MILLONARIAS-PENSIONES8

Reportaje de "Informe
Especial" de TVN
reveló que estos montos
alcanzarían hasta los
$6 millones mensuales.
Además, a los beneficiados no
se les exige ser reevaluados
en su enfermedad.

Decenas de millonarias pensiones, correspondiente a segunda clase, están recibiendo ex funcionarios sanos de las Fuerzas Armadas y de la extinta Central Nacional de Inteligencia (CNI), según reveló este domingo un reportaje de "Informe Especial".

La investigación del programa de TVN indicó que estos montos están dentro de la Ley de Presupuestos, que el año pasado destinó cerca de US$2.300 millones para pensiones de Capredena (Fuerzas Armadas) y Dicrepa (Gendarmería).

Las pensiones de invalidez de segunda clase se otorgan a aquellas personas que sufren dolencias, las cuales implican la pérdida de la capacidad de trabajo para ganarse el sustento en ocupaciones privadas, ya sea personas que sufrieron un accidente en servicio o una enfermedad que los incapacitará para seguir trabajando.

Según los casos expuestos, estos ex funcionarios no cumplirían con estos requisitos, ya que se encuentran sanos.

A estos pensionados se les otorga en promedio 1$ millón mensual, contra los $190 mil, de la pensión de invalidez civil.

Un ejemplo sería el caso de Augusto Pinochet Hiriart, hijo del fallecido Augusto Pinochet, quien estuvo en el Ejército hasta 1979 cuando tuvo un accidente en un camión. Aunque él mismo dijo que quedó sin caminar, aclaró que luego volvió a hacer una vida normal. "Pude haber trabajado como todo ser humano, pero no alcanza. Me correspondía (la pensión), es lo que dice la ley", manifestó.

En su caso, y en los demás que mostró el programa, desde que se le otorgó la pensión, nunca más un comité médico la volvió a evaluar. Mientras que para los civiles la pensión se evalúa cada tres años.

Pinochet Hiriart ha recibido unos $400 millones en casi 40 años.

Otro caso destapado por la investigación es el del ex agente de la CNI, condenado por la Operación Albania, Emilio Neira, quien afirmó que sufre de "estrés post traumático".

HAY JUBILADOS DE LAS FF AA CHILENAS CON INGRESOS DE HASTA SIETE MIL DÓLARES AL MES

Las denuncias en las Fuerzas Armadas, especialmente en la cuestión de las jubilaciones suman y siguen. Es un cuestionado tema cuyo debate comenzó el año pasado después de descubrirse irregularidades o jubilaciones millonarias en algunos casos, también en Gendarmería.

Hoy dia se conoce a través de los medios y de informes especiales de la televisión, en base a datos entregados por Transparencia, que hay 1.050 ex oficiales, con jubilaciones más que aceptables, que reciben “la franquicia” de poder seguir trabajando en una de las tres ramas de las FF AA. (Ejército: 457 casos; Armada: 527 y FACH: 66). Las distintas ramas no dan los nombres de los “jubilados a contrata” por razones de seguridad o secretas, como informó el diario La Tercera.

El sueldo promedio que se le paga a este personal jubilado a contrata tiene un ingreso de 940.000 pesos en promedio (aparte de la jubilación de Capredena) habiendo casos que llegan a $ 4 millones.

En el Ejército por ejemplo, los ex oficiales y suboficiales que son jubilados y trabajan a contrata se concentran en los comandos de Bienestar (222), Salud (82), Industria Militar e Ingeniería (54), Apoyo de la Fuerza (29) y otras unidades (70).

En esta rama de las FF AA hay cuatro modalidades de recontratación: honorarios, contrato, Ley 15.076 (referida a los médicos cirujanos, químicos farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas) y la Ley 18.476 (relacionada a los hospitales de la defensa nacional). En la lista aparecen personas con sueldos de $ 4.321.375, $ 4.241.039, $ 3.839.691 y $ 3.693.092. Al comparar todos los casos, la remuneración promedio llega a $ 942 mil.

Hay que considerar que los cargos que desempeñan estos jubilados ex oficiales y suboficiales, al menos en el Ejército, ocupan puestos que realmente son necesarios dentro de la institución, los que también podrían ocupar civiles desempleados. En todo caso todo esto debe ser sometido a una acuciosa revisión porque al final de cuentas son pagos que se hacen con platas del Estado chileno y hay que pensar que los civiles jubilados tienen ingresos de hambre.

Según La Tercera, que logró los datos en Transparencia lo que no hizo la Cámara de Diputados, sobre la razón por la que se recontrata a ex uniformados, desde la institución se indicó que está bajo la normativa legal del DFL N-1 Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, que permite realizar contratos para personal de procedencia militar o civil, y que cumplan funciones por un espacio de tiempo, “sin tener el Ejército la obligación legal de observar que estas personas reciban otras remuneraciones, cuando sea el caso”.

La Fuerza Aérea también adujo secreto respecto de su dotación que está bajo este sistema y sólo entregó los nombres (66) de los trabajadores pensionados del Hospital Clínico de la Fach. Ahí hay un caso de una funcionaria que tiene un sueldo de $ 2,5 millones y una pensión de $ 2,2 millones.

REACCIÓN DEL MINISTRO DE DEFENSA

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, anunció este martes que se ampliará la carrera militar para evitar irregularidades derivadas de la recontratación de jubilados en las Fuerzas Armadas.

Gómez indicó que se tomarán medidas “para evitar que se produzca lo que hoy día pasa en el ámbito de las contrataciones: que hay personas que son jubiladas y posteriormente son recontratadas”, que varios medios han dado a conocer.

“Estamos trabajando en una ampliación de la carrera militar; es decir, las personas que se tienen que quedar en la institución porque se requiere su estadía por conocimiento van a entrar en un sistema normal y no por recontratación”, señaló Gómez.

“Son temas que vamos a abordar y ver con claridad para evitar que se produzcan situaciones que afectan a las Fuerzas Armadas cuando se producen situaciones de abuso o distorsión en el sistema previsional”, recalcó el ministro, informó Cooperativa.

UN TEMA YA VIEJO

El tema se viene hablando desde hace varios años, pero como en todas las cosas de la vida chilena, no pasa nada.

Ya en agosto de 2013, Capredena informó que el promedio de las pensiones que recibían entonces oficiales de FFAA promediaba el millón 550 mil pesos mensuales, y suboficiales percibían una pensión promedio de 627 mil pesos.

En contraste, el promedio de las jubilaciones de AFP entregaban apenas 173 mil pesos mensuales, para el millón de personas que entonces estaba jubilada

Ya en ese año se habló que la gran diferencia entre el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas y el sistema de capitalización individual para la población civil, reforzó las críticas sobre la necesidad de cambiar al sistema de pensiones.

DATO ANEXO COMPARATIVO

Durante el año 2016, el ingreso laboral promedio de la población Ocupada en el país se ubicó en $517.540 neto mensual, mientras que el ingreso mediano -el que recibe un individuo ubicado en la mitad de la distribución de ingresos, ordenados de menor a mayor – llegó a $350.000 neto mensual. Es decir, el 50% de los trabajadores percibió ingresos menores o iguales a este último monto.

Así se desprende de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2016 que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este martes 25 de julio, y que fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre de ese año con el objetivo de caracterizar los ingresos laborales de las personas Ocupadas, así como los ingresos de otras fuentes de los hogares, a nivel nacional y regional.

CDE reconoce que no tiene facultades investigativas y fiscalizadoras

El Consejo de Defensa respondió hace dos semanas a la Cámara de Diputados diciendo que analizaría los antecedentes sobre pensiones millonarias de inutilidad de segunda clase a exuniformados, pero que no cuenta con facultades para investigar.

El gobierno ayer señaló que enviarán los antecedentes a Contraloría, pero esa institución ya inició en marzo una fiscalización al respecto.

El diputado Leonardo Soto, presidente de comisión investigadora, lamentó que el ministro Gómez o su equipo “no haya tenido la proactividad necesaria para hacerle un seguimiento” al trabajo realizado en la comisión investigadora.

En un oficio reservado del 4 de julio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) precisó al diputado Leonardo Soto, presidente de la comisión investigadora sobre jubilazos en Gendarmería y Fuerzas Armadas, que la institución no cuenta con facultades investigativas y fiscalizadoras sobre el caso de pensiones de inutilidad de segunda clase.

El documento del CDE es en respuesta a  la solicitud del parlamentario PS para actuar e indagar en detalle si las pensiones de inutilidad de segunda clase, que abordó el capítulo de Informe Especial emitido este domingo, se ajustan a la legalidad vigente o si se deben iniciar acciones legales.

El organismo encargado de defender las arcas estatales señaló que “su objeto principal es la defensa judicial del Estado y sus organismos, careciendo en consecuencia de facultades investigativas y fiscalizadoras”.

Junto a eso, el CDE mencionó que ya había interpuesto una querella criminal por fraude al Fisco en la causa por pensiones aparentemente abultadas de funcionarios de Gendarmería de Chile, pero agregó que recibieron el informe de la comisión el 15 de junio pasado “el que se analizará en conjunto con los antecedentes remitidos, dentro del marco de las facultades de este organismo”.

Ayer, el gobierno reaccionó al último programa emitido en TVN con un punto de prensa desde La Moneda, donde los ministros de Defensa, José Antonio Gómez, y de Trabajo, Alejandra Krauss, anunciaron que crearían una mesa de trabajo para analizar modificaciones al sistema previsional y que remitirían los datos a instituciones fiscalizadoras. Y dijeron que los chilenos debían estar tranquilos porque no permitirían que los recursos de todos los chilenos fueran “mal utilizados”.

“Todos los antecedentes que hemos recabado los vamos a enviar a la Contraloría para que analice si esas pensiones pueden o no ser revisadas desde el punto de vista de la administración, y en segundo lugar al Consejo de Defensa del Estado para que determine si existe o no alguna situación irregular desde el punto de vista del sistema penal”, dijo Gómez.

Sin embargo, dichos antecedentes, además de estar en poder del mismo CDE, también son parte de una investigación que Contraloría inició hace varios meses.

El 6 de marzo pasado el ente contralor respondió al mismo diputado Soto, presidente de las “Comisiones Especiales Investigadoras Unidas encargadas de analizar las eventuales irregularidades en el otorgamiento de las pensiones en Capredena y Dipreca y las pensiones pagadas a funcionarios de Gendarmería”, que había iniciado una investigación con los antecedentes entregados sobre pensiones Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

El documento firmado por Jorge Bermúdez señala que se iniciaría dicha fiscalización tras la entrega de información sobre exdirectivos de Capredena con pensiones que oscilaban entre los 3 y 5 millones de pesos mensuales.

Los antecedentes correspondían a las pensiones de la exvicepresidenta Ejecutiva de Capredena, Patricia Ewing Pinochet, quien actualmente recibe $4.868.017 mensuales; y los exdirectivos Luis Jara Lepe ($4.035.277), Juan Vargas Cordero ($3.744.519) y Carlos Fuentes Gajardo ($2.863.087).

Según explicó el diputado entonces, el monto total de perjuicio fiscal de los exdirigentes, quienes además eran encargados de calcular y entregar pensiones de retiro, se elevaba entonces a los 750 millones de pesos, desde el año 2007.

“Me parece que la reacción del ministerio de la Defensa ha sido sin duda tardía, toda vez que el detalle de todos estos antecedentes ya obraban institucionalmente en poder de la Cámara e incluso fueron remitidos hasta el mismo Ministerio de Defensa hace varias semanas, sin que hayan tenido reacción alguna”, dijo Soto.

Según el parlamentario, en innumerables oportunidades planteó los antecedentes e incluso se los remitió al mismo Ministerio de Defensa, sin que éste se hubiera hecho cargo de la información revelada.

“Eso deja en evidencia, sin duda, que no han hecho un seguimiento cercano al trabajo que hizo la Cámara de Diputados, porque si lo hubieran hecho sabrían que hace más de un mes todos los antecedentes fueron entregados al CDE”, agregó el diputado.

Finalmente el parlamentario señaló que el ministerio debe abocarse a presentar diversas medidas administrativas e iniciativas legales para terminar con pensiones “claramente millonarias, injustas y abusivas”.

“Hoy día el sistema sigue funcionando, y tal como en el pasado entregó pensiones que son escandalosas, hoy día puede estar pasando exactamente lo mismo”, concluyó.

Diputados PS por pensiones falsas: “Familia Pinochet se ríe nuevamente del país”

La bancada de diputados del PS exigió revisar y realizar cambios profundos a los mecanismos de control de la Fuerzas Armadas, sobre todo, en lo relacionado al uso de los recursos. Esto, luego de que un reportaje reveló la entrega de millonarias pensiones de invalidez a personal del Ejército que serían falsas.

El jefe de bancada, Daniel Melo, manifestó que “todos los casos de corrupción y de manejos irregulares de recursos públicos en las instituciones armadas, que hemos conocido últimamente, hacen urgente la necesidad de revisar los mecanismos de control de todas las ramas castrenses”.

“Se debe hacer una modificación de fondo en la orgánica interna respecto al manejo de las finanzas: Incorporando auditorías permanentes de Contraloría y de empresas externas. Del mismo modo, hay que subir las sanciones que quienes cometan actos ilícitos en las FFAA en el manejo de los recursos, como por ejemplo, el plazo de prescripción de este tipo de faltas”, dijo el diputado PS.

Frente a los casos de ex agentes de la CNI y de Augusto Pinochet Hiriat, que reciben estos beneficios, Soto señaló que “la falsa pensión de invalidez es otro elemento que se suma al prontuario del clan Pinochet, al cual hay que sumar la venta de inmuebles fiscales por parte de CEMA Chile”.

“La familia de Pinochet nuevamente se ríe de todo el país. Aquí estamos frente a una red de protección que lo que busca es mantener los privilegios a una familia que no solo fue cómplice de delitos atroces, sino que como bien sabe la opinión pública, se enriqueció de manera ilícita”, afirmó el diputado Soto.

Además, Soto recordó que “la Ley de Presupuesto destina cerca de 2.300 millones de dólares para pensiones de Capredena y Dipreca, lo que es una suma millonaria para el bajo el número de personas, mientras la gran mayoría de los chilenos reciben pensiones mínimas que apenas les alcanza para vivir”.

“Acá estamos frente a un nuevo engaño a la sociedad chilena que debe ser investigado con todo el peso de la ley. Los casos de Pensiones falsas de invalides en el Ejército deben ser investigados y los montos mal pagados deben ser reincorporados a las arcas fiscales”, concluyó el diputado.

Lorena Pizarro sobre millonarias pensiones de invalidez de ex militares: “Resulta una burla, grotesco”

La presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionó las millonarias pensiones por invalidez que reciben militares sin ninguna discapacidad y manifestó que "todo sigue siendo una lógica amarrada por la dictadura que es una vergüenza".

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, se refirió al reportaje de Informe Especial que evidenció las millonarias pensiones de invalidez que reciben ex miembros de las Fuerzas Armadas que no sufren ninguna discapacidad.

Pizarro afirmó que “es profundamente indignante para la realidad que vive el país y para la realidad que vive, fundamentalmente, los jubilados y jubiladas de Chile en general”.

La dirigenta recalcó que la situación “resulta una burla, resulta grotesco. Yo no sé si hay un epíteto que pueda señalar lo que demuestra esto”.

En representación de la AFDD, la presidenta señaló que este escenario da cuenta de una serie de beneficios que los ex militares y genocidas han mantenido durante un largo tiempo, en plena democracia: “Está todo sucio, está todo corrupto y todo sigue siendo una lógica amarrada por la dictadura que es una vergüenza”, dijo.

Entre los beneficiados, según el reportaje, se encuentran cuatro personas que hoy están recluidas en el Penal Punta Peuco, condenados por violaciones a los derechos humanos.

Además, también se abordó el caso de Augusto Pinochet Hiriart, hijo del fallecido dictador, quien recibe desde 1979 una pensión de 900 mil pesos mensuales. “Es una tropa de ladrones que asaltó al Estado durante los 17 años de dictadura cívico militar”, resumió Pizarro.

Solo en 2016, la Ley de Presupuesto destinó 2.300 millones de dólares a las pensiones de Dipreca y Capredena.

Diputados DC piden investigación y ley corta por pensiones irregulares de militares

Gabriel Silber, Yasna Provoste y Claudio Arriagada calificaron el hecho como una "vergüenza" y piden que el Gobierno se "haga cargo de este abuso".

Matías Walker sugirió que la Fiscalía inicie una indagatoria.

Diputados de la bancada DC pidieron una "ley corta" para terminar con las "inaceptables asimetrías entre pensiones de civiles y uniformados".

Tras los datos expuestos en el reportaje emitido anoche por "Informe Especial" los parlamentarios Gabriel Silber, Yasna Provoste y Claudio Arriagada calificaron como una "vergüenza" y una "situación inaceptable" que cuatro condenados por delitos de lesa humanidad reciban pensiones por enfermedad.

"Esperamos y le pedimos al Ejecutivo que, al margen del cambio general al sistema de pensiones que debe ser presentado ahora al Congreso, se ingrese una ley corta que se haga cargo de este abuso", dijo Silber.

"Debemos corregirlo ya, no se puede esperar a otro Gobierno. Las asimetrías entre civiles y ciudadanos de a pie, versus los privilegios de ex uniformados es insostenible y sólo contribuye a acrecentar las desigualdades", agregó el parlamentario.

Por su parte, Provoste aseveró que "no sólo se trata de los montos -que ya son francamente inmorales, considerando las indignas pensiones de chilenas y chilenos que apenas viven con pensiones miserables- sino de los sistemas y protocolos".

"Ésta es la comprobación, de acuerdo a los antecedentes que se entregaron en el reportaje, de que este sistema fue construido para cometer abusos y que le da un beneficio inmerecido a un conjunto de personas que no cumplen ni siquiera los requisitos para una pensión normal, mucho menos para una pensión de invalidez", dijo Arriagada.

"Es de suma urgencia enfrentar este tema, porque no puede seguir habiendo tanto abuso en este país", agregó el parlamentario.

Su colega Matías Walker, primer vicepresidente de la DC, pidió a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía inicie una investigación.

Presentan querella por pensiones de invalidez a ex integrantes de las Fuerzas Armadas

Este martes, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal por el delito de fraude al fisco. Invocando los artículos 111, 112 y siguientes del Código Procesal Penal y los artículos 1 y 239 del Código Penal, la querella busca perseguir a los funcionarios individualizados y también a todos quienes resulten responsables de este delito.

En este sentido, el libelo identifica a siete ex oficiales del ejército, entre los cuales se encuentra Augusto Pinochet Hiriart, hijo del dictador Augusto Pinochet Ugarte, jubilado con invalidez de segunda clase desde 1979.

La acción interpuesta en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se hizo efectiva en el marco de la denuncia de estas irregularidades, realizada por el programa de TVN Informe Especial, que reveló una serie de abusos en esta materia.

Según informó el citado programa, hay una serie de ex oficiales y generales que reciben “pensiones de invalidez de segunda clase”, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para acceder a estos beneficios. Además, algunos de ellos se encontrarían actualmente recluidos cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad cometidos en Dictadura.

Así, la categoría de “segunda clase” otorgada a las pensiones de invalidez es un término acuñado por la ley para referirse, en este ámbito, a personas que sufren una situación de invalidez que les impide seguir cumpliendo el servicio en que la trabajan y que tampoco pueden realizar ora actividad para ganarse la vida.

Esta categoría permite aumentar hasta un 20 por ciento de la última remuneración y favorece al jubilado hasta el término de su vida.

“Se trata de personas que no están en situaciones de invalidez de segunda clase y que han obtenido tal calificación con el único propósito de ver aumentada su jubilación dolosamente”, se lee en la querella.

Además, recuerda que el promedio de las pensiones de invalidez en Chile es de 190 mil pesos, mientras que en Capredena alcanzan la suma de 1 millón 400 mil pesos.

El libelo solicita como diligencia que se cite a prestar declaración en calidad de testigos a la periodista Paulina de Allende Salazar (autora del reportaje de TVN) y al diputado del Partido Socialista Leonardo Soto. La solicitud referida al parlamentario se realizó en función a su calidad como presidente de la comisión investigadora en el escándalo anterior de jubilaciones que afectó a funcionarios de Gendarmería.

La acción del Gobierno

Esta tarde y según consignó Radio Cooperativa, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, habría ordenado concretar una denuncia a nombre del Estado, al vicepresidente de Capredena, Cristián Rojas.

“Le he instruido (a Rojas) que haga presente una denuncia ante el Ministerio Público, basado en el artículo 470 número 8 del Código Penal, para los efectos de que se indague respecto de las distintas pensiones que, eventualmente, pudieran ser irregulares”, dijo el ministro.

ClariNet