CERCO-PACOS

La fiscal Macarena Cañas
analiza desde citar uno a
uno y en calidad de testigos
a los 41 generales, hasta
recurrir a la vía judicial.

Lo anterior después que la institución rechazara la solicitud que, por la vía de un oficio, envió en julio la persecutora penal. El objetivo es confirmar o descartar las denuncias de algunos imputados en el caso del millonario fraude detectado al interior de la policía uniformada, entre ellos el general (r) Flavio Echeverría.

El Ministerio Público analiza la posibilidad de citar uno a uno a los 41 generales que conforman en Alto Mando de Carabineros para que proporcionen, en calidad de testigos,  la información de los movimientos de sus respectivas cuentas corrientes entre los años 2007 y 2017,  en el marco de la investigación del millonario fraude detectado al interior de la institución, conocido como el caso “Pacogate”.

Según informó el vespertino La Segunda, estas diligencias las llevaría a cabo la fiscal Macarena Cañas, después que los generales de la policía uniformada rechazaran la solicitud que en ese sentido hizo la propia fiscal, quien busca determinar si son o no efectivas las denuncias de algunos imputados sobre el mal uso de gastos reservados de Carabineros.

Con ese objetivo, la fiscal Cañas envió un oficio a la Dirección de Justicia de la policía uniformada el 26 de julio pasado, en base a lo que señalan los artículos 19 y 180 del Código de Procesal Penal sobre el  deber de los órganos del Estado de “proporcionar sin demora, la información que les requiere el Ministerio Público”,  frente a lo que los funcionarios públicos tienen la imposibilidad de excusarse, salvo en casos exceptuados por ley.

En declaraciones al mismo diario, el abogado Juan Carlos Manríquez, quien asesora al Senado en su decisión de no entregar al Ministerio Público  los detalles de esas asesorías, indicó sobre el caso de Carabineros que “respetando las facultades de la Fiscalía y los derechos de los involucrados, lo que resultaría proporcionado sería una petición acotada, con antecedentes precisos y en casos concretos. Ello podría incluso sortear un debate en audiencias judiciales, en las que los jueces suelen ser muy estrictos cuando se trata de aceptar medidas intrusivas”.

Macarena Cañas, de hecho, no descarta la vía judicial si los altos oficiales vuelven a negarse a entregar la información solicitada. De hecho, el escenario ideal era que lo hicieran en calidad de testigos, ya que éstos, a diferencia de los imputados, no tienen derecho a guardar silencio y en cambio no pueden negarse a proporcionar los antecedentes que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Uno de los denunciantes contra el actual alto mando es uno de los principales imputados del “Pacogate”, el general (r) Flavio Echeverría. Su abogado, José Luis Andrés, afirmó que “justamente es la información  bancaria la que permitiría confirmar la denuncia planteada por mi representado”.

El Alto Mando, por su parte, dijo que desconocía “la obligación de colaboración con la Fiscalía que establece la Ley Orgánica de Carabineros”. Asimismo, pidió a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Defensa que determinen “las responsabilidades políticas” de los generales ante la negativa de la solicitud realizada.

Caso Carabineros: red de palos blancos

revela detalles de como se articuló mega fraude

Hay entre ellos funcionarios institucionales activos y en retiro, obreros, ingenieros, mecánicos, transportistas, comerciantes e incluso una profesora. Por otra parte, se descubrió una nueva arista en el caso que tiene relación con licitaciones arregladas dentro de la institución, la cual está siendo investigada por la fiscalía.

Reportajes Bío Bío reveló este martes que luego de acceder a documentos contenidos en la investigación del Ministerio Público, encontró a lo menos 50 declaraciones de personas que, a sabiendas o no de que la plata provenía de Carabineros, accedieron a abrir cuentas bancarias y prestarlas a distintos oficiales para recibir depósitos que luego les devolverían en efectivo. Estas personas con quienes constituyen la red de “palos blancos".

Entre ellos, hay funcionarios institucionales activos y en retiro, obreros, ingenieros, mecánicos, transportistas, comerciantes e incluso una profesora.

Algunos lo hicieron por necesidad, otros por pagar un favor o por lealtad a sus superiores. Y hay quienes alegan que no les quedó otra, que estaban bajo amenaza, o que simplemente fueron engañados.

En la nota, figura el nombre de Miguel Ángel Becerra, quien se convirtió en un palo blanco, luego de que un viejo amigo carabinero lo llamara por teléfono y lo invitara a ser parte de una compleja y extensa red de favores, lealtades, mentiras, codicia y plata fácil. El riesgo era alto, pero el dinero en juego era tanto que Becerra no lo pensó dos veces.

“Me llamó y me dijo que le prestara una factura. Le dije que sí. Cuando nos juntamos en mi oficina me dijo que saldrían unos cheques a nombre mío y que yo me podría quedar con el 10%. Sabía que era un fraude a Carabineros e igual accedí”, reconoció a mediados de mayo de este año, cuando el caso ya habia salido a la luz y debió declarar como imputado ante los fiscales Patricio Macaya y Jorge Marín.

Como ocurrió con Becerra, también sucedió con varios personeros más. Según relató, en una reunión pactó con su amigo, el teniente coronel (r) Juan Guillermo Maldonado, que por entonces trabajaba en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Zona Oeste de Carabineros, que le pasaría los cheques a su nombre para que los depositara en su cuenta bancaría, para luego ir a retirar el dinero, guardar su parte y hacer el cambio de bolsos fuera de sospecha.

Asimismo, cuando Becerra confesó ante los fiscales sobre licitaciones arregladas se supo la existencia de un delito paralelo que nunca había sido publicado.

Esas licitaciones hoy son parte de una nueva arista en el fraude, y que la fiscalía está siguiendo dentro de la misma investigación sobre cómo se extraían recursos desde Carabineros.

ClariNet