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ABERRACION-GOBIERNO8

Oposición critica a Piñera
tras toma de razón de
Contraloría de decreto que
permite al gobierno utilizar
las FF.AA. para combatir
el narcotráfico.

Más temprano, y mediante un comunicado de prensa, la CGR informó que "tomó razón, con alcance, del Decreto 265". Al respecto, explicó que dicho alcance se "aclara que las Fuerzas Armadas en ningún caso podrán desempeñar funciones propias de las policías, por lo tanto, el ámbito de acción está circunscrito a proveer medios logísticos, tecnológicos y de transporte".

Como una improvisación del gobierno, calificaron desde la oposición la toma de razón que hizo este martes la Contraloría General de la República (CGR) del decreto que autoriza y delega en el Ministerio de Defensa, la colaboración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el combate al narcotráfico en zonas fronterizas.

“Es una improvisación más del Ejecutivo”, dijo el senador independiente, Pedro Araya. “Cuando uno ve lo que aprobó Contraloría, se da cuenta que las Fuerzas Armadas van a seguir teniendo las mismas atribuciones que tenían antes que el Presidente Piñera hiciera este anuncio rimbombante”.

Araya agregó que “no hay ningún cambio sustancial de lo que las Fuerzas Armadas venían realizando en esta materia. Lo único que se ha hecho por parte del Presidente de la República, es un anuncio publicitario que en nada sirve para combatir el narcotráfico”.

El diputado de Revolución Democrática (RD) y presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Brito, también apuntó a la improvisación y añadió que la toma de razón de Contraloría le da la razón a la oposición.

“Le pedimos al gobierno, humildemente, que deje de improvisar en torno al narcotráfico”, señaló Brito, citado por La Tercera. “De esa manera no le vamos a ganar a nadie”.

En esa línea, agregó que “Contraloría, al parecer, nos da la razón, (pues) toma razón en torno al decreto, pero con un alcance bastante limitado, que era nuestra propuesta”.

Más temprano, y mediante un comunicado de prensa, la CGR informó que “tomó razón, con alcance, del Decreto 265”. Al respecto, explicó que dicho alcance se “aclara que las Fuerzas Armadas en ningún caso podrán desempeñar funciones propias de las policías, por lo tanto, el ámbito de acción está circunscrito a proveer medios logísticos, tecnológicos y de transporte”.

Del mismo modo, se indica que “corresponde al Ministro del Interior y Seguridad Pública evaluar y adoptar la decisión política acerca de la colaboración en coordinación con el Ministerio de Defensa, sin que las Fuerzas Armadas puedan realizar labores de apoyo de manera autónoma, quedando de esta forma sometidas a la autoridad civil”.

Adicionalmente, el alcance establece que deberá existir una coordinación con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que la colaboración se desarrolle sólo en zonas fronterizas.

En el gobierno, en tanto, celebraron el dictamen, pese a la polémica por un eventual uso político de la medida, en el marco de la crisis migratoria que ha enfrentado el Ejecutivo en la frontera norte.

“Muy buena noticia la toma de razón de la @Contraloriacl del decreto que permitirá a las FFAA colaborar en la vigilancia de nuestras fronteras para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos que usar todos los esfuerzos y rigor de la ley para erradicar estos flagelos”, indicó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a través de Twitter.

¿Contra quién quiere Chadwick una ley anti-terrorista?

En el marco de una baja en el crecimiento económico, Piñera y cía. necesitan pasar mayores ajustes sobre las espaldas del pueblo trabajador, endurecer las medidas de las reformas estructurales. En este marco se vienen sirviendo del discurso “antiterrorista” para neutralizar a la oposición, pero no a la parlamentaria, sino que principalmente a la oposición que fue el movimiento estudiantil el 2011 que ya les desestabilizó una vez. Ahora, Chadwick intenta volver a poner el debate de la “ley antiterrorista”.

Hoy, en las portadas de los principales medios, resaltaron dos noticias: la primera, que Piñera tenía la fe de que la economía podría repuntar y subir en sus índices de crecimiento; la segunda, si hay que reponer o no la ley anti-terrorista, discurso que se viene usando al menos las últimas dos semanas para buscar darle más facultades a la policía para intervenir las Universidades, incluso la diputada Hoffman (UDI) llegó a asegurar que presentará un proyecto para implementar Aula Segura en las Universidades.

Pareciera ser que Chadwick quiere poner el pie en el acelerador con su ambición de Ley Antiterrorista cuando salió a declarar que había atentados que públicamente se sabía que tenían apoyo de organizaciones internacionales, así, en general, sin ni un solo caso en específico. También apareció Cecilia Pérez apoyando a Chadwick, declarando que es un ministro “muy responsable” (?).

Más allá de estas declaraciones que son totalmente generales y desesperadas de la derecha de pasar más a la ofensiva, es notable que los últimos meses el discurso anti-terrorista ha sido utilizado principalmente contra estudiantes secundarios y secundarias, menores de edad, en particular con una brutal represión sobre el Instituto Nacional, la instalación de cámaras, el ingreso de Fuerzas Especiales hasta las salas de clases, etc., y también estas últimas semanas sobre el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, donde la Centro Derecha Universitaria también viene sacando rédito.

No es curioso que luego de que se bajase el paro docente -que por rol del Frente Amplio y el Partido Comunista, principalmente, se mantuvo separado de los organismos estudiantiles- el gobierno retome la ofensiva contra la juventud, quienes en su primer gobierno lo desestabilizaron, abriendo de paso no solo un cuestionamiento al gobierno de Piñera, sino que al régimen heredado de la dictadura más de conjunto.

La derecha sacó lecciones de su primer gobierno y para aumentar el crecimiento económico no piensan sacar dinero de sus bolsillos, van a cargar “el alza de la economía” sobre los hombros del pueblo trabajador, van a necesitar una reforma laboral más dura, y una tributaria y previsional a su propia medida.

Para eso van a necesitar neutralizar a la oposición, pero no precisamente a la oposición parlamentaria, que juegan a “la oposición responsable”, sino que a la oposición de las calles; necesitan dividir a estudiantes, trabajadores, profes; necesitan dar mayores facultades a las policías para reprimir con mayor impunidad, a legitimar que la policía dispare millones de pesos en bombas lacrimógenas y perdigones, esos que reciben estudiantes dentro de las universidades, que reciben funcionarios y funcionarias a quienes las autoridades de la universidad no les aseguran ni una sola mascarilla de gases, cuando ya es “de conocimiento público” que la policía está día y noche dispuesta a reprimir en Macul con Grecia, que puede entrar a la universidad de Chile o al Pedagógico, reventar ojos a estudiantes, disparar lacrimógenas al lado de salas cunas, etc.

En síntesis, la derecha para pasar sus ataques, tiene la mira puesta sobre el movimiento estudiantil, uno de sus principales oponentes en las calles. Es en estos momentos en los que se hace más necesario que esta discusión pueda ser dada triestamentalmente en los establecimientos educativos, porque va a ser utilizado para violar la autonomía universitaria más aún de lo que hoy ya se hace, y porque si no damos esta batalla para defender algo así de mínimo, más espacio tendrá el gobierno no solo para atacarnos como estudiantes, sino que nuestras condiciones de vida y las de las familias de la clase trabajadora.

Y para ello no basta con organizarse por separado en cada facultad y liceo, sino que debemos agruparnos para poder actuar en conjunto estudiantes y trabajadores, que seamos nosotres quienes traspasemos los muros de las universidades y no la policía guardiana de la herencia de la dictadura.

La Ley Antiterrorista de Piñera es un peligro para

la Democracia: Lo único que hace eliminar

libertades, quitar derechos y criminalizar las protestas

Seamos claros: El Terrorismo en Chile no es un problema de seguridad nacional. Sin ir más lejos, nuestro país es uno de los países con la menor tasa de homicidios del mundo. ¿Por qué entonces tanto interés del Gobierno de Piñera en aprobar innecesarias leyes para combatirlo? Porque lo está utilizando como excusa para lograr su verdadero objetivo: Eliminar libertades, quitar derechos y convierte al país en una Dictadura camuflada

Entre los detalles escondidos de la Ley Antiterrorista de Piñera se encuentra  la cárcel efectiva escribir amenazas en las redes sociales y hacer apología al terrorismo sin detallar lo que aquello significa. Fortalece la figura del “testigo protegido”, alguien que nadie conocerá pero te encarcelarán si él dice que es culpable, (es decir sin pruebas), y se incorpora la figura del “terrorismo cibernético”, algo que simplemente no existe.

El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, aseguró que la propuesta criminaliza las protestas y estigmatiza las reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas, especialmente del pueblo mapuche, alejándose del estándar internacional en materia de Derechos Humanos.

“Esto de que el terrorismo pueda ser una acción individual y no asociativa ciertamente que se distancia de las recomendaciones internacionales en materia de derechos indígenas, y lo que es peor aún: se enfatiza que la problemática que vive la Región de La Araucanía se resuelve con más represión y no con soluciones políticas”

A las críticas se sumó el Senador Francisco Huenchumilla quien catalogó la reformulación de la ley como un “terrorifico proyecto del Gobierno de Piñera”. Por su parte,  el vocero del Consejo Todas las Tierras, Aucán Huilcamán fue aún más categórico al señalar que “con las eventuales indicaciones a la Ley Antiterrorista se repetirán hechos similares y peores a la Operación Huracán”

Suponiendo que Chile estuviera tan cagado con el terrorismo como lo está Estados Unidos, lo que habría que hacer mejorar la inteligencia policial que en Chile es un desastre, algo que más encima la Ley Antiterrorista de Piñera justamente no hace 

Sólo el año pasado murieron 26.000 personas pobres esperando atención médica, un verdadero genocidio, y a la Derecha no le importa ya que su prioridad es eliminar libertades, quitar derechos y convertir al país en una Dictadura camuflada… ¿Terminamos de entender que la Derecha es un peligro para la Democracia y jamás les ha interesado mejorar la sociedad?

¿El tema de fondo? La Derecha quiere criminalizar las protestas y transformar al país en una Dictadura camuflada no por fascismo, lo hace por instrucción directa de los más ricos. Para que nadie los moleste mientras nos aplastan y saquean al país. Y es que cuando la burguesía ve que el poder se les escapa de las manos, siempre recurre al fascismo para mantener sus privilegios

Columna: ¿Necesita Chile una nueva “ley antiterrorista”?

Por Boris Yopo H

Aprovechando el atentado a una Comisaría de Carabineros y el envío de otra bomba a las oficinas de un ex Ministro del Interior, el Presidente Piñera a los pocos minutos del atentado, buscó reinstalar la urgencia de la aprobación en el Congreso, de una nueva “ley antiterrorista”.

Al respecto, es bueno recordar que sectores conservadores hace años están buscando endurecer la legislación vigente, y que ha sido severamente cuestionada por diversas entidades internacionales, entre ellas, el relator especial para los derechos humanos y pueblos indígenas de la ONU, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2014 condenó al Estado de Chile, y ordenó revocar varias sentencias contra comuneros mapuches, basadas en esta ley.

Así, diversas organizaciones han señalado reiteradamente que no hay, de acuerdo a estándares internacionales, una actividad en el caso de La Araucanía, que justifique apelar a este concepto; y que su uso puede constituir una discriminación contra poblaciones originarias. Ahora, por cierto que el “terrorismo” existe en el mundo, y los países deben tener resguardos y una legislación adecuada para protegerse, pero en principio su aplicación debiese restringirse a casos extremos que reúnan las características ya consensuadas en esta materia, y aún así, deben siempre tomarse los resguardos para evitar los excesos que siempre suceden bajo las llamadas “políticas antiterroristas”. Los casos ocurridos en los últimos años en Santiago, si califican en general, como acciones terroristas, por eso es muy importante cautelar los contenidos que tendría una nueva ley, en caso de aprobarse.

A este respecto, es importante señalar que a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, se constituyó en el 2007 un panel con los principales expertos internacionales en la materia, que elaboró una definición de terrorismo, que fue incorporada ese año a la agenda del organismo mundial.

Esta definición reforzó una visión ya existente entre muchos especialistas, respecto a la necesidad de “acotar” el uso que se hace de este término, que no constituye cualquier forma de violencia, y donde el elemento central de la definición, es la “acción sistemática y/o deliberada” para infundir terror, atentando de manera “física contra civiles desarmados”. Los atentados cometidos por la DINA y CNI durante la dictadura, o las bombas de la ETA en Madrid, serían por ejemplo, casos donde un Estado o un grupo insurgente, recurren a esta práctica.

El terrorismo es algo demasiado grave como para estar usándolo de manera partidista o ideologizada. Durante la Guerra Fría por ejemplo, ambos bandos se acusaban de cometer actos terroristas, y el régimen del apartheid en Sudáfrica acusaba a Mandela de ser un “terrorista”. El trabajo de los expertos de la ONU buscó precisamente superar esta visión “maniquea” e ideológica, donde siempre es el otro el “terrorista” .

Terrorismo hay ahora en Europa y Medio Oriente con atentados masivos que buscan de manera intencionada hacer el máximo daño a la población civil. Pero no es el caso de La Araucanía, por ejemplo, y así lo han hecho saber diversos informes internacionales del último tiempo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su reporte del 2017, descarta por ejemplo, que los crímenes o delitos cometidos en la Araucanía tengan el carácter de terrorista, y habla de un “conflicto y acciones de violencia sobre la tierra y los derechos indígenas en Chile”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha vuelto asimismo a cuestionar la aplicación de una legislación “anti-terrorista” a mapuches, por actos que “aunque violentos o criminales” no ostentan el carácter de “terroristas”.

Y es que cualquier futura ley en la materia, debe resguardar claramente la línea divisoria entre conflictividad social y terrorismo. En el caso de La Araucanía, el problema de fondo es político y no de seguridad. La violencia que ahí se vive, es una consecuencia (y no la causa) de la incapacidad del Estado y los sectores más conservadores para abordar de manera integral, el histórico despojo y reivindicaciones básicas que hacen representantes del pueblo mapuche.

Pero además, cualquier nueva legislación, debe contemplar los más altos estándares de control sobre las instituciones encargadas de combatir un flagelo, como el terrorismo, que es real, pero que muchas veces da lugar a abusos y graves violaciones a los derechos humanos, en el actuar de fuerzas policiales que tienen la responsabilidad de combatirlo.

En Chile, los antecedentes del actuar de Carabineros en los últimos años no son positivos, en este sentido. Los constantes abusos y maltratos del cuál son víctimas las comunidades mapuches, o el montaje en el caso Catrillanca, son ejemplo de lo señalado.

Se requerirán estrictos controles, y una fiscalización permanente, para asegurar que esto no siga ocurriendo.

Los altos grados de autonomía con que cuentan las fuerzas policiales en la actualidad, atentan contra esto. El peligro del terrorismo es real, Chile necesita una Ley y procedimientos, que a la vez, sean eficaces, que refuercen las capacidades preventivas y de inteligencia, pero que también resguarden siempre los derechos humanos, y separe otras formas comunes de violencia y conflictividad social (normales en democracia) de lo que son actos terroristas propiamente tal. Claro que improvisando, y haciendo anuncios populistas “para la galería”, aprovechando los atentados recientes, no es la forma de hacerlo.

Esto requiere un debate serio, que no se puede hacer cuando se busca desesperadamente ganar “unos puntitos” en las encuestas. Por el bien de Chile, ojalá el gobierno recapacite en este sentido.

CONCLUSIÓN SEMINARIO “LA LEY ANTITERRORISTA CONTRA

EL PUEBLO MAPUCHE : LA CRIMINALIZACIÓN CONTRA UNA NACIÓN”

Con una audiencia que sobrepasó las perspectivas de los convocantes, (Familiares de los Presos Políticos Mapuche, COOAMS y Comité Ranquil de Solidaridad con el Pueblo Mapuche) se desarrolló el Seminario “La Ley Antiterrorista contra el pueblo Mapuche : la criminalización contra una nación”, en dependencias de la Universidad Alberto Hurtado.

Inició la conversación la Coordinacción de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago, realizando una reseña sobre la realidad del pueblo Mapuche antes y después de 1997, fecha que aparece como eje referencial en el ascenso de la movilización mapuche y que trajo consecuencias político-sociales que explican la actual situación de este pueblo.

Lo anterior en un marco político de movientabilidad persistente de los pueblos originarios, habitantes del cono sur del continente hoy conocido como América.

Para COOAMS, la resistencia de los pueblos originarios ha sido permanente desde que arribaron los europeos a este territorio, momento desde el cual han sido negados, despreciados e invisibilizados como actores políticos.

Imponiéndose todo tipo de calificativos como : “bárbaros”, “flojos” o “alcohólicos”, cosa que en la actualidad se ha modificado por “terroristas”, una vez que estos decidieron terminar con su estado subalterno e iniciar procesos de politización apuntando hacia la autonomía y la autodeterminación.

Señaló además COOAMS, que demográficamente el pueblo Mapuche abarca el 87.2% de la población total indígena dentro de la comunidad imaginada llamada Chile, estos distribuidos tanto en las zonas rurales como urbanas. Un dato no menor si tenemos en consideración que el 35,1% de la población Mapuche se encontraba bajo la línea de pobreza, cosa que diez años después, es decir, diez años en que la conflictividad ha sido permanente en Chile, la reducción de esta tendencia ha bajado en un 15%. Dentro de una realidad donde los habitantes Mapuche arrojan el mayor nivel de indigencia como también el mayor nivel de discriminación y racismo.

Dichos datos llevó a las organizaciones Mapuche y en específico a la CAM a crear una nueva forma de hacer política para el pueblo Mapuche con el objetivo de revertir lo que denominan un proceso de exterminio.

Producto de esta política, el Estado recurrió a la aplicación de la Ley por Conductas Terroristas para neutralizar y terminar con el movimiento Mapuche, que tiene en la actualidad a 36 Presos Políticos Mapuche en procesos judiciales por dicha ley. Además ha generado constantes allanamientos a las comunidades, como asesinatos políticos (Lemun, Catrileo, Mendoza Collío).

No obstante, para COOAMS, la irrupción de esta política también ha provocado avances sociales importantes. Uno, el fin de la opresión cultural e identitaria ; dos, la recuperación de predios territoriales ; tres, el reconocimiento de parte del Estado de una “Verdad Histórica” comprometiéndose internacionalmente a generar un “Nuevo Trato”, que muchas veces ha quedado supeditado al asistencialismo a través del Proyecto Orígenes. Por último, señalaron que ideológicamente el pueblo Mapuche ha dado un paso cualitativo, lo que ha generado el surgimiento de nuevos weichafe.

Juan Pablo Cárdenas, director de la Radio Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo del año 2005, señaló que el pueblo chileno no ha reconocido su mestizaje, ni la existencia de una cultura común, sobre todo en los más pobres, marcando notable diferencia con otros países del continente, como Paraguay, Ecuador y Bolivia que al reconocer su mestizaje contribuyen ha mejorar sus democracias con la perspectiva originaria.

Además hizo una crítica a las organizaciones Mapuche por sus diferencias y por la imposibilidad de construir un movimiento de carácter nacional como ocurre en Bolivia y Ecuador, impidiendo que la movilización Mapuche tenga repercusiones más amplias. Así mismo, realizó un llamado de atención al pueblo chileno, enfatizando la ausencia de una izquierda fuerte que solidarice activamente y mas allá del discurso reivindicativo Mapuche, lo que provoca que las demandas sean tomadas por el Estado desde una perspectiva asistencialista y judicial.

Jorge Pinto, historiador y candidato a Premio Nacional de Historia, señaló que las actuales injusticias que vive el pueblo Mapuche demuestran solo la fuerza coercitiva que tiene el Estado, la cual no es muy distinta a lo que ha sucedido desde su nacimiento como nación. Este Historiador se remitió a los tiempos de la Ocupación de La Araucanía para señalar el marco temporal en que comenzó la violencia contra los Mapuche, subrayando que al igual que ayer, la expansión y dominación del Estado se debe a dos aspectos, uno económico y el otro político.

Dos errores cometió el Estado según Jorge Pinto cuando se habla del pueblo Mapuche. El primero es presumir que Chile no le debe nada a los Mapuche, cosa que significaría falsear la historia, ya que existen elementos culturales, sociales, políticos y económicos que los Mapuche contribuyeron sobre todo en la zona denominada La Frontera. En segundo lugar, pensar que las tierras Mapuche eran improductivas en manos de ellos. Dicho lo anterior, Pinto señaló que la violencia se impuso sobre una segunda violencia, la violencia de la expropiación de tierras que sufrió el pueblo Mapuche luego de la ocupación militar.

Por último, Pinto dijo que el peor fracaso del Estado es no haber construido una comunidad entre las tres razas que convivieron en La Frontera, la Mapuche, chilena y extranjera. Por el contrario, se buscó deslegitimar una (Mapuche) lo que ha dañado duraderamente a la novena región que hoy se esfuerza por crear lazos de comunidad, pero que sin embargo todo apunta a que se inició demasiado tarde.

Con las ponencias antes reseñadas se entró en la materia de la Ley por Conductas Terroristas. El primero en iniciar la discusión fue el historiador Pedro Rosas, quien dijo que en la actualidad se está ante una construcción simbólica edificada en torno al orden, apuntando a crear un miedo hacia las reivindicaciones sociales con el fin de mantener un orden “social” que arrincona a través del miedo dichas reivindicaciones.

Haciendo un parámetro con la década del 60, Rosas señaló que durante dicha década la resistencia era una cuestión ética, cosa que se vio reafirmada en la dictadura cuando se legitimaron todas las formas de lucha, pero que sin embargo, bajo la democracia de los acuerdos, se tratan de terroristas. Finalizó este historiador, planteando su miedo a que cualquier reivindicación sea tomada como terrorista como hoy está ocurriendo con el pueblo Mapuche.

Luego fue el turno de Alberto Espinoza, abogado de larga trayectoria en la defensa de los DD.HH, quién afirmó que la aplicación de la Ley Antiterrorista obedece a un objetivo político que sobrepasa los marcos jurisdiccionales ya que estos no están dados en los Mapuche para que se les pueda aplicar. Así, partió de una premisa básica : el terrorismo debe causar temor, término muy ambiguo si se entiende que todo puede causar temor, un robo, una violación, etc. Por lo tanto según este abogado, la Ley Antiterrorista se está utilizando para causar temor pero en los Mapuche, en sus militantes, simpatizantes y líderes.

¿Por qué no son terroristas las demandas Mapuche ? Preguntó Espinoza, primero, porque la lucha es de carácter ancestral, lo que está respaldado por leyes internacionales dictadas desde la ONU. Además la lucha Mapuche es por respeto a la dignidad, donde no se aprecia una intencionalidad de provocar hechos que puedan ser categorizados de terroristas. Esto por otro punto muy esencial, con hondas y piedras no se puede provocar un gran poder ofensivo.

Bajo dichos prismas concluyó Alberto Espinoza, diciendo que la actuación del Estado contra los Mapuche muestra lo más permanente de la Doctrina de Seguridad Nacional que aún se aplica en baja intensidad en Chile, con la consecuencia de aplicar la fuerza estatal y judicial para aplacar una justa demanda social.

Desde un aspecto vivencial, Víctor Queipul, Longko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, reivindicó la movilización Mapuche a través de su legitimación histórica y persistencia cultural. Refutó la apreciación de terrorista que se vierte sobre los Mapuche, señalando, que desde éste lado jamás se ha matado a alguien, como si lo ha hecho la policía, como son los casos de Lemún, Catrileo y Mendoza Collío. Agregó además, que si los Mapuche mataran, sería ensuciar la legitimidad de la lucha.

Con el Longko estuvo además la lamngen Natividad Llanquileo, de la Comunidad Esteban Yevilao de la comuna de Tirúa, quien leyó una carta hecha por los Familiares de los Presos Políticos Mapuche, quienes denuncian que “no es sólo el Ministerio Público, a través de sus fiscales, quienes solicitan su aplicación, si no que es el propio Gobierno Chileno, a través de los abogados querellantes de las distintas Gobernaciones Provinciales. Es decir, el Gobierno Chileno de la Concertación ayer, y hoy de la Derecha, se hace parte siempre, en contra del pueblo mapuche y a favor de los usurpadores, invocando a los cuatro vientos su aplicación”.

Igualmente denuncian que “la aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos mapuche implica arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como : Secreto de la investigación durante casi todo el proceso, que impide el derecho a la defensa. Prisión preventiva durante todo el proceso para la mayoría de los imputados (más de un año), no respetando la presunción de inocencia, supuestamente, garantizada por el actual sistema judicial chileno. Testigos “sin rostro” o secretos, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversión en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la policía y los fiscales”.

Según Natividad Llanquileo, la Fiscalía está solicitando para sus familiares penas que van entre los 30 y 103 años, por último denuncian que “la aberración jurídica más grande la constituye el doble juzgamiento al que están sometidos cinco presos políticos mapuche, del Proceso de Recuperación Territorial de Choque (Cárcel de Concepción), quienes, por un mismo hecho, están siendo procesados por la justicia civil y por la militar al mismo tiempo”.

Cerró finalmente Raúl Sohr, quién planteó que la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los Mapuche es un acto de discriminación. Al igual que Espinoza, dijo que la concepción de terrorismo fundada en causar temor es extremadamente subjetiva, ya que juzgar intencionalidades siempre ha sido una tarea delicada. Si fuera por el plano operativo dijo Sohr, entonces estudiantes, trabajadores y cualquier movilización social aquí o fuera de Chile debería ser sancionada, ya que la utilización de piedras o quemas a través de bombas molotov ocurren en todos los lugares. No obstante, estos mismos hechos, si se producen en territorio Mapuche son sindicados de terroristas, por lo tanto existe una aplicación de justicia de forma no igualitaria. Subrayó sin embargo, que sería extremadamente aberrante aplicar dicha legislación a las legítimas protestas sociales contra un nefasto sistema económico. E incluso, equiparar una acción de una persona que detona bombas, con gente que reivindica mejoras a la calidad de vida. Sintetizó dicho planteamiento, diciendo que un sistema democrático debe distinguir entre la protesta social, aún si recurre a la violencia y un movimiento empeñado en la aplicación del método terrorista.

Para Sohr, la mayoría de los chilenos admite que las raíces de las reivindicaciones del pueblo Mapuche son profundas. La deuda histórica del Estado de Chile con sus primeros pobladores no ha sido ni remotamente pagada, como sí ha sucedido en Australia o Canadá donde los gobiernos han pedido perdón por los abusos cometidos. Muy en contraparte con la actuación chilena donde los calificativos de terroristas o la deslegitimación política son permanentes.

Por último, planteó que apuntar como terrorista a ciertos activistas mapuche, es un acto de mala fe. Una hipocresía ante el mundo, cuando Chile señala que aquí reina la paz, es decir, que no operan grupos terroristas cuando a la vez se encausa gente bajo dicho prisma. A raíz de esto, afirma Raúl Sohr, invocar la legislación por Conductas Terroristas constituye un recurso intimidatorio que linda en el racismo.

Algunos dirigentes Mapuche englobados en la Coordinadora Arauco Malleco han pasado en las cárceles de Chile por quince meses bajo la excusa de ser una “prisión preventiva”, además están siendo doblemente juzgados, tanto por justicia militar como civil (para ellos ver las conclusiones del Seminario Justicia Militar en causas Mapuche) lo que eleva las penas al doble por un mismo hecho. Se agrega a esto, el secreto de la investigación, que mantiene por meses los expedientes en las sombras imposibilitando la creación de una defensa óptima. Se acrecienta esto con la imposición de testigos que ocultan su identidad, impidiendo conocer, saber y creer si lo que señalan es verídico, acaso ¿no pueden inventar testimonios ? (para esto ver el juicio de Los Loncos, donde hubo testigos sin rostro que no eran capaces de reconocer a los imputados e incluso negaban que estuvieran en la sala cuando estaban frente a ellos).

Es necesario plantear que internacionalmente todos tienen derecho a un debido proceso, y que todo Estado tiene el derecho de sancionar las protestas que sobrepasen la legalidad, pero ello debe ser dentro de los parámetros civiles acordes con la institucionalidad. Pero acá en Chile no se cumple ni lo uno ni lo otro.

Conclusiones del seminario que podemos dimensionar, es que los hechos Mapuche no son terroristas, que el Estado de Chile debe saber diferenciar entre una legítima protesta social y hechos que pueden ser catalogados de terroristas (cosa que en Chile hasta la fecha no ha sucedido, no así el terrorismo de Estado) ; debe existir un mayor conocimiento sobre lo que brotó en los campos Mapuche desde una dimensión político-social y cultural para no caer en la judicialización y criminalización de la protesta mapuche. Pero por sobre todo, solucionar políticamente las diferencias entre el gobierno chileno y este pueblo.

Por último para considerar : “La dictadura no logró mortificar el espíritu mapuche, ¿qué le hace pensar a los sucesivos gobiernos chilenos que lo van a lograr multiplicando las penas ? Es una estrategia fracasada e instigada por ciertos sectores del poder y ha sido implementada por distintos gobiernos y que no responde a una reflexión profunda de dónde va este país” (Raúl Sohr).

Recomendaciones INDH Sobre la Ley Antiterrorista en Chile

Octubre 12, 2018

El INDH ha sostenido que toda legislación antiterrorista representa una de las respuestas de mayor intensidad punitiva del sistema penal, por lo cual se debe ser extremadamente cautelosos en su concepción y aplicación.  Un Estado Democrático de  Derecho debe ser muy enérgico en la persecución y sanción de actos terroristas, dentro de sus principios y normas propias. 

Por ello el INDH ha exhortado que nuestra normativa debe evitar tipos penales imprecisos, que lesionen el principio de legalidad y tipicidad; normas de excepción que afectan el principio de inocencia y el derecho al debido proceso o extensas prisiones preventivas que vulneren el ejercicio de la libertad personal. También se debe impedir una aplicación práctica de la legislación antiterrorista, que produzca, en los hechos, discriminaciones arbitrarias que violenten el principio de igualdad y no discriminación.

En el caso chileno, diversos órganos de tratados de derechos humanos han señalado su preocupación acerca de la Ley antiterrorista chilena e instado al Estado a realizar modificaciones. Se cuentan entre ellos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; el Comité contra la Tortura; el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal.

En suma, el Estado de Derecho Chile debe adecuar su actual legislación en la perspectiva de derechos humanos, cuestión que debe realizarse a la brevedad, como lo demuestra el actual debate en nuestra sociedad.

Para efectos de conocer la posición más desarrollada del INDH a propósito de nuestra legislación:

Ver documento completo en el siguiente link:

https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2017/09/2Ley-Antiterrorista-INDH-SUDH-SIDH-3.pdf

Informe de Amnistía Internacional acusa al

Estado de Chile de abusar de la Ley Antiterrorista

En su último informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional, recala en Chile para dar advertencia de los graves abusos de las diversas instituciones del Estado chileno, siendo los usos y abusos de la Ley Antiterrorista.

Desde los mas de cien perdigones recibidos por la espalda, por el joven de Brando Hernández Huentecol, hasta la Operación Huracán, con uso de pruebas falsas, son algunos de los diversos casos de vulneración a los derechos humanos sobre el pueblo mapuche que aparecen en el informe. Todos estos casos enmarcados en las diversas operaciones policiales en la zona de la Araucanía.

La misma directora de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señala los diversos casos enumerados en el informe, que quedan en la mas completa impunidad, ya que los casos quedaban en las manos de las mismas instituciones uniformadas, como es en este caso el Tribunal de Jusiticia Militar, cosa que recién hace muy poco tiempo cambio.

En sus palabras sobre el rol del Estado y sus agentes, “aquí hay un problema de abuso policial consistente que no se ha abordado de manera sistemática y hay una responsabilidad directa del Estado en el entendido de que las policías son agentes del Estado que están cometiendo violaciones a los DD.HH.”

El mismo informe señala casos de inclusos asesinatos por parte de agentes del Estado, como el de Alex Lemun el 2002, caso que fue recientemente abierto por la corte suprema.

Ley Antiterrorista

Esta en el informe es la señalada, como la que abre todos los canales para que los diversos agentes del Estado, incluidas sus policías abusen de los ddhh.

Así el caso de los 11 detenidos durante 18 meses del caso de la muerte de la pareja Luchsinger Mackay, y también los 8 detenidos por la operación huracán, hoy todos absueltos.

Ana Piquer vuelve a señalar en entrevista a La Tercera, que también aporta a esto el que “al menos hay una tendencia a una suerte de estigmatización. De hecho, el informe no solo en Chile, el informe anual de Amnistía alerta a nivel global de esta tendencia a lo que llamamos la demonización. Y aquí se ha ido instalando progresivamente este discurso del terrorismo mapuche y el mapuche terrorista, y eso es algo que es muy delicado, porque en definitiva se puede utilizar como excusa para saltarse los DD.HH.”

Entonces en tono de instalar un discurso antiterrorista, por anti mapuche, el Estado ha puesto a un sector importante de nuestra sociedad en el paredón de los abusos de derecho humanos. Donde ningún gobierno se ha hecho cargo, y al contrario han profundizado la represión.

ClariNet