NENES-ROBADOS28

La justicia de Chile reveló
la existencia de una red que
facilitó la adopción en países
extranjeros de alrededor de
500 niños sustraídos a familias
en situación de vulnerabilidad
durante la dictadura que
encabezó el general Pinochet.

La entrega de esos niños, mayoritariamente a familias de Estados Unidos, ocurrió durante las décadas de 1970 y 1980, confirmó el juez que investiga el caso, Mario Carroza, en declaraciones publicadas ayer por el diario santiaguino La Tercera.

“Estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el período de 1973 a 1990”, durante el que se extendió la dictadura de Pinochet, y “en razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular”, explicó Carroza.

El proceso, que se había iniciado con una cantidad limitada de querellas, se amplió a cerca de 500 casos merced a un informe de María Cecilia Erazo, una asistente social y abogada que trabaja como perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago, de la que Carroza es magistrado. Por el caso está imputada la asistente social Telma Uribe, de 96 años.

En su informe, la abogada Erazo precisa que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular esas adopciones a países extranjeros, que el sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían recursos para el cuidado y protección del menor. “Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento de parte de los tribunales respecto de la temática” señala el documento al que tuvo acceso La Tercera. Según la investigación, en algunos casos Uribe sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. “Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, subraya el informe.

Adopciones irregulares: PDI

identifica a 29 “captadoras” de niños

Una de las personas involucradas sería una mujer de 96 años, quien entre 1950 y 2001 colaboró con el envío de 525 lactantes al extranjero.

La semana pasada, la Brigada de Inteligencia de la PDI, por orden del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza,  comenzó las pesquisas para establecer las responsabilidades dentro de los casos de adopciones irregulares.

Por ello, el equipo indagó más de 300 documentos y 900 firmas. De esta manera, según confirmó este domingo La Tercera, se logró identificar a 29 “captadoras” de niños.

Una de ellas sería la asistente social Telma Uribe, de 96 años, quien habría colaborado con el envío de 525 menores al extranjero entre 1950 y 2001.

Según establece uno de los documentos de la PDI, “los menores en el país eran captados por personas, quienes percibían un pago por dicha gestión y eran asignados directamente por la señora Uribe”.

La investigación también establece que Uribe habría mantenido contacto con Radio Colo Colo, emisora que habría entregado información sobre la oficina de la asistente social.

Sename se querella por tráfico de niños migrantes

La directora nacional del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, realizó la presentación de la acción judicial penal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt y solicitó la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación exclusiva.

La querella presentada en la región de los Ríos se dirige contra quienes resulten  responsables de los casos de tráfico y adopciones irregulares de niños haitianos investigados por la Fiscalía desde enero.

“Hace algunos días se conocieron públicamente hechos en esta región, antecedentes respecto de ingresos irregulares de niños haitianos. Nosotros hemos calificado estos hechos como de la máxima gravedad”, señaló la Directora Nacional del Sename, a la salida de los tribunales de Puerto Montt.

 “Como Servicio hemos presentado una querella para hacernos parte de esa investigación penal”, agregó quien fuera la fiscal jefe de la zona Metropolitana Occidente, y enfatizó en que se trata de una situación delicada, que podría ser considerada como tráfico de menores.

“Desde nuestra perspectiva, conforme a los primeros antecedentes que tenemos, y sin descartar otro tipo de ilícitos -que van a ser materia de la investigación penal- estamos hablando de ingresos irregulares, ilegales, de niños y niñas de nacionalidad haitiana”, enfatizó.

Coordinadora por la infancia:

“Aquí se violan los DDHH de los niños”

La agrupación busca la creación de la Ley Sophia para castigar con penas severas a los abusadores, maltratadores y violadores de niños. También pretenden lograr mejoras al sistema de defensoría de la niñez. Convocaron para este viernes a una marcha nacional para exigir mayor protección de los menores.

El parricidio de Sophia está lejos de ser olvidado. El impacto que ha generado el crimen es tal que diversos sectores sociales han tomado este caso para exigir una ley que aumente las penas para abusadores y entregue, por parte del Estado, protección integral a los niños.

Una de las organizaciones que ha golpeado fuerte la mesa es la Coordinadora por la infancia, colectividad que agrupa a varias ONG’s y fundaciones. Entre los puntos propuestos para una eventual iniciativa legislativa, se encuentran que el presidio perpetuo calificado aumente de 40 a 60 años; que los condenados por abuso sexual, maltrato, violación y asesinato contra niños no puedan optar a ningún beneficio; y el mejoramiento del sistema de defensoría de la niñez.

En ese sentido, Patricio Reyes, miembro de la agrupación, dijo que las exigencias de la Coordinadora por la infancia no se limitan estrictamente a lo penal, sino que también trasciende a otros ámbitos.

“Entendemos que aquí hay una problemática social, que ha fallado la institucionalidad y que  tenemos una sociedad indiferente e individualista que no se hace cargo de los niños en el país”.

Al respecto, Reyes agregó que los infantes mueren en Chile a manos de sus cuidadores, ya sea en el Sename, es sus casas o en las comunidades y ese es un problema que, a su juicio,  debe preocuparnos a todos.

“Por lo tanto nuestra postura no se agota en la penalidad, sino que buscamos una protección integral de carácter preventiva y sistémica al problema que hoy nos convoca: en Chile se violan los derechos humanos de los niños más vulnerables”, afirmó.

Alejandro Bernales, diputado electo del Frente Amplio por Chiloé, Palena  y Puerto Montt –esta última ciudad lugar donde ocurrió el crimen de Sophia- ha apoyado abiertamente la propuesta de una nueva legislación.

Consultado sobre su papel como legislador, el militante del Partido Liberal aseguró que pondrá énfasis en tres aspectos.

“El primero es que las penas sean realmente efectivas, sin ningún beneficio en este tipo de casos. Lo segundo tiene que ver con la sensibilización de la ciudadanía, en el sentido de cómo nos empoderamos más como ciudadanos cuando hay este tipo de denuncias, por ejemplo para poder generar alertas. Lo tercero tiene que ver con fortalecer las instituciones, porque claramente en este caso no funcionaron”.

El parricidio de Sophia ha provocado también la reactivación del debate en torno a la pena de muerte para quienes sean declarados culpables de este tipo de delitos.  Sin embargo, el diputado electo dijo estar en contra de esta iniciativa y  señaló que trabaja junto a su conglomerado para convencer a la ciudadanía de que es una medida innecesaria.

“Cuando estuve el día de la formalización del papá de Sophia, efectivamente la gente pedía pena de muerte, pero eso ha ido cambiando. Nuestro rol también ha sido plantear que la pena de muerte no será disuasiva para un delincuente de este tipo. En otros países esta medida no ha sido efectiva. Nosotros creemos que una sociedad civilizada debe buscar justicia y no venganza”, afirmó Bernales.

Por su parte, Silvana Tobar, vocera de Marcha x Ellos, organización miembro de la Coordinadora por la infancia, también dijo estar en contra de la pena de muerte. Aseguró que ese concepto no está en el vocabulario quienes defienden los derechos humanos de los niños y  criticó la iniciativa de algunos parlamentarios de la UDI que buscan plebiscitar la pena capital.

“Yo creo que a esas personas hay que mandarlas a estudiar los tratados que tiene este país. Ellos hacen esto porque quieren salir a la palestra, quieren un poco de atención, sobre todo Iván Moreira, que después del caso SQM quiere limpiar su imagen” aseguró.

Como medida de presión, la Coordinadora por la infancia convocó para este viernes 16 a las 18:00 hora a una marcha para exigir una Ley Sophia. La manifestación, -que ya se encuentra autorizada por la Intendencia-, comenzará en Plaza Italia y culminará en calle Amunátegui. Sus organizadores esperan presencia masiva e instaron a las familias que asistan llevar velas y globos blancos. La marcha se replicará en distintas ciudades de Chile.

Adopciones irregulares y el riesgo de la prescripción

Son más de 500 casos los que están siendo revisados por el magistrado Mario Carroza. Por el momento todos se ubican temporalmente dentro del periodo 1973-1990, por lo que la posibilidad de que estén prescritas es una realidad.

¿Qué debería pasar para que los casos no prescriban?

Casos de adopciones irregulares siguen tocando la puerta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la oficina de quien se ha dedicado a investigarlos, el juez Mario Carroza. El magistrado se encuentra revisando los casos de adopciones que datan de entre 1973 y 1990.

Los modus operandi eran diversos pero había uno que marcaba tendencia: se abordaba a una madre embarazada, pronta a dar a luz, “conversaban con ella y le preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles su hijo por diferentes motivos. Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá”, explicó a La Tercera el ministro Carroza. Generalmente eran madres en situación de vulnerabilidad.

Carroza solo está facultado para investigar casos relacionados con derechos humanos y la violencia política del periodo. En ese escenario existe la posibilidad de que sean varios los casos prescritos, situación que podría evitarse en caso de poder evidenciar su calidad de delito de lesa humanidad.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH explica una de las alternativas que permitirían no prescribir las denuncias que han llegado a sus oficinas: “Aquí nosotros, por el análisis que hemos hecho, no estamos hablando de crimines de lesa humanidad, porque eso requiere que se trate de un ataque masivo y sistemático contra un sector de la población, que es lo que ocurrió con la oposición a la dictadura militar en ese periodo. Estos hechos tendrían otra motivación. Lo que sí podría ocurrir es que estemos frente a una sustracción de menores que, en el derecho internacional, dependiendo del caso, podría ser una  desaparición forzada. Es decir, podría ser considerado no como crimen de lesa humanidad, pero podría operar la figura del secuestro permanente y, en ese sentido, podría no estar prescrito”.

Este jueves el juez Mario Carroza se reunión con la presidenta de la ONG “Nos Buscamos”, Constanza del Río. Luego del diálogo, Carroza reconoció que ya se encuentra coordinado con diferentes instituciones (Brigada de Inteligencia de la PDI, perito, ONG) para desarrollar la investigación de los más de 500 casos de adopciones entre el periodo mencionado. Además, confirmó la posibilidad de prescripción de varios de ellos, sin tener certeza aún sobre cuántos casos se trataría. “Por supuesto que pueden haber prescripciones, pero las prescripciones se dictan una vez agotadas las investigaciones. Yo debo agotar la investigación para tomar la decisión de prescribir”. “Estamos en el caso de la sustracción de menores, pero podemos llegar a otro tipo de delitos, como es la adopción irregular y ahí tendremos que saber si existe o no un delito. Detrás de todas estas organizaciones posiblemente pudiera haber un tipo de organización de esas características (asociación ilícita)”.

Una de las claves de la investigación radicaría en una persona. Se trata de Telma Uribe, asistente social que actualmente tiene 96 años.

Constanza del Río, fundadora de la ONG “Nos Buscamos”, en conversación con Cooperativa aclaró que ya existe contacto con la mencionada. “Estuvimos trabajando con ella casi un año y finalmente nos empezó a soltar unos libros empastados en cuerina, que eran puras hojas de roneo escritas a máquina, con calco, donde individualizaba caso a caso. De hecho los libros estaban empastados por años: 74, 75, 76, nos pasó varios tomos”.

Del Río explica la génesis del contacto con el magistrado: “Volví a hablar con ella (Uribe), ella se negó y después ya nunca más la pasaron al teléfono y me llamaba un abogado supuestamente y le pedí que me entregará la información de atrás porque o sino yo iba a tener que denunciar. Finalmente me pongo en contacto con una jueza y ella me dice que tengo que denunciar, que no me puedo quedar con los documentos porque estaba siendo casi parte del tema y ahí me pongo en contacto con el ministro Carroza. El ministro Carroza manda a incautar todo el material de la señora Telma, La Brigada de Derechos Humanos PDI incauta todo esto”.

Carroza espera que el INDH también le haga llegar sus denuncias para, de esa forma, trabajar una base de datos que le permita conocer la situación de forma integral.

ClariNet