NEGOCIADO-PINOCHET8

Juez Carroza indaga más
de 500 casos de niños
adoptados por extranjeros
entre los años 70 y 80.

Un peritaje encargado por el magistrado a un conjunto de documentos incautados a una asistente social develó una red de adopciones de niños cuyas madres estaban en situación de vulnerabilidad. El reporte detalla destinos -la gran mayoría llegó a Estados Unidos-, pagos por esas adopciones y enumera diversas irregularidades. Carroza investiga si en algunos casos hubo sustracción de menores.

“Querida Telma. Tengo algunos antecedentes del caso. La verdad es que el teléfono parece intervenido, por lo que no me atrevo a hablar mucho y ojalá tú me envíes unas letritas también, porque me preocupa, en especial no quisiera dar ninguna seña de la niña, ni hora de viaje, ni medio por fono, no sea que la intercepten como a Ruth. Bueno, hace mucho que ella deseaba entregar la niña y venía cuando yo no estaba, por lo que yo creí que se había desistido. Es una niña”.

Esta es una carta enviada en 1983 a Telma Uribe (96 años), en la que una de las colaboradoras de esta asistente social le relataba las dificultades para sacar a una menor del país hacia Estados Unidos. Actualmente, no hay registro de la menor en Chile. Ni su nombre, ni quiénes son sus padres biológicos.

Este documento estaba en un kárdex en el domicilio de Uribe. Pero no era el único: esta mujer, que durante las décadas del 70 y 80 tuvo una activa vinculación con diversos organismos internacionales que facilitaban adopciones a familias extranjeras, guardaba un extenso archivo con el pasado de 579 niños chilenos dados en adopción entre 1950 y 2001. De esos, 525 los acogieron familias extranjeras, la mayoría de EE.UU., donde llegaron 432. Perú fue el segundo destino, con 27 casos.

.

Esa carta, más 351 carpetas, ocho cuadernos de campo, cuatro archivadores y cinco agendas fueron encontrados e incautados por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI a Telma Uribe el año pasado. ¿La razón?: su rol es clave para la indagatoria por presuntas adopciones irregulares de menores que lleva adelante el ministro en visita Mario Carroza. El magistrado tiene un margen de acción circunscrito que va desde 1973 hasta 1990, por lo que del total de menores, 488 están dentro de ese período. Uribe fue interrogada en 2017 y está en calidad de inculpada.

A mediados del año pasado se conoció el caso de una joven chilena, adoptada, de 22 años, llamada Marianne Skoglum, quien encontró en Chile a su madre biológica, quien acusó que la recién nacida le fue arrebatada por un matrimonio en presencia de una asistente social. Nunca volvió a verla hasta ahora. Una organización denominada Hijos y Madres del Silencio busca reconstruir estas historias y conectar a hijos con sus familias biológicas.

El proceso, que Carroza comenzó con un número limitado de querellas que denunciaban la sustracción de hijos, se amplió a cerca de 500 casos a raíz de un informe elaborado por María Cecilia Erazo, quien es una asistente social y abogada de la UC que ejerce funciones de perito judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Erazo analizó el kárdex de Telma Uribe.

En su informe, la abogada explica que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular estas adopciones a países extranjeros. El sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían las condiciones para el cuidado y protección del menor. “Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento por parte de tribunales respecto de la temática”, señala el documento.

Posteriormente, la persona que tenía contacto con matrimonios extranjeros pedía la tuición judicial del niño, lo sacaba de Chile y éste era adoptado en el extranjero. “En algunos casos (Uribe) sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, dice el reporte.

El análisis añade que “de los registros revisados es posible señalar que la Sra. Uribe participaba en la tramitación legal del procedimiento de legitimación adoptiva o tuición con autorización de salida del país (entendida como adopción internacional). No consta su participación en inscripción directa en nuestro país”.

De los 525 niños que fueron adoptados en el exterior, la indagación constató la existencia de 494 informes, 94% del total, destinados a obtener judicialmente la “tuición y autorización de salida del país”.

Rondando a la madre

Para poder realizar más de 500 adopciones, Telma Uribe tuvo una serie de colaboradores, entre los cuales se cuentan dos médicos, una abogada, una traductora, una secretaria y dos asistentes sociales, las que también realizaban gestiones de este tipo por cuenta propia.

“Además de los contactos que mantenía con consultorios, maternidades, hogares de niños, de mujeres, abogados y otros profesionales, también realizaba ‘promoción’ de sus servicios a madres en conflictos con su maternidad a través de la Radio Colo Colo.

Es así como recibía solicitudes de madres para hacerse cargo de sus hijos directamente o derivados de instituciones o personas, quienes recibían un pago por estos servicios”, señala el informe. Esa función, explican, la realizaban “captadoras”, las que son identificadas en el documento.

En los cuadernos incautados hay apuntes que dan cuenta de que las madres que entregaban a sus hijos pasaban por graves problemas económicos. Se relata que hay casos de varios lactantes que habían estado internados en Conin (Corporación para la Nutrición Infantil) con el fin de superar su estado de desnutrición severo; hijos de asesoras del hogar que estaban a cargo de cuidadoras particulares y que las madres sólo los podían visitar el domingo, o un “número importante” de patronas que contactaban a Uribe para hacerse cargo de los hijos de sus trabajadoras de casa particular.

El incentivo económico para la madre era clave. “En la gran mayoría de los casos revisados existe efectivamente aporte económico por diversos conceptos”, dice el peritaje. Esto son: sustitución de un mes de sueldo, compra de útiles personales, curación de heridas de cesáreas, movilización más un mes de sueldo, ayuda en dinero, pensión completa antes y después del parto (para ella y sus hijos mayores que vivían a su cargo), cancelación de deudas de servicios básicos, compra de cama y el pago del 50% del valor de la clínica.

De acuerdo a los casos analizados, hubo 460 madres que entregaron un niño; 24, a dos menores; cuatro madres entregaron a tres hijos, y una, a cuatro. En cuanto a las familias, hubo 388 con una adopción, 88 con dos y cinco que recibieron tres menores.

Si bien era un desincentivo retractarse porque había que renunciar a esos incentivos económicos, los registros dan cuenta de casos en que madres se arrepintieron y sus hijos les fueron devueltos.

“Buenos niños”

“Sobre tu petición, estoy muy consciente de que debo cumplirla lo antes posible. Debo advertirte que las cosas se han puesto difíciles aquí. Hay mucha solicitud de extranjeros, circulando por distintas vías, lo que hace difícil ahora conseguir buenos niños (…)”, dice una de las cartas de Uribe a un matrimonio peruano. Según el peritaje, los “buenos niños” se refieren a “no sólo lactantes recién nacidos o de meses, sino especialmente a niños de piel clara, sin rasgos de ‘raza indígena’ (…). Respecto de aquellos que son derivados a Estados Unidos, algunos también solicitan condiciones similares”.

Si bien en las tramitaciones realizadas por Uribe a principio de los 70 ella presentaba al tribunal al matrimonio extranjero, en años posteriores los padres extranjeros le firmaban un poder en el consulado chileno en el país respectivo a una abogada que trabajaba con ella. “Cabe hacer presente que muchos de los niños presentados en la década del 70 no tenían filiación materna ni paterna determinada”, dice el informe. Por ello, los jueces pedían la comparecencia de la madre biológica, pero en más de una oportunidad aparecía un niño no reconocido legalmente por sus progenitores “con declaraciones juradas de quien dice serlo, sin acreditarlo realmente”. Además, dan cuenta de pagos a funcionarios judiciales por concepto de “copia de sentencias”. Sin embargo, el monto de estos eran muy superiores al costo real. Por ejemplo, en los registros incautados da cuenta que por esas copias se pagó $ 10 mil en 1984, lo que reajustado a julio de 2017 con el IPC, equivale a $ 120 mil.

Esos costos eran traspasados al matrimonio que quería adoptar. En uno de los casos eran US$ 1.500 por honorarios (abogado y asistente social) y US$ 400 para la madre que estaba bajo una “difícil situación económica y prefirió el dinero que el pago de la clínica privada”.

Las conclusiones

El informe, pedido por Carroza para determinar si la información incautada a Uribe se enmarca “en procesos de adopciones irregulares sustanciadas en la década de los años 70 y 80”, enumera varias irregularidades y entrega algunas conclusiones.

Entre otras, dice que la falta de regulación permitió que “se generara una actividad económica asociada a la materia” y que en algunos casos es difícil diferenciar entre “el tráfico o venta de niños y un apoyo social y económico a una madre, la que efectivamente se encuentra viviendo en una situación de extrema pobreza”.

La perito -que advierte que Telma Uribe “era una entre varias profesionales que trabajaban en el ámbito de adopción internacional”- llega a una conclusión que no es tajante: “Debido a la inscripción sin filiación de algunos niños, a la existencia de certificados de parto que fueron otorgados fraudulentamente, a la entrega de lactantes por mujeres que no acreditaron ser efectivamente sus madres, a la inscripción de menores con fechas de nacimiento distintas a las reales, entre otras irregularidades, no es posible dar cuenta directamente de una posible sustracción de menores, pero tampoco descartarla. Por lo anterior, se necesita hacer un cruce de información con la mayor cantidad de datos posibles para indagar a mujeres que hayan podido perder a sus hijos en estas condiciones”.

ONG pide reunión con juez Carroza

por adopciones irregulares

“Nos gustaría reunirnos con el ministro Carroza y ver directamente con él lo que piensa hacer a nivel judicial”, señaló la directora de Nos Buscamos.

Luego de que se diera a conocer el detalle de las investigaciones a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, respecto de la adopción de 579 niños chilenos entre 1950 y 2001, cuyo destino principal fue Estados Unidos, la organización Nos Buscamos pedirá una reunión con el magistrado a raíz de los casos detectados.

“Nos gustaría reunirnos con el ministro Carroza y ver directamente con él lo que piensa hacer a nivel judicial”, señala Constanza del Río, directora de la ONG.

Agrega que ya se reunieron con el futuro ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, y que el próximo 5 de marzo irán a la Embajada de Suecia en Chile.

“Solicitamos ayuda directa al Estado porque estos hechos no pueden ser algo tan informal. Sé que los chilenos que fueron dados en adopción en Suecia están discutiendo presentar una denuncia”.

La información sobre las adopciones

estaba en manos de la asistente social

Telma Uribe (96 años), quien tenía vínculos con organizaciones internacionales y hacía de intermediaria de los matrimonios extranjeros.

Respecto a la investigación, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, señaló que los antecedentes de la indagatoria “tienen relación con temas particularmente importantes, al tratarse de niños”.

No obstante, al ser consultado por la posible ampliación de la investigación -el juez Carroza tiene potestad para indagar sólo los hechos ocurridos entre 1973 y 1990-, el presidente del máximo tribunal aseveró que se debe esperar que el caso avance, que al ser una indagatoria en curso “no es objeto de sugerencias de nuestra parte”.

Además, advirtió que podrían ocurrir situaciones “como lo relativo a una posible prescripción”, dado el tiempo transcurrido desde algunas de las adopciones.

Al ser consultado, el juez Carroza aseguró que “hemos hecho algunas averiguaciones. Contactamos gente que está en regiones y hasta el momento nos han corroborado que en muchos casos ellas mismas entregaron a sus niños”, indicó el magistrado.

Del total de adopciones, la entrega de 488 menores ocurrió entre 1973 y 1990, etapa a la cual se encuentra circunscrito el margen de acción del ministro en visita.

The American Adoption Agency

está ligada a 206 casos indagados

Fueron más de 351 documentos los que la asistente social Telma Uribe tenía en su poder. En este archivo estaba el pasado de 525 niños que fueron dados en adopción a familias extranjeras entre 1950 y 2001.

Esta información está en manos del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza, quien indaga si hubo irregularidades en estos procesos o presunta sustracción de menores.

En el peritaje que analizó la información incautada a la mujer de 96 años se da cuenta de que 432 menores fueron adoptados por familias en Estado Unidos, siendo el principal destino.

Es por esto que también se registró una lista de las instituciones que estuvieron ligadas a la recepción de los niños en el extranjero. No obstante, en 317 casos no se pudo determinar qué organismo participó en la adopción.

El listado

En los casos que sí fue posible identificar una institución extranjera involucrada, se pudo determinar que 206 niños adoptados están vinculados a la organización estadounidense The American Adoption Agency.

Luego le sigue Evangelical Adoption and Family Service, con 22 casos; New York Study Service, con 11; International Adoptions, Inc., con cuatro; Catholic Charities of Richmond, en tres; Today’s Family, Inc., en tres; Homestudies, Inc., con dos, y La Familie Adoptive Belge (Bélgica), con dos adopciones, entre otras. En total se identificaron 15 organismos internacionales.

“Si bien en algunos informes o sentencias hacen mención a instituciones determinadas, sólo se consignan aquellas en las que se acredita con documentación adjunta (informes de estudios de familia para postular a la adopción y/o informes de estado de avance de colocación). Por lo anterior, no es factible dar cuenta de que los casos restantes no contarán con algún apoyo institucional, sólo que no fue debidamente acreditado”, señala el documento elaborado por la perito.

De acuerdo a lo señalado por el magistrado Carroza ayer, existían varios modus operandi para llevar a cabo la adopción en el extranjero.

“Lo normal era que llegaban a una madre que estaba embarazada o alguna que iba a dar a luz, conversaban con ella y le preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles su hijo por diferentes motivos. Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá”, dijo el juez en la entrevista.

Casos “especiales”

En el peritaje se describen una serie de casos en que hay irregularidades y son denominados como “especiales”.

Uno de estos corresponde a un niño nacido el 3 de agosto de 1983, quien fue entregado a un matrimonio estadounidense.

“En octubre de 1985, el mismo matrimonio solicita un nuevo niño para ser adoptado informando que ‘su hogar fue estudiado en 1984, fecha en que recibieron a un niño al cual se le produjo ceguera irreversible por desprendimiento de retina de ambos ojos y, además, con un posible retardo mental, debiendo ellos ubicarlo en un centro de especialidad a los cuatro meses de haberlo tenido con ellos’.

En ningún momento se informan los motivos del desprendimiento de retina ni las circunstancias de ello. No se realiza evaluación en profundidad y se entrega un segundo niño al mismo matrimonio”, indica el informe pericial.

También se da cuenta del caso de unas gemelas que nacieron en 1975 y que un miembro de la Armada estadounidense las adoptó. Sin embargo, de este caso y del paradero final de las menores no había antecedentes en los registros que hay en Chile.

“El 7 de diciembre de ese año fueron entregadas al matrimonio norteamericano, donde el solicitante ejercía el cargo de suboficial de la Armada de Estados Unidos en misión diplomática en Chile. Si bien consta la tramitación por la materia de tuición y autorización de salida del país, no fue posible encontrar la inscripción de nacimiento de las niñas en la base de datos del Registro Civil”, se detalla en el informe.

Piden que Suprema amplíe

rango de indagatorias

Parlamentarios y agrupaciones de DD.HH. esperan que el juez Carroza pueda indagar otros casos.

Que la Corte Suprema pueda ampliar el rango de investigación de las adopciones de niños en el extranjero durante los años del régimen militar, que lleva adelante el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, fue la petición realizada por parlamentarios y agrupaciones ligadas a los derechos humanos.

Esto luego de que La Tercera revelara que el magistrado investiga si en los casos de 525 niños dados en adopción en el extranjero entre 1950 y 2001 hubo irregularidades o no.

Actualmente, Carroza tiene un margen de acción circunscrito entre 1973 hasta 1990, por lo que 488 menores están dentro de ese período, quedando 91 casos fuera del periodo de actuación del juez.

“Nos parece muy importante que el juez Carroza pueda tener el mandato más amplio de investigar todos los posibles casos de adopciones irregulares”, indicó Rodrigo Bustos, jefe de la unidad jurídico judicial del Instituto de Derechos Humanos. Agregó que “recibimos algunas denuncias en los últimos meses (…) que han aportado testimonios y antecedentes sobre estas adopciones irregulares que habrían ocurrido en la época del 70 y 80. Estamos realizando un análisis de estos antecedentes para evaluar una posible acción judicial”.

Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, es “muy relevante que se esté investigando, que se llegue a la verdad, porque eso también es parte de prevenir y mantener la defensa de nuestros niños en el país. Esperamos que estas causas se lleven adelante”.

El diputado (ind.) René Saffirio dijo que “el juez Carroza debería seguir investigando periodos posteriores a 1990, ya que se sabe de situaciones similares incluso durante 1991. Voy a pedir una audiencia con él la primera semana de marzo, pues tengo información que puede ser relevante para está investigación”.

Su par Ramón Farías (PPD) indicó que “el juez Carroza está investigando y esperemos que podamos esclarecer esto y que esos niños que han sido adoptados ilegalmente al menos conozcan cuáles son sus raíces verdaderas. Hay que hacer toda la investigación, que sea profunda”.

Mientras que la parlamentaria Claudia Nogueira (UDI) sostuvo que “hay que ver el resultado que arroje esta investigación, si hay más casos, sin duda, investigarlos a fondo”.

ANTECEDENTES HIISTÓRICOS

QUE VIENEN AL CASO

En Argentina, durante la dictadura, se hizo desaparecer a centenares de mujeres militantes embarazadas.

Antes de asesinarlas, las hacían parir sus hijos, los que eran “sorteados” entre las familias de los torturadores.

Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, hasta ahora, han logrado recuperar a 119 de esos niños y restituírlos a sus familias,

Un gran logro.

En Chile, según antecedentes judiciales al menos 20 mujeres jóvenes desaparecidas estaban embarazadas,

Y ese número no es muy real, porque en los primeros días de la represión, especialmente en provincias y localidades aisladas, no hay datos.

La DINA tenía clínicas clandestinas y posibilidades de que esas prisioneras dieran a luz a sus hijos.

Y pudieron hacer lo mismo que los represores argentinos, cosa que aquí nadie ha investigado.

El negocio de exportación de niños era y es muy lucrativo.

Se paga en dólares. O en Euros.

Y sigue más vigente que nunca.

El negocio viene desde la dictadura de Pinochet, no cabe duda.

ClariNet