JUBILAZOS8

Del Milicogate, Caso Riggs hasta
procesados por diversos delitos
de lesa humanidad que reciben
una pensión promedio de 2,7
millones. Además, 17 miembros
de las Fuerzas Armadas reciben
más de 4 millones de jubilación.

Entre 2011 y 2015, el Estado entregó 3,8 billones de pesos para las pensiones del sistema de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), según informó el vicepresidente ejecutivo de la institución Cristián Rojas a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las irregularidades en las jubilaciones de las Fuerzas Armadas.

El Estado actualmente financia las jubilaciones de 107 mil ex funcionarios de las Fuerzas Armadas. El promedio de las pensiones de los oficiales de las FF.AA. alcanza los 2,3 millones de pesos, que contrastan radicalmente con los 192 mil pesos de pensión promedio que entrega el sistema de capitalización individual de las AFP.

Según publica Ciper, que tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército y la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, en la lista destacan 17 miembros con pensiones sobre los 4 millones de pesos. La más alta corresponde al ex general de brigada Patricio Franjola Buigley, cuya jubilación llega hasta los 5,9 millones de pesos. Y como la norma establece que se reajustan en un 100% de acuerdo al IPC, hoy recibe 6,8 millones de pesos.

En la nómina también destacan 38 uniformados en retiro  que están condenados o siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y fraude de distinto tipo. El promedio de pensiones de este grupo alcanza los 2,7 millones de pesos cada 30 días. Capredena gasta más de 1.200 millones de pesos al año para sostener las jubilaciones de los 38.

Además, hay más de 20 ex agentes de la DINA y de la CNI que reciben pensiones promedio de 2,5 millones de pesos.

Los nombres polémicos

Roberto Ampuero Alarcón, procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de seis personas, goza de una pensión de $3,6 millones. 

El coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, también condenado a 15 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones.

Pedro Collado Martí, autor del secuestro calificado de Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza y condenado a 10 años y un día, recibe $2,6 millones de pensión.

Carlos Durán Low, ex CNI condenado a 10 años y un día de presidio mayor, recibe $2,5 millones.

Julio Cerda Carrasco, condenado a 5 años y un día como cómplice de secuestros de cinco miembros del FPMR, goza de $3,1 millones de pensión desde 2007, mismo año en que fue procesado.

Osvaldo Andrés Magaña Bau, sometido a proceso por el secuestro calificado de 14 campesinos en Paine en 1973, recibe $2,6 millones. Misma cifra que Jorge Smith Gumucio, acusado de ser uno de los autores del secuestro y asesinato de Víctor Jara.

Julio Castañer González, procesado por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y las quemaduras de Carmen Gloria Quintana, recibe $2,8 millones de pensión.

Alejandro Forero Álvarez, uno de los médicos del “Comando Conjunto”, recibe desde 2014 una jubilación de $2,4 millones. Pese a que fue procesado, en 2002 la justicia lo dejó en libertado porque los delitos estaban prescritos.

Además de procesados por delitos de lesa humanidad, también están los involucrados en distintos tipos de corrupción.

Ese es el caso del general (r) de la FACH Florencio Dublé Pizarro, procesado como cómplice de malversación de caudales públicos por coimas en compra de aviones Mirage. Recibe $3,1 millones de jubilación.

Clovis Montero Barra, procesado por fraude al fisco y falsedad documental por el Milicgate, tiene una pensión de $2,5 millones. Está acusado de obtener más de $980 millones de facturas inexistentes.

En la misma causa está procesado Jorge Frez Ramírez, quien tiene una pensión de $2,5 millones.

Los ex secretarios privados de Pinochet, involucrados en el Caso Riggs, también aparecen en la lista: Juan Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara reciben $2,9 millones y $2,6 millones respectivamente.

Jesús Sáez Luna, capitán de Fragata (r), recibe $2,1 millones de pensión desde 2009. En 2012, le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en su domicilio en Valparaíso.

Las pensiones de los criminales

En enero de 2009, el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón fue procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Michel Nash y otros prisioneros de Pisagua. Ampuero había pasado a retiro 10 meses antes, en marzo de 2008, con una pensión de $2,6 millones. En agosto de 2016, Ampuero fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

A la fecha, la pensión reajustada de Ampuero roza los $3,6 millones. En esos delitos también estuvo involucrado el coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, quien pasó a retiro en enero de 2010 con una pensión de $2,1 millones. Guerrero, también condenado en agosto pasado a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones.

En agosto de 2016 fue condenado el coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973, en Iquique. Collado, procesado en 2008 y condenado a 10 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones.

El coronel (r) Carlos Durán Low, fue condenado en febrero de 2016 junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago. Durán jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) perpetrados en septiembre de 1987. Cerda, procesado desde mayo de 2007, pasó a retiro en marzo de ese mismo año y hoy goza de una pensión de $3,1 millones.

En noviembre de 2015 que la justicia procesó al coronel en servicio activo Julio Castañer González, por su responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri  y por las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana, luego de que fueran quemados vivos en julio de 1986. Castañer pasó a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2,8 millones.

El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez fue uno de los médicos que prestó servicios al “Comando Conjunto” supervisando torturas y drogando a prisioneros hoy desaparecidos. Forero fue sometido a proceso en 2002 junto a una veintena de integrantes de ese organismo represor, por asociación ilícita y la detención ilegal del militante comunista Víctor Vega Riquelme (enero de 1976). Forero pasó a retiro en agosto de 2014 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

El general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, agente de la BIE, fue condenado en 2010 por integrar la asociación ilícita que participó en el asesinato del coronel y entonces jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber, en 1992. El 18 de noviembre pasado, Lizárraga –que hoy recibe una pensión de $3,1 millones- fue condenado a 205 días de presidio efectivo como autor de cinco delitos reiterados de cohecho en el llamado “Caso Fragatas.

El coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989, aparece involucrado en la muerte en 1988 de la joven socialista de 23 años Susana Ovando Coñué, en Punta Arenas. Ortega pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones.  Pero el ex jefe de la CNI en Punta Arenas ha seguido ligado al Ejército recibiendo otros altos honorarios. Es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra, por lo cual recibe otros $ 2,5 millones.

  

En junio de 2015 pasó a retiro el coronel Carl Marowski Pilowsky, quien aparece en la nómina de miembros de la CNI que el Ejército le envió al hoy ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando investigaba el crimen de Tucapel Jiménez. Son varias las labores que actualmente sigue cumpliendo Marowski en el Ejército y que le permiten abultar su pensión de $2,8 millones. El coronel en retiro estaría contratado como Profesor de la Academia de Guerra, en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Además se desempeña como académico del Diplomado de Educación Superior Militar de la Academia de Guerra y aparece en la nómina de 2017 como Profesor Civil, con labores de “investigación y publicación”.

Otro de los militares en retiro ligados a la Academia de Guerra y que perteneció al grupo escolta de Pinochet que le dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, es el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann. En la planilla de profesores 2017, Aldunate –quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones– aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”. Aldunate fue también jefe de las tropas de Chile en Haití antes de pasar a retiro.

El coronel (r) José Francisco Enberg Castro también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones. En la planilla de asignaturas que impartirá la Academia de Guerra en 2017, Enberg figura como “Profesor Civil” en “gestión docente”.

El general (r) Enrique Slater Escanilla, integró la DINA y pasó a retiro en septiembre de 2010 con una pensión de $3,2 millones. Slater figura como Profesor Civil  en la Escuela Militar) y también como jefe del Departamento Académico de la institución. Su labor: “brindar asesoría de axiología para la redacción del reglamento Ethos del Ejército de Chile”.

Delitos económicos

El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, fue procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el polémico juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. La investigación del ministro Omar Astudillo determinó que en la transacción se habrían destinado US$15 millones al pago de comisiones ilícitas y que Dublé recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil. Dublé se acogió a retiro en diciembre de 2006 y hoy percibe una pensión de $3,1 millones.

El coronel (r) de Ejército Clovis Montero Barra está procesado por el milicogate, fraude de casi $5.500 millones perpetrado por militares con los fondos de la Ley del Cobre . En febrero de 2016, Montero fue procesado por el ministro Omar Astudillo como autor del delito reiterado de fraude al fisco y falsedad documental. Montero, además, está querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delito tributario. El coronel pasó a retiro en mayo de 2015 y recibe una pensión de $2,5 millones.

En esta misma causa está procesado el coronel (r) Jorge Frez Ramírez, quien se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas de Tesorería del Ejército. Frez –quien está preso en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén– pasó a retiro en febrero de 2015 con una pensión de $2,5 millones.

Los coroneles (r) Juan Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, están condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos, en el denominado caso Riggs. Mac-Lean pasó a retiro en abril de 2009 y hoy recibe $2,9 millones de pensión. Vergara, en tanto, lo hizo en julio de 20011 y su pensión asciende a $2,6 millones.

El capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna pasó a retiro en 2009 y hoy recibe una pensión de $2,1 millones. Tres años más tarde, se le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en su domicilio en Valparaíso. La Fiscalía estableció que Sáez era el jefe operativo de una banda dedicada al narcotráfico.

En diciembre de 2006, el general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, fue dado de baja de la institución. Pero la baja de Hargreaves no significó su salida del Ejército. Continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, y también como profesor de la Escuela Militar. Hargreaves pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones, monto al que se suman sus honorarios por labores académicas.

Cabe señalar que los ex presos políticos sobrevivientes, torturados y exiliados por años reciben, por compensación la irrisoria suma mensual de menos de $ 180.000.

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