DEBATE-EDUCACION8

El intenso debate sobre lo que
significa la reforma educacional,
ya está instalado pero se soslaya
su carácter político y nacional de
fondo, en aras de pequeños
intereses personales y de grupo.

Por Justo Calcante

Por supuesto y desgraciadamente, no todos están enterados pero al menos la discusión sacude a los estamentos más conscientes de nuestra sociedad e, incluso, llama la atención en otros países como México, donde se expresan opiniones al respecto.

Para los sectores izquierdistas este debe ser un análisis profundo, pues apunta a cambiar el paradigma económico social imperante, gracias a la condición de la enseñanza pública como instrumento nivelador de oportunidades e ingresos de la población, es decir, hay que decidir si se antepone el bien común al mercado, o sea, al simple negocio.

Para el centro, es la gradualidad de la gratuidad lo que le inquieta, pues aunque reconociendo el carácter egoísta y mezquino de lo que sucede hoy, absolutamente segregante de la sociedad mediante la aplicación del lucro en la instrucción pública, sus personajes se resisten al cambio tajante y se pronuncian por una evolución, tenue o más acelerada.

Envenena la negociación que dirigentes de la Democracia Cristiana y el PPD, se sumaron al negocio de enseñar y obtuvieron abismales ganancias, las que desean perpetuar. Su genio del mal, Gutemberg Martínez es dueño de una universidad rasca pero lucrativa, para poner un ejemplo.

En la derecha a su vez, hay una tenaz resistencia a echar pie atrás en el predominio del mercado, ese asignador de recursos que jamás tuvo en vista ni la solidaridad ni la justicia, manteniendo el lucro individual como paradigma intocable.

Para los técnicos neutrales está en juego, y de allí lo enfurecido del debate, un proceso de creación de instituciones, de transformación de las existentes, en medio de definiciones, sobre el papel de la enseñanza y su condición de pública, privada o mixta. En todo caso, coinciden en que la reforma será relevante porque tendrá efectos concretos sobre el cuerpo social.

Para peor, nadie se atreve a discutir que el modelo específico impuesto bajo la presión de las armas por la dictadura cívico-militar del siglo pasado, está en una crisis terminal, haciendo más hipócrita la polémica. El fracaso evidente para la mayoría del uso del conocimiento como un comercio. Igualmente deja claro que este debe contar con raíces democráticas, transformándose en un espacio amplio de innovación y debate.

En el transcurso de una polémica que comenzó con fuerza creciente hace un cuarto de siglo, el movimiento estudiantil y sus respaldos orgánicos partidarios se fortalecieron y jugaron un rol estelar que condujo al menos a cuatro de sus antiguos dirigentes al Parlamento, donde terminaron diluyéndose.

En la superficie del momento actual, el tema es la gratuidad, universal e inmediata o gradual y parcial, ignorándose la propuesta del Poder Ejecutivo de que las universidades no deben ser únicamente fábricas de titulados sino espacios de investigación universal y promotoras del arte. Incluso esto lo ignora en forma absurda el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, un gradualista de ideas conservadoras que desea rebajar costes fiscales.

En la Nueva Mayoría, un sector que teme costes electorales, se propone desde nuevos impuestos a una inyección de recursos desde la Ley Reservada del Cobre que asigna cientos de millones de dólares anuales al gasto bélico, donde día a día muchos fondos se esfuman por la corrupción escandalosa de quienes manejan estos montos.

Ese traspaso financiero es lo más cuerdo.

"Nosotros no vamos a aumentar los impuestos. Este gobierno en materia impositiva hizo lo que tenía que hacer, no habrá nuevas reformas tributarias", advierte Valdés, partidario de concentrar los esfuerzos en la educación superior. Incluso razona que es la sociedad la que tiene que debatir, "si quiere dedicar más recursos a la educación o a otras cosas".

Valdés especifica que "con lo que ya hemos avanzado y lo que está en el informe financiero del proyecto de ley, la parte de educación superior cuesta aproximadamente 1,5% del PIB (un poco menos de 4.000 millones de dólares), y esa parte es básicamente todo lo que nos falta. Si Chile tuviera esa plata, supongamos que tenemos la suerte de que el precio del cobre vuelve a tres dólares la libra y se mantiene ahí, la pregunta siguiente que tiene que hacerse la sociedad y que el proyecto de ley pone sobre la mesa, es ¿queremos usar toda esa plata en educación superior o no?”.

Las dudas, los tropiezos y la crisis económica mundial, se tradujeron en un suspenso que duró casi dos años hasta que se envió al Congreso este proyecto que reforma el sistema de educación superior en el país, que coincide con otro que pone término a la educación secundaria municipal, que ha sido un fracaso total.

La propuesta universitaria tiene más de 300 artículos y contempla los plazos y procedimientos para llegar a la gratuidad total, sanciones al lucro, nuevas reglas para la gestión de las universidades, la obligatoriedad de la investigación y un nuevo sistema de admisión de los alumnos. Los que igualmente no podrán descuidar su rendimiento y titularse en el plazo normal.

Curiosa y contradictoriamente, el documento atrae fuertes críticas de los estudiantes (“no queremos una gratuidad por goteo ni sujeta a vaivenes presupuestarios”), de los rectores de universidades privadas de altos precios; de la oposición de derecha, que alega que estaría en peligro la libertad de enseñanza y de los directivos de los planteles fiscales que eluden tocar el tema de la corrupción interna y de los malos profesores, que se transforman en tales gracias al amiguismo.

Nadie recuerda los miles de millones robados en la USACH, mediante un edificio docente fantasma, cuyos basamentos, abandonados a la vista de todos, son una suerte de monumento a la inmoralidad, que igualmente ignoran los organismos sindicales de los funcionarios y de los alumnos.

Pese a que todo esto apunta a una compleja tramitación, el gobierno espera que el proyecto pueda convertirse en ley durante su mandato.

Los principales ejes de la propuesta oficial son una gratuidad amplia, pero sin fechas definitivas para ir ampliándose desde la población de más bajos ingresos a las capas medias y, finalmente, las acomodadas. Empezará a partir del próximo año aplicándose a todos los alumnos pertenecientes a capas pobres, incluyendo en el beneficio a los Institutos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT), previamente acreditados en calidad e investigación. Posteriormente, entre 2018 y 2020 llegará a los estudiantes del sexto estrato, en palabras simples, de clase media baja. De ahí para adelante, no se señalan plazos, sino todo queda entregado al crecimiento económico del país y los recursos que este cree.

Por eso se mantienen las becas y créditos especiales para pagar las mensualidades de los planteles, mientras dure la transición a la gratuidad universal.

Recibirán aportes fiscales todas las universidades estatales obligatoriamente gratuitas, mientras que para las privadas será voluntario el no cobro, pero deben aceptar una serie de requisitos si quieren acceder a la gratuidad, como estar acreditadas y no tener fines de lucro y someterse a que el Estado regule los aranceles máximos que pueden cobrar. Una comisión de expertos ayudará al ministerio de Educación a definir los montos.

Las sanciones al lucro serán hasta con cárcel en casos extremos de contumacia. En los planteles se prohíbe la intromisión en la gestión de personas jurídicas mercantiles; las operaciones financieras de sus dueños como el supuesto arriendo de locales y de entrega de servicios con altos precios superiores a los normales y cosas parecidas. Para supervisar que esto ocurra, se conforma una Superintendencia de Educación Superior, que deberá fiscalizar y sancionar a quienes intenten conseguir ganancias. El ente aplicará multas, sanciones penales si corresponden y el cierre de la institución infractora, especialmente si se desvían recursos estatales.

Se propone un trato especial para los planteles fiscales, la participación de la comunidad universitaria y del Estado en su gestión. El rector será electo únicamente por académicos, su cargo durará cuatro años y se limitará la reelección a un solo periodo consecutivo. Mientras que en el consejo directivo habrá cuatro representantes del Poder Ejecutivo, además de académicos y miembros de un órgano de todos los estamentos, incluidos estudiantes y funcionarios.

Una parte importante es la creación de un fondo para la investigación, al que accederán solo las instituciones de educación superior gratuitas. Estos dineros se asignaran según los logros obtenidos, demostrables y en aplicación en el rubro al que correspondan.

Seguirán existiendo los fondos para la investigación y desarrollo mediante concursos y se crea una unidad de Formación Técnico Profesional que aborde esta rama desde el nivel escolar. El ministerio diseñará una Estrategia Nacional para la Formación Profesional, con criterios específicos para la acreditación de esos planteles y un mecanismo especializado y transparente para la admisión de los estudiantes en los diversos niveles.

Paralelamente a la tramitación de esta reforma, la Cámara Baja inició la revisión en la sala de la desmunicipalización de la educación secundaria, comenzando por aprobar la idea de legislar al respecto.

La propuesta del Ejecutivo insiste en que sea el Estado quien provea una educación pública, gratuita y de calidad, a través de la Dirección de Educación Pública, dependiente del ministerio del ramo.

Además, se contempla la creación de los Servicios Locales de Educación Pública que funcionen a lo largo del país y que considerarán criterios de densidad de población, cantidad de establecimientos educacionales por administrar y distancias a recorrer por el alumnado desde sus hogares a los planteles.

Entre los temas a definir está el traspaso de los edificios municipalizados a los nuevos gestores. Los alcaldes alegan que esa millonada les pertenece, olvidando que son propiedades que el Fisco les regaló en su gran mayoría, al decretar la municipalización.

En fin, de algo vital para el futuro nacional, cada uno ve como sacar un pedacito, se quejó un importante funcionario que prefirió hacerse el loco con su nombre.

ClariNet