ENCLAVE-DICTADURA8

3 proyectos de Bachelet
que el Tribunal
Constitucional desarmó
en el último año.

Durante los últimos seis meses, el organismo ha generado polémica por las decisiones que ha dictado: permitió la objeción de conciencia para las instituciones en el aborto en tres causales, dejó "sin dientes" al proyecto que fortalecía al Sernac, y le quitó el corazón a la reforma a la educación superior.

Una vez más, el Tribunal Constitucional vuelve a estar en el centro de las críticas: este martes se conoció un fallo del organismo que terminó con la Ley de Educación Superior trasquilada y con una de sus aristas emblemáticas como letra muerta: la que prohíbe el lucro en las universidades.

Debido a esto, en la opinión pública se volvió a abrir la discusión con respecto al alcance y las atribuciones del organismo, que constantemente es acusado de funcionar como una “tercera cámara”. Sin embargo, este debate no es nuevo y durante los últimos años ha sido recurrente, luego de los ajustes –y principalmente recortes– que el tribunal ha hecho a iniciativas como la Reforma Laboral o la Ley de Inclusión.

Compuesto por 10 integrantes nombrados por el presidente, el Congreso y el Poder Judicial –generalmente sus miembros son asociados a un color político–, las decisiones del tribunal han sido especialmente criticadas durante los últimos seis meses, período en que el tribunal ha llamado la atención por sus sentencias que dejan a medio camino proyectos emblemáticos de la administración de Michelle Bachelet, y que El Desconcierto recopila a continuación.

1. Aborto y ampliación de la objeción de conciencia

El 22 de agosto pasado, el Tribunal Constitucional dio a conocer su sentencia ante los dos requerimientos que Chile Vamos presentó con el propósito de impedir que se promulgara la ley de aborto en tres causales. En esa ocasión el tribunal rechazó las solicitudes, pero sí concedió un punto a la derecha: amplió la objeción de conciencia, que entonces sólo aplicaba para el equipo médico que realizaba el procedimiento, para que pudiera ser invocada también por los establecimientos de salud para no practicar abortos.

“La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”, dice el fallo, que agrega que “idénticamente pueden hacerla valer las instituciones religiosas, personas jurídicas o entidades con idearios confesionales que se proyectan hacia el ámbito de la salud”. De este modo, la normativa indicó que los establecimientos de salud públicos no pueden ser objetores de conciencia pero sí los profesionales que trabajan en ellos. Pero en el caso de los privados, cosa curiosa, tanto la institución como los profesionales que trabajen allí pueden ser objetores. 

El asunto que puso la tensión fueron los recursos: la administración de Bachelet redactó un protocolo que establecía que los privados que se declararan como objetores no podrían recibir fondos públicos derivados de los convenios que mantienen con el Minsal para prestaciones gineco-obstétrica, es decir, fondos que se destinan para subvencionar los servicios para pacientes de Fonasa que son derivados. 

Debido a este dictamen, además se debió crear un registro con las instituciones objetoras, y hasta el momento son siete las que se han enmarcado en esa categoría: el Hospital Clínico Red UC Christus, Hospital de Panguipulli, Clínica Los Andes, Clínica Alemana de Osorno, Hospital de Pucón, Clínica Indisa y Hospital Parroquial de San Bernardo.

Y es precisamente esta facultad la que por estos días ha generado polémica, ya que el gobierno de Piñera, recién instalado y a pedido de la UC, decidió modificar el protocolo de Bachelet y borró el artículo relativo a los fondos públicos. Así las cosas, ahora los centros mencionados tienen el camino despejado para negarse a practicar abortos sin ningún tipo de requerimiento.

[Lee también en El Desconcierto: Las claves para entender el nuevo protocolo que facilita que objetores se nieguen a garantizar el aborto en 3 causales]

2. “Un león sin dientes”: El fallido fortalecimiento del Sernac

Fue en octubre pasado cuando autoridades como los entonces ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, y director del Servicio Nacional de Consumidores (Sernac), Ernesto Muñoz, celebraron con bombos y platillos la promulgación de la ley que fortalecía el Sernac y le entregaba una serie de nuevas herramientas para regular, fiscalizar y sancionar empresas, lo que para muchos la convertía en un “león con dientes”.

Sin embargo, todo se desinfló en poco tiempo, ya que la iniciativa no fue bien recibida por el mundo empresarial y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) presentó un inédito escrito al tribunal en el que le pedía que le hiciera una revisión exhaustiva, lo que finalmente derivó en que el proyecto terminó mutilado en diciembre pasado.

En total, fueron 28 normas las que el tribunal determinó que se oponían a la Constitución chilena, entre ellas la que permitía que las personas realizaran una denuncia directamente en el Sernac y no solo ante un juzgado, y el artículo que permitía al organismo sancionar empresas y el que le permitía dictar normas e instrucciones obligatorias.

El fallo, que fue aprobado por 6 votos a favor y 3 en contra, señaló que las facultades que apuntaban a que el Sernac pudiera juzgar “sólo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente e imparcial, características que éste no reúne”.

[Lee también en El Desconcierto: Tribunal Constitucional quita el “corazón” del nuevo Sernac: Elimina sus nuevas facultades para sancionar empresas]

3. Adiós al fin al lucro

El tema más comentado de este martes 27 es el fallo que declaró como “inconstitucional” la norma que prohíbe a las universidades que se definen como sin fines de lucro incluir entre sus controladores a personas o instituciones que sí tengan fines de lucro.

En una votación de 6 votos contra 4, el tribunal señaló que el artículo 63 de la Ley de Educación Superior –que es el que estipula lo anterior– transgrede el derecho que la Constitución asegura a la libertad de enseñanza y organización. Por eso, en otras palabras, con este fallo se desmorona el corazón de la reforma pues el lucro no será erradicado de ninguna instancia de la educación superior.

Curiosamente, es segunda vez que alguien externo al Congreso acude al TC para echar mano a una iniciativa que le incomoda. En esta ocasión, fue una de sus involucradas directas: Pilar Armanet (PPD), ex rectora de la Universidad de Las Américas y presidenta de la Corporación de Universidades Privadas, quien pidió por escrito al tribunal que hiciera la revisión.

Armanet criticó que la norma fue aprobado con mayoría simple (más de la mitad de los parlamentarios presentes en la Cámara), y ella apeló a que se necesitaba de quórum calificado (mayoría absoluta).

Se cae el corazón de la reforma:

TC rechaza artículo que prohíbe

el lucro en universidades

La pasada por el tribunal fue solicitud de la Corporación de Unidades Privadas (CUP), y la revisión terminó desarmando uno de los proyectos más emblemáticos de la administración de Bachelet y una de las principales demandas del movimiento estudiantil.

Para las 10 de la mañana de este martes estaba fijada la sesión en que el Tribunal Constitucional definiría una de las aristas más trascendentes de la reforma a la Educación Superior impulsada por Michelle Bachelet: la que prohíbe a las universidades que se definen como sin fines de lucro incluir entre sus controladores a personas o instituciones que sí tengan fines de lucro.

Y en una votación de 6 votos contra 4, el tribunal declaró como inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior –donde está contenida la norma–, ya que considera que el texto transgrede el derecho que la Constitución asegura a la libertad de enseñanza y organización. En otras palabras, con este fallo se desmorona el corazón de la reforma pues permite que haya lucro en la educación superior.

La pasada por el TC de esta iniciativa, curiosamente, no salió de ninguno de los parlamentarios de Chile Vamos sino que de una de sus involucradas directas: fue Pilar Armanet (PPD), ex rectora de la Universidad de Las Américas y presidenta de la Corporación de Universidades Privadas, quien pidió por escrito al tribunal que hiciera la revisión, criticando que la norma se había aprobado con mayoría simple (más de la mitad de los parlamentarios presentes en la Cámara), y ella apeló a que se necesitaba de quórum calificado (mayoría absoluta).

[Lee también en El Desconcierto: Pilar Armanet, la ex concertacionista detrás del lobby para que el TC permita el lucro en educación superior]

Según explicó el diputado en los días anteriores a que se conociera la decisión, desde ahora el Estado estaría obligado a entregar generosos recursos –ya sea a través de créditos o gratuidad– a instituciones de educación superior que, sin embargo, no entregar garantías de que estén revirtiendo todo en calidad, y que puedan utilizarlos para su propio enriquecimiento. “Es decir, con este acto arbitrario es ilegítimo del TC se retrocederían 10 años de movilizaciones y debate público”, cerró Jackson.

En tanto, en la previa a que los diez integrantes del tribunal iniciaran la votación, un grupo de estudiantes se manifestó en las afueras del TC con la consigna “Chile ya decidió”. “No queremos más lucro en la educación, queremos la educación como un derecho y que Tribunal Constitucional no decida de espalda a la ciudadanía”, dijo el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales.

Durante esta mañana el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que desde el gremio organizarían marchas en caso de que la norma fuera aprobada. “Cualquier pretensión de reponer el lucro sin duda alguna generaría inmediatamente una respuesta de marchas y movilizaciones por parte del movimiento social”, dijo.

Por su pare, la máxima autoridad de la Universidad de Santiago aseguró que lo determinado por el organismo constitucional demuestra la "urgente" reforma que se necesita. sostuvo. 

Como una decisión “preocupante” calificó hoy el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, la determinación tomada esta mañana por el Tribunal Constitucional sobre el artículo 63 de la Ley de Educación Superior.

Y es que por seis votos contra cuatro, el organismo estableció que es inconstitucional prohibir que las entidades de educación superior permitan tener como sostenedores a personas o instituciones con fines de lucro.

Ante esto, la máxima autoridad de la Usach, manifestó que la medida “es una práctica que por tanto años hemos intentado erradicar, sin embargo, cuando ya estaba todo consensuado el TC decide lo contrario. Es un retroceso que generará un tremendo daño al país”.

Zolezzi además, añadió que “es inadmisible que un organismo público de este carácter revierta la decisión democrática de los integrantes del Congreso, quienes fueron elegidos por la ciudadanía para legislar”. Por este motivo aseguró que se necesita una reforma al organismo “en cuanto a sus competencias”.

En esta línea, el rector recordó que en el marco de las discusiones legislativas en torno al tema, el proyecto de ley fue revisado por tres secretarías técnicas en la Cámara de Diputados y otras tres en el Senado. “En cada una de esas instancias se ratificó de manera unánime que su aprobación requería sólo de mayoría simple y no de quórum calificado, como plantea el Tribunal Constitucional”.

Asimismo, criticó que el pronunciamiento del tribunal surgiera a partir del requerimiento que presentara en enero la Corporación de Universidades Privadas. “Los intereses de unos pocos terminan por imponerse por sobre el bien común, especialmente de aquellos estudiantes y sus familias que aspiran a una educación de la más alta calidad posible”, advirtió la autoridad.

Universidades públicas no estatales:

“El fallo del TC puede afectar

seriamente la estabilidad del sistema”

El G9, expresó su más profunda preocupación tras la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, que indicó que es inconstitucional prohibir a las universidades tener sostenedores económico con fines de lucro.

A través de una declaración pública firmada por los nueves rectores que componen la instancia, el G9 manifestó su “profunda preocupación” por el fallo que dictó el martes pasado el Tribunal Constitucional (TC), cuando se declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohíbe a las universidades tener sostenedores económicos con fines de lucro.

El organismo de universidades públicas no estatales aseguró que lo decidido por el TC abre un marco de incertidumbre y llamó además, a que las instituciones educacionales realicen su actividad académica “libres de todo control político o económico que pueda afectar el cumplimiento de su misión de servicio a la sociedad”.

“Guardamos la esperanza que con prontitud se encuentren los mecanismos para asegurar el desarrollo y fortalecimiento del sistema de educación superior, y que la nueva institucionalidad oriente y promueva exclusivamente los fines nobles a que nos debemos las instituciones universitarias de nuestro país”, dice la misiva firmada por el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Darcy Fuenzalida; el rector de la Universidad Austral de Chile, Óscar Galindo; el rector de la Universidad Católica del Norte, Jorge Tabilo; el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez; el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy; el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui; el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán; el rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz; y el rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez.

Aldo Valle, vicepresidente del CRUCH:

“La deisión del TC tiene efetos gravísimos”

El rector de la Universidad de Valparaíso, la determinación que ayer tomó el tribunal sobre el financiamiento, traerá consigo consecuencias sobre la gratuidad.

El vicepresidente ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, se sumó a las críticas entre los rectores y planteles universitarios por la determinación que ayer tomó el Tribunal Constitucional que indicó que es inconstitucional prohibir a las las entidades de Educación Superior tener sostenedores con fines de lucro.

Ante esto, el además rector de la Universidad de Valparaíso, planteó que la decisión “tiene efectos gravísimos sobre el sistema de educación superior y específicamente sobre el financiamiento, y a partir de ahí, sobre las funcione de un sistema universitario”.

Al dejar sin efecto el artículo 63, lo que hace el TC, indicó Valle es “privar de eficacia a la prohibición de lucro, ya que el proyecto de reforma a la Educación Superior considera una política de gratuidad, pero establecía que tenían acceso a ella, las instituciones de Educación Superior, con el supuesto de que ellas no tendrían entre sus integrantes, ni entre sus controladores a entidades lucrativas. Lo más grave es que ahora, la gratuidad queda abierta para instituciones controladas por entidades de carácter lucrativo”.

Por ello, desde el Cruch advierten que ahora, la gratuidad podría quedar abierta para instituciones que formal y jurídicamente se declaren como instituciones sin fines de lucro y por ello, puedan acceder a la gratuidad, pero podrían estar controladas efectivamente por entidades de carácter lucrativo.

“Con el fallo del TC aquí y ahora, tenemos que instituciones de educación superior que tienen controladores con fines de lucro, como aquellas que pertenecen a empresas trasnacionales de la educación y que han declarado públicamente sus fines lucrativos, puedan acceder al financiamiento público proveniente de la política de gratuidad”, dijo.

En consecuencia, agregó “vamos a quedar en una situación más precaria que la que había hasta antes de la Reforma, en que la legislación vigente en Chile, no consideraba una política de gratuidad, pero a su vez estaba vigente, al menos formalmente, la norma que prohibía el lucro en la educación superior para todas las instituciones universitarias”.

Fallo TC: Confech anuncia para abril

protestas en contra del lucro en Educación

Tras conocerse que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional el artículo de la reforma a la educación superior que prohíbe a los controladores de instituciones de educación superior tener fines de lucro, la Confech criticó la resolución, anunciando protestas para abril para manifestarse contra la decisión.

Así, a nombre de la confederación estudiantil la integrante de la Izquierda Autónoma, Valeria Verdejo, acusó que las reformas del gobierno de Bachelet quedaron “transformadas en un maquillaje, pues hoy la educación no es un derecho. Como movimiento estudiantil creemos que hay que reforzar la educación pública, a la cual todos puedan acceder”, dijo.

Ante la decisión del TC, Verdejo advirtió que “en abril vamos a tener conversaciones con actores de la educación, para movilizarnos y conquistar este derecho”, anunciando así un período de protestas en contra del lucro, “que paradójicamente es la misma demanda que tenían los estudiantes en 2010, cuando llegó Sebastián Piñera por primera vez al poder”, sostuvieron desde la Confech.

Harboe: Si Piñera quiere de verdad llegar a

acuerdos, partamos por reformar

el Tribunal Constitucional aquí y ahora.

“Nuevamente el Tribunal Constitucional está excediendo sus funciones”, sentenció el senador Felipe Harboe ante el fallo del Tribunal Constitucional que decretó inconstitucional el artículo 63 del proyecto de reforma a la ley de educación superior, que buscaba prohibir el lucro en las universidades y centros de formación técnica.

“Si el Presidente quiere de verdad llegar a acuerdos, partamos por reformar el Tribunal Constitucional aquí y ahora. Nosotros pondremos los votos para cambiar esa institución y velar por el respeto de la democracia y sus instituciones”, expuso el legislador, representante de las regiones del Ñuble y Biobío.

El parlamentario PPD reiteró la necesidad de que el Ejecutivo encabezado por el Presidente Piñera envíe un proyecto de ley que limite las funciones del tribunal, “porque está provocando un daño gravísimo a la institucionalidad, tanto al rol del Congreso Nacional como también al del Poder Judicial”, señaló.

“No es aceptable que exista una institución designada que altere las mayorías ciudadanas y pase por sobre facultades que no le corresponden. Si queremos respetar la democracia debemos terminar con esta anomalía institucional”, expresó Harboe.

“Hoy es perfectamente predecible la conducta de los ministros del Tribunal Constitucional y sus fallos en atención a sus concepciones ideológicas, lo que degrada el rol de la institución. El Tribunal Constitucional es una institución importante, pero hoy está exacerbando sus atribuciones”, agregó el senador.

Dentro de las medidas que el parlamentario estimó necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal Constitucional, planteó la necesidad de exigir expertiz en los ministros, puesto que en la actualidad no todos la poseen, además de establecer un sistema de remoción distinto al actual, como también disminuir sus facultades.

En este sentido, el senador Harboe ejemplificó con la posibilidad de “devolver el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a la Corte Suprema, limitar el control preventivo al requerimiento de un número de parlamentarios y no de oficio, incorporar ciertas inhabilidades y causales de recusación, prohibir audiencias públicas y crear un sistema de remoción por abandono de deberes o algún otro tipo de causal. Estamos estudiando todas estas variables”, expuso.

ClariNet