CORRUPCION-JUDICIAL8

Abbott, Gómez y Guerra:
Los Disparates de los Tres
Chiflados de la Impunidad.

El Fiscal Manuel Guerra, integrante junto a sus correlijas, Pablo Gómez y Jorge Abbott, del “team” Los Tres Chiflados de la Impunidad, al igual que el segundo en el caso SQM, está dilapidando los cuantiosos recursos de que dispone el Ministerio Público, con el fin de garantizar la penalidad más leve posible a Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner, en el caso Penta.


Es así como Délano y Lavín fueron reformalizados este martes, sobre la base de la versión entregada por el ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner, operación que apunta al juicio abreviado pactado entre fiscalía y defensas, a esta altura, la línea de menor costo para los empingorotados inculpados.

Entre los hechos relatados en la formalización efectuada en 2015 contra el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, en el marco del caso Penta y los señalados este martes en su reformalización, hay tres que, simplemente, desaparecieron:

– La mención a los correos electrónicos intercambiados con uno de los controladores del grupo;


– la alusión al rol de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y


– los delitos de cohecho y soborno.

Asimismo, en la nueva imputación de hechos aparecen dos hechos no presentes en 2015:

– El ex gerente de Penta Hugo Bravo -y no sus dueños- habría sido quién decidió hacer pagos bimensuales de $3 millones a Wagner mientras este se desempeñó como funcionario público entre junio de 2010 y septiembre de 2012, y

– estos montos formarían parte de un aumento indebido de su patrimonio y no de cohecho.

Dicho relato se transformó en el punto clave de la controversia suscitada en la audiencia del martes, puesto que libera a los acusados de las imputaciones por soborno respecto a Délano y Lavín, y cohecho a Wagner, y permite el procedimiento abreviado pactado con la fiscalía.

Las sinrazones de Guerra

De esta manera, Guerra reformalizó a los imputados sobre la base del testimonio que Wagner entregó en 2015, que, ni cortos ni perezosos, hicieron suyo Délano y Lavín.

Son esos puntos que reformulan el relato de los hechos, los que el Consejo de Defensa del Estado -y los otros querellantes en la causa-, rechazaron ante el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía, señalando que al eliminarlos el Ministerio Público incurre en un acto “arbitrario” e “ilegal”.

El nuevo relato del Fiscal Guerra da por cierto el testimonio de Wagner, en el sentido de que cuando estaba por entrar al Ministerio de Minería en 2010, solicitó a los controladores de Penta, donde había trabajado por nueve años, que se le pagara un dinero adeudado puesto que necesitaba esos recursos, dado que sus ingresos se reducirían al servir en el sector público. Agregó que fue Hugo Bravo quien decidió la forma de pago.

Este argumento fue el que expuso el Ministerio Público durante la reformalización, pese a que en 2015 había advertido la existencia de los delitos de soborno y cohecho en los tres imputados, en virtud de correos intercambiados entre Lavín y Wagner.

“Cualquier ayuda será agradecida de por vida por mi familia. Demás está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites”, señalaba Wagner en uno de ellos.

Pero hoy, a juicio de la fiscalía, los argumentos sostenidos en esa formalización de 2015 fueron débiles y ahora son difíciles de probar. Y que por ello se optó por la recalificación de los delitos. El fiscal Manuel Guerra explicó sus razones para recalificar:

“Hemos dejado sin efecto una formalización anterior que, efectivamente involucraba hechos que podrían entenderse como constitutivos de delitos de soborno y cohecho. Lo hemos hecho porque hemos llegado a la convicción de que no tenemos elementos que nos permitan acreditar seriamente una acusación en esos términos y creemos que los hechos que el Ministerio Público puede probar, son aquellos que dan cuenta de enriquecimiento ilícito”.

La abogada María Inés Horvitz, del Consejo de Defensa del Estado, calificó de “ilegal” la omisión de hechos incorporados en la formalización original, constitutivos de delitos:

“Lo que aquí se ha visto es que se han eliminado hechos que fueron parte de una formalización previa (marzo de 2015). Vamos a sostener que esta es una práctica ilegal y que debe ser rechazada por completo”.

Para la abogada, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, al alcanzar un acuerdo con los dueños de Penta desechó el delito de soborno, “de forma arbitraria” y “sin ningún fundamento”.

“Si los antecedentes de una investigación dan cuenta de una entrada por escalamiento a un inmueble para la posterior sustracción de las especies que están allí, eso sería un robo con fuerza en reposo. Pero si el ministerio Público, en forma arbitraria, para favorecer el procedimiento abreviado, retira el escalamiento (…), paralelo a meter un hurto, eso es un comportamiento que en nuestro sistema es claramente ilegal”, agregó.

La defensa de los dueños de Penta solicitó al tribunal excluir al CDE, porque, a su juicio, este no tenía legitimidad para alegar contra Délano y Lavín, dado que no existiría perjuicio al Fisco de parte de los involucrados, en virtud de que ya habían sido reformalizados solo por delitos tributarios.

Es una leguleyada de tercer orden, y un argumento es tan peregrino, que lo destruyó inadvertidamente uno de sus propios representados.

En efecto, consultado Lavín por los periodistas acerca de si consideraba que lo pagado hasta ahora, en impuestos, intereses y multas, y la eventual sanción pecuniaria, en caso de arribar a un procedimiento abreviado, reparaban el mal provocado por el comportamiento tributario de sus empresas, cuyo perjuicio fiscal asciende a poco más de $1.714 millones, de acuerdo a los cálculos del Servicios de Impuestos Internos, respondió lacónico:

“Si Usted gasta 100 y tiene que pagar 500, ¿qué le parece?”.

De esa manera, Délano y Lavín Lavín enfrentaron una reformalización y acusación del Ministerio Público por delitos tributarios, incluido el pago de bonos a empleados mediante boletas o facturas ideológicamente falsas y los aportes irregulares a campañas políticas, cuyo respaldo también fue documentación tributarias fraudulenta, entre otras conductas.

En el caso de ser hallados culpables en un juicio abreviado, ambos arriesgan una pena de 4 años de libertad vigilada y una multa del 100% del perjuicio fiscal.

En cambio, en un juicio oral, incluido el delito de soborno, la pena era superior a 5 años y un día, y por tanto, inexcarcelable.

Al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, se le recalificó delito: enriquecimiento ilícito en vez de cohecho.

Queda por dirimir qué razones pudo tener el Fiscal Guerra para actuar de esa manera, porque el argumento de la debilidad de las pruebas es, además de insostenible, nauseabundo y escandaloso.

Volveremos sobre esto.

Injusticia legal

Desgraciadamente para el principio de aplicación de justicia, el juez Daniel Aravena, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, dio el pase al juicio abreviado contra los imputados, acogió en todos sus puntos la petición de la defensa y quitó legitimidad al Consejo de Defensa del Estado y a Ciudadano Inteligente como querellantes del caso Penta.

“Se condena a los acusados como autores de delitos tributarios”, sostuvo el magistrado durante la audiencia.

Tras la reformalización donde se eliminó el delito de cohecho, sólo podrán acusar el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, instituciones que apoyan el juicio abreviado.

Esto causó molestia en Ciudadano Inteligente que estuvo presente en la reformalización. La organización dijo que la Fiscalía “renunció a juzgar”.

La consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, se refirió a la decisión del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago:

“Es muy llamativo que después de haber escuchado la relación de todos los delitos tributarios que demuestran una forma de actuar en los dueños de Penta -bastante inescrupulosa por decirlo de alguna manera diplomática- se han jugado por completo excluir una imputación que tiene una dimensión simbólica muy importante como un delito de corrupción por autonomasia”.

Al ser consultada por la razón del cambio de conducta de la Fiscalía, que al inicio de la investigación pidió penas de diez años contra los imputados, refiriéndose al fiscal Manuel Guerra, quien ha sido duramente cuestionado a lo largo de la investigación, la querellante sostuvo:

“Hay que ver qué hay detrás. La decisión se tomó luego del cambio de fiscal. Yo la verdad no lo veo. Ninguna razón que esté sustentada en los antecedentes de la investigación que hayan llevado a una revalorización de los hechos. Y desde luego tampoco hubo un pronunciamiento por parte del tribunal por qué esta reformalizacion dejaba sin efecto una formalización previa que fue debidamente comunicada a las defensas”.

La doctrina Abbott

Una de las razones estriba, probablemente, en la denominada “doctrina Abbott”, atribuida al Fiscal Nacional Jorge Abbott, quién colocó a los Fiscales Manuel Guerra, en el caso Penta, y Pablo Gómez, en el caso SQM, en reemplazo de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes presentaron su renuncia al Ministerio Público para dejar de manifiesto su desacuerdo “con las decisiones que se han tomado en las causas que investigamos en la Fiscalía de Alta Complejidad”.

En esencia, la “doctrina Abbott” consiste en cerrar los casos de connotación política lo antes posible, de preferencia sin culpables presos, y con un mal acuerdo en vez de un buen juicio, amparados en argumentos rebuscados como ausencia de pruebas, o recuperación de recursos fiscales que podrían perderse, en caso de absolución de los inculpados.

Los fundamentos de esa doctrina son de una pobreza asombrosa, y atentan contra la misión que la reforma al sistema judicial le entregó a la Fiscalía, que es, precisamente, investigar para acusar. La supuesta ausencia o debilidad de la prueba sólo puede atribuirse a la deficiencia de la investigación, mientras que la recuperación de dineros para el Estado no es una decisión que le competa al Ministerio Público, sino al tribunal correspondiente.

La “doctrina Abbott” fue anunciada a fines de abril y luego públicamente defendida en la cuenta pública rendida por el Fiscal Nacional:

“Los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”.

En su momento, diversos actores políticos consideraron esos dichos implicaban un reconocimiento a la existencia de dos justicias para los chilenos: una para quienes tienen recursos o fueros, y otra para los pobres y los chilenos de a pié.

El Frente Amplio anunció que presentaría una solicitud ante la Corte Suprema pidiendo la destitución del jefe nacional del Ministerio Público. Las razones que dieron en el momento se basaron en los dichos de Abbott respecto de  las indagaciones por financiamiento irregular de campañas políticas, cohecho y soborno, entre otros delitos.

La presidenta del partido Poder Ciudadano, Karina Oliva, señaló a Radio Universidad de Chile que el Frente Amplio no ha desistido de la idea sino que buscan un momento más propicio para avanzar con el proceso que podría llevar a la destitución del fiscal Abbott.

“No damos las batallas solo para ganarlas, sino que enfrentamos las cosas también porque hay convicción política. Lo de la Fiscalía Nacional no es problema judicial, sino político, ya que es un órgano que actúa sin un contralor externo ni para el ámbito financiero ni para revisar las atribuciones del Fiscal Nacional”, dijo.

En opinión de la diputada, la “doctrina Abbott” se ha plasmado claramente en las causas relacionadas al financiamiento ilegal de la política en las que se ha optado por juicios abreviados o en reunir todas las causas en un solo juicio oral contra todos los acusados, como sucedió con en el caso SQM, cuya investigación se dio por cerrada por el Octavo Tribunal de Garantía de Santiago el viernes recién pasado.

La presidenta del partido Poder Ciudadano insiste en que las actuaciones del Fiscal Abbott han sido, al menos, reprochables públicamente e insiste en la necesidad del Ministerio Público  de contar con un ente fiscalizador externo.

Agregó que el requerimiento de destitución a la Corte Suprema apunta a cuidar la institucionalidad del Ministerio Público y su prestigio, ya que, por ley, es el organismo persecutor de delitos y ha perdido la confianza de la ciudadanía debido a las causas emblemáticas relacionadas con financiamiento irregular de la política y que eso ha sido, en gran parte, responsabilidad de Jorge Abbott como líder de esta institución del Estado:

“Estamos terminando de revisar los antecedentes y son muchos. Creo que tenemos fundamentos de peso para llevar adelante esta solicitud de remoción y no por nada  Jorge Abbott decidió contratar los servicios de un reconocido abogado para que ejerza su defensa ante la Corte; él sabe que el Ministerio Público no funciona bien y necesita un defensor de gran envergadura”, concluyó.

El abogado al que hace referencia la vocera del Frente Amplio es el ex Ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, Luis Bates, quién habría iniciado el estudio de antecedentes, para llevar a cabo la defensa de  Abbott.

Entretanto, impertérrito, Abbott le puso fianza a la actuación de Manuel Guerra en el caso Penta, como a su turno hizo con las decisiones del Fiscal Pablo Gómez, encargado de desactivar el caso SQM.

Consultado por las críticas que suscitó el actuar del fiscal Guerra, Abbott explicó:

“El Ministerio Público ha demostrado enormes fortalezas. Basta recordar la reacción en la Operación Huracán, pocas veces vista en la historia. Nos parece bastante injusta la apreciación que se nos hace y hay que ver las causas como Corpescas y SQM que van a ir a juicio donde aparecen personas con puestos relevantes dentro del Estado”.

Luego, defendió a Guerra a rajatabla:

“Conociendo y estudiando los antecedentes de la investigación llegó a la íntima convicción de que tenía que reformalizar la y él dentro de sus atribuciones legales tomó una decisión a partir de la convicción a la que él arribó”.

Abbott concluyó:

“Sólo me corresponde respetar las resoluciones de los fiscales regionales respecto a sus atribuciones exclusivas”.

Y entonces ¿para qué está el Jefe?

Abrochada la Impunidad en caso SQM

Antes de irse al extranjero por una destinación laboral de su señora, la ex ministra de Justicia, Patricia Pérez, quien debe hacer su pasantía en un doctorado en la Universidad de Cambridge, el Fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez, dejo atada y bien atada la impunidad en el caso SQM.

La Fiscalía cerró la investigación del caso SQM el pasado 29 de junio, con una importante cantidad de diligencias no realizadas, con la reunificación de los inculpados en una sola causa, y con un acuerdo con SQM, para un una salida alternativa, en rigor una multa, respecto del delito de cohecho.

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien conducía esta indagatoria, comunicó el término de las diligencias ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

El cierre era el resultado esperado por los intervinientes y, a partir de éste, el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para presentar la acusación en contra de 18 imputados.

Entre éstos se encuentran el ex gerente general de la minera no metálica Patricio Contesse, el ex senador UDI y ex ministro de Economía Pablo Longueira, el ex senador Fulvio Rossi, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el senador DC Jorge Pizarro y el ex embajador Marcelo Rozas (DC).

“Desde el punto de vista estratégico, juntamos las investigaciones por los hechos imputados a todas las personas que aparecen involucradas en este caso, por lo tanto, todos los formalizados están en una misma causa y en esa virtud, cerramos la investigación. Para proceder a lo que corresponde, el acto siguiente es formular la acusación.”, dijo la fiscal Carmen Gloria Segura.

Respecto a la solicitud de la fiscalía para desaforar al senador Jorge Pizarro (DC), también imputado en el caso, la fiscal señaló:

“La ley dice que tiene que presentarse junto con la acusación, por lo tanto, tenemos plazo para presentarlo, igual que la acusación. El mismo día, seguramente, lo presentaremos”.

A la petición de sobreseimiento definitivo de su caso que ya presentaron Patricio Contesse y Marco Enríquez Ominami, se sumó el ex senador Fulvio Rossi aunque la Corte de Santiago ya había revocado esa decisión.

La audiencia de sobreseimiento de Fulvio Rossi se verá el próximo 10 de julio. En el caso de Marco Enríquez Ominami, se revisará el próximo martes 3 de julio, y el 24 de julio en el caso de Patricio Contesse.

Previamente, el 14 de febrero de 2018, la Corte de Apelaciones confirmó la legalidad -ya que no la legitimidad- del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y SQM, aprobado a fines de enero por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, y al que se opuso el Consejo de Defensa del Estado.

Tal salida alternativa implica que SQM evite ser condenada por los presuntos sobornos a personas del entorno del ex candidato presidencial UDI Pablo Longueira, a cambio del desembolso de 2.550 millones: 900 millones a beneficio fiscal y otros 1.650 millones para fundaciones.

“Estamos muy satisfechos. Creemos que es una excelente salida para el caso”, dijo Gómez al conocer la sentencia.

En su opinión:

“Todo juicio es una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Podríamos llevar la causa a juicio, pero existe la posibilidad de absolución. Nosotros tenemos la convicción de poder sostener el cohecho, pero es un juicio, y serán tres personas, tres jueces de la República los llamados a resolverlo. Si no logramos convencerlos, van a absolver y vamos a haber perdido la posibilidad de recuperar para el Estado aquellas ganancias que la empresa obtuvo a través de los contratos de invariabilidad”.

¿Y desde cuándo la Fiscalía asumió la responsabilidad de cautelar los intereses del Estado? ¿Es que Gómez ignora, o simula ignorar que para eso está el Consejo de Defensa del Estado?, y ¿qué pasa con la imagen de la fiscalía con esta suspensión?

La siguiente justificación de Gómez es, más que insostenible, ridícula:

“Como fiscal debo sujetarme a lo que me manda la ley. Y dentro del juego normativo tengo que desempeñarme, entonces, bajo ciertos criterios que la ley misma me ordena y me dice: objetividad. Lo que estamos haciendo es actuar bajo ese marco. Y la ley nos ha dicho: fiscal, si usted tiene antecedentes para ir a un juicio, vaya. Si usted cree que carece de antecedentes y puede encontrar una mejor solución a través de la suspensión condicional, hágalo. Nosotros creemos que la empresa SQM no está pagando y zafando, ellos están pagando mucho más que yendo a un juicio”.

La connotación económica de la conducta de Gómez se advierte nítidamente en las declaraciones del abogado de SQM, Hugo Rivera:

“Muchas veces no es por reconocimiento de culpabilidad, hay razones de empresa, de economía, que se busca una solución no solamente jurídica, siempre también hay que ponderar que es lo que es más conveniente cuando uno esté insertado dentro de una economía y con todos los contratos e implicancias económicas correspondientes”.

A la inversa, Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, querellante en las otras aristas de SQM, fue al fondo del asunto:

“Básicamente vamos a observar, probablemente, durante las próximas semanas unos ofertones para suspensiones condicionales, una verdadera justicia de clase”.

Como fuere, los dos mayores casos de financiamiento ilegal de campañas políticas en Chile, que han marcado el debate público durante los últimos años, quedarán sin justicia gracias a los tres chiflados de la Impunidad.

Implacable persecusión a los mapuche

El guante blanco de los fiscales Abbott, Guerra y Gómez con los delincuentes de cuello y corbata, vinculados a partidos de derecha, contrasta brutal y dolorosamente con la implacable persecusión de la Fiscalía Regional de Temuco, contra comuneros mapuches, muchas veces con pruebas amañadas, como mostraron la Operación Huracán, o con declaraciones de testigos sin rostro, en los casos del incendio contra un templo evangélico de la comuna de Padre Las Casas, ocurrido en junio de 2016, y del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.

En el primero de los casos nombrados, hoy los hermanos Pablo y Benito Trangol, condenó a 10 años y un día de cárcel, se declararon en huelga de hambre hasta lograr la anulación del juicio.

“Hemos tomado la difícil decisión de iniciar una nueva huelga líquida, a pesar de las secuelas que nos dejó la extensa huelga anterior, en la cual estuvimos al borde de un final fatal”, dijeron por medio de un comunicado subido a una página de Facebook a favor de su libertad.

Los comuneros mapuche definieron dos objetivos para la medida de protesta. El primero es apoyar al machi Celestino Córdova, primer condenado por el caso Luchsinger-Mackay, quien permanece sin alimentación hace más de un mes, a la espera de un permiso que lo autorice a salir de la cárcel por 48 horas para renovar su rewe.

El segundo propósito de los hermanos Trangol es la anulación del juicio, “en el cual fuimos condenados bajo una declaración de testigos sin rostros y sin haber un fundamento o prueba concreta que demuestre nuestra culpa, y donde la detención fue declarada como ilegal”, expusieron en la declaración.

Robinson Trangol, hermano de los huelguistas, informó:

“Los presos políticos mapuche del caso Iglesia han decidido tomar una difícil decisión de iniciar una huelga de hambre líquida indefinida, ya que están condenados injustamente solo por presiones políticas y por ser mapuche”.

En el caso Luchsinge-Mackay, tras dos juicios, fueron absueltos ocho de los once acusados, y condenados tres, dos de ellos a la pena de presidio perpetuo, con las mismas pruebas, lo cual, para la abogada de la defensa, Manuela Royo, es un despropósito.

La abogada cuestionó el hecho de que algunos hayan sido absueltos y otros no, sobre la base de la misma prueba, y afirmó que el fallo está basado más en presiones políticas que en coherencia jurídica.

“La verdad es que es una situación bastante inexplicable, toda vez que la fuente probatoria es una, y lo cierto es que no puede ser que una declaración sea mitad verdad y mitad mentira, eso vulnera todos los preceptos de la lógica y no tiene ninguna coherencia jurídica. Por lo tanto, consideramos que obedece más que nada a presiones políticas”.

A través de un comunicado, Amnistía Internacional también criticó el fallo:

“Este juicio, está marcado por diversas denuncias de irregularidades, que demuestran la manera discriminatoria en la que se aplica la justicia en contra de líderes de pueblos indígenas, lo cual no sólo afecta a las personas imputadas, sino también vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del crimen y sus familiares”.

Para estar a la altura de sus antecedentes, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, declaró que evalúa positivamente el resultado del juicio, aunque lamentó que ocho de los once acusados hayan sido absueltos.

Absueltos los ricos, pagan los pobres

Pero faltaba la guinda de la torta.

Hoy la Corte de Apelaciones revocó la condena de costas impuesta contra el gobierno y la Fiscalía; lo cual significa que los diez comuneros que estuvieron presos por 28 días, acusados de asociación ilícita, deberán hacerse cargo de los costos que demandó su defensa.

La abogada Karina Riquelme calificó esta resolución de racista:

“Lo que en definitiva resuelve es que todos los gastos judiciales que tuvieran las personas a las que Carabineros implantó pruebas, con negligencia incluida de la Fiscalía -dos instituciones estatales-, deben ser pagadas por las mismas víctimas. Es decir, los mismos mapuche deben costearse todo lo que significó el hecho de que les hayan montado pruebas”.

-¿Qué interpretación que le da a esta resolución?

“Yo creo que es súper grave. La Corte de Apelaciones siempre falla en contra de los mapuche, en cualquier tipo de situación. En este caso, lo que está haciendo es que a las personas de bajos recursos -porque es un hecho que no estamos hablando de personas con recursos- les cueste más realizar su defensa jurídica, afectando así a esas personas que son dirigentes del territorio, defensores de su territorio a la hora de llevar a cabo una defensa digna a través de defensores privados que le otorguen la seguridad de que no sea el Estado el que te defienda, porque sabemos que todas las instituciones del Estado los persiguen a través de la criminalización”.

-¿Qué factores cree que incidieron?

“Creo que desgraciadamente la Corte de Apelaciones de Temuco perdió su rumbo. Hace años que vemos cómo falla en contra de mapuche en distintas ocasiones. Por ejemplo, en el Caso Luchsinger fue muy dura con la Machi Francisca Linconao. Todo el tiempo fue la Corte de Apelaciones la que devolvió a la machi a prisión preventiva. Los tribunales de primera instancia sí otorgaban la libertad. En este caso el tribunal de primera instancia sí otorgó costas para que el gobierno pagara los gastos judiciales que habían surgido de esta persecución. Creemos que desgraciadamente tienen intereses acá en La Araucanía y que los jueces de la Corte se encuentran ligados con las personas que se ven afectadas por la recuperación territorial del pueblo mapuche. Son amigos de los gremios, de los camioneros, de latifundistas… Entonces, como existe esta relación, porque asisten a los mismos lugares -van al club de golf, al club de leones-, esto genera una decisión que tiene que ver con la clase. Para ellos hoy los mapuche son un problema”.

– Se entiende de lo que dice, que la Corte de Apelaciones de Temuco ha actuado siguiendo una suerte de hilo conductor que responde a asuntos de clase…

“Absolutamente. La Corte de Apelaciones de Temuco desgraciadamente -y esto es porque los jueces son seres humanos- tiene algún tipo de interés. Los jueces de La Araucanía no están más cercanos a las comunidades mapuche, están más cercanos -por el tema de clase- a quienes se encuentran en contra de la recuperación territorial del pueblo mapuche, y esa es una parte de la gente que vive en La Araucanía. Son los que son parte de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, los que son parte de los gremios, sus hijos van a los mismos colegios. Con ellos se contactan. No van a las comunidades mapuche, no conocen a la gente más pobre, ni aquellos que han perdido su territorio. Son amigos del otro lado”.

La abogada dió en el clavo. Es exactamente lo que ocurre con los tres payasos de la impunidad. Abandonan su deber cuando los imputados tienen una elevada condición socio-económica, y por lo mismo, influencia social y poder político.

Siempre y cuando, naturalmente, no se trate del viejo plato de lentejas.

El día más oscuro para el

combate contra la corrupción

El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la propuesta de la fiscalía de eliminar los delitos de cohecho y soborno contra los controladores de Penta y el ex subsecretario de Minería respectivamente. Con esto, la Justicia sepulta un litigio emblemático contra los impulsores de millonarios pagos ilegales en beneficio de variados políticos del país.

En el año 2015, el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán formalizó por el cargo de cohecho al ex subsecretario de minería Pablo Wagner, y por actos de sobornos, a los controladores del grupo Penta: Carlos Délano y Carlos Lavín. Sin embargo, este martes el fiscal Manuel Guerra eliminó ambas figuras penales en su exposición durante la reformalización.

Durante la audiencia, el persecutor argumentó que no había elementos suficientes para probar hechos de corrupción. No mencionó, por ejemplo, los correos electrónicos intercambiados entre Wagner y uno de los controladores del grupo, donde se referían a pagos en dinero por servicios prestados, prueba que involucraba a los empresarios en el delito de soborno.

En el caso del ex subsecretario, la fiscalía retiró la acusación de cohecho y la cambió por la de incremento del patrimonio indebido. Cuando ya ocupaba el cargo público durante el primer gobierno de Piñera, recibió los 42 millones de pesos por parte de la compañía.

Este miércoles, el juez Daniel Aravena sepultó cualquier atisbo de seguir un emblemático juicio por corrupción, que en su momento sacudió a la política nacional.

El magistrado acogió los argumentos del persecutor Manuel Guerra para iniciar un procedimiento abreviado contra los controladores del grupo Penta. Esta decisión significa dejar fuera del caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a Ciudadano Inteligente, quedando solamente el Servicio de Impuestos Internos como querellante por cargos de delitos tributarios.

Con la recalificación del delito, los tres imputados arriesgan una pena de cuatro años que podrán cumplir en libertad, y una multa de mil 700 millones de pesos, una penalidad notablemente menor a la imputación por corrupción.

Los querellantes excluidos expresaron su total rechazo respecto a la decisión. La representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, fue explicita durante la audiencia, “entonces su Señoría, la Fiscalía, puede hacer lo que se le antoja”.

Durante el receso, la consejera del CDE expresó su molestia por la decisión del tribunal y afirmó que el CDE tenía pruebas suficientes para condenar a los dueños de Penta.

“Es muy llamativo que después de haber escuchado la relación de todos los delitos tributarios que demuestran una forma de actuar en los dueños de Penta -bastante inescrupulosa por decirlo de alguna manera- se han jugado por completo el excluir una imputación que tiene una dimensión simbólica muy importante como un delito de corrupción por autonomasia. Qué pasó acá es la pregunta que nos hacemos, qué pasó con el Ministerio Público (…) Lo dije, no solamente que tenía antecedentes para el cohecho, dije que nosotros estábamos totalmente preparados para demostrar que los antecedentes de la investigación arrojan antecedentes suficientes para acreditar la existencia del cohecho”, dijo la jurista.

María Inés Horvitz adelantó que se evaluarán las acciones a seguir, todo con tal de seguir adelante con la querella por corrupción.

Al respecto, el abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, calificó la maniobra de la fiscalía como impresentable, avalando con esto la corrupción, al eliminar antecedentes probatorios que existían en la carpeta investigativa contra los dueños de Penta.

“Reformalización que tenía como objetivo impedir que nosotros pudiésemos oponernos a este acuerdo, el que implica, además, eliminar cargos por delitos de corrupción sin ninguna justificación. Los señores Délano y Lavín son mucho más peligrosos que el rey de los portonazos, que el día de ayer recibió una pena ejemplar y efectiva, no obstante, tenemos a este grupo de personas a las cuales se les imputan un sinnúmero de delitos con cuatro años remitido, es absolutamente impresentable”, argumentó.

El ex persecutor del caso Penta, Carlos Gajardo, cuestionó al fiscal regional metropolitano oriente e indicó que la decisión del juez fue errada, ya que, incluso, afecta a la imagen del país ante la OCDE.

Aseveró que Manuel Guerra está preparando el camino para ser Fiscal Nacional, por lo que está haciendo cálculos para no estar enemistado con políticos, especialmente senadores, a quienes corresponde validar el nombre de la máxima autoridad fiscalizadora.

En tanto, el también ex fiscal de la causa, Pablo Norambuena, indicó que la eliminación de los cargos por soborno y cohecho por parte de Guerra en el caso Penta, es una decisión injustificada que afecta la legitimidad de la institución persecutora para perseguir la corrupción en Chile.

Al respecto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, rechazó las críticas hacia la instancia que representa. Precisó que “existen casos como Corpesca y SQM que van a ir a juicio y donde aparecen personas con puestos relevantes dentro del Estado”.

Desde su actual puesto, el fiscal regional metropolitano ha encabezado otros casos de alta connotación política. Negoció en marzo pasado una salida alternativa en beneficio del senador de la UDI, Iván Moreira, implicado en el caso Penta.

En agosto pasado, Manuel Guerra se dedicó a investigar eventuales irregularidades en el caso Bancard, empresa ligada al Presidente Sebastián Piñera y la pesquera peruana Exalmar. A pocos meses de las elecciones, el persecutor decidió cerrar la investigación al no encontrar hechos constitutivos de delito, despejando el terreno al entonces candidato de Chile Vamos, a pocos meses de las elecciones de la que resultó victorioso.

Con el reciente veredicto de la Justicia, la percepción ciudadana sobre corrupción en Chile eventualmente seguirá incrementándose. Recordemos que el último estudio de Transparencia Internacional establece que un 78 por ciento de los encuestados cree que la práctica ilegal seguirá creciendo en el país.

Chile, donde el delito de cohecho

no es castigado como corresponde

A diferencia de otros países, Chile se perfila como uno de las naciones que menos penaliza la corrupción. Hoy, está en pleno desarrollo el Caso Penta, un litigio judicial donde la propia fiscalía intenta librar de tales delitos a importantes empresarios nacionales.   

Según informes dados a conocer por Organizaciones No Gubernamentales, las penas por el delito de cohecho en el país están lejos de ser comparadas con otras naciones.

Chile es una de las naciones con menores sanciones, en el otro lado, España, Brasil y Perú han conseguido castigos ejemplares sobre hechos de corrupción.

En España, además de remover al presidente del gobierno Mariano Rajoy, la justicia aplicó altas penas contra otros integrantes del Partido Popular (PP) involucrados en el denominado “caso Gürtel”. La Audiencia Nacional condenó, entre otros acusados, al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años de prisión;  su esposa a 15 años; y al empresario Francisco Correa, considerado el líder de la red, a 51 años.

En Brasil, hasta la fecha, el caso Lava Jato lleva 109 condenas a presidio efectivo, y en Perú hubo 1.760 condenas por corrupción durante el 2017.

Mientras en Chile, las investigaciones de eventuales casos de cohecho se han enfrentado a serias dificultades, Así ha sido incluso en la audiencia del llamado caso Penta.

Este martes finalizó la primera jornada de reformalización y procedimiento abreviado de los excontroladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, del exgerente de contabilidad, Marcos Castro, y del exsubsecretario de Minería Pablo Wagner.

Durante la audiencia el fiscal regional metropolitano, Manuel Guerra, eliminó los cargos de soborno para Lavín y Délano. En tanto, a Wagner se le quitaron los cargos por cohecho. Todo como se había acordado de palabra previamente entre el persecutor y los abogados de los acusados.

El ex ministro de Sebastián Piñera habría recibido pagos mensuales por parte del Holding. A esto, según se acusó, se sumaron actos del exfuncionario en favor de los empresarios. Gestiones para que Lavín fuera miembro del directorio de Codelco, según se establece en correos incautados por la indagatoria.

Pese a la decisión del fiscal Guerra, será el juez de garantía quien revise el acuerdo, que finalmente determinará si los hechos dan cuenta del delito de cohecho o solo enriquecimiento ilícito.

La Fundación Ciudadano Inteligente, querellante del caso Penta, aseveró que la compañía “trató de comprar a la democracia chilena”.

El abogado de la ONG y parte querellante, Mauricio Daza, indicó que el fiscal Manuel Guerra manipuló los hechos para hacer viable el acuerdo acordado con las defensas de Carlos Délano, Carlos Lavín y Pablo Wagner.

“Todo con la finalidad de poder viabilizar un acuerdo básicamente conveniente para las defensas de los imputados en este caso. Lo que está haciendo el fiscal Guerra no sólo es impresentable, sino que es una vergüenza y, además, no cumple con las exigencias que implica el cargo público que él desempeña”, afirmó.

Otro de los que se opondrá al acuerdo es el abogado representante del Partido Socialista en la causa, Enrique Aldunate.

El jurista querellante precisó que espera intervenir este miércoles, reafirmando su oposición al juicio abreviado, que en la práctica, significa solo la dictación de penas remitidas y multas para los acusados.

“Legítimamente podemos fundar una posición razonable y esperamos que el juez dé lugar a lo que estamos planteando. Eventualmente, acá los delitos no son solo tributarios, sino que también existen acciones de cohecho, como inicialmente se planteó en este proceso”, argumentó.

La audiencia de este miércoles también contará con la presencia de abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien decidió oponerse al acuerdo firmado por el fiscal regional Manuel Guerra y los abogados de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, que suprime los delitos de cohecho y soborno en la causa.

Los consejeros se opondrán al procedimiento abreviado debido a la gravedad y relevancia del caso, que no estaba compensado en el acuerdo impulsado por el Ministerio Público.

Recordemos que hace unos días la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional rechazó igualmente la recalificación de los hechos imputados.

“Graduados con honores como país corrupto”:

Repudio a acuerdo entre dueños de Penta y fiscalía

Maniobra del fiscal Manuel Guerra en favor de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín provoca rechazo generalizado entre ciudadanos y personajes públicos.

Probablemente esta sea la jugada más evidente desde la Fiscalía para ir ya cerrando sin perjuicios mayores para empresarios y parlamentarios, los casos por financiamiento delictual de la política. Este miércoles el 8° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de procedimiento abreviado acordado entre las defensas de los delincuentes Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del Grupo Penta, y el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra.

Esto se tradujo finalmente en dos importantes acontecimientos: El primero, que al ser reformalizados ambos sujetos solo por delitos tributarios, se eliminó el de cohecho, por lo tanto solo fueron condenados por el primero de ellos; el segundo es que a raíz del retiro de dicha imputación por parte de la fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Fundación Ciudadano Inteligente, ambos querellantes por cohecho, quedaron automáticamente fuera del proceso.


La Fiscalía, único interviniente junto al cuestionado Servicio de Impuestos Internos, ya adelantó que solicitará una pena de cuatro años de cárcel contra los controladores del Grupo Penta… pero con cumplimiento en libertad.

Es a raíz de esta decisión de la fiscalía que comenzaron a emerger rápidamente las críticas sobre su actuar por parte de personajes públicos, así como de la ciudadanía en general. Cuestionamientos que quizás puedan ser resumidos acertadamente en la declaración entregada este martes por el abogado de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, en la primera jornada de reformalización: “La verdad es que el mejor abogado que han tenido el día de hoy los señores Délano y Lavín ha sido el fiscal Guerra”.



Caso Penta: Corrupción flagrante e impunidad

El caso Penta vuelve a reactivarse con decenas de acusados que enfrentarán próximamente un juicio oral. Un espectáculo con el protagonismo de conspicuos miembros de las elites políticas y económicas para solaz de la ciudadanía y espectadores. Un nuevo golpe a las clases controladoras que caen en el desprecio y descrédito más profundo como estafadores y perfumados delincuentes. Pese a ello, nadie cumple hasta ahora efectiva condena de prisión. En Chile, los poderosos gozan de completa impunidad.

La acusación del Ministerio Público contra los directores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, y otras 33 personas, es una medida que junto con apuntar hacia una esperada justicia, tendrá un glorioso efecto. La reactivación del proceso y su posterior juicio oral instalará a la corrupción política y al caso Penta nuevamente en el centro de la agenda pública, esta vez en un año electoral, dinámica que junto a otros escándalos, como Corpesca, Asipes o SQM, contribuirá a dar un nuevo y merecido golpe a la clase política.

Sólo en el caso Penta aparecen dos políticos activos, como el senador UDI Iván Moreira y el diputado del mismo partido Felipe de Mussy, además del ex subsecretario y el ministro de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y Laurence Golborne. Junto a ellos, la red involucra a cónyuges, subalternos, ex políticos y asesores de distintas especialidades.

Esta acusación, que abarca delitos tributarios reiterados mediante la profusa emisión de boletas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas, prácticas de cohecho y lavado de activos, es también un golpe indirecto a las pretensiones electorales de Sebastián Piñera, que suma el caso Penta como parte de su entorno empresarial y político a los casos Exalmar y Bancard.

LOS EMPRESARIOS CHILENOS SABEN

AHORA QUE NO IRÁN A LA CÁRCEL

POR COHECHO O SOBORNO

Es como ocurrió en la Iglesia, pero de otro modo. Los culpables materiales de atrocidades de gran calado quedan prácticamente libres de polvo y paja. Ya vimos salir airoso al “principal ideólogo” de la corrupción entre la “política y el dinero” Julio Ponce Lerou (como controlador de SQM)  y ahora transitan por el mismo sendero los dueños del grupo Penta que terminan un largo proceso judicial con el alma, el corazón y la mente sin manchas y sin responsabilidad penal alguna. Lo mismo ocurre con el ex subsecretario de Minería del primer gobierno de  Sebastián Piñera, Pablo Wagner.

El Octavo Juzgado de Garantía resolvió quitar la calidad de acusadores del caso Penta, en un juicio abreviado, al Consejo de Defensa del Estado y a la Fundación Ciudadano Inteligente, permitiendo sólo la participación del  Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público. Esto lo decidió el juez de Garantía Daniel Aravena.

En esta forma los controladores de Penta Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además del ex subsecretario  Wagner se libraron del Consejo de Defensa del Estado que los podría haber acusados  además de soborno y cohecho.

La reacción de la Fundación Ciudadano Inteligente fue de indignación declarando que la Fiscalía “renunció a juzgar”.

En los hechos, la decisión del tribunal valida el acuerdo firmado por el fiscal regional Manuel Guerra y los abogados de los imputados, que suprime los delitos de cohecho y soborno en la causa.  Según planteó el persecutor en la audiencia de este martes, “no había suficientes antecedentes” para imputarlos por esa causa. Y justamente el cohecho y el soborno serían los delitos más graves e importantes cometidos en este caso, que tienen un castigo penal real. El resto, lo que le dejaron de pagar o estafaron a Impuestos Internos es “papel picado”  y eso los procesados lo arreglarán con cheques o dinero en efectivo, que es justamente lo que menos les falta.

No se sabe a ciencia cierta lo que realmente ocurrió al interior de la Fiscalía.

No se sabe si hubo influencias externas, tampoco se sabe si el fiscal recibió instrucciones o fue aconsejado de más arriba o guarda secretos que podrían servir para aclarar un poco más esta curiosa forma de actuar del aparato judicial chileno  para no tener que decir simplemente que en todo esto algo parece estar fallando.

Este peculiar acuerdo permite en concreto que los “millonarios en desgracia” puedan acceder a un procedimiento abreviado con una pena de cuatro años de presidio en libertad vigilada, sin pena efectiva de cárcel, como se había pedido en un principio cuando los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena dirigían el caso, ambos hoy renunciados al Ministerio Público.

El ex fiscal Carlos Gajardo que estuvo a cargo de este caso advirtió este miércoles en Cooperativa que el mensaje que se da a los empresarios es que no pueden ser sancionados por pagarle a uno o más funcionarios públicos para que hagan por dinero lo que se les pida.

La empresa liderada por Délano y Lavín pagó tres millones de pesos cada dos meses al entonces subsecretario de Minería Pablo Wagner, según los medios como Radio Biobío y también Cooperativa.

“¿Qué señales damos como país si  los casos más graves, los grandes portonazos económicos, terminan al final sin sanciones efectivas?”, preguntó Gajardo.

Gajardo subrayó  que “siempre supimos y dijimos que el cohecho en Chile tenía penas bajas (…) y esto es lamentable porque, efectivamente, el delito de cohecho es  particularmente grave que afecta al conjunto de la ciudadanía”, situación que esta semana se está debatiendo en el Congreso Nacional.

“Cuando un funcionario público, sobre todo de alto rango (como Wagner), recibe dinero, al final lo que está haciendo es favorecer intereses particulares y, por lo tanto, perjudicando al conjunto de los intereses de la ciudadanía”, aseveró el ex persecutor.

Camila Vallejo por Caso Penta:

“Es un escándalo lo del Fiscal Guerra”

Este miércoles, el Octavo Juzgado de Garantía dejó fuera al Consejo de Defensa del Estado y a Ciudadano Inteligente como  querellantes y, de esta manera, dio luz verde al proceso abreviado que el fiscal Manuel Guerra le ofreció a Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner, tras eliminar el delito de cohecho.

Esto desató un sinfín de reacciones al accionar del persecutor a cargo del denominado Caso Penta. Una de ellas fue la diputada PC Camila Vallejo, quien a través de Twitter se manifestó y lo calificó de “un escándalo” y “un atentado a la probidad”.

“Es un escándalo y un atentado a la probidad lo que ha hecho el fiscal Guerra. Al cambiar acusación de cohecho por ‘aportes indebidos a políticos’ burla nuestra justicia y nuestra democracia. Los delitos de cuello y corbata siguen impunes gracias a acciones como estas“, escribió.

Es un escándalo y un atentado a la probidad lo que ha hecho el Fiscal Guerra. Al cambiar acusación de Cohecho por "aportes indebidos a políticos" burla nuestra justicia y nuestra democracia. Los delitos de cuello y corbata siguen impunes gracias a acciones como estas

Desde el CDE aseguraron que ante la decisión del tribunal, recurrirán a las instancias correspondientes para anular el fallo.

ClariNet