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Gobierno al borde de
un ataque de nervios.

Por Marcia Pineda Soto

Pareciera que la sorpresiva incursión de Cecilia Morel, esposa del Presidente Piñera, en el escenario político opinando de lo divino y de lo humano, podría ser una muestra más de la desazón que cunde en La Moneda.

Ese hecho ha sido calificado en algunos círculos como “tirar toda la carne a la parrilla”, preparando el ambiente para montar la escena final de esta etapa: o festejar el ansiado éxito de su estrategia, o culpar a la oposición de la imposibilidad del gobierno de cumplir con sus promesas de reformas.

Es que faltan pocos días para que se cumpla el plazo legal -el 11 de abril- para discutir el proyecto madre del gobierno en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y tal como están las cosas, todo indica que la ansiada aprobación a la idea de legislar la reforma tributaria por la que se está jugando Piñera y sus ministros, está al borde del naufragio.

De hecho el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, descartó dividir el proyecto.

“Nosotros creemos que este es un proyecto conjunto, un proyecto macizo y -por lo tanto- creemos que separarlo no resuelve los problemas. Lo que nosotros tenemos que buscar es poder ponernos de acuerdo para tramitar el proyecto y por supuesto queremos que la idea de legislar se vote esta semana, eso es lo que se ha anunciado, pero no depende de nosotros”, dijo.

“Es un proyecto que estimulara la inversión, el crecimiento, el empleo, protegerá a las pymes y dará seguridad jurídica. Estamos conversando con la oposición y esperamos, y el gobierno hará lo posible por llegar a un acuerdo, pero dentro de lo que signifique no desdibujar el proyecto”, aseveró.

Ese es el punto. Y tal parece que luego de las conversaciones de Sebastián Piñera con los jefes de partidos de la DC, el PS, el PPD y el PR, donde cada uno expuso sus propuestas tanto en reformas tributarias como de pensiones y en el proyecto de control de identidad, todo habría quedado en nada.

O casi nada. Y, como contrapartida, habrían ganado los “duros” del gobierno, que desde distintos escenarios hicieron saber que estaba bien dialogar, pero no se podía ceder en cosas esenciales y que, de negarse a aprobar la idea de legislar, la oposición tendría que dar cuentas al país de su supuesto obstruccionismo.

De alguna manera lo señala el Ministro Secretario General de la Presidencia. “Si no están disponibles para debatir, tendrán que dar los fundamentos y las razones de por qué no quieren avanzar; pero nosotros creemos que están todas las condiciones para legislar la modernización tributaria”.

En el escenario que se rechace la idea de legislar la reforma tributaria, Blumel fue enfático al decir que se verán perjudicados las pymes, los adultos mayores y las regiones.  Porque para el gobierno, el éxito o el fracaso de la estrategia seguida hasta ahora se verán si se aprueba o se rechaza la idea de legislar. Por eso, se están jugando todas las cartas.

Por cierto, no podían faltar las voces empresariales, también preocupadas por lo que está ocurriendo con las reformas. Los grandes empresarios expresaron sus inquietudes con el curso que ha tomado la discusión de la reforma tributaria por la férrea resistencia que el proyecto ha encontrado en los parlamentarios de oposición y que ha dejado en un manto de dudas la idea de legislar la iniciativa.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, se mostró especialmente preocupado por el impacto que tenga eso en la reforma de pensiones.

“Nosotros tenemos una preocupación de lo que está ocurriendo hoy día con la discusión de la reforma tributaria (…) por lo tanto queremos ver cómo esto va a impactar en la discusión de la reforma de pensiones por cuanto sabemos que no contaríamos con los recursos”, dijo Swett. “Tenemos una tremenda preocupación que tiene que ver con esos 3,3 millones de personas que en 2018 no cotizaron ni 1 solo mes. Entendamos que en el sector privado hay 4,7 millones de asalariados privados. Por lo tanto, nos preocupa que esto no tenga la importancia que debe tener porque no sacamos nada con subirle la cotización, o impuesto al trabajo como se dice, a esos 3,3 millones de personas en un 50%, 70% si no cotizan nunca”, afirmó Swett.

Diálogos sin respuestas

Cada uno de los jefes de partidos invitados a dialogar con el Presidente llevó sus peticiones para destrabar el nudo en que se han convertido las reformas del gobierno. Heraldo muñoz, del PPD, le manifestó “que tiene que ser una reforma que no sea regresiva, que paguen los que más tienen, que recaude lo suficiente, que incorpore impuestos verdes, que reduzca impuestos a empresas que invierten en ciencia y tecnología”. Otra de las temáticas que abordaron el presidente del partido de oposición y el presidente Piñera, fue la reforma de pensiones. Heraldo Muñoz aseguró que una buena idea para avanzar en esta iniciativa sería dividir el proyecto, y presentar una agenda corta.

“Le he dicho que el presidente puede presentar en los próximos días una ley corta para incrementar las jubilaciones a los pensionados, es decir, una ley corta que incremente el Pilar Solidario, que afecta a un millón y medio de jubilados, porque los jubilados no pueden esperar, y le he dicho que eso podría ser a cambio de la voluntad que pudiéramos promover de la idea de legislar la reforma previsional, del paquete entero”, agregó.

La DC por su parte, solicitó para las Pymes “concordar el nuevo tope de ventas (actualmente es de 50.000 UF y los diputados de oposición pidieron 75.000 UF, que es un número al cual el gobierno debiera poder acceder)”; financiamiento para los Gobierno Regionales; en fiscalización, señala que “se requiere un compromiso del Gobierno sobre un fortalecimiento efectivo del SII, en especial para que sea más realista la mayor recaudación por uso de boleta electrónica, así como acotar los cambios a las normas sobre gastos rechazados para que no se transformen en fuente de elusión”; incentivo a la inversión y al crecimiento; umbral de exención de IVA a la construcción; y la exención de pago de contribuciones de adultos mayores.

Pero, demasiado pronto llegó el aterrizaje. La decepción fue el sentimiento unánime en las filas opositoras cuando terminó la ronda de conversaciones. Porque no sólo se encontraron de inmediato con la negativa a legislar lo de las pensiones en una ley corta para así beneficiar a los jubilados del país, como le propusieron a Piñera, sino, además, se presentó de inmediato también el proyecto de control preventivo de identidad a menores, con cambios infinitesimales.

“Esperábamos realmente que ese diálogo concluyera en una actitud distinta del gobierno. No se puede llamar a dialogar para imponer, sino que cuando uno invita a dialogar es para buscar acuerdos, y eso significa ceder y acoger. Y hasta ahora no hemos visto que se acoja algunos de los planteamientos que hemos hecho los distintos partidos políticos y más bien el gobierno sigue empecinado en sacar adelante una agenda legislativa que es intrascendente desde el punto de vista de sus efectos, como el control preventivo de identidad para menores y admisión justa”, declaró el Presidente de la falange.

El Presidente del PS, Álvaro Elizalde, añadió que “el diálogo implica escuchar a quienes piensan distinto. Y lamentablemente, lo que hemos visto en las horas inmediatamente posteriores de dichos encuentros, es más bien la voluntad del gobierno de imponer su punto de vista, sin hacer cambios sustantivos a sus propuestas. Y sin acoger las críticas constructivas que hemos planteado como actores de oposición. Se ha dado un verdadero portazo a la voluntad de entendimiento (…). Pareciera que el gobierno no tiene voluntad de llegar a entendimiento”.

Y cierra esta semana con otra noticia poco auspiciosa para el gobierno y el país. El Banco Central recortó su estimación de crecimiento para la economía chilena. De acuerdo al Informe de Política Monetaria (Ipom) correspondiente a marzo, la actividad crecerá a un ritmo de entre 3% y 4% en 2019, por debajo del 3,25%-4,25% proyectado en el informe de diciembre.

En su diagnóstico sobre la economía chilena, si bien el instituto emisor reconoció que la actividad recuperó su dinamismo en el último trimestre de 2018, añade que “los datos parciales de actividad del primer trimestre del 2019 muestran variaciones anuales inferiores, afectadas por una base de comparación más elevada y un débil desempeño del sector minero”. Para el 2020, el Central proyecta que la economía crecerá entre 3% y 4%, algo por sobre lo previsto en diciembre. Además, el Ipom presenta la primera proyección para el crecimiento en 2021: entre 2,75% y 3,75%.

Aterrizajes forzosos

Lo curioso es que con su errática actuación post diálogos, la administración de Piñera logró lo que nadie había conseguido desde que se perdió el gobierno de Michelle Bachelet: el inicio de encuentros formales entre los principales partidos opositores.

Luego de hacer un balance del resultado de las conversaciones con el Presidente, los jefes del Partido Socialista y la Democracia Cristiana acordaron generar una mayor coordinación para el futuro, mediante reuniones periódicas y así “acompañar la agenda legislativa, sobre todo en aquellos proyectos que para nosotros son de la mayor relevancia, por ejemplo, el de la reforma tributaria y el de reforma de pensiones”, sostuvo Fuad Chaín.

El Presidente de la DC agregó que “estamos en un momento en que tenemos que retomar estas conversaciones con más fuerza. Pasó un año, en que fue el año del perfilamiento. Nosotros no nos vamos a incorporar a ninguna instancia formal ni mucho menos, pero vamos a intensificar nuestro diálogo con los partidos que hemos caminado tantos años juntos y que hoy compartimos el espacio de la oposición”.

Aseguró que “para nosotros lo que es irrelevante son las estructuras, lo importante es el contenido. Diálogos bilaterales. Si en algún momento es importante juntarnos con los partidos que están en Convergencia Progresista no tendremos ningún problema. Lo importante es que seamos capaces de darle contenido”.

Consultado por futuras conversaciones para afinar alianzas electorales, Chaín respondió que “también vamos a ir abordando temas como posibles acuerdos electorales en el futuro, al menos por el Partido Socialista. Yo no imagino una política de alianzas de la DC que no involucre al PS de una u otra manera. De qué manera lo haremos, cuál es el contenido preciso, de qué áreas, eso es algo que también comenzaremos a conversar a través de un diálogo de los secretarios nacionales. Pero es una conversación que está absolutamente verde. Me cuesta imaginar, como presidente de la DC, una política de alianza o pactos electorales que no considere como uno de sus socios más relevantes al PS”.

El presidente del PS añadió, por su parte, que “creemos que es necesario afianzar la coordinación, sobre todo en el ámbito legislativo. No solo desde la lógica de cuál será nuestra postura ante las propuestas gubernamentales, sino que también sobre la base de la generación de propuestas propias”.  

Elizalde, volvió a cuestionar a La Moneda y emplazó que “es el Gobierno el que ahora tiene que dar señales”. Dijo que “le hemos planteado reparos a las iniciativas en materia tributaria y de pensiones. En materia de pensiones hemos señalado que somos partidarios de fortalecer el Pilar Solidario, pero no estamos disponibles para aprobar una iniciativa que significa más plata para las AFP y no más plata para los pensionados”. “Por eso esperamos que en estas dos áreas el Gobierno modifique de manera sustantiva las propuestas que ha planteado, en caso contrario no podrá contar con nuestro apoyo”, anticipó.

Las declaraciones de ambos jefes partidarios se dieron en paralelo a lo que sucede en el Congreso, donde, tras reunirse con equipos técnicos, los diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara acordaron dar un plazo de 48 horas al Ejecutivo para que entregue una nueva propuesta respecto de la reforma tributaria. De lo contrario, el miércoles van a rechazar la idea de legislar.

Sinsabores en el poder

Los expertos, en todos los tonos, han señalado la inconveniencia del proyecto de Piñera. Si hasta el Fiscal Nacional hizo sus reparos a la ley de control preventivo de identidad y pidió “focalizar” los recursos.

Uno de los mayores críticos del proyecto, el senador Felipe Harboe, señaló que la medida fue lanzada por el Gobierno como una reacción a la baja en las encuestas porque nunca fue discutido previamente en la mesa nacional de seguridad. “Este es un conejo bajo la manga que saca el Presidente de la República en el marco del aniversario de Chile Vamos, producto de que sabía que la encuesta del lunes arrojaba más de un 75% de rechazo a cómo el Gobierno lo estaba haciendo y que los delitos estaban subiendo”.

Añadió que “aquí hay que defender principios y la eficacia de una medida como esta, que no tiene ninguna evidencia y si empezamos a legislar en base a las encuestas lo que vamos a destruir es la buena gobernanza de nuestro país”.

Entretanto Felipe Kast, de Evopoli, también tiene sus reparos, aunque sigue el guion acordado de apoyar la estrategia gubernamental. “El gobierno tiene que siempre estar dispuesto a transar cosas que no desnaturalicen el espíritu original del proyecto. Por lo tanto, me parece correcto que diga que muchos de estos proyectos no son divisibles, porque en el corazón de la reforma previsional y de la tributaria hay elementos a los que no estamos dispuestos a renunciar. Y en una democracia, siempre tienen derecho a votar en contra”.

Y respecto al proyecto que afecta a niños de 14 años, dijo que “el desafío en materia de seguridad ciudadana es también mostrar que el control preventivo no es una medida central del gobierno para combatir la delincuencia, sino que es una medida dentro de un conjunto. Tú puedes estar a favor o en contra, pero si sabes que va dentro de un paquete que incorpore, por ejemplo, aumentar las penas a los adultos que usan a menores en delitos y entiendes que el control preventivo puede ser una medida efectiva para que esos adultos vayan presos, aumenta la recepción ciudadana y la posibilidad de que tenga un impacto mayor. O si el control ciudadano va acompañado de una política seria de reinserción escolar -que los 150 mil jóvenes que no están yendo al colegio van a poder ser identificados, acompañados para que vuelvan al colegio-, el foco del control preventivo cambia. Entonces, la puesta en escena del control preventivo pudo haber sido mejor, porque acompañado de una batería de propuestas, das cuenta a la ciudadanía que lo importante es el objetivo de fondo y este es un elemento más. Por sí solo, el control preventivo de identidad no tiene mucho impacto”.

Y si de encuestas se trata, se entiende el nerviosismo de La Moneda. Es que su propia encuestadora, la Cadem, informó que el Presidente de la República, Sebastián Piñera cerró marzo con los números más bajos de su segundo gobierno. Según los resultados del sondeo, el jefe de Estado logró en marzo de 2019 una aprobación de un 39% (al igual que diciembre 2018), mientras que su desaprobación llegó al 48%, los menores porcentajes de su actual administración.

Como dato a tomar en cuenta y en plena polémica relacionada con los denominados medidores inteligentes, el área de gestión “Desarrollo Energético” sufrió un desplome en su porcentaje de aprobación, pasando de un 51% en febrero a un 35% en marzo.

Otro de los sinsabores del gobierno afecta a la Ministra de Educación, que se vio envuelta en un enfrentamiento con el Consejo de Rectores (Cruch) por la petición de las universidades de revisar y eventualmente extender el período de cobertura de la gratuidad, luego de que más de 27 mil estudiantes perdieran el beneficio por retrasarse en sus carreras, volumen que podría crecer en los próximos años.

La respuesta de la ministra Marcela Cubillos fue explicar que la prioridad del gobierno será apoyar a la educación parvularia, por lo que no es posible extender la gratuidad, lo que tiene un costo de $ 57.750 millones anuales.

El vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, dijo que “a los problemas sociales no cabe cerrarles la puerta, hay que asumirlos, evaluarlos y dialogar con quienes pueden contribuir a mejores soluciones, y el primer interlocutor es el gobierno”.

El rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, fue más allá y afirmó que “es difícil encontrar en eso -en la comparación con educación parvularia- una coherencia. Uno necesita tener señales de un verdadero compromiso con el éxito, la calidad y la supervivencia de las universidades”.

Y el rector de la U. de Talca, Álvaro Rojas, añadió que este “es un tema complejo que hoy día, bien advertido, puede ser solucionado. Pero mañana va a estar en la calle. ¿Por qué no buscar una solución? Nosotros ya planteamos que nos permitan usar los recursos del Fondo Solidario, eso resuelve una parte del problema”.

La ministra dijo que el actual Gobierno no considera la ampliación del beneficio, ya que extender la gratuidad por un año tiene un gran costo por aquellos que se han retrasado. “Creer que los recursos son ilimitados y que vamos a poder financiar la gratuidad para los alumnos que se demoren todo lo que quieran y necesiten y al mismo tiempo invertir en otras cosas, es demagogia. Hay que elegir dónde se gastan los recursos”.

La embestida al Contralor

Hace un rato largo ya que algunos sectores, particularmente la UDI que es el partido que tiene más autoridades con problemas de auditorías y de boletas truchas, tiene entre ceja y ceja al Contralor General de la República. Tanto que incluso su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe anunció hasta una acusación constitucional en su contra. Una decisión que hasta ahora no ha sido respaldada por ningún partido de su coalición. Ni por el gobierno.

¿Por qué los cuestionamientos? Ocurre que en un reportaje del oficialista diario La Tercera se dio a conocer un informe interno del organismo que preside el Contralor en que se cuestionaba que existieran varias fórmulas contables a la hora de realizar auditorías a las municipalidades. Esto, en momentos que algunos alcaldes están al borde de la destitución por déficit financieros calculados por el ente contralor. En particular los ediles UDI de Viña del Mar y de La Florida.

De inmediato la presidenta de la UDI exigió la salida de Bermúdez del organismo fiscalizador, acusando que es “una situación demasiado grave, porque las actuaciones del contralor generan un daño político feroz y es aún más grave el que haya ocultado esta información, hace más de un mes”.

La senadora agregó que, además, estudiarán la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del contralor.

Y añadió que “aquí hay un historial de errores, deficiencias e inoperancias por parte de la Contraloría que creo que hacen insostenible que el contralor siga en su puesto. Hay que recordar que el contralor ha tenido dictámenes que han sido declarados inconstitucionales, resoluciones ilegales y arbitrarias y ahora en su facultad constitucional de auditar cuentas públicas comete errores que dañan a los municipios e instituciones. No podemos tener una auditoría que se equivoca. Que hace daños autoritarios y discrecionales, ilegales, inconstitucionales porque el daño que hace es muy grande”.

“Tiene que dar un paso al costado y si no lo hace vamos a evaluar una acusación constitucional en conjunto con todas las fuerzas políticas. No es un tema de tal o cual municipio. Es un tema de que tenemos un contralor que se equivoca y que, además, cuando se equivoca lo esconde”, agregó.

Hasta ahora, su petición ha caído en el vacío incluso entre sus pares. Y por supuesto salió el Contralor Jorge Bermúdez a responder.  “Aquí no hay ninguna distinta vara para medir a nadie. Lo que hemos hecho acá en la municipalidad de Viña (del Mar), en la Florida, etc., es aplicar la metodología que siempre ha aplicado la Contraloría, que es tomar la contabilidad y realizar la auditoría de la manera que lo ha hecho siempre”.

Bermúdez salió también a justificar el trabajo realizado por la Contraloría en el municipio de Viña del Mar que preside la alcaldesa UDI Virginia Reginato, quien enfrenta una solicitud de destitución por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa que fue declarada admisible la semana pasada por el Tribunal Electoral.

El diario en cuestión había afirmado que la auditoría realizada al organismo municipal habría incurrido en errores que terminaron por agrandar el déficit. Las pesquisas de la Contraloría arrojaron un saldo en rojo de más de $17 mil millones para el municipio costero. Cifra que bajaría a $3 mil millones o menos si se hubiese calculado con la “fórmula completa”. Eso, según La Tercera.

Para el contralor, la ira de la UDI respondería a que entre los alcaldes que han reprobado millonariamente las últimas fiscalizaciones de Contraloría (CGR) figuran uno que acaba de ser suspendido por los tribunales electorales a raíz de uno de estos informes y otra que está recién siendo sometida a un procedimiento similar.

Respecto al informe de Viña del Mar, el organismo señala que “es necesario aclarar que, en términos simples, un ingreso o gasto ‘percibido’ es un monto concreto y verificable en un estado financiero, es decir, un ingreso o gasto real. Asimismo, un ingreso o gasto ‘devengado’ incluye derechos u obligaciones que no necesariamente se han recibido o pagado, es decir, puede incluir derechos que nunca se van a recuperar”.

Añade que “en el caso particular del municipio de Viña del Mar -en su respuesta a la auditoría y en sus informes analíticos de ejecución presupuestaria- reconoce el déficit presupuestario indicado por la CGR”.Y que “en la auditoría, se utilizó el ‘ingreso percibido’ porque se advirtió una diferencia significativa entre lo considerado como ingresos que se recaudarían ($94.317.481.875) y lo que efectivamente fue recaudado ($84.139.802.468). Asimismo, se utilizó el “gasto devengado” porque eran las obligaciones de pagos registradas y reconocidas por la entidad (90.028.194.544)”.

“Además, fue necesario adicionar todas las obligaciones que fueron detectadas en la auditoría y que no había registrado el municipio ($11.696.858.098)”.

En la Contraloría circulaban versiones que indican que la cantidad de municipios afectados por esta disparidad de cálculos es mayor, y que incluiría casos de distintos partidos, como el de las alcaldías de Arica, Mariquina, Colbún y San Ramón, además de comunas como Illapel y Coquimbo. las perspectivas para una posible acusación constitucional son inciertas. El tono de los presidentes y jefes de bancada de los partidos de oposición apuntó esta mañana a pedir explicaciones, pero sobre todo a acusar revanchas políticas de la derecha.

El gobierno no siguió el hilo de la presidenta de la UDI. Para el Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, “la Contraloría General de la República es un órgano autónomo constitucional, por lo tanto, no es función del gobierno estar encima de las fiscalizaciones que lleva como parte de las obligaciones de su Ley Orgánica”.

El presidente PS Álvaro Elizalde sostuvo que “aquí hay una estrategia sistemática por debilitar a la Contraloría porque lo que le molesta a la UDI es que el contralor esté fiscalizando a las autoridades. Y a todos los sectores políticos. Pero esa es la función de la Contraloría, tiene que ser incómoda, tiene que generar incomodidad en las autoridades porque su rol es precisamente velar por una correcta administración de los recursos y por el cumplimiento de la ley. Por cierto que se pueden dar diferencias en los criterios, eso es parte del Estado de Derecho”, sostuvo.

El diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana, tomó distancia de la ofensiva de la UDI. “Nosotros vamos a pedir una entrevista con el contralor porque obviamente es importante conocer el detalle que ha sido público, pero también conocer por qué se ha dado esta ambigüedad. Si es un tema de criterios, un tema de falta de prolijidad, de instrucciones internas que no han sido bien hechos o es un sesgo derechamente por parte de los profesionales que han hecho estas labores. La situación es grave, compleja”, dijo. Agregó que “el criterio de la UDI es un criterio autónomo e independiente, lo ha dialogado con nosotros, compartimos la preocupación, pero tenemos un camino distinto de cómo enfrentarla y eso no significa que no lleguemos a la misma conclusión que la UDI hoy día tiene”.

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