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PACOS8

LOS GENERALES QUE
FALLARON EN LOS
CONTROLES INTERNOS.
Por Pedro Ramírez
y Catalina Albert

Las réplicas del terremoto que sacudió a Carabineros el 6 de marzo con el estallido del mega fraude, aún no paran. La más fuerte sigue un cauce soterrado: el filtro que se instaló en La Moneda para buscar al sucesor del general Villalobos y seleccionar al nuevo alto mando con sello depurador.

La tarea no es fácil. Armar este puzzle implica asumir que si un grupo logró robar $22.500 millones fue porque todos los controles internos fallaron y se instaló una cultura de tolerancia y complicidad. Al menos un 30% del cuerpo de generales ha ejercido mando en unidades donde se detectaron serias irregularidades.

“Dar vuelta la página”. Eso fue lo que pidió el general Julio Pineda Peña, jefe de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, en una actividad institucional efectuada el martes 6 de junio en el Complejo Lomas Verdes de Concepción. A su espalda, el general director Bruno Villalobos Krumm lo escuchaba atento. “Ya hemos experimentado lo suficiente el sinsabor de la traición y es hora de comenzar a despertar de esta pesadilla (…). Es menester dar vuelta la página, despercudiéndose de todos los daños que la amoralidad e inmoralidad de unos pocos, que alguna vez pertenecieron a las filas de las carabinas cruzadas, nos produjeron con tanto desdén y menosprecio”, remató Pineda.

Lo que el general Pineda estaba pidiendo, con el beneplácito de Villalobos, es que los chilenos se olviden del monumental desfalco cometido por una asociación criminal de oficiales de Carabineros, el que ya suma más de 70 formalizados y una pérdida fiscal que supera los $22.500 millones, una cifra que amenaza con seguir creciendo.

El general Pineda no era el más adecuado para pedir el olvido. Y ello, porque carga a sus espaldas con una omisión que ahora pesa: estuvo a cargo de un sumario por una millonaria compra con sobreprecios en el Departamento de Telecomunicaciones e Información (TIC) de la policía uniformada, en el que sacó de los investigados el nombre del entonces general Gerardo González Theodor (hoy en retiro), a pesar de que éste fue mencionado en declaraciones de testigos como parte de la trama que protagonizó esas irregularidades (vea los reportajes de CIPER “Carabineros: compras con sobreprecio golpean al general director” y “Los sobreprecios y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros”).

El llamado al “olvido” del alto mando se manifiesta justo cuando se inicia la recta final para definir la sucesión de Villalobos en la máxima jefatura. Un proceso que debe quedar zanjado en octubre próximo  y que, esta vez, se desarrolla en un contexto inédito: el riesgo permanente de que alguna nueva hebra del desfalco toque a alguno de los que corren en esta carrera. Y como el nuevo jefe máximo de la policía uniformada deberá encabezar un proceso también inédito de limpieza, la lista de los altos mandos que pasarán a retiro se anuncia abultada.

La tarea no se presenta fácil para La Moneda. Allí se busca con pinzas a generales que no estén contaminados con el mega fraude o con otras irregularidades que ya habían sido detectadas por la Contraloría General de la República o por investigaciones periodísticas (vea el reportaje de CIPER“Corrupción en Carabineros: las más de 40 alertas que nadie quiso escuchar”). Más allá del férreo apoyo a la gestión del general Villalobos que han manifestado la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro del Interior, Mario Fernández, todos saben que el nuevo alto mando deberá estar revestido del sello de la “depuración”.

Salvo el general Flavio Echeverría –quien hasta marzo pasado era director nacional de Finanzas y ahora está preso por haber recibido más de $420 millones robados a Carabineros–, hasta ahora no han aparecido otros miembros del alto mando directamente involucrados en ilícitos.  Pero lo que complica la búsqueda del reemplazante de Villalobos y la confección del nuevo generalato, es que en el actual alto mando hay oficiales que ejercieron jefatura en unidades donde sí se cometieron irregularidades. Ello obliga a no descartar ninguna pista que signifique que en algún momento puedan verse involucrados en las investigaciones en curso. O que se vean afectados por su “responsabilidad de mando” al no haber advertido a tiempo las anomalías en los procedimientos.

30% DEL ALTO MANDO BAJO CUESTIONAMIENTO

CIPER revisó todas las denuncias en el manejo de recursos destinados a Carabineros efectuadas en los últimos años y detectó que al menos siete generales activos, además del propio Villalobos, tuvieron mando sobre unidades donde se produjeron irregularidades o en aquellas que debían fiscalizar el buen uso de los recursos o investigar las fallas. En esta situación se encuentran los generales Marcos Tello Salinas, Nabih Soza Cárdenas, Julio Pineda Peña, Jorge Garrido Díaz, Víctor Herrera Pintor, Rafael Rojas Agurto y Hugo Insulza Daneri.

Además, un grupo de 11 generales figura en nóminas de receptores de gastos reservados que son investigadas por la fiscal Macarena Cañas. La indagatoria surgió a partir de una declaración del general Flavio Echeverría, quien sostuvo que sólo el 40% de los gastos reservados (cuyo monto total anual asciende a $600 millones) se ocupaba en los fines permitidos por la ley. De allí que el Ministerio Público investigue el uso de esos dineros, bajo la sospecha de que se utilizaron para pagar posibles sobresueldos o costear compras improcedentes, como regalos para altos oficiales y sus esposas.

La información más detallada sobre las sospechas del mal uso que se daba en Carabineros a los “gastos reservados”, la publicó La Segunda el 23 de mayo: informó que 11 generales, incluyendo a Bruno Villalobos, integraban las nóminas de receptores de dinero destinado a gastos reservados que investiga la fiscal Cañas.

Las listas corresponderían a montos mensuales transferidos en enero de 2007, diciembre de 2009 y diciembre de 2010, y en ellas aparecen los ya mencionados Bruno Villalobos, Marcos Tello y Víctor Herrera. A ellos se suman los generales Gonzalo Blu, Jorge Karachon, Daniel Tapia Mella, Eric Gajardo Vistoso, Jorge Serrano Espinosa, Kurt Haarmann Ritter, René Ureta Toledo y Nino Morelli Navarrete.

En total, suman 12 los generales que tuvieron mando sobre unidades relacionadas con el gran desfalco, con irregularidades detectadas por la Contraloría o por investigaciones de la prensa y con los gastos reservados bajo investigación. Esto significa que un 30% del total de 40 oficiales que integran el alto mando de Carabineros enfrenta cuestionamientos. Entre ellos figuran cinco de los seis oficiales que ostentan el rango de general inspector, los que se ubican en el escalón jerárquico inmediatamente anterior al del general director:

Tello (subdirector general), Pineda (director nacional de Personal), Blu (director nacional de Inteligencia), Soza (jefe de la Inspectoría General) y Herrera (director nacional de Orden y Seguridad).

HERRERA, EL PRIMER CANDIDATO

La compleja situación ha llevado a La Moneda a privilegiar en la búsqueda del próximo general director a un oficial que se haya desempeñado principalmente en tareas de Orden y Seguridad, y no en labores de administración de recursos, pues en estas últimas es más probable que se descubran nuevos focos de corrupción.

Uno de los nombres que se maneja es el del general Víctor Herrera Pintor, quien actualmente ocupa, precisamente, el cargo de director de Orden y Seguridad. Pero, Herrera también tuvo mando sobre unidades en las que la Contraloría y la prensa han detectado anomalías.

El general Herrera resultó afectado por los US$3,5 millones que se gastaron en 2013 en carros blindados que no cumplían con las exigencias de seguridad. La compra se concretó a pesar de que Herrera estaba informado de las falencias de los vehículos. En una entrevista concedida a Chilevisión, el mayor Marcelo Lobos Riquelme, ahora en retiro, afirmó que el general Herrera, entonces Jefe de la Zona Santiago Este, recibió y firmó el informe que mostraba todas las fallas de los carros. El informe le costó la salida a Lobos.

Además, cuando en 2015 Víctor Herrera ejerció como director de Bienestar, un informe de la Contraloría reveló que esa repartición no registraba los ingresos percibidos por los centros recreacionales y gastronómicos de Carabineros en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe). La consecuencia de esa omisión, fue que esos recursos no fueron informados al Ministerio de Hacienda para que fuesen incorporados al presupuesto institucional. La anomalía en esas cuentas persistió, indicó la Contraloría, a pesar de las instrucciones impartidas por el organismo fiscalizador (vea ese informe).

La misma Contraloría estableció que, bajo el mando de Herrera, no hubo explicaciones plausibles para un cobro de $2,4 millones menos al establecido, por el arriendo de las instalaciones de la Casa de Campo de La Reina, así como por un cobro en exceso de $1 millón en el mismo centro recreacional. Aunque las cifras no son significativas, ilustran la falta de control sobre los ingresos.

El general Herrera también aparece en las listas de receptores de gastos reservados en enero de 2009 y diciembre de 2010 (cada vez por $120 mil), cuando era coronel y estaba a cargo de la Escuela de Carabineros.

EL SUBDIRECTOR TELLO

En 2014, el actual subdirector general, Marcos Tello Salinas,  ocupaba el cargo de director nacional de Logística. Ese año, bajo su mando, se adquirió un sistema de interceptación y grabación de comunicaciones. El equipo tuvo un costo de US$3,3 millones (unos $1.841 millones a esa fecha). Cuando lo instalaron, no funcionó: le faltaban accesorios (vea el reportaje de CIPER “Carabineros pagó US$3,3 millones por equipo para ‘pinchar’ teléfonos: lo instaló y no funcionó”).

La compra se hizo por licitación privada y el proveedor era un ex empleado de la empresa involucrada en la adquisición de equipos con sobreprecio para el Plan Frontera Norte, en 2012 (vea el reportaje “Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”). El principal cuestionamiento que se le hizo a Tello fue por la decisión de asumir institucionalmente el costo de la reparación en vez de que lo hiciera el proveedor o haber ejecutado las garantías. 

  

También en 2014 la Contraloría detectó a lo menos diez irregularidades al fiscalizar millonarias compras de vehículos en uno de los departamentos bajo la dirección de Tello. Entre ellas, la adquisición de 30 radiopatrullas Dodge que se concretó antes de que se hicieran todos los actos administrativos necesarios para aprobar el pago. En los hechos, se efectuó la compra y después se hizo la documentación para que la operación apareciera en regla. Los cálculos de la Contraloría arrojaron que esa fórmula originó un déficit presupuestario de US$124 mil(revise aquí el informe de Contraloría).

El mismo informe de la Contraloría expuso que el contrato para la compra de 63 motos a Williamson Balfour Motors, por US$1 millón, no fue publicado en el portal de Mercado Público. También comprobó que en las adquisiciones de vehículos había diferencias entre facturas y egresos por $82 millones. Y detectó omisiones en la información entregada por la Dirección Nacional de Logística a la Contraloría sobre compras de vehículos que sumaban $892 millones. Por último, el órgano contralor comprobó la ausencia de auditorías a las adquisiciones de vehículos entre 2011 y 2013 por parte de la Contraloría Financiera, dependiente de la Inspectoría General de Carabineros.

El actual subdirector Tello también tuvo un papel en el sumario por las compras con sobreprecio en el Departamento de Telecomunicaciones e Información (TIC). En ese proceso actuó como fiscal dictaminador y su responsabilidad fue la de verificar que la investigación se hubiese hecho correctamente. Pero esta es, precisamente, la indagatoria donde el general Pineda omitió el nombre del entonces general inspector Gerardo González Theodor, obviando las declaraciones de sus subalternos.

El sumario que llevó adelante Pineda -y que Tello revisó- investigó la compra de productos con sobreprecio adquiridos por el TIC a la empresa Mellafe y Salas entre enero y diciembre de 2011. Ese año, la facturación de Mellafe y Salas para Carabineros sumó $2.850 millones. En 2012 CIPER publicó las irregularidades en la adquisición de generadores eléctricos provistos por Mellafe y Salas, operación en la que posteriormente el Consejo de Defensa del Estado (CDE) calculó un perjuicio para el Fisco de $928 millones. En estas compras participó el ex comandante Ramiro Martínez Chiang, entonces jefe de Infraestructura del TIC, hoy formalizado por su participación en el mega fraude.

Finalmente, el subdirector Tello aparece tres veces en las listas de receptores de gastos reservados que investiga la fiscal Cañas. Las menciones corresponden a enero de 2007, cuando era teniente coronel y se desempeñaba en el departamento de Relaciones Públicas (habría recibido $175 mil), y en diciembre de 2009 y diciembre de 2010, cuando ya ejercía la Dirección de Bienestar (habría recibido $412 mil cada vez).

TRÁNSITO, EDUCACIÓN E INTELIGENCIA

El actual Jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Jorge Garrido Díaz, era el subdirector de Gestión y Control de Adquisiciones de la Dirección de Logística cuando ese departamento compró los 29 carros blindados que presentaban serias fallas de seguridad y no cumplían las exigencias de las bases técnicas de la licitación. La firma de Garrido figura en la orden de compra para Automotores Gildemeister, fechada el 25 de diciembre de 2011, por un valor de US$3,5 millones.

El actual Director de Educación, Doctrina e Historia, general Rafael Rojas Agurto, también enfrenta cuestionamientos por su responsabilidad de mando luego del descubrimiento del robo de armamento desde la Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar), en Cerrillos. El hurto, según publicó Emol, habría empezado el año pasado, justo después de la revisión anual de armas que hace la institución entre mayo y junio de cada año. Aún están desaparecidos 24 revólveres, aunque según indicó el general Rojas, todos sin percutor, por lo que no estarían operativos.

El mismo general Rojas, ex edecán de la Presidenta Michelle Bachelet, también fue mencionado en 2015 en una investigación del periódico El Ciudadano por sus eventuales vínculos con el narcotraficante Manuel Hernández Delgado (“Mañungo”), uno de los líderes del “Cartel de Coronel” en la Región del Bío Bío. La relación entre ambos –según la publicación-, se habría gestado cuando Rojas ejercía como jefe de la sección penquista del OS7. En una declaración pública, Carabineros rechazó la información de El Ciudadano, calificándola de “falsa, tendenciosa y mal intencionada”, y asegurando que Rojas nunca había sido citado a declarar en algún proceso judicial o administrativo relacionado con estas acusaciones.

El autor del reportaje, Matías Rojas, entregó a radio Bío Bío dos antecedentes que ponen en tela de juicio la versión de la policía: “Tengo una foja, que es la 358 del caso del cartel de Coronel (…), en donde se cita a declarar al entonces capitán Rafael Rojas (…). Aparte de eso, yo pido a Carabineros la documentación que tenía OS7 respecto a este caso y me encuentro con una transcripción de una entrevista que hace un capitán, que es Claudio Carrera, en la cárcel, al propio ‘Mañungo’, donde Carrera le señala que Rafael Rojas reconoció en una declaración que prestó en Santiago en el año 2000, cuando era escolta del ex presidente Ricardo Lagos, que él efectivamente conocía al traficante”.

El general Hugo Inzulza Daneri, director de Fronteras y Servicios Especializados, también tiene un lugar en la nómina de los miembros del alto mando que enfrentan cuestionamientos por actuaciones pasadas. En 2011 trabajaba en la Dirección de Inteligencia (Dipolcar), a cargo de la Contrainteligencia interna, bajo el mando del ahora general director Bruno Villalobos. En ese rol integró el equipo que cometió graves fallas en la investigación de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que pudo haber detenido tempranamente el mega fraude que hoy se empina por sobre los $22.500 millones (vea el reportaje de CIPER “General Echeverría sepultó en 2011 pista clave que llevaba al mega fraude”).

La UAF detectó depósitos por $48 millones sin justificación en la cuenta personal del entonces coronel Arnoldo Riveros, oficial que operaba en el Departamento de Tesorería y Remuneraciones de la policía uniformada.

Riveros, hoy en retiro, ya formaba parte de la asociación criminal de oficiales que estaba desangrando las arcas de Carabineros, pero la Dipolcar no lo investigó de manera exhaustiva y se limitó a pedir un informe al jefe de Tesorería y Remuneraciones, Flavio Echeverría. En ese informe, Echeverría, quien también ya formaba parte de la red criminal, exculpó a Riveros. Hoy Echeverría es el único general que está preso por el desfalco.

Inzulza también ha sido apuntado como responsable de interceptaciones telefónicas ilegales que se realizaban desde la Dipolcar. Las denuncias fueron formuladas por el ex suboficial de Carabineros Esteban Infante, el ex cabo Luis Parra y por el abogado de ambos, Claudio Cofré.

La lista de miembros del alto mando sobre los cuales pesan hoy sus eventuales responsabilidades jerárquicas por haber dejado pasar situaciones irregulares, la integra también el general Nabih Soza Cárdenas. El gigantesco desfalco cometido con los recursos destinados a remuneraciones y desahucios de la policía uniformada, debió haber sido detectado por la Inspectoría General que encabeza el general Soza, ya que bajo su responsabilidad están las auditorías que desarrolla esa unidad de manera periódica a través de su Departamento Contraloría Financiera. No hay explicación hasta ahora de cómo pasó por alto la pérdida de a lo menos $22.500 millones.

De hecho, en el informe elaborado por Flavio Echeverría en 2011, que evitó la detección temprana del fraude, se citan las auditorías realizadas por la Inspectoría General como aval de que no había nada irregular en las cuentas desde donde se estaban robando los recursos. De esta forma, tendrían responsabilidad de mando en esta actuación desprolija tanto Soza como los anteriores generales que ocuparon el cargo de inspector general mientras se ejecutaba el fraude: Carlos Carrasco Hellwig (2013 y 2015), Jorge Rojas Langer (2014), Gerardo González Theodor (2012) y Eduardo Vera Altamirano (2008-2011).

El general director Bruno Villalobos carga también con su propia mochila. No solo por la aparición de su nombre en las listas de receptores de gastos reservados entregadas a la fiscal Macarena Cañas: aparece con dos remesas en diciembre de 2009 y diciembre de 2010, por $412 mil; y otra de $3,5 millones, cuando era el jefe de la Dipolcar (información publicada por La Segunda).

El cuestionamiento más serio que se le hace es por no haber detectado el desfalco en los años en que fue director de Inteligencia de Carabineros (2011, 2014 y 2015). Lo que agrava hoy su situación es el informe de 2011 -que publicó CIPER- y que lleva la firma del general Flavio Echeverría y que, en los hechos, desactivó la alerta emanada desde la UAF que ponía bajo la lupa precisamente a uno de los protagonistas del mega-fraude.

El general Villalobos era jefe de la Dipolcar cuando esa unidad le pidió el informe a Echeverría y luego se lo envió al fiscal José Morales, quien resolvió archivar la investigación. Cómo fue que se abortó la investigación de la primera alerta sobre el gran desfalco, es lo que hoy investiga el Ministerio Público. Una indagatoria que puede arrojar sorpresas y nuevos nombres.

Los receptores de gastos reservados

Según reportó La Segunda del 23 de mayo pasado 11 generales activos figuran en las listas de receptores de gastos reservados bajo investigación porque pudieron ser ocupados en fines distintos a los permitidos por la ley.

Los antecedentes publicados por el vespertino indican que las nóminas corresponden a pagos mensuales hechos en enero de 2007, diciembre de 2009 y diciembre de 2010. La lista de 2009 aparece firmada por el entonces coronel Marcelo Zúñiga, quien señaló a The Clinic que el documento es falso. A pesar de ello, las nóminas están siendo investigadas por la fiscal Macarena Cañas.


En estos documentos figuran, además de los ya mencionados Villalobos Krumm, Tello Salinas y Herrera Pintor, los siguientes miembros del alto mando:

1. Gonzalo Blu Rodríguez, director de Inteligencia, quien habría recibido $275 mil en 2007, cuando era edecán de la Presidenta Bachelet; y $120 mil cuando era Director de la Escuela de Ciencias Policiales, en 2010.

2. Jorge Karachón, jefe de la X Zona de Los Lagos, quien habría recibido $100 mil en 2007, cuando era teniente coronel de la Prefectura Aérea; $102.000 en 2009 y la misma cifra en 2010, como coronel en la misma prefectura.

3. Daniel Tapia, director de Investigación Criminal, en 2009 y 2009 figura recibiendo $133 mil cuando era jefe de gabinete de la Dipolcar.

4. Eric Gajardo, jefe de Zona Araucanía Control de Orden Público, quien en 2009 y 2010 estaba en el Departamento de Investigación de Organizaciones criminales cuando recibió $500 mil.

5. Jorge Serrano, secretario general de Carabineros, quien figura recibiendo $179 mil en 2009 y 2010, cuando era teniente coronel en el Departamento de Relaciones Públicas.

6. Kurt Haarmann, jefe de la XIV Zona Los Ríos, quien aparece en las listas percibiendo dos pagos de $102 mil, en 2009 y 2010, bajo el concepto de “edecán del Ministerio del Interior”.

7. René Ureta, director de Finanzas (en reemplazo del detenido Flavio Echeverría). En la nómina figura con $61 mil que recibió cuando trabajaba en el gabinete del General Director, en 2010.

8. Nino Morelli, jefe XV Zona Arica y Parinacota, quien recibió $100 mil cuando dirigía la Escuela de Adiestramiento Canino en 2010.

General Echeverría sepultó en 2011 pista clave que llevaba

al mega-fraude en Carabineros

Por Equipo CIPER

Una pista que llevaba directo al corazón del mega-fraude en Carabineros fue detectada en 2011 por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Los depósitos que recibió el coronel Arnoldo Riveros fueron investigados por la Dipolcar y el Ministerio Público. Pero la alerta se archivó por un informe del general Flavio Echeverría, quien exculpó a Riveros y lavó las huellas del delito. Lo más grave es que en su informe se afirma que la Inspectoría General de la policía hizo rigurosa auditoría y no detectó irregularidades. Hoy Echeverría está preso y dice que Riveros lo involucró en el fraude.

El mega-fraude al interior de Carabineros –que ya supera los $21 mil millones­–, pudo haber sido detectado en 2011, ahorrando miles de millones al Fisco. Pero las investigaciones que ese año desarrollaron tanto la policía como el Ministerio Público confiaron en un informe suscrito por Flavio Echeverría, el único general que hoy está detenido y confeso como partícipe del robo, quien lavó las huellas de los delitos que cometía la asociación criminal de oficiales de Carabineros, la que pudo seguir apropiándose de los fondos públicos por otros cinco años.

Esta nueva y monumental falla en los controles internos de Carabineros quedó al descubierto en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que pesquisa el fraude. Esa instancia recibió un antecedente que indica que en 2011 la Unidad de Análisis Financiero  (UAF) derivó al Ministerio Público un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que ponía bajo el microscopio al coronel Arnoldo Riveros, pues había recibido depósitos por $48 millones en apenas un año, cuando su sueldo era de poco más de un millón de pesos como funcionario del Departamento de Tesorería y Remuneraciones de la policía.

La investigación quedó en manos del fiscal José Morales, quien la archivó porque no pudo obtener pruebas del delito de lavado de activos.

La pieza clave que llevó a Morales a cerrar la investigación fue un informe de 16 páginas evacuado por  el Departamento III de Tesorería y Remuneraciones, el  mismo donde trabajaba Riveros y que depende de la Dirección de Tesorería y Finanzas de Carabineros. El documento lleva la firma de Flavio Echeverría, quien entonces tenía el rango de coronel y ejercía el mando del Departamento III (vea ese informe).

Bruno Villalobos, general director de Carabineros

Una nota publicada por La Segunda el martes 13 de junio cita los descargos del fiscal Morales, quien señaló: “Se solicitaron antecedentes a diversos órganos del Estado, incluido Carabineros, no obteniendo evidencia que pudiera vincular esos hechos con otras investigaciones (…), por el contrario se recibieron informes que permitían descartar irregularidades en esta materia, al menos uno de ellos suscrito por personas vinculadas a hechos que actualmente están siendo investigados”.

En su respuesta al vespertino, Morales no individualizó ni el documento ni su firmante, señalando que la materia está bajo “el deber de reserva legal que afecta a este tipo de casos”. Ese informe es el que suscribió Echeverría y que CIPER ahora revela.

LAS HUELLAS DE LA DIPOLCAR

El documento que firmó Echeverría y que le puso la lápida a la investigación, es el Informe de Revisión Nº 01, fechado el 6 de octubre de 2011, y fue enviado a la Fiscalía por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar). Esa fue la unidad de Carabineros encargada de llevar adelante la investigación por el ROS que alertaba sobre irregularidades en las finanzas personales del entonces coronel Riveros (ahora en retiro).

La participación de la Dipolcar en esta fallida pesquisa que pudo haber abortado tempranamente el  fraude, vuelve a poner en el centro de la controversia al general director de Carabineros, Bruno Villalobos. El máximo jefe policial, quien ha sido fuertemente respaldado por La Moneda, tenía en 2011 el mando sobre la estructura de inteligencia de Carabineros cuando se produjo este grave error de procedimiento.

El episodio también salpica a otro miembro del alto mando, el actual director de Fronteras y Servicios Especializados, general Hugo Inzulza Daneri, quien entonces estaba a cargo de la contrainteligencia interna. En ese puesto, Inzulza trabajaba en conjunto con el entonces mayor Gonzalo Alveal Antonucci, quien operaba en la sección de escuchas telefónicas.

Fue Alveal el que dirigió las consultas a Echeverría, solicitando información sobre los contratos y transacciones hechos por el coronel Arnoldo Riveros en los años 2008 y 2009. Además, pidió antecedentes acerca de contratos adjudicados al proveedor Leonardo Morales Avendaño, los que  también estaban en la mira de los investigadores.

General (r) Flavio Echeverría

En su respuesta, Echeverría señaló que la revisión se realizó conforme a las normas de auditoría y que se pusieron bajo análisis cuatro cuentas corrientes de la institución: gastos en personal, gasto operacional, fondo de desahucio y compras públicas. Hoy se sabe que al menos en dos de esas cuentas –la de personal y la de desahucio- se efectuaron los millonarios retiros ilegales.

El resultado del análisis que avaló el coronel Echeverría fue taxativo: no había movimientos bancarios ejecutados por Riveros relacionados con contratos o transacciones vinculadas al proveedor Morales Avendaño en ninguna de las cuatro cuentas.

Para darle mayor peso a su informe, Echeverría indicó: “Es el del caso señalar que el Departamento Contraloría Financiera, dependiente de la Inspectoría General de Carabineros, ha efectuado Auditoría Operativa y de Cumplimiento a los estados financieros del Departamento Tesorería y Remuneraciones de la Dirección de Finanzas, correspondiente a los meses de mayo, julio y septiembre del año 2008 y septiembre, octubre y noviembre de 2009, y a los diferentes procesos administrativos y contables del periodo antes señalado (…). Se considera que esta auditoría constituye una base razonable para fundamentar la presente opinión”.

Con esta respuesta la Dipolcar se dio por satisfecha y el fiscal Morales archivó el caso. El camino que siguió la denuncia de la UAF, hasta su cierre, muestra que los procedimientos de contraloría interna de la Inspectoría General de Carabineros, así como los de la Dipolcar, han sido claramente deficientes.

EL NEXO CON BIENESTAR

Los registros de Impuestos Internos (SII) indican que el proveedor Morales Avendaño tiene actividad comercial vigente como vendedor de artículos de ferretería. Según los antecedentes del portal de Compras Públicas, entre 2006 y 2017 ha recibido 411 órdenes de compra de Carabineros. También ha sido proveedor, pero en menor escala, de la FACH (dos órdenes de compra) y del Instituto  Geográfico Militar (una orden de compra). En el periodo abarcado por la fallida investigación de la Dipolcar –2008 y 2009–, las órdenes de compra que recibió de la policía uniformada fueron 29, por un total de $59 millones. De ellas, 21 fueron ordenadas por la Dirección de Bienestar de Carabineros.

En esa última dependencia de Carabineros, la jefatura en los años 2008 y 2009 estaba en manos de la generala Lilian González González. La oficial, ahora en retiro, es propietaria de una parcela en el condominio El Tranque San Javier, en Peñaflor, el mismo donde tienen parcelas el general Villalobos y el ex general director, Fernando Cordero (ver reportaje de CIPER). La parcela de González está a nombre de su esposo Emilio Maldonado Lobos, quien es también oficial de Carabineros en retiro. Todos ellos eludían el pago de contribuciones por estas propiedades en Peñaflor.

EL “HUASO” RIVEROS

En sus declaraciones ante la Fiscalía, el general Flavio Echeverría ha confesado que recibió más de $420 millones producto del fraude. También admitió que comenzó a participar en la asociación criminal invitado por el entonces coronel Arnoldo Riveros.

Conocido como el “Huaso” Riveros, según un reporte de The Clinic, el coronel (r) admitió ante la Fiscalía el pasado 3 de abril que recibió dineros provenientes de la asociación ilícita que funcionaba en el Departamento Tesorería y

Coronel (r) Arnoldo Riveros (Fuente: The Clinic)

 

Remuneraciones. Riveros es propietario de una amplia parcela en Alto Jahuel, con caballerizas y medialuna, y de varios ejemplares purasangre con los que participa en el circuito de rodeo.

Echeverría y Riveros coincidieron en el Departamento de Tesorería, donde se habrían hecho cercanos. De acuerdo con la información que ha publicado The Clinic, Riveros ha dicho entre sus amistades que sus propiedades son fruto de una herencia, pero al interior de Carabineros se señala que estuvo a cargo de adquisiciones y que podría verse envuelto en una investigación que lleva adelante la fiscal Macarena Cañas sobre irregularidades con proveedores de la policía.

CIPER