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EDUCACION-JUSTA8

En el proyecto de ley del
Gobierno se establecen
principios como el mérito y
la libertad de elección por
sobre el derecho
a la educación.

Por Rodrigo Fuentes

Consultamos a expertos sobre las modificaciones a la Ley de Inclusión, que, para los analistas, acentúa el problema de la desigualdad en la sociedad chilena.

La idea del Gobierno ha sido difundida como un proyecto de ley que busca “promover y reconocer el esfuerzo académico”. De esta forma, los establecimientos educacionales podrán “seleccionar a sus alumnos en base a rendimiento”.

Así lo recalcó, este martes, el propio Presidente Sebastián Piñera, quien ha copado la agenda estos últimos días con actividades promocionales de la prenormativa “Admisión Justa”.

En una reciente reunión con directores de los Liceos Bicentenarios, el mandatario recalcó que la idea de “perfeccionar” el sistema de admisión escolar permitirá que instrumentos de movilidad social, como son los liceos de excelencia, “estén disponibles para familias vulnerables y de clase media”.

El otro argumento que ha utilizado el Ejecutivo es dejar que los padres escojan las escuelas, ejemplificando casos que solo se dan en la región Metropolitana, donde los niños lloran por no quedar en el colegio debido a la “tómbola”, un sistema de admisión utilizado este año en Santiago, que consiste en incluir a todos los postulantes, pero que las vacantes se resuelven mediante un sorteo.

Sin embargo, recordemos que la Ley de Inclusión aún no está operativa en la capital, siendo el sistema vigente de postulación vía internet el que ha dejado conforme a la mayoría de los apoderados que recientemente lo usaron en regiones, según propios datos oficiales.

Para el abogado constitucionalista Tomás Jordán, lo que está haciendo el Ejecutivo es modificar lo que se había avanzado durante el Gobierno de Michelle Bachelet, de instalar el derecho de las personas a acceder a la educación como un factor que está por sobre el mercado y los intereses de los sostenedores.

“Cuando tú puedes elegir, seleccionas aquellos lugares afines a tu gusto, y esa barrera en general, en el sistema como derecho social, solo funciona para los establecimientos privados que se basan en una condición económica y no de carácter educacional. El único elemento que permitiría elegir, seleccionar, es la condición económica del padre que puede pagar un colegio privado, pero no las características particulares de un niño o niña”, afirmó.

Para el director Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Oscar Aguilera, el proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE) constituye un retroceso para la justicia en educación, propia de un discurso conservador de 1920.

Precisó que el argumento de comparar “admisión justa” con modelos de países desarrollados como Alemania carece de fundamento, ya que ahí se segrega a niños a partir de los 16 o 18 años, pero nunca desde los 10 o 13 años.

Además, tomando en cuenta, agregó, que en aquellas naciones no existen marcadas diferencias socioeconómicas como sí las hay en nuestro país.

“Lo que se quiere hacer es un recurso falaz, colocar y construir la excepcionalidad en tres o cuatro experiencias, que es la idea, por ejemplo, de los liceos bicentenarios, de excelencia, sin tocar ni modificar el conjunto del sistema educativo que lo hace posible. Entonces desde ese punto de vista, en muchas sociedades te puedes encontrar sistemas educativos con algún nivel de selectividad, en base a algún criterio o a partir de una cierta etapa. De hecho, la gran centralidad que tiene Finlandia en su educación pública, entre otras características, es que es tremendamente territorializado”, argumentó.

Oscar Aguilera agregó que gobiernos anteriores nunca se cuestionaron indicadores utilizados para medir la calidad de la educación.

Además, indicó que no ha existido una inversión para recuperar las escuelas públicas, pero sí se las ha usado como una estrategia de bajo costo político, para deteriorar establecimientos educaciones, bajar la matrícula, posteriormente cerrarlos y reubicar a los estudiantes.

El director del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile finalmente indicó que, como toda política, el actual sistema de admisión requiere ajustes y mejoras, pero estas no pueden constituir un daño a la educación pública.

Cristina Girardi: “Admisión Justa es neodarwinista,

los menos aptos tienen que desaparecer”

En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada PPD se refirió al trasfondo del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo y lo comparó con la teoría evolutiva moderna que, para ella, opera de manera “violenta” contra los marginados en la educación.

“Todo nuestro sistema educativo está basado en una lógica neodarwinista. Existen seres superiores que compiten con los menos aptos, quienes al final desaparecen”.

De esta manera se refirió la diputada del PPD, Cristina Girardi, al trasfondo del proyecto de ley denominado “admisión justa” que por estos días ha acaparado la agenda del Ejecutivo en torno a una mediática defensa.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria precisó que todo nuestro sistema educativo está basado en una “competencia violenta”, incluidos los métodos que miden la calidad de la formación escolar en el país.

La también presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, afirmó que estamos en una sociedad donde se vocifera en torno al discurso de la inclusión, pero que, en la práctica, se resuelven los problemas acabando con los estudiantes que provienen de los sectores más pobres.

“Todo nuestro sistema educativo está basado en esa lógica, el Simce tiene que ver con esa lógica, las escuelas que cargan supuestamente con un mal desempeño tienen que cerrar y esas comunidades educativas tienen que desaparecer. Eso además se relaciona con la sociedad que nosotros hemos construido, ya que nos quejamos del nivel de violencia que tenemos, pero avalamos lo que instaura la lógica neodarwinista, que es sobrevivencia de los más aptos, la eliminación de los menos aptos, y eso ya es violento”, afirmó.

Recordemos que el Gobierno ha defendido la iniciativa, que pretende reinstalar el sistema de selección en colegios, como un tema de principios.

Al respecto, la diputada Cristina Girardi, citó elementos históricos del nacismo alemán, comparándolo con aquellos que defienden privilegios, según ella, para una raza superior, en desmedro de los otros marginados quienes no tienen derechos a existir.

“Tenemos una sociedad construida bajo esa lógica, con muchos niveles de violencia y polarización, donde se nos demuestra que estamos haciendo las cosas mal y que estamos equivocados en el camino educativo. Chile es un país que maltrata a sus niños, que discrimina y eso tiene un efecto en el tipo de sociedad que estamos edificando”, argumentó.

La parlamentaria integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Cristina Girardi, agregó que trabajará en la instancia legislativa para que no prospere la idea del Gobierno. Administración que, para ella, está equivocada al intentar reformar un método que se zanjó con la Ley de Inclusión, donde se estipula que la enseñanza es un derecho para todos y todas.

Seleccionar niños

Por Patricio López

No es primera vez que los deslices comunicacionales del presidente Piñera en Educación le abren flancos a su Gobierno. La afirmación del día de ayer de que el proyecto denominado eufemísticamente Admisión Justa buscaba dar libertad y flexibilidad a la “industria de la educación” va en la misma línea de las declaraciones del 19 de julio de 2011, en su primer gobierno, cuando en la inauguración de la sede de San Joaquín del DUOC-UC, afirmó que la educación es “un bien de consumo”. Estas afirmaciones, que más que deslices son la expresión genuina de la mirada del Mandatario, dicen lo que Piñera ha dicho muchas veces con otras palabras: que para él la educación tiene un componente empresarial y que las políticas públicas deben generar las condiciones para facilitar ese vínculo.

Una destacada investigadora en Educación, María Loreto Egaña, me enseñó una vez que en este tema el debate siempre es ideológico. Que cada política o discusión legislativa, aun cuando parezca técnica, es a su vez la expresión de los paradigmas que los distintos actores tienen no solo sobre la educación, sino también sobre la sociedad.

Como se sabe, el Presidente adscribe al punto de vista de que los empresarios pueden participar y por cierto lucrar en ámbitos que para otros son los de los derechos sociales: educación, salud, previsión, etc. Tal punto de vista es respaldado además por la Constitución de 1980, a pesar de los cambios que se le han hecho en consenso con quienes se han declarado sus detractores.

En relación al proyecto Admisión Justa, Piñera adscribe también a la idea de que el desempeño de los estudiantes puede corresponder al solo mérito individual y familiar, sin que el contexto sea del todo determinante. Dicho de otra manera, la ministra Marcela Cubillos afirma que el Gobierno pretende fortalecer el derecho de los padres respecto a la educación de los hijos. Sin embargo, reponer mayores espacios para la selección parece ir en la línea contraria, al punto que para la Oposición la palabra selección debería, en realidad, ser reemplazada por la de discriminación.

Como se sabe, una de las consecuencias del sistema educativo instalado en dictadura, y cuyos pilares aún están ahí, es lo que la OCDE definió como un apartheid, al sostener que el sistema educativo chileno estaba conscientemente estructurado en clases sociales. Conscientemente estructurado en clases sociales. A pesar de las grandes batallas político-sociales acaecidas en este tema en los últimos lustros, la Constitución ha terminado zanjando aquello que ahora se expresa de la manera más cruda: el derecho preminente es el del prestador o sostenedor de la educación, por sobre el de los niños y sus familias.

La evidencia internacional (no olvidemos que el paradigma educativo chileno nada contra la corriente) muestra que los sistemas exitosos son aquellos que conciben los sistemas educativos como espacios para la inclusión, bajo el supuesto que su rol en la sociedad es construir comunidad.

Cuando se pone la selección por encima, se entiende entonces que el rol de los sistemas educativos es zanjar las competencias entre individuos, lo cual es justamente la mirada del modelo neoliberal sobre cómo debe erigirse una sociedad virtuosa.

Como sea que decante lo que un matutino calificó como “la primera batalla legislativa del año”, es importante recordar lo siguiente: en Chile el rendimiento escolar sigue dependiendo más del capital sociocultural de los padres que del esfuerzo o el mérito de los niños. Es lo que evidencia la PSU y otros instrumentos de medición. Seleccionar sobre la base de esta realidad que ya está desequilibrada parece darle la razón a la OCDE, que como decíamos hace ya 15 años se refirió a nuestro sistema como un apartheid educativo. Como para recuperar la capacidad de asombro.

ClariNet