AGENNDA-CORTA

Si construimos una breve
(más bien brevísima) historia de
las teorías criminológicas,
podemos identificar dos
momentos cruciales.

POR ISABEL ARRIAGADA

Primero, el momento frenológico, que marca el advenimiento de la criminología.

A fines del siglo XIX e inicios del XX Lombroso sostuvo poder identificar la naturaleza criminal de una persona a través de sus características físicas. La ventaja de una teoría como esta apunta a haber desarrollado una compresión del crimen independiente de la cosmología religiosa.

Cometer un crimen no era ya un acto del pecador en contra Dios, sino un acto natural proveniente de la exclusiva fisonomía del individuo.

Probablemente el lector conozca las críticas a la frenología. Entre otras, ellas apuntan a haber subsumido la voluntad humana al determinismo biológico y haber negado (en su versión más dura) la responsabilidad social en la producción del delito.

Cuarenta años después, la criminología da un giro crucial. El surgimiento de las teorías del etiquetamiento provocó una revolución académica. En “Outsiders” Howard Becker describe que el acto criminal no proviene de rasgos inherentes a la naturaleza humana, sino que es una construcción social. Nadie ni nada es criminal por sí mismo, sino que es definido (“etiquetado”) como tal por los grupos de poder.

Las cruzadas morales por criminalizar el tráfico de drogas o la vagancia, por ejemplo, representan la facultad de ciertos sectores para excluir y encarcelar a otros. Con esta vuelta de tuerca, esta teoría representa uno de los mayores esfuerzos del construccionismo social dentro del pensamiento criminológico y funda una nueva forma de pensar el crimen.

En el siguiente paso, las teorías neo-marxistas han criticado duramente esta argumentación. Frances Fox Piven, por ejemplo, sostiene que el etiquetamiento conecta con una teoría de la dominación pura, ya que niega e ignora la agencia de quienes persiguen deliberadamente oponerse a las reglas sociales.

En su visión, hacer descansar el crimen en la interacción proveniente del etiquetamiento formulado por el poderoso significa aseverar que el poderoso es el único agente capaz de crear y comunicar significado.

Piven, evidentemente, quiere destacar el rol social de la resistencia y oposición del marginado: el supuesto consenso social al que apelan las teorías del etiquetamiento (para definir y clasificar un acto como criminal) es una ilusión teórica: el mundo está cargado de expresiones de poder, dominación y fuerza destinadas a excluir y criminalizar.

Desde las ciencias políticas, Piven nos recuerda que la teoría criminológica requiere adoptar una cierta concepción sobre el ejercicio del poder. La pregunta es, entonces, cómo conectar crimen y teoría política. Si tomamos en serio la crítica de Piven, la criminología debe estudiar la forma en que se ejerce el poder.

En los Estados de derecho, el punto de partida requiere entender al delito –ya no crimen– como la descripción legal (típica) de una conducta que define el ejercicio democrático. Para confirmar que esta versión ideal de la democracia y las leyes representen un “verdadero” consenso social, el debate requiere incluir la representación de grupos minoritarios y un sistema eleccionario que evite la adopción de decisiones sobre la base de réditos políticos. La participación democrática resulta ser un requisito crucial para un correcto ejercicio del aparato penal. Permitir la más amplia representación de intereses y generar instancias que fortalezcan la participación democrática, no solo perfecciona, sino que legitima el aparato penal.

Criminalizar la pobreza es el resultado de un consenso democrático ficticio que ha excluido del debate político a quienes se busca “etiquetar”. Revertir este resultado no solo requiere multiplicar las instancias de discusión, sino entregar las condiciones materiales (recursos y tiempo) para participar en el debate. De lo contrario, cuando la ciudadanía carece de las condiciones para ejercer su vida política –cuando el trabajo es arduo, la información es escasa, las instancias son distantes– el llamado a participar terminar por ser un gesto vacío y el consenso termina por ser un acuerdo a cuatro paredes entre una elite criminalizadora.

En condiciones desiguales, son pocos los privilegiados quienes cuentan con las comodidades para participar en el debate público.  

En Chile, la CONFAPRECO, 81 Razones o el Comité de Derechos Humanos La Legua son organizaciones destinadas a apoyar poblaciones precarizadas y jamás han sido invitadas a participar en las sesiones del Congreso. La negación de la voluntad del excluido de la que habla Piven no es, como podemos ver, un problema distintivo de la teoría criminológica. La voz de los grupos marginados no se escucha en ninguna de sus versiones ni en ninguno de sus espacios de exclusión.

Desde la academia hay un convencimiento absoluto de que la solución para la criminalidad no es la cárcel y que la agenda corta en Chile, por ejemplo, constituye una propuesta brutal y discriminadora.

Como la realidad aplastante nos anuncia, poco de esto importa a la clase política. Si ello es así –y si la evidencia criminológica cede ante la frialdad de las prácticas políticas– el próximo paso requiere una estrategia práctica que reconecte la democracia con una nueva versión de la equidad política y económica.

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