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A más de 17 mil millones
de pesos asciende el déficit
presupuestario que afecta al
municipio de Viña del Mar, de
acuerdo al análisis contable
que la Contraloría Regional
de Valparaíso auditó
hasta diciembre de 2017.

Por Natalia Figueroa

La investigación detectó que las cifras que se dieron a conocer en las cuentas públicas difieren de aquellas que fueron informadas por el director de control del municipio. Entre otras irregularidades, constató que se pagaron más de 5.540 millones de pesos por horas extras y 20 millones por pagos a honorarios sin antecedentes que respaldaran el cumplimiento de los servicios. Y fue categórico: la alcaldesa fue informada de la deuda que se arrastraba y, aun así, ejecutó el presupuesto de 2017 sin considerarla. Un grupo de concejales evalúa presentar una acusación por notable abandono de deberes en contra de la edil.

La conferencia de prensa que dio la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), en abril del año pasado, evidenció la grave crisis presupuestaria por la que atraviesa el municipio. Habló de una reducción significativa de gastos, de ordenamientos en la comuna e hizo cambios en los cargos administrativos de la corporación municipal, en la asesoría jurídica yen la dirección de finanzas. Todas esas modificaciones pretendían subsanar el déficit financiero que, en esa oportunidad, Reginato -que cumplió catorce años como jefa municipal- cifró en poco más de 13 mil millones de pesos.

Tiempo después el nuevo administrador municipal Claudio Boisier informó que con los ajustes esperaban cubrir la mitad de la duda durante ese mismo año 2018 y los otros cerca de seis mil millones de pesos restantes los dejarían para el 2019. Esto, considerando que el presupuesto anual para este año aumentaría en un tres por ciento alcanzando poco más de 99 millones de pesos. Para entonces, la concejala Marcela Varas (PPD) ya había solicitado a la Contraloría una auditoria que determinara las causas que mantenían al municipio en tal crisis financiera.

Este lunes la entidad fiscalizadora dio a conocer el resultado de la investigación, de 360 páginas, comprobando que el déficit que arrastra el municipio asciende a 17.585.250.174, en la ejecución presupuestaria contabilizada hasta el 31 de diciembre de 2017. Con eso, señalan, se incumple el principio de legalidad del gasto público, es decir, el monto dispuesto por ley para llevar adelante la gestión municipal.

Pese a que desde el municipio informaron que se obtuvo un superávit en la gestión, tanto en 2015 como en 2016 y que sólo en 2017 se había producido un déficit, la investigación constató que las cifras expuestas en las cuentas públicas difieren de aquellas que fueron informadas por el director de control del municipio.

Otra de las irregularidades detectadas es que, al 31 de mayo de 2018, el municipio contabilizó y pagó facturas por más de 9.583 millones de pesos y registró otras por poco más de 1.776 millones de pesos, a pesar de que corresponden a bienes o servicios del año anterior.

Dentro de las líneas que se investigaron están los excesivos pagos que se les hicieron a funcionarios por cumplir horas extras y lo que avivó las críticas el año pasado a la gestión que encabeza Reginato. Esta arista es parte de una investigación judicial iniciada por el diputado Rodrigo González (PPD)y Daniel Verdessi (DC)por la eventual vulneración al artículo 69 de la Ley 18.883, sobre el estatuto que rige a los funcionarios municipales, lo que podría implicar sobresueldos irregulares.

En este ítem, la Contraloría constató que se gastaron 5.540 millones de pesos en pagos por horas extras y por concepto de honorarios a suma alzada -monto fijo por el servicio que el municipio desea ejecutar- y programas comunitarios un total de 7.077 millones de pesos, sumando más de 12 mil millones de pesos. Esto equivale al 43,02 por ciento del total de los gastos del personal del municipio y un 14,93 por ciento del total del presupuesto municipal.

Así, también, la municipalidad desembolsó 20 millones de pesos por concepto de honorarios respaldados con informes que son similares entre un mes y otro, sin indicar fechas, lugares u otros antecedentes que permitieran demostrar fehacientemente que se realizaron las actividades que están detalladas en ellos.

Además, el municipio pagó 35 millones de pesos a la empresa Proexsi Ltda., por un módulo Inspección Municipal, a pesar de que no fue instalado.

En el caso de la circularización de las deudas, cuatro proveedores informaron que el municipio les adeuda 25 facturas por un total que sobrepasa los 330 millones de pesos, sin que se encuentren como pendientes de pago en los registros de la municipalidad.

Reloj de Flores, tags y hotel

“El reloj está trabajando y dando la hora como corresponde y quiero decir que sin ningún costo para la municipalidad”. Con esas palabras Virginia Reginato reinauguraba el tradicional Reloj de Flores después de que le cayera un árbol por las lluvias en mayo de 2017.

Esto también fue uno de los puntos que menciona el informe de la Contraloría.

Se constató el pago de 22 millones de pesos equivalente a la valorización que realizó la empresa Siglo Verde S.A respecto de la ornamentación floral y por el retiro de los escombros y la compra de tres mil 200 especies florales, por la suma de 2.691.780 para el mismo propósito. Esto, indica la investigación, no se ajusta a los numerales 16 de las bases administrativas 9.3.1 y siguientes de las bases técnicas pertinentes, que previenen que es responsabilidad de los concesionarios mantener y reponer las especies que resulten dañadas.

Además, se comprobó que se pagaron 63 millones de pesos a la empresa contratista González y Fierro Ltda, por las funciones de siete trabajadores, sin que se hayan verificado las labores ni los lugares donde se habrían desempeñado.

Las actividades de la agenda cultural viñamarina también salieron a relucir, en particular, la celebración del “Año Nuevo Chino”.

Por este evento, que se realizó en enero de 2017, el que el municipio desembolsó más de un millón de pesos al proveedor Panamericana Hoteles S.A por el alojamiento y la alimentación de los artistas que participaron en este festival, atribuyendo dicho monto a la cuenta presupuestaria 22.11.003. La auditoría señala que “no existe disposición alguna que faculte a los municipios a utilizar fondos de su presupuesto en el financiamiento de alojamientos en favor de un tercero ajeno al servicio”.

Y los vehículos municipales también fueron mencionados: el municipio pagó más de dos millones de pesos a las empresas Piamonte S.A y René Godoy y Cía. por el uso de un dispositivo TAG en las autopistas Vespucio Norte Express S.A, Autopista Central S.A, Costanera Norte S.A y Vespucio Sur S.A, sin que exista un detalle de los vehículos que utilicen esas vías.

Reginato fue informada

Era una situación totalmente evitable de la cual Virginia Reginato siempre estuvo informada. La investigación señala que, si la municipalidad hubiese registrado su deuda al término del ejercicio presupuestario del 2017, podría haber advertido la existencia de gastos superiores a los límites definidos en el presupuesto vigente a esa fecha.

Más aún, constató que al menos el año 2015, diferentes directores de control informaron a la alcaldesa Virginia Reginato y al concejo municipal que parte del déficit presupuestario de ese municipio se debía a las deudas contraídas que no estaban reconocidas ni pagadas oportunamente, considerando que el presupuesto inicial del 2017 no contempló el déficit que afectaba a esa entidad edilicia, a pesar de que Reginato si fue informada.

Con esto último se configura una causal para acusar notable abandono de deberes de la autoridad edilicia ante el Tribunal Electoral y que los concejales evalúan de contar con el quórum requerido -tres concejales de un total de diez-. La acusación podría terminar con la remoción de su cargo.

Los resultados de la auditoría confirman los antecedentes del preinforme que fue entregado en septiembre del año pasado por la Contraloría y que reveló que existían deudas que no aparecían en el registro contable del municipio. En esa oportunidad, Reginato señaló que responderían a cada observación contenida en el documento, que también fue recibido por el fiscal anticorrupción del Ministerio Público Regional, Claudio Rebeco.

Desde el interior de la entidad municipal señalaron a El Desconcierto que los informes trimestrales que se entregaban no cuadraban con los recursos que se manejaban y que la información contable llegaba con mucho desfase. Al comienzo se hablaba de una deuda flotante de al menos 2.500 millones de pesos que luego se incrementó a 13 mil millones y que luego la Contraloría fijó en un monto más elevado. También, desde el concejo municipal indicaron que cuando la alcaldesa realizó la cuenta pública el 2018 no se refirió a este gran déficit, sino que tiempo después se conoció su magnitud con el pago de las horas extras.

En 2008, un grupo de concejales llevó adelante una acusación por notable abandono de deberes por sobresueldos, pero no tuvo éxito. En esa oportunidad la Corte Suprema falló 6-0 señalando que no había pruebas suficientes para responsabilizar a Reginato. Uno de los concejales que presentó la acción en esa oportunidad, Víctor Andaur (PC) señaló que debiese existir un camino directo hacia la sanción, más allá de los informes que emite la Contraloría. “Hay un grado de corrupción instalado. A pesar de que ha ido perdiendo fuerza, la protegen mucho”, indicó a este medio.

La concejala Marcela Varas (PPD) dijo estar disponible para iniciar acciones ante el Tribunal contando con esta información, mientras que desde el oficialismo la concejala Macarena Urenda (UDI) señaló que es necesario revisar los antecedentes, pero dijo que sería grave la omisión de dicha información.

El Desconcierto intentó contactarse con la alcaldesa a través de su encargado de prensa, pero señalaron que no darían declaraciones hasta revisar en detalle el informe.

Revisa el informe completo de la Contraloría:

Informe Final 577-18 Municipalidad de Viña Del Mar.

Impulsora de auditoría a municipio de Viña del Mar

buscará iniciar juicio por notable

abandono de deberes contra Reginato

La concejala Marcela Varas (PPD) aseguró "estar disponible" para encabezar una presentación ante el Tricel y así iniciar el camino para una eventual destitución de la alcaldesa.

Un déficit presupuestario de más de $17 mil millones al 31 de diciembre de 2017 y el excesivo desembolso en horas extras y pagos a honorarios, fueron parte de las irregularidades detectadas por la Contraloría a través de una auditoría realizada a la municipalidad de Viña del Mar. Los resultados dados a conocer esta tarde, llegan a más de 10 meses desde el ente fiscalizador acogiera una solicitud realizada por la concejala Marcela Varas (PPD) y el diputado Marcelo Díaz (PS), autorizando la investigación en contra del municipio encabezado por la alcaldesa, Virginia Reginato, motivada por la sospecha de una serie de irregularidades en los pagos efectuados por la institución edilicia.

Varas se refirió al duro informe despachado por Contraloría y señaló que "la alcaldesa incurrió en un notable abandono de deberes al informar sobre los estados financieros del año 2015 y 2016, una deuda sobrevaluada en circunstancias que esos ejercicios demostraban un déficit presupuestario de más de $17 mil millones".

Por lo anterior, continuó la edil, "el paso siguiente sería solicitar la declaración de notable abandono de deberes", y así iniciar los pasos para una eventual destitución de Reginato como jefa comunal.

"Atendiendo que fui yo, como concejala, quien solicitó la investigación, procederé ahora a seguir con el curso de este proceso, y me encuentro disponible para encabezar esta presentación al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), con el fin de que se sancione al o la responsable de estas irregularidades", agregó Varas.

Seguido de ello, concluyó afirmando que "lo anterior considerando que la alcaldesa no fue capaz de explicar porque incurrió en falta de deberes al informar superávit donde había déficit, y sus explicaciones fueron desestimadas por el informe de la Contraloría, lo que permitiría asegurar que el Tricel deberá declarar el notable abandono de deberes de la primera autoridad comunal".

“Todos estamos, prácticamente, obligados a acusarla por notable abandono de deberes”, afirmó el concejal Sandro Puebla.

En los próximos días podría definirse el futuro de la alcaldesa Virginia Reginato (UDI), luego del categórico informe de la Contraloría General de la República, que detectó que la Municipalidad de Viña del Mar mantenía un déficit, al 31 de diciembre de 2017, de $17.500 millones. No solo eso, el organismo cifró en $5.500 millones el monto pagado por horas extraordinarias y en $7 mil millones el desembolso en honorarios, entre otros montos objetados.

De ahí que la próxima semana sea clave, puesto que los concejales viñamarinos podrían definir si deciden pedir la destitución de Reginato, aduciendo notable abandono de deberes.

“Lo que hay que hacer ahora es hacerse responsable de todo lo que ha pasado, porque esto ha pasado bajo su administración (de Virginia Reginato) y no es una alcaldesa nueva”, sostuvo la concejala Marcela Varas (PPD) en diálogo con Bío Bío.

En tanto, el concejal socialista Sandro Puebla fue más directo y señaló que era una obligación iniciar un proceso en contra de la denominada “Tía Coty”. “Todos estamos, prácticamente, obligados a acusarla por notable abandono de deberes”, afirmó el militante PS a la estación radial.


Puebla indicó que en los próximos días presentará la propuesta de destitución a sus colegas del Concejo Municipal, compuesto además por tres concejales UDI, uno independiente pro UDI, dos de RN, una PPD, uno del PC y una DC.

Por su parte, Laura Gianicci, concejala democristiana, prefirió no manifestarse sobre la eventual destitución de Reginato y expresó que la alcaldesa pudo haber desconocido las anomalías detectadas por Contraloría. “Tengo la sensación que ella no sabía. O sea, ustedes saben cómo está funcionando el municipio de Viña”, señaló a Bío Bío.

Desde la derecha, el concejal RN Carlos Williams aseveró: “Estamos leyendo de manera detenida el informe entregado por la Contraloría. Yo creo que la próxima semana vamos a tener algún tipo de manifestación, respecto de la posición que voy a adoptar”.

Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para impulsar la solicitud de destitución ante el Tribunal Electoral Regional se necesita el apoyo de un tercio del Concejo Municipal (cuatro votos en el caso de Viña del Mar).

“Ahí se sigue un juicio en que el Tribunal tiene varias opciones. La primera es aplicar amonestación o censura, multa de hasta el 20% de su remuneración, o suspensión del empleo. Y adicionalmente tiene la facultad de remover al alcalde por notable abandono de deberes”, explicó Mauricio Cisternas, abogado y consultor de la Asociación Chilena de Municipalidades, a la estación radial.

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