OSCUROS-TIEMPOS

Los recortes al gasto
social que está
implementando
el Gobierno.

Se están cumpliendo los primeros cien días de gobierno y el Ministro de Hacienda ya nos acostumbró a no creerle lo que dice, porque -como dice Andrea Repetto- tiene una estrategia comunicacional destinada a “distorsionar la realidad” o sea no dice la verdad.

Su viaje privado a Harvard fue financiado con recursos públicos revela esta post verdad y ahora con el decreto 651 donde disminuye $ 697.000 millones del presupuesto 2018 es otro ejemplo.

Se rebajan más de US$ 1.100 millones del presupuesto y el 7 de junio ellos informaron en un comunicado de prensa que ese recorte era “parejo” en todos los ministerios y estaba “enfocado principalmente en viáticos, horas extras y gastos en servicios y bienes de consumo -como publicidad y difusión; servicios de impresión y renovación de vehículos”-; ante la inicial denuncia que se estaban recortando casi $ 4.000 millones del presupuesto del Sename.

Sin embargo, un análisis más detallado del decreto de Hacienda sobre los recortes presupuestarios los parlamentarios DC, PS y RD coincidieron en que inexplicablemente habían muchos programas sociales afectados por el recorte fiscal.

Es malo para el país que el Gobierno no diga la verdad, ni menos que se haya informado ni se haya producido un mínimo debate democrático en el Parlamento -a lo menos en la Comisión Mixta de Presupuestos- sobre este recorte que afecta a los programas e inversión social en los grupos medios y sectores vulnerables de la sociedad.

Es lamentable que este Gobierno y sus autoridades sigan insistiendo en su versión alejada de la verdad  que no habrían recortes al gasto social. Al analizar el extenso decreto 651 del Ministerio de Hacienda del 25 de mayo se observa que hay áreas donde afectaron el gasto social, el dirigido a los más vulnerables y a las clases medias.

Veamos el caso del Ministerio de Educación por ejemplo, cuyo recorte alcanza a $ 38.309 millones al analizar las reducciones se puede observar significativos recortes en diversos programas sociales como el programa de alimentación y las becas de mantención en Junaeb, programas de fortalecimiento de la educación pública, el financiamiento a la gratuidad en universidades, centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, en la subsecretaría de educación parvularia se reduce un convenio con Integra, se reduce inversión en Junji, todos esos programas son inversión y gasto social -que no puede calificarse como “gasto en bienes y servicio de consumo”-y ese recorte de programas sociales en Mineduc alcanza a más de $ 28.000 millones, que corresponde a más del 70% del recorte presupuestario en Mineduc-.

También hay una reducción de $115.000 millones en programa de prestadores institucionales del Fonasa que afecta los insumos y la atención a los pacientes de los servicios de salud pública. Esto resulta muy lamentable hace unas semanas en el debate sobre “presiones del gasto fiscal” las nuevas autoridades señalaron que el mayor gasto en Salud debía reconocerse y financiarse -“gasto comprometido” en su discurso- y ahora aparece está fuerte reducción presupuestaria a los servicios públicos de salud.

La política fiscal no puede manejarse con estos dobles discursos, ni menos con post verdad y omisiones. Se requiere transparencia e información fidedigna lo que no ha caracterizado al Ministro de Hacienda en estos 100 días.

En ese sentido es importante que actuales autoridades transparenten el verdadero déficit fiscal estructural del 2017 -según la ex presidenta del Consejo Fiscal Asesor- no es -2% del PIB como lo informó el ministro Larraín sino sólo -1,6%.

Es lamentable esta falta de transparencia como la ausencia de debate democrático en el Parlamento sobre los planes de austeridad fiscal, para que exista claridad en la opinión pública que al Gobierno derechista sólo le interesa reducir el gasto fiscal para satisfacer los estándares de agencias clasificadoras de riesgo y no cuidar la inversión en los grupos sociales más vulnerables y de clase media para así tener un Chile con más inclusión social.

Chile requiere más inclusión social, reducir las desigualdades que aún subsisten -que no se resuelven en cuatro años- y por ello no debieran afectarse los programas sociales ni menos la inversión social en educación de calidad, salud pública y capacitación como lo está haciendo el Gobierno de Piñera.

ClariNet