciliario.

Estas peticiones, basadas en la avanzada edad o deteriorado estado de salud de los presos, fueron llevadas ante el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza. Además, indicó, otros cuatro enfermos crónicos pidieron el indulto presidencial, el cual está siendo visado por el Ministerio de Justicia.

En esa línea, el abogado agregó que Carroza ordenó al Servicio Médico Legal el envío de la ficha clínica de todos ex uniformados que solicitan la conmutación de la pena, particularmente aquel que refiere sobre su estado mental. "Este último es un tema muy relevante ya que podrían salir en libertad con arrestado domiciliario 70 internos de Punta Peuco y con el reciente precedente judicial de la Segunda Sala de la Suprema, el ministro Carroza podría adoptar la misma decisión", indicó Meza, añadiendo que estos deberían definirse en los próximos días.

La Ley es igual para todos

El abogado de derechos humanos Héctor Salazar más que opinar sobre lo que está pasando con los militares que han quedado en libertad explicó a Cambio21 cómo funciona la ley en estos casos. Deja en evidencia que hay muchos temas que no son tan verídicos porque la ley es igual para todos.

“Estos cinco condenados de Punta de Peuco, por la vía del recurso de amparo, plantearon que está afectada su libertad porque se le denegó arbitrariamente el beneficio de la libertad condicional. Este recurso lo conocen las Cortes de Apelaciones, en este caso la de Santiago. La Corte denegó o rechazó los recursos de amparo y dijo que estaba denegada la solicitud de libertad condicional estos cinco condenados.  La defensa de ellos apeló ante la Corte Suprema y esta acogió los recursos de amparo y dijo que la denegación del beneficio era arbitraria o ilegal y dijo procédase el beneficio”.

Además dijo que “la ley de los beneficios penitenciarios, que se llama, entre los cuales está la salida dominical, la salida a trabajar, permiso para ir donde la familia el fin de semana o la libertad condicional, que es cumplir el resto de pena que le queda en libertad, bajo el patronato del reo. Esas medidas son beneficios que penitenciarios que están en una Ley especial, de antigua data, la cual rige para todas las personas que están cumpliendo condena”.

Agregó que “todos estos beneficios están enfocadas dentro de lo que se llama la política carcelaria que apunta, al menos en teoría, a la rehabilitación de los condenados y su reinserción en la sociedad”.

Respecto a qué pasa con un condenado por delitos de lesa humanidad como el ex militar Jorge Polanco,  que era el piloto a cargo de los helicópteros que tiraban los cuerpos de las víctimas al mar, detalló que “no pasa nada porque él ya fue juzgado y condenado. Si estos beneficios son para todos los condenados en Chile, no hace distinción y por tanto cualquiera persona condenada puede postular a los beneficios de la Ley, independientemente del delito que se trate”.

Cumplir el 50% de la pena

“Si esa persona fue juzgada, condenada ha cumplido a lo menos el 50% de la condena de manera efectiva en un recinto carcelario y concurren los otros requisitos como la buena conducta, la capacidad de reinserción y el apoyo externo que lo pueda acoger puede postular” precisó el abogado.

Polanco nunca ha mostrado arrepentimiento por lo que hizo, pero según el abogado Salazar, no es requisito para postular a la libertad condicional esta situación. Además, no hay forma de comprobar si hay un arrepentimiento real o no.

Salazar recordó el caso de Carlos Herrera Jiménez, quien asesinó al dirigente sindical, Tucapel Jiménez que ha mostrado arrepentimiento, ha colaborado con información, cumple con todos los requisitos, pero siempre se le ha negado la libertad.

Además, el jurista dijo que no es exacto cuando se habla de que ahora están quedando en libertad los violadores de los derechos humanos porque siempre, todos los años, hay gente que ha quedado en libertad condicional.

Los que están condenados a perpetua no podrían optar a este beneficio porque no podrían nunca tener la mitad de la pena cumplida y para quienes tienen perpetua calificada por lo menos se exige 20 años en reclusión. Perpetua simple, 10 años.

Tratados internacionales en duda

En cuanto a los tratados internacionales que Chile ha firmado, el abogado fue categórico: “No hay ningún convenio internacional que establezca lo que dice la gente que no se están cumpliendo. Que diga cuál convenio, no existe ninguno. Además, le digo que toda la tendencia del derecho penal moderno está puesta en la rehabilitación y reinserción, no en el castigo. No hay ninguna norma que diga que estas personas no pueden ser rehabilitadas”.

Salazar encuentra “comprensible la reacción de los organismos de derechos humanos porque ellos han dado una lucha de décadas buscando verdad y justicia y se les ha ido dando a retazos. Entonces, indudablemente que después de 40 años que empiecen algunos condenados a obtener la libertad a ellos les violenta mucho porque les ha costado mucho obtener justicia, pero más allá de comprender y acompañarlos en su dolor hay que tener claro que estamos en un estado de derecho democrático donde las normas y las leyes se aplican para todos”.

Roberto Celedón, abogado de causas de derechos humanos es partidario, por ejemplo, que las personas que están realmente en su última etapa, enfermos terminales o pérdida de conciencia total, “yo no tengo ningún reparo para que puedan pasar sus últimos días fuera del penal”.

“En la aplicación de las penas y en estas situaciones en que la justicia está resolviendo son factores que podrían ser integrado para efectos de discernir las situaciones concretas que, por ejemplo, los recursos judiciales que se presentan en los tribunales”.   

“En cuanto al proceder de los tribunales no sé si se hace cargo de las normativas internacionales existentes sobre la materia. Por otro lado, efectivamente como se ha señalado el tema de la colaboración es con la verdad y la justicia, es un tema de un punto de vista moral también muy importante para efectos de considerar si efectivamente una persona está en condiciones de reintegrarse a la sociedad” expuso.

Además añadió que “en este sentido, si no ha habido colaboración por parte de los condenados para establecer la verdad , para contar todo y permita reparar el daño causado, al no dar antecedentes respecto de personas ejecutadas, desaparecidas que el daño causado persiste en los familiares, en ese sentido resulta gravoso y afecta profundamente a los familiares el que aquellos que no pudo determinar la responsabilidad penal en participación en hechos tan graves como los delitos de lesa humanidad, sean beneficiados por una Ley que no estaba pensada en situaciones de esta naturaleza”.

“Por lo tanto, necesariamente los tribunales tienen que integrar en el nuevo contexto jurídico que existe y que vela por estas situaciones, los temas de violaciones a los derechos humanos”, apuntó el abogado.

    

Estatuto de Roma:

El reglamento al que alude la Suprema para

conceder la libertad condicional a ex uniformados

Críticos de las resoluciones del máximo tribunal señalan que estas no estarían acorde a los estándares internacionales en cuanto a crímenes de lesa humanidad.

En veintisiete oportunidades los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema citaron el Estatuto de Roma en los fallos que otorgaron la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad, los cuales cumplían su condena en Punta Peuco y Colina 1. Las decisiones revocaron aquellas dictadas por la Comisión de Libertad Condicional, que su vez se basaron en que los internos presentaban insuficiente conciencia del delito y del daño causado. Por su parte, el máximo tribunal consideró que se cumplían con los requisitos legales y que no existía un impedimento en la legislación internacional.

Es a raíz de esto último, que los fallos indican, por ejemplo, que cuando el Estatuto de Roma "establece restricciones para la reducción de la pena a quienes hayan sido condenados, entre otros, por crímenes de lesa humanidad -como se califica el cometido por el amparado-, tales limitaciones rigen sólo para la rebaja de sanciones impuestas por la Corte Penal Internacional establecida por dicho Estatuto, lo que, huelga aclarar, no se ajusta al caso".

En cambio, en Chile se requiere, entre otras cosas, el haber cumplido la mitad de la condena impuesta, a excepción de algunos delitos donde no están considerados aquellos que atentan contra los derechos humanos. Así también, las resoluciones de la Suprema ponen en manifiesto que nuestro ordenamiento constitucional no ha recogido las restricciones previstas en el tratado, y que estas "no resultan atingentes para dirimir el otorgamiento de la libertad condicional, siendo necesaria su incorporación por vía legal". Estas consideraciones han sido las que, a juicio de algunos críticos, revelarían una vulneración de los tratados internacionales.

A su vez, el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, se respaldó la autonomía de los magistrados, asegurando que "toda norma es interpretable". Pero, ¿en qué consiste el Estatuto de Roma? Un tratado que tardó 11 años en ser ratificado En septiembre de 1998, Chile se suscribió al estatuto, pero tardó casi once años en ratificarlo ante las Naciones Unidas, dándole también así jurisdicción a la Corte Penal Internacional. Incluso, para 2009, Chile era el único país de Sudamérica que no había ratificado el Estatuto.

"El tratado establece una serie de crímenes por los cuales esta corte puede tener competencia. Dentro de estos se crean los de lesa humanidad", explicó el profesor de Derecho Internacional en la UC, Álvaro Paúl, precisando que esto solo aplica a los casos llevados ante la Corte Penal Internacional, ya que no pudieron perseguidos por la justicia local. "Al ratificarlo, Chile reconoce los delitos por los que se pueden someter a nuestros nacionales en caso que se den las circunstancias (...). La Corte en general ha conocido crímenes cometidos en África, hasta el momento, ya sea por temas como guerra civil o porque los dictadores siguen el poder", agregó el abogado.

En su artículo 110, dicho estatuto establece requisitos para evaluar la reducción de pena o entrega de beneficios carcelarios para los autores de este tipo de delitos, entre ellos la colaboración sostenida con la investigación y muestra de arrepentimiento. Sobre esto, la ex subsecretaria de DD.HH, Lorena Fries, explicó a 24Horas que bajo la legislación actual los condenados cumplen con los requisitos, pero no con estos adicionales fijados por la Corte Penal Internacional, los cuales se basan en "la gravedad de los delitos". Es por esto, que indicó que las resoluciones de la Suprema están "dentro de la legalidad, pero esta legalidad no está acorde a los estándares internacionales en materias de DD.HH.".

Por su parte, el constitucionalista de la Universidad Diego Portales, Javier Couso agregó que "parece anómalo que se estén otorgando libertades condicionales como las que suelen darse para delitos comunes, para lo que son lo más grave que contempla el derecho penal nacional o internacional. Los crímenes de lesa humanidad son los más graves que puede contemplar el organismo jurídico de cualquier país del mundo".

Ante la posibilidad de llevar los casos ante instancias internacionales, Fríes agregó que estas "nos van a decir que introduzcamos criterios en el acceso a beneficio a criminales comunes versus de lesa humanidad. No es que tengamos un caso para llevar a los tribunales, pero lo que sí tenemos es la necesidad de actualizar nuestra legislación". De esta manera, Paúl concluyó: "En casos como los de Chile, la Corte no tendría ningún rol porque acá se están llevando los asuntos a juicio. Aquí se aplicó una pena y se sancionaron los delitos. El tema es que no hay ningún tratado que no siga que no se pueda aplicar beneficios".
ClariNet