confesones-paco8

El mayor (r) Nelson Valenzuela,
sindicado por la fiscalía como
uno de los “líderes” del
multimillonario desfalco, fue
entrevistado por
INTERFERENCIA.

Por Francisco Marín

Como jefe de remuneraciones y experto informático de Carabineros obtuvo información clave del fraude. Ahora entrega antecedentes que mostrarían que este no fue obra de un grupo reducido de uniformados, sino que una práctica institucional.

“El fraude está fuera de control, tiene alcances infinitos. Está en todas las áreas, todos se aprovechan del sistema que está corrupto por falta de control”.

De esta manera se refiere al “megafraude en Carabineros”, el mayor (r) Nelson Antonio Valenzuela Aravena, sindicado por la Justicia como uno de sus “líderes” e “ideólogos”.

En entrevista con INTERFERENCIA –verificada en el Centro de Detención Pudahuel Norte de Carabineros (al poniente de Santiago)- expresa que la apropiación de fondos fiscales en Carabineros es “un problema estructural” y no el producto del despliegue de una asociación ilícita, como ha establecido el fiscal investigador Eugenio Campos.

Valenzuela –conocido entre sus pares como NAVA, por sus iniciales- enfatiza en el rol que cumplen los altos oficiales en el fraude. “Los generales solicitan préstamos de arcas fiscales por grandes sumas de dinero, que no pagan; influyen en las compras a proveedores privilegiados, recibiendo comisiones por ello; trasladan a personal de su cercanía y conveniencia a áreas sin tener méritos para ello; viven en inmuebles fiscales sin pagar arriendo; reciben recursos de gastos reservados”.

De tez morena, calvo y 49 años, NAVA, nos recibe acompañado por sus abogados Jonathan Ramírez y Luis Giadach.

Luce entero, aunque no esconde su ansiedad por recuperar la libertad. No es para menos: permanece en prisión preventiva desde el 19 de marzo de 2017, al igual que los otros supuestos líderes de la “Mafia de la Intendencia”: los ex jefes de la Dirección de Finanzas de Carabineros (Difincar) generales (r) Flavio Echeverría e Iván Whipple; y el ex jefe del Departamento de Tesorería y Remuneraciones de dicha Dirección, coronel (r) Arnoldo Riveros, entre otros.

NAVA es acusado por el Ministerio Público (MP) de apropiarse indebidamente de más de 200 millones de pesos. Él reconoce haber participado de algunos ilícitos, pero niega que haya obtenido el monto antes señalado. Menos, que haya sido uno de los líderes de la multimillonaria defraudación.

Consultado respecto de por qué se involucró, se justifica: “las presiones me sobrepasaron”. Añade: “al interior de la institución policial hay una norma no escrita: ‘o plata o plomo’, que premia a los que se corrompen y castiga a los que no lo hacen”. Él parece haber oscilado entre las dos posibilidades.

Nacido y criado en la centrosureña ciudad de Talca, tras egresar del Liceo de Hombres, estudió programación de computadoras (1988-89). En 1990 ingresó a la Escuela de Carabineros (Santiago) de la que egresó en 1992 como Subteniente de Intendencia (Finanzas). Más tarde se titularía de ingeniero en informática.

Fruto de sus conocimientos computacionales y de su desempeño en la Difincar, NAVA conoció en detalle los sistemas informáticos y de administración de recursos de Carabineros. También, las diversas formas usadas para sustraer ilícitamente fondos fiscales. Esto, sumado al hecho que guardó para sí importante información, lo convierten en pieza clave del fraude.

A diferencia de lo que plantea Valenzuela Aravena, el MP apunta como responsable de los ilícitos a un grupo específico que habría operado por al menos doce años, sin que el Alto Mando ni los generales directores se enterasen.

La prensa ha denominado a esta banda “Mafia de la Intendencia” por, supuestamente, tener su centro de acción en la Difincar.

Según puntualiza el fiscal Eugenio Campos en su imputación, esta agrupación se habría constituido en 2006 “con la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo, diversos crímenes y simples delitos atentatorios contra la propiedad, el patrimonio fiscal […] conformando e integrando con dicho fin una organización jerárquica, en la que se distinguen en distintos periodos, jefes, miembros operativos que ejecutan labores necesarias y funcionales, así como un grupo de colaboradores de la organización, que van ayudando a la consecución de sus fines ilícitos”.

NAVA retruca: “la Mafia de la Intendencia no existe”. Argumenta: “los oficiales de Intendencia son los contadores y tesoreros que tú encuentras en cualquier empresa, en que las decisiones de recursos e inversiones las toman los gerentes, en este caso generales o coroneles”.

En principio el fiscal Campos parecía entender que el megafraude era un asunto generalizado: “Al interior de Carabineros fuimos descubriendo una cultura en la que se malversaba dinero fiscal, que eso duró mucho tiempo y que esas prácticas ilegales, incluso, llegaron a heredarse de una generación a otra al interior de la institución”, como confesó a La Tercera el 23 de julio de 2017.

Sin embargo, pese a esta constatación que el fraude era un problema generalizado, el Ministerio Público concentró sus esfuerzos en la supuesta “Mafia de la Intendencia (Finanzas)”, esquivando castigar las responsabilidades del Alto Mando y de los generales directores.

Hasta ahora el fiscal Campos –que ha encauzado a 135 personas- ha abierto carpetas separadas en relación con: los fondos de desahucios (pagos a personas que no trabajaban en la institución o no les correspondía recibirlos); la “cuenta fantasma” (cuenta corriente interna de Carabineros, abierta en 2006 y que se ocupó para apropiarse de más de dos millones de dólares); “gastos de representación” (fondos ocupados por los generales directores para uso personal); gastos reservados, repartidos en dinero en efectivo a generales (casi un millón de dólares anuales).

No obstante, las investigaciones se centran en los 33 involucrados en la causa principal, relacionada con los fraudes en la Difincar.

Aristas no investigadas

Hay numerosos formatos para extraer ilícitamente recursos de Carabineros, que no están siendo investigadas por la Fiscalía y no han sido conocidos por la opinión pública.

Algunos de estos aparecen detallados en una querella por malversación de caudales públicos y obstrucción a la justicia presentada por el ex mayor Valenzuela, el siete de agosto pasado ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

Esta presentación motivó la apertura de la causa RUC: 1810035494-9, que también es investigada por el fiscal Campos.

En la querella se da cuenta que -desde 1999- jefes de Carabineros comenzaron a cobrar “asignación de máquinas”, beneficio reservado -entre otros- a quienes se desempeñan frente a computadores durante toda su jornada laboral. Hacían esto por el sólo hecho que alguno de sus subalternos cumpliera con el requisito, para adquirir así esta asignación (contemplada en el Estatuto de Carabineros) y que considera un pago extra mensual por un 20% del salario.

Algo similar ocurriría con la asignación de Fuerzas Especiales (equipos antimotines). Numerosos efectivos habrían sido integrados nominalmente a esta fuerza, todo con el fin de que les cancelara un 35% de sobresueldo.

En la querella de NAVA igualmente se da a conocer que en la Academia de Ciencias Policiales y en la Escuela de Carabineros “existe una gran cantidad de profesores”, que tienen contrato como uniformados “que no concurren a ejecutar las cátedras” por las que son remunerados y que permiten acrecentar el monto de jubilación. Entre los profesores civiles, beneficiados con esta irregularidad, se encontraría –según esta querella- el abogado y ex senador del derechista partido Renovación Nacional, Miguel Otero Lathrop.

Por otra parte, NAVA señala en la entrevista que “todos los generales directores de Carabineros, desde Alberto Cienfuegos (2001-2005) hasta Bruno Villalobos (2015-2018), autorizaron pagos en exceso a personal civil de la institución, por al menos 16 mil millones de pesos (24 millones de dólares)”.

Esto, en el contexto de la aplicación de la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros (de 1988), que equiparaba beneficios y remuneraciones entre personal civil y uniformado. En total 1.102 funcionarios civiles de Carabineros fueron favorecidos por estos pagos, ilegales y excesivos, que se hicieron a partir de 2004.

El procesado general Flavio Echeverría afirmó -en declaración de 24 de marzo de 2017- que entre los que adquirieron estos fondos abultados “había familiares de algunos generales”, como la esposa del ex general director Eduardo Gordon (2008-2010), María del Pilar Orduña Rovirosa.

En relación con la obstrucción a la justicia, NAVA revela en su querella que el perito designado por el fiscal Campos para auditar el desfalco en Carabineros, el ingeniero informático y empleado civil de Carabineros Carlos Reyes Momberg, fue imputado en este “megafraude” por recibir dineros ilícitos de carabineros.

Esta aseveración se respalda en oficio de 17 de julio de 2017, de la Fiscalía Administrativa de la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, en que se solicita a la Dirección Nacional de Personal poner fin anticipado a los servicios de Reyes Momberg.

En su acusación el Mayor Valenzuela informa que todos los correos electrónicos de Carabineros anteriores al 20 de diciembre de 2016 se borraron “ante una falla critica en los discos duros de los servidores donde funciona el software de correos electrónicos institucional”, tal como señala el oficio 1325 –de 2 de Nov. de 2017) de la Dirección Tecnologías de la Información de Carabineros.

En la entrevista NAVA subraya en relación con esto último: “el fiscal Campos instruyó a un capitán de apellido González a que fuera a la Dirección de Tecnologías a recuperar e-mails. Pero le responden ¡que se borraron todos los mail de la historia de carabineros! Y Tecnologías dice que no se pueden recuperar”.

El Mayor Valenzuela dice que esta pérdida de información se hizo para “borrar las pruebas del verdadero desfalco en Carabineros”

https://interferencia.cl/