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CUENTA-REGRESIVA

El gobierno de Sebastián Piñera,
en el poder desde hace poco más
de un año, se enfrenta a una
escena pocas veces observada.

Por Paul Walder

Si pensábamos que el modelo económico de mercado, que llevó a Chile desde la última década del siglo pasado a encabezar todos los rankings de los organismos internacionales y agencias de inversión, era eterno, no pocos factores externos se han encargado de recordar que nada es permanente ni en Chile ni en el mundo.

Aquella idea levantada por todos los gobiernos de la postdictadura, sin excepción, en cuanto las políticas de libre mercado desregulado llevarían a este país del Cono Sur al desarrollo en pocos años, se ha estrellado con una realidad que hasta el mismo gobierno ha tenido que reconocer: la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China, los principales socios comerciales de Chile, afectará el crecimiento económico de esta nación.

El sábado pasado Piñera leyó la Cuenta Pública ante el Congreso Pleno en Valparaíso. Un discurso de varias horas para describir lo (poco) realizado y anunciar lo que prevé hacer. Una gran compendio de artículos y deseos cada año más aburrido para los chilenos y menos relevante para las organizaciones, que aquella tarde eran dispersadas y perseguidas en el puerto por las fuerzas especiales de Carabineros, espectáculo urbano que se repite cada año y expresa, en todo su peso, la brecha que separa los salones del Congreso con las organizaciones sociales, el abismo entre la clase política y la ciudadanía. A nadie, salvo a los partidos, funcionarios y afines le interesa mucho lo que sucede en aquel edificio.

Los anuncios de Piñera no se dirigen a la ciudadanía. Sí, por cierto, a los partidos y las clases dirigentes, como los jueces o los mismos parlamentarios. Nada, o muy poco, sobre las pensiones de miseria que reciben los jubilados, aun cuando sí para las AFP, las entidades privadas que lucran con los fondos de los trabajadores, y tampoco nada relevante para mejorar la calidad de vida de los chilenos en general. Todo lo contrario: el discurso contó con la advertencia que vienen tiempos complejos. Una ironía si consideramos que el eslogan de su campaña fue que vienen “tiempos mejores”.

Piñera y su ministro de Hacienda ya han comenzado a internalizar la guerra comercial y han rebajado la tasa de crecimiento del producto prevista para este año, que no pocas instituciones no gubernamentales estiman bajo el tres por ciento. La economía chilena, en suma, será la más afectada en Sudamérica, junto a la peruana y argentina, detalló una publicación de Moody’s Analytics el lunes.

Sin crecimiento económico se acaba el programa de Piñera. Y se termina también su apoyo electoral, básicamente conseguido sobre las promesas de supuestos mejores empleos y alzas de salarios. Con esta tasa de crecimiento ya hay efectos en una resta de exportaciones y ventas internas, alza en la tasa de desempleo, caída en el precio del cobre, importante fuente de recursos para el Estado chileno, devaluación del peso, con la consecuencia en un aumento de precios internos y otras posibles consecuencias por venir.

Piñera se quedará sin programa, sin ideas. Y próximamente, cuando los efectos sean evidentes y afecte el bolsillo de los trabajadores y consumidores, sin su piso electoral.

Este panorama descrito ha mantenido hasta ahora un equilibrio muy precario. Existe una ciudadanía atenta al devenir de los acontecimientos dispuesta a participar en la esfera pública a través de sus demandas, desde las más antiguas a las más recientes producto de la reinstalación de políticas conservadoras por el gobierno de Piñera.

Desde finales de mayo y comienzos de junio las calles de Santiago, Valparaíso y otras capitales regionales han sido testigos de jornadas de movilizaciones, paros, protestas, banderazos, sentadas, acampadas y otras formas de manifestación de organizaciones de ciudadanos. Principalmente desde estudiantes de Educación Secundaria, trabajadores de múltiples sindicatos bajo el alero de la coordinadora No + AFP, que demanda el fin del sistema privado de pensiones, organizaciones ambientalistas y, a partir del lunes 3 de junio, de millares de profesores afiliados al poderoso Colegio de Profesores, que defienden la educación pública, hoy desatendida por el gobierno. En todos los casos hay una sentida reacción a la reinstalación del imaginario conservador vía políticas públicas.

Los estudiantes se han movilizado en una creciente energía desde finales de abril. Por una parte, como respuesta a las normas impuestas desde el año pasado con la ley de Aula Segura, que endurece en todos los aspectos la represión en los colegios. A través de estas y otras políticas similares, los estudiantes del Instituto Nacional, en pleno centro de Santiago, son revisados y requisados cada día al ingresar a clases por funcionarios policiales que buscan elementos explosivos y armas.

Bajo este clima de persecución, el gobierno se ha sumado a una propuesta realizada por un organismo consultor para quitarle la condición de obligatoria a las asignaturas de Historia y Educación Física. Algo similar había ocurrido años atrás con Filosofía, propuestas o decisiones que expresan el fuerte interés de las elites por moldear una futura masa laboral con bajo nivel reflexivo y cultura histórica, social y, especialmente, política. Ante ello, los estudiantes, junto a profesores, han levantado permanentes actividades de rechazo y protestas en pleno crecimiento.

La agenda del gobierno de Piñera no pasa por el fortalecimiento de los sistemas públicos, ni en salud, educación o vivienda. Donde pueda intentará introducir al sector privado, ya sea financiado y rentabilizado a través de los usuarios o por subsidios públicos. En la educación pública es lo que está sucediendo, alerta que han llevado a las calles los maestros  desde inicio de esta semana. “ El gobierno tiene que escuchar que estamos defendiendo la Educación Pública, totalmente abandonada por un gobierno que quiere que se siga deteriorando para que los amigos privados arremetan con sus negocios”, dijo, a modo de consigna ante una marcha de colegas en Valparaíso, Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores.

El abandono de la educación pública esconde una serie de efectos, los que van desde las extensas jornadas de trabajo, aspectos salariales a falta de inversiones en la infraestructura de los colegios. Una suma que ha deteriorado los niveles de la educación pública chilena, que está registrada desde las evaluaciones internacionales, como la prueba PISA, hasta la enorme brecha entre los rendimientos entre la educación pública y privada. Un proceso de decadencia que también se expresa en las enormes desigualdades de la sociedad chilena.

Estudiantes, maestros, jubilados y trabajadores están en las calles en estos días en un clima que tenderá a ser cada día más frío y difícil. Con un gobierno en retroceso y sin respuestas, es posible que estemos en las puertas de un interesante  proceso de acumulación de fuerzas por parte de la ciudadanía y sus organizaciones.

Cuenta Pública: Cuando Piñera se mordió la lengua

No hay novedades en la segunda Cuenta Pública del segundo gobierno de Sebastián Piñera. No hubo anuncios programáticos importantes y tampoco tenía mucho que destacar y recordar. Un par de reformas en trámite, como la tributaria y la previsional, que simplemente apuntan a reforzar el statu quo en tanto abren un poco más el espacio de negocio para las grandes corporaciones.

No hubo novedades ni dentro ni fuera de los salones del Congreso de Valparaíso. En las calles del puerto, varias veces cercadas por vallas y más de un millar de policías, tampoco las organizaciones sociales lograron canalizar sus múltiples y extensas demandas, todas opacadas y omitidas en el interminable e inútil sermón que servía a esas horas Sebastián Piñera.

La prensa que tenemos destacó una frase de millares. Y tal vez aquella haya sido la más destacable, porque apunta de lleno al núcleo programático del gobierno de Piñera y al futuro de la economía, y no solo de la economía, chilena. En medio de su largo discurso el presidente admitió que la economía no crecerá este año más que un 3,5 por ciento, variable que termina con su programa basado en el eslogan “tiempos mejores” levantado durante su campaña contra el gobierno de Michelle Bachelet, que transcurría en un escenario económico tan pálido como el actual. Piñera, que durante los primeros meses de su gobierno se dedicó a culpar a Bachelet y a la desaparecida Nueva Mayoría del bajón económico, ahora ha tenido otros argumentos y justificaciones más reales. Es la guerra comercial, que efectivamente está demoliendo la abierta y desregulada economía chilena.

La guerra comercial golpea el modelo económico que ha logrado que el PIB chileno se haya multiplicado desde la década de los 90 del siglo pasado. Bajo la apertura de mercados, la desregulación, privatización y todo aquello que define al modelo neoliberal, Chile se ha destacado como el país Latinoamericano con el producto per cápita más alto de la región. Un guarismo, claro está, que esconde la tremenda desproporción de sus estadísticas  conseguido sobre capas de estragos en los espacios laborales, ciudadanos, territoriales o ambientales.

Desde que Donald Trump le declaró la guerra comercial a China los efectos sobre la economía chilena han sido lentos pero implacables. Las exportaciones disminuyen un poco cada día, el precio del cobre, el producto sobre el que se sostiene la economía, pierde valor cada semana y el peso cae frente al dólar. En mayo fue la moneda de mayor depreciación en el mundo. Un problema sistémico, que ya se traslada a otras áreas: la última cifra de desempleo fue sensiblemente más alta y el crecimiento de las ventas y del producto más bajo. Ante estas variables oscurecidas la mayoría de los economistas independientes, fondos de inversión y agencias de calificación proyectan un crecimiento del producto para este año bastante menor a los cálculos del gobierno. No han llegado los tiempos mejores que anunciaba Piñera. Y tampoco tiene las posibilidades de atraerlos. El devenir chileno está hoy totalmente condicionado por la escena mundial. Sin mayoría parlamentaria, su reforma tributaria, un proyecto destinado a desarmar el reglamento actual instaurado por Bachelet y aplicar la clásica rebaja de impuestos a los más ricos, no tiene futuro.

Hay otras cosas que Piñera también mencionó. No hace falta comentar mucho los grandilocuentes anuncios de infraestructura, como el tren de Santiago a Valparaíso o la extensión a destajo de líneas del metro de Santiago. Sin más precisión que eso, esta ha sido la carta tradicional de mandatarios de todos los espectros para ganar adeptos en territorios y rodearse de un aura modernizadora.

Hay dos propuestas levantadas por Piñera que probablemente no tendrán larga vida pero sí reflejan la inquietud de la clase controladora respecto al futuro. El presidente anunció el sábado pasado que próximamente lanzaría una serie de proyectos para reformas a las instituciones del Estado, como, por ejemplo, el sistema de nombramiento de jueces en el Poder Judicial o la disminución del número de parlamentarios. Un compendio de transformaciones que apuntaría a limpiar y mejorar la imagen de la gran mayoría de las instituciones del Estado chileno, prácticamente todas hundidas en escándalos y redes de corrupción y robos de las arcas fiscales. Al observar  desde este ángulo, los cambios podrían tener un sólido argumento, pero la propuesta también corre por otro carril. En algún momento, con otro tono y de cara al establishment que lo aplaude, propuso los cambios institucionales como un mecanismo para restar poder de un eventual gobierno “populista”. El actual y revuelto escenario político y ahora económico podría arrebatarle el poder total a las elites y clases controladoras.

En esa misma línea argumental, Piñera propuso y llamó a la oposición a hacer una nueva “transición”. La primera, bien sabemos, fue aquel consenso entre las figuras de la dictadura y la reciente democracia. Esta otra sería un acuerdo para mantener el modelo neoliberal como palanca económica. Dos transiciones, dos consensos, apoyados sobre las mismas bases afines a las grandes corporaciones extractivas y financieras.

Aquello que fue propuesto  tiene tanto valor como aquello que ha sido sólo mencionado e incluso callado. Pero tal vez el mayor peso de este gobierno es que se ha escorado, con riesgo de un volcamiento completo de campana junto a todo el cargamento económico. Las organizaciones sociales han de estar, al menos, atentas. 

PAUL WALDER

ClariNet