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Fraude en el Ejército pone
en la mira a decenas de
generales y cientos
de coroneles.

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que el próximo 26 de octubre debiese conocerse quién entrará como Jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemco), cargo que ahora le corresponde al Ejército llenar.

Esta designación, y la conformación del generalato, es la decisión más compleja que enfrenta el Gobierno, considerando la investigación que lleva adelante la Corte Marcial en el denominado "caso empresas de turismo", donde oficiales del Ejército habrían abultado el precio de pasajes aéreos, a cargo de la institución, quedándose con el remanente.

Según publicó La Tercera, serían más de 1.500 lo viajes de miembros de la institución castrense que estarían bajo la mira de la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford.

El martes el Ejército confirmó la renuncia del número dos de la institución, general (r) John Griffiths, y se especula que otros oficiales podrían estar involucrados en esta defraudación.

Por ello, la preocupación del Gobierno está puesta en que la designación del Alto Mando, sumado al nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto, no estén manchadas con el caso en cuestión.

"Es importante que el Alto Mando futuro no tenga ninguna relación ni responsabilidad con estas irregularidades y eventuales malversaciones de fondos públicos. Es un tema al cual estamos prestando mucha atención", enfatizó el Presidente Piñera en las últimas horas al referirse a la compleja situación.

El uso irregular de dineros fiscales se ha transformado en una actividad muy común entre las fuerzas represivas, los empresarios y sectores parlamentarios. Un nuevo punto investigativo se abre en el caso del fraude al fisco ocasionado por el Ejército de Chile.

La Ley 13.196, conocida como Ley Reservada del Cobre, que se creó en el segundo gobierno de Ibañez del Campo, pero que fue modificada y potenciada durante la dictadura militar de Pinochet, hoy es parte de un nuevo caso de fraude al fisco: “El uso irregular de dineros fiscales para viajes al extranjero”.

En este proceso se tomó declaración en calidad de inculpado al general del ejército y segundo hombre al mando de la institución uniformada, John Griffths, hecho que levantó preocupaciones en la institución ya que se estima involucrará a una larga lista de coroneles y generales.

La cita de declaración se extendió por casi ocho horas y tuvo como uno de los focos la posible recepción de dineros por concepto de “devolución” por parte de agencias de turismo y viajes que mantenían convenios con el Ejército.

Para contextualizar, a principio de este año la ministra en visita Romy Rutherford amplió el caso, abriendo una arista denominada “Empresas de turismo” donde oficiales del Ejército habrían participado receptando dineros públicos, implicando a otras cuatro empresas de turismo.

El caso consta del siguiente entramado: Cuando un oficial viajaba, este contrataba a alguna de las empresas de turismo y financiaba el viaje desde los fondos fiscales, sin embargo, ya pagado el viaje pero antes de viajar le pedía a la empresa en cuestión que buscara rutas más baratas y lo restante del dinero se le regresaba al oficial, bajo un comprobante que decía “exceso de equipaje”. De todo el proceso se han identificado tres inculpados, todos pertenecientes a altos rangos del ejército.

Este espacio de fraude al fisco se gesta no solo en los privilegios de esta institución sino en lo que es la herencia de dictadura. Hoy mientras se dan miles de despidos a nivel nacional y se cierran empresas, los desfalcos más grandes han sido por parte de las dos instituciones represivas más financiadas en Chile, Carabineros y el Ejército.

Dichas instituciones han sido defendidas por los sectores más conservadores, pero también consideradas ‘instituciones aliadas’ para nuevos actores políticos como lo es el Frente Amplio. Lo cierto es que ninguna de estas instituciones es realmente una aliada, al menos no para el pueblo trabajador, las y los estudiantes y las mujeres, mucho menos para pueblos originarios en resistencia como lo es el pueblo Mapuche. Las polémicas por violaciones a Derechos Humanos, torturas, incluso dentro de los gobiernos de la Concertación post-dictadura, han dejado a ambas instituciones en la mira de diversas organizaciones de DD.HH., feministas y de izquierda, nacionales e internacionales.

ClariNet