GASTO-MILITAR8

Equilibrar los recursos para
las FF.AA. con el gasto social
es el principal objetivo de una
campaña impulsada por el
Servicio Paz y Justicia, para
exigir que se cambie el marco
legal en la materia, se derogue
la Ley Reservada del Cobre y
se establezca un mayor
control sobre estos dineros.

Por Montserrat Rollano

Chile es el sexto país que más destina recursos en la región al gasto militar. Sin embargo, durante las últimas décadas no ha estado involucrado en ningún conflicto armado.

Es por esto que organizaciones, como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), desde hace varios años vienen impulsando una campaña que busca reducir el gasto militar en nuestro país.

En los últimos días, con manifestaciones en distintas ciudades, incluyendo una en el frontis del Palacio de La Moneda, intentan visibilizar esta demanda a la que adhieren algunos parlamentarios y distintas agrupaciones.

Las organizaciones argumentan que parte de esos dineros se debiera redistribuir para financiar políticas sociales e incrementar los recursos destinados a erradicar la desigualdad.

Fernando Aliaga, presidente de Serpaj, apuntó a que el excesivo gasto en esta materia no se condice con un régimen democrático: “Se explica que Pinochet haya subido el gasto militar el año 85, pero después del ‘90 creo que la vuelta a la democracia plantea como uno de los elementos fundamentales el cuestionar el gasto militar. No puede ser que mientras haya mucha gente que vive en campamentos, el presupuesto de las Fuerzas Armadas sea el que tenemos actualmente”.

Desde el organismo enfatizan que este año el presupuesto del ministerio de Defensa aumentó en un 1,2% en relación a 2016, mientras que el presupuesto reservado para las Fuerzas Armadas se incrementó en un 2,9%.

Además, apuntan a que los dineros destinados a Defensa duplican a los recursos que van a la cartera de Desarrollo Social.

Para el especialista en temas de defensa Eduardo Santos, los recursos destinados a la defensa nacional debieran ser objeto de una revisión. Sin embargo, advirtió que gran parte de estos montos son utilizados para gastos en personal de las Fuerzas Armadas, incluyendo el aporte a la previsión de los ex funcionarios.

“No es tan fácil, porque un gasto importante de las Fuerzas Armadas, el 73% del presupuesto del 2017 es gasto en personal, tanto en personal activo como el aporte a la previsión de Capredena (…) efectivamente estos son procesos largos, efectivamente hay que empezar a estudiarlos y en el mediano plazo debería conducir a una racionalización de nuestros gastos de defensa, porque la respuesta, en una línea de cuánto es lo que es suficiente, es: menos de lo que hoy día tenemos”, explicó.

Santos señaló además que se debe readecuar a nuestras Fuerzas Armadas, hacerlas más eficientes y ejercer mayores controles respecto de los recursos que se destinan para evitar los millonarios desfalcos que se han registrado en el Ejército.

En tanto, en el Parlamento hay posturas disímiles frente a este tema. Mientras legisladores como Gabriel Boric o la bancada del Partido Comunista sostienen que se deben rebajar estos recursos para financiar, por ejemplo, la gratuidad en la educación o la reforma previsional, hay otros diputados dentro del oficialismo que se oponen a esta idea.

El diputado socialista Leonardo Soto, junto a un grupo transversal de parlamentarios, es partidario de derogar la Ley Reservada del Cobre para buscar un uso adecuado y transparente de estos recursos y redistribuir esos dineros que están destinados exclusivamente a Defensa. Sin embargo, advierte que éste ítem no debe ser descuidado: “Yo soy partidario de ello, pero estos recursos, cuando uno los destina a otra cosa, deja de hacer algunas otras cosas, entonces yo estoy disponible para ello, pero sin que pueda debilitarse la posición chilena ante el continente”, indicó.

El legislador puso como ejemplo lo que ocurre con los conflictos limítrofes con países como Perú y Bolivia, para lo cual, señala, se requiere de un importante control fronterizo.

Sin embargo, la política de defensa de nuestro país, según consta en un documento elaborado por la Cancillería chilena, establece que la forma de resolver los problemas con otros países será a través de la cooperación, la concordia y eventualmente la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

ClariNet