ANTIMAPUCHES

Ciper reveló millonarios
pagos de las forestales
a Espina y Harboe.

Una investigación de Ciper Chile, relacionada con las rectificaciones tributarias hechas por el Grupo Angelini, (los mismos que destrozan el medio ambiente con los monocultivos), por los millonarios pagos a sociedades y personas vinculadas a políticos por trabajos que jamás se realizaron, aparecieron involucrados los senadores Alberto Espina (RN) y Felipe Harboe (PPD). Ambos reconocidos fascistas anti-mapuche, impulsores tanto de la Agenda Corta “Antidelincuencia”, como de aplicar la Ley Antoterrorista a cualquiera que atente contra el negocio forestal.

ALBERTO ESPINA

Inversiones Siemel es uno de los brazos inversores del Grupo Angelini. A través de esta empresa el holding controla varios proyectos inmobiliarios, agrícolas y financieros. Es dueña de la marca de jugos naturales Guallarauco y posee un 12% de los hoteles Atton.

La primera rectificación de Siemel fue el 12 de mayo de 2015 y allí incluyó pagos ilegales a la política por $296 millones. El 2 de septiembre de 2015, Siemel volvió a rectificar. Según había adelantado a la Fiscalía el contador general de la empresa, Freddy Barrera, la nueva rectificatoria sería solo de boletas y por más de $300 millones. Sin embargo, el listado de pagos que Siemel incluyó llega solo a los $82 millones. Entre los pagos corregidos por Siemel sobre los cuales se puede establecer una línea de continuidad entre las dos rectificaciones, están los que beneficiaron a dos sociedades relacionadas al senador Alberto Espina (RN).

En la corrección tributaria presentada en abril, Siemel señaló no tener respaldo para justificar cuatro pagos por un total de $68,2 millones al estudio Zepeda & Compañía (entre noviembre de 2010 y agosto de 2013). Alberto Espina participó junto al abogado Carlos Zepeda en la creación de ese estudio jurídico que quedó registrado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993. Al correr de los años los miembros del bufete cambiaron, pero el senador Espina se mantuvo allí hasta el 9 de julio de 2013, cuando en la Notaría de Iván Torrealba en Santiago estampó su salida del staff: vendió el 10% de sus derechos a Inversiones y Rentas Tongoy, propiedad de Zepeda. Las facturas del estudio que Siemel rectificó (todas por $18,7 millones) fueron emitidas el 3 de noviembre de 2010, el 10 de junio de 2011, el 3 de abril de 2012 y el 12 de marzo de 2013, cuatro meses antes de que el senador se retirara de ese bufete.

A fines de ese 2013 el senador Alberto Espina ingresó a otro estudio de abogados a través de su sociedad familiar Inversiones y Rentas El Peral (posee el 50% de sus acciones, su esposa María Elena Donoso Peña el 47% y cada uno de sus tres hijos un 1%). Según registro de la Notaría de Cosme Gomila, el 20 de diciembre de 2013 esta sociedad pagó $700 mil para adquirir el 10% de Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías, bufete controlado por Gonzalo Cisternas Sobarzo. Este nuevo staff de abogados -donde participa Espina- aparece en la segunda rectificación presentada por Inversiones Siemel en septiembre pasado. Allí figura el pago de $18,7 millones sin registro contable a Cisternas & Compañía, realizado el 12 de mayo de 2014. El monto es el mismo que Siemel pagó cuatro veces entre 2010 y 2013 al estudio donde participaba Espina y el ya fallecido abogado Carlos Zepeda.

FELIPE HARBOE

Si se cruzan los datos de las correcciones tributarias de las empresas de los Angelini, aparecen pagos que se repiten. Es lo que sucede con Asesorías e Inversiones Arrieta, propiedad del abogado Raúl Arrieta Cortés, quien ha sido asesor del senador Felipe Harboe (PPD) y de su esposa, Katia Trusich, mientras fue subsecretaria de Economía. La sociedad de Arrieta recibió $12 millones de Corpesca y otros $40 millones de Copec y Arauco, empresas que le cancelaron $20 millones cada una en marzo de 2013. En total, Raúl Arrieta acumula $52 millones bajo investigación del Ministerio Público.

Según el entorno del senador Harboe, la principal asesoría de Arrieta fue en materias relacionadas con la protección de datos personales, un proyecto de ley que tenia a cargo la esposa de Harboe, Katia Trusich, mientras era subsecretaria de Economía del actual gobierno (hasta enero de 2016). En esa función, Trusich también contrató a Arrieta como su asesor. Cuando el 21 de agosto de 2015 Arrieta fue citado a la Fiscalía, optó por guardar silencio: “No cuento con autorización de mis clientes que sindican las facturas 102, emitida a Celulosa Arauco; y 100, emitida a Copec, que me releven de mi secreto profesional”. El abogado no accedió a levantar su secreto bancario, ni a entregar la contabilidad de su sociedad y tampoco accedió a la revisión de sus correos electrónicos.

El vínculo de Arrieta con el senador Harboe va más allá de las asesorías: durante la campaña senatorial de 2013 el entonces candidato PPD arrendó tres sedes en la Región del Bío Bío a Asesorías e Inversiones Arrieta por un total de casi $9 millones. Una investigación de CIPER detectó otro vínculo del matrimonio Harboe-Trusich con el Grupo Angelini: la sociedad Bioambar Spa, una filial de la Pesquera Iquique-Guanaye, propiedad de los Angelini.

Por esto es que los políticos criminalizan tanto a los mapuche, los empresarios forestales les pagan para proteger su negocio

ClariNet