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DENUNCIA-QUEMANTE

Contraloría habría descubierto
desfalcos del Estado Mayor
Conjunto hace 8 años
sin informarlo.

El fiscal Eugenio Campos, quien investiga el fraude en Carabineros (o Pacogate), se reunió con la ministra Romy Rutherford, quien investiga el caso conocido como Milicogate, para informarle de forma personal sobre un importante hallazgo.

Los antecedentes que entregó el fiscal Eugenio Campos a la ministra Rutheford dan cuenta de un presunto fraude al interior del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, según informaron en exclusiva a Radio Bío Bío, fuentes que tuvieron acceso a la reunión que se registró este mediodía en los tribunales de justicia.

Se trata de antecedentes que recopiló la Contraloría General de la República en un informe que se remitió en el 2011 al entonces ministro de defensa y actual senador Andrés Allamand.

Estado Mayor Conjunto

Ya no sólo sería el ejército el investigado por presunto fraude fiscal, sino que el Estado Mayor Conjunto, lo que suma a la Armada y la Fuerza Aérea.

Se trata de información contenida en el informe de la Contraloría 114-2010 fechado el 26 de enero del 2011 que da cuenta de irregularidades que involucran a la misión de paz en Haití.

Se trata de presuntas facturas falsas donde por ejemplo se pagaba eventos de las fuerzas de paz chilenas en el Hotel Montana de Haití, pese que ese recinto estaba destruido a causa de un terremoto de enero del 2010. Incluso allí había muerto la esposa del General Ricardo Toro, jefe de la misión en ese país.

Al final del informe firmado por el entonces contralor Ramiro Mendoza se ordena poner en antecedentes al ministerio de Defensa, que en esa fecha encabezaba el actual senador Andrés Allamand.

La justicia hasta hoy desconocía los antecedentes. Gracias a la investigación por la desaparición del sumario de la Contraloría en Carabineros, que pudo haber detectado en el 2010 el megafraude en la institución, se conoció este nuevo antecedente.

Tras la cita, el fiscal calificó de grave la información que logró descubrir junto a personal del OS7 de Carabineros que trabaja con él.

El fiscal Campos, entre otros documentos, le entregó a la ministra en visita el correo -al que tuvo acceso Radio Bío Bío- que la ahora ex subcontralora Dorothy Pérez le remite al Contralor Mendoza para alertar de la situación en el Estado Mayor Conjunto y que posibilitó esta investigación.

Pérez, actualmente en un litigio por su remoción con el actual contralor Jorge Bermúdez, en la época era subjefa de la División de Auditorias Administrativas de la Contraloría, unidad que auditaba a las Fuerzas Armadas.

Hermana de comandante en jefe del Ejército

figura en investigaciones por fraudes desde 2011

La Contraloría General de la República (CGR) constató en 2011 el fenómeno de los viajes y la licitación de las agencias, que decantó en un sumario en contra de la coronel Leticia Martínez Menanteau, hermana del actual comandante en jefe del Ejército, quien entonces era jefa de finanzas del Estado Mayor Conjunto (EMCO).

La coronel Martínez también enfrentó un juicio de cuentas, relacionado con la contratación de unos cursos y el arriendo en un hotel de Haití,

En la mira de Rutherford también está la empresa Travel Security, que trabajó con el EMCO entre 2008 y 2010.

Todos estos antecedentes que conforman el informe de Contraloría (2010) surgen a pedido del exministro de Defensa, Jaime Ravinet, tras una denuncia anónima por sobreprecios de pasajes.

Licitaciones

Las irregularidades detectadas en el informe, respecto de los viajes (que algunos incluyeron hospedaje) parten por la licitación de las empresas Sprinter y Travel Security, cuyos contratos fueron renovados hasta por tres períodos iguales y sucesivos.

Como requisito de postulación, dichas licitaciones exigían al menos 20 años de experiencia, y aquello no puede ser definitivo. Estas bases no fueron aprobadas en un acto administrativo.

Al respecto, tampoco se halló evidencia de una Comisión Técnica Evaluadora para analizar las licitaciones. Además, había una carencia de información para respaldar los contratos de Travel Security, al no haber comprobantes de egreso.

Fue mediante la comparación de ofertas en Mercado Público que se constató el sobreprecio que mencionó Ravinet, tanto en el precio de los pasajes de avión y las hospedería. Travel Security, por ejemplo, en 2008 y 2009 sobró al EMCO un valor superior al del catálogo ofrecido.

Haití y los cursos

Al detectar situaciones similares anteriores, el informe dice que el departamento de Finanzas del EMCO no colaboró con la Fiscalía, no entregó antecedentes y se negó a las entrevistas a funcionarios.

Por otro lado, se analizaron contratos del EMCO a instituciones educacionales para financiar cursos y estudios superiores de funcionarios del departamento de Finanzas, que no estaban autorizados.

Los pagos, que totalizaron $26.038.556, fueron objetados y tras el juicio de cuentas que enfrentó la coronel Martínez, la CGR ordenó reintegrar casi $11 millones de dicho monto. En tanto que los otros $15 millones se repartieron entre los exgenerales Alfredo Ewing Pinochet y Cristián Le Dantec Gallardo y otros.

La Contraloría también ordenó a Martínez pagar un tercio de $1.104.114 que pagó el EMCO a Travel Security para arrendar un salón de hotel en Puerto Príncipe. ¿El motivo? Un encuentro bilateral con militares argentinos, supuestamente ocurrida el 23 y 27 de noviembre de 2009, con una orden de compra dos meses después, tras el terremoto en Haití, en que dicho hotel resultó derrumbado.

Es decir, “no se demostró la realización del servicio”, dice el informe.

Por su parte, Travel Security dijo a La Segunda que no atiende al Estado Mayor Conjunto desde 2013 y que desconoce aquel informe de la Contraloría General de la República.

Fiscalía revela que fraude en Fondo de Ayuda

Mutua del Ejército podría superar los $3 mil millones

El Ministerio Público reveló que el fraude en el Fondo de Ayuda Mutua del Ejército podría superar los 3 mil millones de pesos. El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Palma, confirmó además que al menos 584 oficiales y suboficiales de la institución son potenciales imputados en la indagatoria.

El caso comenzó gracias a una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó gasto improcedentes en el Ejército por 660 millones de pesos en Coyhaique.

Ahí se descubrió viáticos adulterados, comisiones de servicios falsas, gastos de representación irregulares y pagos por servicios inexistentes que tenían su origen en una inusual forma de recompensar a los beneficiarios del Fondo de Ayuda Mutua de oficiales y suboficiales que se encontraba en quiebra.

Tras una querella del CDE por el delito de fraude al fisco, se designó al fiscal de Aysén Carlos Palma quien ha realizado allanamientos e interrogatorios, entre ellos al actual comandante en en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, y a exministros de Defensa, como Francisco Vidal.

Hoy el persecutor aclaró que esta cooperativa ya no opera en el Ejército y actualizó el monto en lo que va de este fraude.

“Originalmente en la querella del CDE se hablaba de un monto, que correspondía a los años 2015 y 2016. Hoy, con los antecedentes que tenemos, supera los 3 mil millones de pesos, pero es un monto que va a ir variando sin duda a propósito del término de la investigación, de ir afinando las aristas”, dijo.

Respecto a los imputados, el fiscal Palma actualizó la cifra, la que podría aumentar si detecta a otros militares que habrían sido responsables del desfalco.

“En calidad de imputado originalmente eran 109 personas, pero tenemos un marco de 584 personas que son los beneficiarios del fondo que podrían tener la calidad de imputados, además de oficiales y suboficiales que podrían haber participado en la toma de decisiones e implementación de medidas para desviar fondos fiscales”, agregó.

El fiscal hizo estas declaraciones en el tribunal de garantía de Coyhaique, donde se suspendió una audiencia de incompetencia para que el caso pase a Santiago como lo piden las defensas de alguno de los imputados.

En tanto, a última hora de hoy, según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, el general Martínez entregará al ministro de Defensa Alberto Espina la lista con 44 o 45 oficiales propuestos para que integren el nuevo alto mando del ejército.

ClariNet